Hugo Guerra
No hay, razonablemente, forma de entender por qué este gobierno persiste, en los últimos días de su mandato, en el intento de lesionar a nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La historia de esta especie de obsesión no tiene lógica. Además de discursos presidenciales de respaldo a la institucionalidad castrense, el plan de gobierno aprista 2006-2011 incluyó el compromiso de homologar y sanear su sistema previsional, incluyendo para ello la promesa de lograr la reestructuración integral de la Caja de Pensiones Policial-Militar. Incluso eso explica, al menos en parte, por qué Alan García invitó en su plancha electoral al Vicealmirante Luis Giampietri.
En coherencia con ese planteamiento, los sucesivos ministros de Defensa, Wagner, Flores-Aráoz y Rey hicieron mil y una consultas legales y financieras. Surgió así el plan de un ordenamiento total a través de incrementos escalonados en 5 años. Las claves eran precisas: (a) el Estado debía pagar su deuda con la caja por más de S/.1.300 millones (acumulados entre 1980 y enero de 2010); el Fedadói debía devolver S/.240 millones recuperados de los corruptos; y los aportantes debían aumentar su parte (de 6% a 15% a cargo del Estado, de 6% a 12% a cargo del personal, más un aporte adicional de los jubilados). Al término de ese saneamiento desaparecería la pensión renovable (que jamás fue cédula viva) y los futuros militares se incluirían en el sistema de AFP o del fondo estatal.
Más claro ni el agua: con esta fórmula se respetaban los derechos de miles de militares y policías ya retirados, no se exigía al Estado erogaciones imposibles y se mantenía un sistema previsional viable. Sin embargo, el neoliberalismo más radical que por momentos se apoderó del MEF boicoteó el plan. Se presentó, por ejemplo, un proyecto de presupuesto para el 2011 en el cual se volaba la pensión renovable sin ofrecer ninguna alternativa y se planteaba la liquidación de la caja. Además, increíblemente se proponía una sustantiva reducción de la partidas para la lucha en el VRAE e inconstitucionalmente se pretendía prohibir el ingreso a las escuelas militares por dos años. Peor aún, se intentaba reducir el presupuesto integral de las FFAA, acentuando la crisis de la Defensa Nacional hasta límites jamás vistos después de la Guerra del Pacífico.
Hubo que batallar muchísimo para frenar esas tropelías. Pero igual reaparecieron: recientemente, ante la inevitable escasez de fondos, se quiso que el Estado (deudor) le “prestara” a la caja (acreedora) con un interés comercial de 7%, garantizándose con sus activos, e impidiendo que estos le dieran flujo para los pagos hasta la redención total del empréstito. Clarísimo: alguien quería quedarse con esos activos y gatillar la liquidación.
Cuando falta muy poco para que el nuevo gobierno asuma, el Ejecutivo saliente remite al Congreso otro proyecto de ley, que supuestamente debe votarse la próxima semana en sesión extraordinaria, en el cual otra vez se intenta afectar irracionalmente las pensiones de militares y policías. El texto, que se ha trabajado con asesores extranjeros y sin consulta técnica con los institutos armados, es un mamarracho. Los cálculos de proyección salarial son incorrectos: se anula sin compensación la pensión variable vía la maña de poner topes de dos UIT, se recortan drásticamente los derechos de quienes se retiren con menos de 20 años de servicio, se recorta en 50% la pensión de viudez y sobrevivencia, se impone una contribución de 10% sobre las pobrísimas pensiones y –entre otras cosas– se anuncia la liquidación de la caja, con lo cual se subraya el interés de disponer arbitrariamente de su patrimonio.
Si estas injusticias (arropadas de términos equivocados de transparencia, equidad, racionalidad, etc.) prosperase, se estaría convirtiendo a las FF.AA. y policiales de castrenses en castradas. Y, como explica el distinguido jurista Gonzalo Boluarte, se terminaría subyugando a las instituciones encargadas de velar no por una patria abstracta, sino por la integridad del territorio y los altos intereses nacionales.
Como demócrata constitucional, defiendo el derecho del gobierno saliente a proponer lo que quiera hasta el 28 de julio. Pero como demócrata constitucional y peruano bien nacido, no puedo menos que expresar el rechazo a las arbitrariedades contra nuestras FF.AA. y PNP que solo se explican en la ignorancia o el desprecio por quienes permanentemente se juegan la vida en la defensa de nuestra sociedad.
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