jueves, 31 de marzo de 2011

POLICÍA DEMOCRÁTICA

HACIA UNA POLICÍA DEMOCRÁTICA EN EL PERU
Por: Enrique Müller 
Investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos/PERU

Una Policía Democrática es aquella organización policial dispuesta a rendir cuentas respecto a su desempeño institucional al confrontar la criminalidad, el mantenimiento del orden y el respeto irrestricto por los derechos humanos. Policía Democrática no es aquella que se colude con los políticos para protegerse ante la ilicitud, el abuso de poder y la violación de los derechos humanos. Una Policía Democrática es aquella que prevalece la atención de los problemas y requerimientos de la comunidad. Policía Democrática no es la que prioriza estar al servicio de los intereses o la seguridad del propio Estado. Una Policía Democrática, es aquella que garantiza el cumplimiento de la Ley, conserva la paz social en el marco de la justicia y protege, previniendo e investigando, la seguridad de los ciudadanos, además de cumplir y someterse a la Ley que pretende aplicar. Una Policía Democrática se encuentra integrada a la sociedad para satisfacer sus necesidades de seguridad. No es Policía Democrática, aquella que se encuentra sometida al poder político.

Actualmente en el Perú no tenemos una Policía Democrática y si bien es cierto decimos que vivimos en democracia, sin embargo en la práctica esta no resulta beneficiosa para todos, no es el caso de los gobernantes que al ser elegidos “en democracia” gozan del poder para otorgar o restringir derechos en nombre de ella, utilizando a las instituciones del Estado como si fueran de su propiedad; es así que no se permite a la Policía Nacional desarrollarse dentro del entorno social que le corresponde para garantizar la seguridad ciudadana que por derecho le corresponde a todos los peruanos y viene siendo objeto de instrumentalización política desde hace muchos años y es por eso que el Ministro del Interior lejos de dedicarse a sus funciones vinculadas al Gobierno Interior, entre ellas, la Dirección General de Gobierno Interior, la Dirección General de Migraciones y Naturalización y la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil, lo vemos abocado casi exclusivamente a comandar a la Policía, generando un vació de comando en la institución policial acatado sumisamente por su Director General, en un claro mal ejemplo a sus subordinados, incentivando con su comportamiento, criterios personalistas y particulares de parte de quienes siendo policías de carrera, buscarían ser beneficiados o promocionados en función al sometimiento y al favor político mas no en base a la meritocracia establecida.

Lo cierto es que en lugar de haberse instado una subordinación de la Policía al poder civil por la vía constitucional, de su reforma o de su institucionalización, los gobiernos de turno han favorecido en los últimos años “lealtades policiales” sobre la base de procedimientos éticamente vetados, generando lo que actualmente conocemos como la “politización de la Policía Nacional”. Juan Ramón Quintana Taborga en su Libro Policía y Democracia en Bolivia (2003), dice que en ese contexto, “las políticas policiales tienen como objetivo predominante garantizar la lealtad corporativa al régimen gubernamental y potenciar la capacidad represiva del Estado en desmedro de funciones preventivas dirigidas a proteger la vida y seguridad de los ciudadanos”.

En esta situación, se mantiene en la Policía el mando vertical, modelos de organización jerárquica, costumbres, usos militares y lo que es peor sometimiento a la justicia militar, permitiendo de esta manera al Estado y muy holgadamente, desatender por ejemplo sus demandas de incrementos salariales; los Policías no pueden sindicalizarse, mucho menos hacer huelgas o peticiones colectivas, trabajan horas extras sin compensación, trabajan de noche, domingos y feriados sin reconocimiento económico, se le recorta horas de descanso, son beneficiarios de un precario sistema de salud, deben pagar su propio sepelio aunque mueran en actos del servicio, venden sus descansos para seguir trabajando y poder vivir con un poco más de dignidad; maliciosamente se les ha concedido el derecho al sufragio, pero se les pasará al retiro si intervienen en actividades políticas o hacen declaraciones a la prensa sin autorización porque así lo dispone su régimen disciplinario.

Recientemente, dos sentencias polémicas de la Justicia Militar Policial, recaídas en dos casos que involucran a Policías: Tres años de prisión con carácter de suspendida para un General de la Policía Nacional responsable de 30 muertes durante un operativo policial conocido como “El baguazo” y tres años de prisión efectiva para un Suboficial de la Policía Nacional que reclamó incremento de remuneraciones para los policías y que no se vulneren los derechos de sus compañeros de armas, ponen en evidencia las razones por las cuales se mantiene sometida al fuero militar a los policías peruanos, a pesar que no tienen ninguna vinculación orgánica ni funcional de responsabilidad de las Fuerzas Armadas.

Finalmente debemos acotar, que los Policías peruanos son víctimas de discriminación al interior de su propia institución, no tienen igualdad ante la Ley, son pasados al retiro por la causal de renovación de cuadros, lo que en la práctica significa sacar al que no se adapta o cuestiona el sistema. Los Policías son observadores permanentes de un sistema corrupto incentivado por los altos mandos, que desencadena una serie de actos que van desde la falta de moral y de ética en su vida personal, pasando por la malversación de fondos, hasta el aprovechamiento ilícito de las partidas de combustible de los patrulleros, en agravio del servicio policial. ¿Con qué moral la mayoría de jefes policiales podrían ser juzgadores de sus subordinados? Estos factores, no permiten avanzar hacia modelos más flexibles que incentiven un servicio policial más cercano a la comunidad, ni generan las condiciones de poder contar en el corto tiempo con una Policía Democrática.
De esto último no hablan los políticos.

miércoles, 30 de marzo de 2011

CAJA MILITAR POLICIAL

Sanidad policial reclama pensiones
Aportaron por más de 25 años de manera regular e interrumpida a fin de que cuando pasaran al retiro no se preocuparan por su bienestar económico, confiados en que recibirían una pensión acorde con lo entregado durante sus años de actividad como personal de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, en la actualidad son más de mil los trabajadores en situación de retiro que reciben la mitad de sus pensiones debido a que la Caja de Pensiones Militar Policial hasta la fecha, no recibe la transferencia necesaria para el pago de los cesados y los próximos a jubilarse.


Norma Zavala, Presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras de la Policía Nacional del Perú (Asonaepol), explicó que el problema que afecta a los trabajadores de la sanidad de la policía se origina hace más de 30 años cuando sus aportes pasaron del Sistema Previsional de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a la Caja de Pensiones Militar Policial y viceversa en varias ocasiones. Fue recién en el año 2003, con la promulgación de la ley Nº 27962 que se regula la situación Previsional del Personal de la Sanidad de la Policía Nacional, por lo que se solicita a la ONP la transferencia del personal comprendido en la mencionada norma. Zavala señala que la Policía Nacional aduce que no cuenta con la información requerida por la ONP lo que imposibilita la transferencia de fondos que permitan el pago de los cesados. “En total son 2 mil 461 los trabajadores de la sanidad que se ven afectados por este problema, entre enfermeras, médicos, personal administrativos y otros, que reciben pensiones recortadas por la ineficiencia de las autoridades policiales”, reclama Zavala.


La dirigente asegura que si bien el ministro del Interior ha mostrado disposición para resolver este conflicto que afecta a los trabajadores activos y cesados, es el equipo de asesores del ministerio del Interior los que dilatan el proceso. Los trabajadores cesados de la sanidad de la policía aseguran que continuarán con sus protestas en los exteriores del ministerio del Interior a fin de que no se incremente aún más la deuda por concepto de las jubilaciones de los empleados de la sanidad.

Piden transferir 330 millones de soles
Paco Incio B.
La pesadilla de que algún día cerraría sus puertas para siempre la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) estaría más cerca de lo que se imaginan. El presidente del Directorio de la CPMP, Mayor General Luis Egúzquiza Jiménez, alertó que sólo tienen fondos para cumplir con los pagos correspondientes a los más de 126 mil pensionistas hasta este fin de mes. (MARZO)

“No sé qué pueda pasar de abril en adelante”, dijo el funcionario que hasta ahora espera la respuesta del ministro de Economía y Finanzas, Ismael Benavides, sobre la ejecución de la partida de más de 330 millones de soles aprobada en el Presupuesto General de la República para el ejercicio 2011.

Destacó que con ese dinero la Caja podría seguir con vida hasta que se venda el Banco de Comercio, calificada como una de las joyas de la abuela, y así esperar que el Estado cumpla con el pago de la enorme deuda a la institución por un monto superior a los 1,300 millones de soles.

Los más preocupados son los 126 mil pensionistas y sus familias. Por ello se reunieron el pasado 15 de marzo las 47 bases de la CPMP en el local de la Asociación de Oficiales y FFAA y Policía Nacional del Perú (Adofaip). Ellos reiteraron su pedido al gobierno para que se ejecuten las partidas previstas en el presupuesto del presente año.

COMENTARIO:
Es muy lamentable el colapso de la CPMP
Enviado por Víctor Blas el Mar, 29/03/2011 - 17:12.
Es muy lamentable que el gobierno, desatienda la problemática de la CPMP; más aún cuando es el propio gobierno quien ha propiciado su quiebra; no cumpliendo con abonar el % que le corresponde, lo que ha generado una deuda de más de 1,000 millones de soles y, lo que es peor demuestra la más grande indiferencia por los pensionistas, quizá espera que salgamos a las calles, propiciar desordenes o que se tenga que derramar sangre para recién a partir de allí asumir su responsabilidad. NO; quienes hoy somos pensionistas de la CPMP, muchos hemos estado en los últimos conflictos que ha enfrentado el País así como muchos han perdido la vida en la lucha contra el terrorismo o han quedado discapacitados; la venganza personal del Presidente Alan Garcia y su odio a las FFAA-PNP, es evidente; en su anterior gobierno, firmó el D/S 213-90; no se cumple con su aplicación de forma arbitraria, por todos los gobiernos anteriores y lo que es peor, ahora en este segundo gobierno inconstitucionalmente ha publicado un decreto 062, el cual suspende la 3ra disposición complementaria del D/S 213-90, el cual otorga el 75% del haber de un congresista, para los miembros de las FFAA-PNP. Es el gobierno quien se esfuerza por enfrentar al pueblo contra el propio gobierno y esto no es tener un gobierno democrático.

Anónimo dijo...

El presidente Alan Garcia debe acordarse muy bien en su primer gobierno que Genral EP era que llegaba a palacio con una bolsa de lona llen a de $......o, como dice él: "la plata llega sola". Acuérdese bien, que ese General contaba con un carro de seguridad donde hacían servicio miembros de la PNP y siempre se iba cada fin de mes ¿en qué se utilizaba dicho dinero?
5 de abril de 2011 15:04

ESTA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS PENSIONES Y REMUNERACIONES ERA LA QUE ESTÁBAMOS ESPERANDO DEL APRA

ANUNCIA MINISTRO DE DEFENSA DEL APRA JAIME THORNE:
INFORME FINAL DEL CÁLCULO ACTUARIAS SOBRE SUELDOS Y PENSIONES DE LAS FFAA Y PNP RECIÉN ESTARÁ LISTO EN JULIO PARA QUE SEA EL PRÓXIMO GOBIERNO EL QUE LO APRUEBE O DESESTIME.
Lima, mar. 29 (ANDINA)
El ministro de Defensa, Jaime Thorne León, anunció que el 6 de julio estará listo el informe final sobre el cálculo actuarial dispuesto por el Ejecutivo con la finalidad de analizar el reordenamiento salarial y pensionario en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Dicho informe es elaborado por un equipo de profesionales contratados especialmente para estudiar las soluciones a la problemática que representan los bajos sueldos y el tema pensionario en el sector castrense.

(Y CUANTO LE COSTÓ AL ESTADO INVERTIR EN ESTA COMISIÓN COLOMBIANA, ¡TAL VEZ PARA NADA!; POR QUE SEGURAMENTE EL PRÓXIMO GOBIERNO HARÁ SU PROPIO ESTUDIO; Y ESPEREMOS QUE DEN A CONOCER DE LOS RESULTADOS, NO COMO LA ANTERIOR COMISIÓN DE ALTO NIVEL PRESIDIDA POR VELÁSQUEZ QUESQUÉN, QUE SE DESCONOCE DE SU CONTENIDO, Y TAMBIÉN ¿CUÁNTO SE INVIRTIÓ EN ELLA?)

“Esperamos que como consecuencia de la contratación de estos profesionales tengamos un primer informe al 31 de mayo, y al 6 de julio tenemos previsto un informe final”, indicó durante su presentación ante la Comisión de Defensa del Congreso.

Thorne refirió que el mencionado informe plantearía aplicar medidas en tres escenarios diferentes.

El primer escenario, dijo, considera el sueldo del militar o policía al momento de su retiro; el segundo, al sueldo más una tasa inflacionaria proyectada en los siguientes años; mientras que el tercero toma como base la cédula viva.

En su exposición explicó que la situación financiera de la Caja de Pensiones Militar Policial es delicada, al estar en una situación de insolvencia y de necesidad inmediata de recursos.

Asimismo, que en este tema también está presente la deuda que tiene el Estado con la Caja de Pensiones Militar Policial, la cual es producto de la crisis financiera.

Por ello señaló que el Ministerio de Defensa decidió contratar los servicios de asesorías actuariales con la finalidad de determinar exactamente los montos que corresponderían al servicio de las pensiones.

El titular de Defensa expuso en la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, la situación actual de la Caja de Pensiones Militar Policial, la deuda que tiene el Estado con esta institución y las propuestas de solución

THORNE ADMITIO QUE RECIEN EN JULIO PRESENTARA PROPUESTA DE AUMENTO A FFAA Y PNP, CUANDO EL GOBIERNO APRISTA ESTE DE SALIDA
Comisión de Defensa planteó que TC redefina el fallo que permite persecución de policías y militares.

A pesar de que el plazo de 90 días para presentar los estudios que permitirán regularizar las remuneraciones en las Fuerzas Armadas lo puso el ministro de Defensa, Jaime Thorne, admitió en el Congreso que recién se emitirá un informe final sobre este tema en julio.

“Manifesté que los cálculos actuariales tomaban ese tiempo. Pero el 30 de mayo sale inicialmente un informe preliminar y luego a inicios de julio un informe final”, señaló. A su salida de la comisión del sector, Thorne León defendió el nuevo plazo que se había planteado, ya que -según dijo- “no había otra manera de adelantar esos estudios”. “Los estudios que presentaron el señor Giampietri (y la Comisión Herrera) son cálculos pasados, lo que se está haciendo es actualizarlos, porque las cifras y condiciones han venido cambiando: hay cambios en los salarios, montos, números de pensionistas, números de activos”, subrayó el ministro y otro es el déficit que presentaba la Caja de Pensiones Militar-Policial.

Sobre este punto, Dante Arévalo Abate, presidente del consejo directivo de la Caja de Pensiones Militar, subrayó que este déficit asciende en estos momentos a casi 25 millones de soles mensuales, al año significa S/. 270 millones y en lo que va del 2011 ya representa un desbalance de S/.47'576,000. “Del 2005 al 2010 se registran 818 millones de déficit”, puntualizó.

Otro de los puntos que se discutió en la Comisión de Defensa fue el que expuso el parlamentario Luis Giampietri, sobre la resolución del Tribunal Constitucional que establece que los delitos de lesa humanidad no prescriben en el tiempo y que sería usado como argumento para que algunas ONG realicen persecuciones judiciales contra policías y militares, inclusive teniendo la potestad de abrir casos que ya fueron cerrados.

COMENTARIO:
Benito dijo...

Igual dijo Toledo antes de terminar su gobierno, ahora lo dice Garcia; con Fujimori comenzó lo que ahora dicen continuidad, con la venia del ilustre premio novel que más ha vivido en el extranjero, le siguen PPK, Castañeda y Fujimori que son lo mismo que insisten en la continuidad ¿DE QUE CONTINUIDAD HABLAN Y PARA QUE? el resto ya es harto conocido.
31 de marzo de 2011 00:25

ACIDEL responde...
Todo es mecida amigo Benito, las Comisiones de Alto Nivel sólo han sido caramelos de "cuñados" para que el hermanito no fastidie el afane a la hermana.

martes, 29 de marzo de 2011

MISION CONSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

La Misión constitucional de las Fuerzas Armadas del Perú

Andrés Acosta publicado el 27/03/2011
Cuando se habla de misión constitucional de las FFAA, surgen debates conceptuales sobre cuál es su verdadero significado. Nuestra actual Constitución no asigna específicamente alguna misión, sino establece una “finalidad primordial” (Art. 165°). Para los especialistas en Seguridad y Defensa, finalidad y misión no son términos conceptualmente equivalentes. Además era usual emplear el término “propósito”. Entonces, el debate está en tratar de explicar si finalidad, propósito y misión podrían significar lo mismo, para justificar la existencia o no de las FFAA en Perú.

Cuando se revisan las Constituciones de otros países, se puede apreciar que algunas prescriben misiones, otras como la peruana, finalidad, y algunas sólo instituyen “condiciones de empleo”. Es pues necesario intentar definir con claridad los términos a emplear y saber si “Misión de las Fuerzas Armadas” es un término apropiado para considerar su introducción en el ordenamiento constitucional. Pero además, tendremos que examinar el término “Rol”, que comúnmente se emplea para denominar a otras tareas, misiones subsidiarias o encargos que se le dan a las fuerzas militares.

Las fuentes para saber cuál había estado siendo el propósito o finalidad de las FFAA del Perú, si es que contó o no con una definición clara de su “razón de ser” o “el por qué de su existencia”, estaban en: la historia documentada, en las Constituciones Políticas anteriores a la de 1993, en las diferentes Leyes Orgánicas, en los manuales, reglamentos u ordenanzas castrenses, en la literatura generada por estudiosos de antaño; en fin en un cúmulo de documentos que permitieran ver desde la “Visión Conjunta de la Fuerza Armada” elaborada por la Comisión Especial de Alto Nivel y plasmada en el “Informe de la Comisión de Reestructuración Integral de las Fuerzas Armadas” (aprobado, abril 2002), lo que fueron y eran; y si ello respondía al propósito, finalidad o misión para lo que existen como estructura organizacional, como Institución Constitucional o como realidad social.

La historia nos demuestra que las FFAA del Perú, como todas las del mundo, surgen como necesidad de los Estados-Nacionales. Inicialmente en el Perú, su razón de ser, fue consolidar nuestra independencia, luego buscar una integración como país, al mismo tiempo que aseguraba una gobernabilidad por el uso de la fuerza de las armas. Esta primera etapa de las fuerzas militares dio origen al surgimiento de caudillos, que las emplearon para acceder al poder y gobernar al país. Pero detrás de estos caudillos con uniforme, siempre estuvieron presentes intereses económicos de las oligarquías criollas interesadas en heredar los beneficios gozados en la colonia; de ahí el fraccionamiento sudamericano en múltiples Estados-Nacionales, que los alejaron de una visión de integración más amplia y por ende de la conformación de una sola Fuerza Armada que sustente la nación sudamericana.

Las disputas fronterizas, no obedecían a criterios de unidad nacional o de cohesión patriótica, ni menos de integridad territorial, eran conflictos derivados por intereses económicos. Nuestra Fuerza Armada hasta antes de la “guerra por el salitre”, no tuvo una visión hacia la defensa exterior, sino de control interno. Su razón de ser fue controlar el territorio mediante su presencia en lugares conflictivos, antes que proteger la intangibilidad de nuestras fronteras. Los gobernantes de turno, civiles y militares, emplearon a la Fuerza Armada para el control poblacional, al no contarse con una estructura policial capaz de esta tarea.

Después del desastre de la “guerra por el salitre” (1879-1883), una misión militar francesa dio consistencia profesional, al Ejército principalmente, y concibió una nueva razón de ser para este instituto: alcanzar y mantener una profesionalidad en todos los niveles y jerarquías para defender la sociedad peruana de amenazas externas. Desgraciadamente otra vez las injerencias políticas le asignan a la institución militar una función o tarea no pedida: “la de tutelar disputas políticas” entre grupos que buscaban acceder al poder. Por eso es que se instituye constitucionalmente el control de procesos electorales, a cargo de militares, limitación de derechos políticos ciudadanos a los uniformados y otra serie de tareas o funciones que van confundiendo al “ethos militar” en su razón de ser, que originan nuevas formas, ahora institucionalizas de controlar el poder o gobierno de nuestro país.

Durante el Siglo XX, aunque hubo conflictos externos, nuevamente por disputas limítrofes; desde la mitad de ese siglo lo que predominó fue la amenaza comunista, impuesta desde fuera a través de la llamada “Política de Seguridad Hemisférica”, que nuevamente hacen que nuestras FFAA tengan que defender una forma de gobierno, un estilo de vida o una estructura social, que solo existía en idea foránea y que la realidad nacional se encargaba de contradecir. La razón de ser de las FFAA se proyecta entonces a relacionar conceptos de seguridad y desarrollo, como inseparables e inter relacionados, lo que se oponía al desarrollo atentaba contra la seguridad interna y externa, entonces era menester incursionar en esa actividad nacional si es que no se lograba comprometer a los líderes políticos.

Este brevísimo resumen histórico, de lo que fue la Fuerza Armada del Perú en su razón de ser, explicaría que tuvo un desarrollo pendular y sinuoso, influido o afectado desde fuera de los institutos. La misión constitucional de la Fuerza Armada, lo permanente y razón de ser de su existencia, hasta ahora no estaba claramente definida. Esta es quizás, la causa principal para no poder desarrollar fácilmente, una visión compartida de lo que quisiera nuestra sociedad y sus gobernantes, fueran nuestras FFAA: “no comprender el propósito más profundo de la existencia de instituciones militares”. Esta impresión no sólo sucedía fuera del ámbito castrense, sino también al interior de los Institutos Armados.

Esta indefinición genera debates e interrogantes sobre sí las FFAA, sólo debieran prepararse para enfrentar amenazas externas, entendidas como las provocadas por un país extranjero con una fuerza armada militar, dejando las amenazas internas para que sean resueltas o combatidas por una fuerza policial o a lo sumo para–militar bajo control estatal; o en todo caso la participación castrense en el frente interno debiera darse sólo en casos muy extremos, claramente establecidos y limitados en el tiempo y nivel de fuerza a emplear, y de carácter temporal, no permanente. Otros señalan que la razón de ser de las FFAA es constituir una garantía o seguro para disuadir cualquier intento de invasión a nuestro territorio. Algunos piensan que las FFAA deben existir porque deben ser la “reserva moral” del país, encarnando sus miembros los valores cívicos-patrióticos de la identidad y orgullo nacional. Finalmente estaban los que justifican la existencia de las FFAA, para la defensa de los intereses nacionales, dentro y fuera de nuestro territorio.

REESTRUCTURACIÓN DE LA MISION CONSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
Crl Oswaldo Zarabia
El analisis de la Misión Constitucional de las Fuerzas Armadas explicitado por el General Andrés Acosta se basa en las lecturas de los cursos recibidos en las academias militares de acuerdo con una visión netamente colonialista. Voy a concentrarme solamente en un punto de su larga exposición. El origen de las FFAA inmediatamente después de Ayacucho "Surgen como una necesidad del nuevo Estado Nacional para consolidar la independencia, buscar la integración y asegurar la gobernabilidad" A todas vistas esa misión no es la real ya que las FFAA fueron conformadas inicialmente por oficiales realistas que decidieron quedarse en Perú después de haber sido derrotados en Ayacucho con todos sus privilegios cargos, servidumbre riquezas y garantizados por ley para no ser discriminados. A ellos no les interesaría realmente consolidar la independencia obviamente ya que ellos se quedaron como caballitos de Troya para conspirar contra la peruanidad, pero si les interesaba asegurar la gobernabilidad, o sea El Frente Interno, para terminar de destruir la nacionalidad de las grandes mayorías andinas que nunca bajaron la guardia hasta la fecha. Para ellos no existía el Frente Externo salvo para garantizar los privilegios económicos heredados de la colonia. Por eso creo que sería mas coherente establecer que la Misión Original de las FFAA fue el control interno, controlar el territorio por la fuerza de las armas para mantener el Estado de privilegio colonia. Ese es el meollo del FRENTE INTERNO que prevalece hasta ahora. Recién después del 79 se abrió el Frente Externo pero como un concepto académico y económico. Una cosa era comprar municiones, fusiles y cañones, mulas y caballos para matar indios y otra era comprar aviones, tanques y buques de guerra. El Frente Externo sólo una vez tuvo un Planeamiento Estratégico para una hipótesis de guerra OFICIAL. Actualmente no hay ninguna.


Queda entonces demostrado que las FFAA fueron instituídas para combatir al pueblo peruano que se rebelaba ante la explotación, sirviendo como perros guardianes de la oligarquia (Velasco). Sólo Velasco estableció el Frente Externo y preparó la fuerza y la población para defenderlo. Fue también la misma FFAA la que lo desactivó, quedándose solamente con una declaración lírica que garntizaba la continuidad de las adquisiciones.


Viendo las cosas desde esta perspectiva mas congruente con la historia, quien sabe podriamos reestructurar la Misión de las FFAA a su real dimensión. Aqui un pequeno extracto de nuestra historia después de Ayacucho (Virgilio Roel) "El segundo cambio social de importancia es el que corresponde a los oficiales de las guerras por la Independencia. En los ejércitos independientes, la masa de los soldados estuvo constituída por los gloriosos indigenas montoneros, seguidos en numero por los mestizos y en una menor cuantía por los negros; pero si bien estas tropas eran las que se sacrificaban y obtenían las victorias, los oficiales y particularmente los oficiales superiores y generales realistas que quedaron después de Ayacucho eran los que conservaban en sus manos la decisión política, y ellos tenían una mentalidad y formación colonial y discriminatoria. Entre esos oficiales los habían quienes provenían del pueblo, pero como no tenían formación de "estadistas", pronto se vieron rebasados, excluídos, o si persistían eran vilmente asesinados como ocurrió con el heroico Huavique que fue asesinado por Salaverry. Los únicos que sabiéndose distintos de los españoles tuvieron una formación de "Estadistas" fueron los grandes Curacas como Túpac Amaru, Túpac Catari, Tambowagso, y tantos otros más, asi como los notables jefes con mentalidad revolucionaria como los hermanos Angulo, Lorenzo Farfán de los Godos y todos los prodigiosos mártires de las sublevaciones nacionalistas del Perú; pero esa categoría de personajes superiores había sido aniquilada por los coloniales con un ensañamiento y una vesanía sin par. Los jefes montoneros y los oficiales demostraron sus habilidades militares, pero en lo político si no se alinearon con el grupo dominante fueron destruidos implacablemente. Los que se alinearon traicionando al pueblo andino del que procedían, recibieron en compensación, no solo el poder militar y politico, sino también la riqueza. Asi ascendieron a los más altos estratos sociales ": Por la traicion.


Suena familiar esta historia, no?. Pareciera que se repite cada dia.

lunes, 28 de marzo de 2011

¿COMISIÓN DE ALTO NIVEL? ¿CUAL ES LA SOLUCIÓN? BUSCANDO AL CANDIDATO QUE GARANTICE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA

VOTOS DE UNIFORMADOS DEBEN SER DADOS AL CANDIDATO QUE GARANTICE SOLUCIÓN A SU PROBLEMA DE SUELDOS Y PENSIONES
Existe riesgo que García deje decreto de aumentos inaplicable como lo hizo al final de su primer gobierno
GERMÁN PARRA H.
General de División EP (r)

Nuestra ansiada solución al problema esencial de Remuneraciones y Pensiones está empantanada al centro del escenario electoral nacional, en cuya agenda está ausente el tema de la Defensa Nacional. Esta situación es grave. Los líderes de la familia militar y policial se resignan a un silencio cómplice, esperando el cambio de gobierno para reiniciar nuestra letanía.

El sentido del deber me sugiere una autocrítica de algo que en mi opinión, la familia militar y policial, nunca deben olvidar.

El proceso de solución, incomprendido y postergado irresponsablemente por algunos políticos, está en el Poder Ejecutivo. La Ley del Presupuesto Público del AF-2011 en su Décimo Noveno artículo de las Disposiciones Complementarias Finales, en síntesis, dispone: “El Poder Ejecutivo, en un plazo que no exceda los 180 días calendario, remita para su aprobación al Congreso de la República un proyecto de Ley en materia previsional y otro en materia remunerativa que establezcan las nuevas reglas previsionales y nueva estructura remunerativa respectivamente aplicables al personal y pensionistas de las FFAA y PNP”.

Esta ley fue publicada el Día del Ejército, 09 Diciembre último. El plazo calendario de 180 días se cumple el 31 de mayo próximo. De manera que a partir de esa fecha la responsabilidad estará ubicada en el actual Poder Legislativo, el mismo que posiblemente estará limitado de debatirlo por el ausentismo de los parlamentarios que aspiran ser reelegidos.

El Poder Ejecutivo estará formulando los proyectos de leyes en estricto secretismo. La familia militar y policial no tiene arte ni parte en la preparación de estas normas. La democracia participativa no se aplica esta vez por el oficialismo. Si las leyes pretenden recortar derechos a la familia militar policial, es probable que en la ceremonia de cambio de Gobierno, será perturbada.

El Ministro de Defensa, Dr. Jaime Thorne, el 25 de diciembre, informó a la prensa que lo más importante ha sido retomar el problema ¿Acaso estaba abandonado? Dijo que la formalización se hará en 90 días, es decir en el mes de marzo; fecha en la que su Despacho concluirá los estudios actuariales hechos por empresas privadas extranjeras; luego se hará una propuesta de incremento; agregó después: “será el próximo gobierno el que la ejecute: Nosotros le daremos todos los elementos necesarios para que ellos puedan tomar esta decisión”. Si así fuera, la historia se estaría repitiendo. Cualquier parecido de lo actual con lo sucedido, el 19 de julio de 1990, con el DS. N° 213-90-EF, sería una simple coincidencia o quizás sólo una mala decisión.

El Presidente del Congreso, César Zumaeta, en conferencia de prensa el 20 de diciembre, dio la noticia de que en el mes de mayo el pleno del Congreso debatirá la mejora salarial de las FFAA y PNP sobre la base de los proyectos del MEF, MINDEF y MINT, “El régimen de la Cédula Viva quedará como está. “Por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado”, sentencia la Biblia.

Por mandato de la Ley, las leyes de Remuneraciones y de Pensiones de las FFAA y de la PNP, las aprobará el Congreso y el Poder Ejecutivo la promulgará, salvo que el actual primer poder del Estado renuncie a esta responsabilidad y las deje para el próximo gobierno. ¡No será una bomba, pero si un abuso del poder!

El antecedente inmediato que obliga a que el Poder Ejecutivo y el Legislativo cumplan el mandato del artículo décimo noveno de las Normas Complementarias y Finales de la Ley N° 29626 del Presupuesto del AF-2011, es la decisión política del Presidente de la República, Alan García Pérez, expresada en su último mensaje a la Nación del 28 de Julio del 2010: “Quiero dirigirme a los policías y a los miembros de las Fuerzas Armadas para anunciarles que en el proyecto presupuestal que enviaremos al Congreso este año, estará considerado un aumento de salarios, en cinco tramos que permita una mejoría anual de sus ingresos y también que puedan aumentar sus cotizaciones para asegurar la Caja de Pensiones Policial Militar y para mejorar su sistema de salud”. Este fue el mensaje más auspicioso para la familia militar y policial durante el gobierno de Alan García. Este anuncio generó entusiasmos inútiles. Lamentablemente la ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz, no incluyó en el Proyecto del Presupuesto para el AF-2011, el aumento, por el contrario introdujo tres normas contrarias a la naturaleza de una Ley de Presupuesto y, además inconstitucionales, como lo advirtió el Ilustre Colegio de Abogados de Lima.

Las críticas obligaron a reemplazarlas por una sola norma que eufemísticamente expresa lo mismo que las tres normas reemplazadas, fue un engaño. De otro lado, el proyecto de Ley de presupuesto fue enviado al Congreso “con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros”; sin embargo, el ex Ministro de Defensa Ing. Rafael Rey Rey, en su ceremonia de condecoración en la Comandancia General del Ejército, ante un auditorio integrado por altas jerarquías, reveló que no se le consultó el texto de las tres normas de Ley del Presupuesto ni las cifras; información grave que se soslayó y que demuestran que en el Perú no pasa nada, porque todo pasa.

La decisión política contenida en el último mensaje a la Nación del Jefe de Estado y Presidente de la República, fue el corolario de la promesa que el Dr. Alan García hizo en su Primer Mensaje a la Nación el 28 de julio del 2006. “Expresó finalmente mi confianza y mi respeto a las Fuerzas Armadas de la República herederas de viejas tradiciones, vamos a fortalecer su honor y su autoestima. Vamos a devolverles el sitio que siempre tuvieron en la familia peruana. Después de algunos años vamos a hacerles sentir que nosotros si tenemos el orgullo de ellas. Ellas entregaron, en su lucha contra el terrorismo, la vida de sus miembros y el dolor de sus familias. Haremos un gran esfuerzo por redistribuir sus recursos para mejorar su operatividad, su sistema pensionario y para rehabilitar nuestra capacidad militar disuasiva que es un requerimiento indispensable” ¡Hermoso discurso!

Si comparamos lo que prometió en su primer mensaje y lo que decidió en su último mensaje, concluiremos que hay mucho por hacer, sobre todo en lo relacionado con Remuneraciones y Pensiones, convertida en una deuda vieja y un deber olvidado que revelan el ocaso de las palabras. En el trecho entre el primero y el último Mensaje a la Nación hubo maltratos innecesarios que las FFAA no merecieron. Esto ha reabierto una vieja herida de resentimiento que alertamos a los dirigentes políticos del partido de Gobierno.

El ambiente y la ambición electoral han convertido el tema de las Remuneraciones y Pensiones en un tema electoral. El voto militar policial representa un caudal de aproximadamente 1.5 millones de votantes. Ante esta posibilidad, las distintas agrupaciones políticas, que participan en el Proceso Electoral, ofrecen respeto al sistema pensionario renovable (Cédula Viva) y solución a la crisis de la Caja de Pensiones Militar y Policial, la misma que por falta de liquidez dejaría de pagar las pensiones, generando un problema social grande. Además, han invitado a participar en las listas parlamentarias a treinta y ocho colegas, pero sus participaciones lo hacen en inferioridad de condiciones ante la millonaria propaganda electoral, de la mayoría. ¿De dónde pecata mea?

El voto militar policial será un factor decisivo en la segunda vuelta. Debemos obtener ventajas de esta situación para la solución del problema remunerativo, pensionario y Caja de Pensiones Militar y Policial. Los militares y policías que sean elegidos congresistas tendrán el deber de ser consecuentes con sus colegas apoyando la lucha por nuestros derechos. ¡Debemos ser cautos con los que ofrecen mucho: ¡Nadie ofrece más que un mentiroso!

jueves, 24 de marzo de 2011

ESTÍMULOS DE PLAQUÉ Y CARTULINAS, MÁS NO, REMUNERACIONES Y PENSIONES JUSTAS

Ejecutivo declaró el 22 de abril Día de los Defensores de la Democracia

Presidente Alan García promulga ley en Palacio de Gobierno.
Lima, mar 22 (ANDINA)
El Jefe del Estado, Alan García Pérez, promulgó el Decreto Supremo que declara el 22 de abril Día de los Defensores de la Democracia, y asimismo aprueba el reglamento de la Ley que instituye dicha conmemoración y crea la condecoración correspondiente.
(SE DIRÁ ACASO ALGO SOBRE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS QUE ELLO REPRESENTA, POR QUE DE TINTA Y PAPEL NO VIVEN LOS DEFENSORES DE LA PATRIA Y LA DEMOCRACIA)
El Día de los Defensores de la Democracia se instituye en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comités de Autodefensa y ciudadanos que fallecieron, o quedaron heridos o discapacitados en la lucha contra el terrorismo.

Asimismo, a todos aquellos que durante la lucha contrasubversiva prestaron eminentes servicios a la Nación.

El decreto establece que el 22 de abril de todos los años, las instituciones deberán realizar actividades conmemorativas, a nivel nacional; así como embajadas y consulados, rindiendo homenaje y resaltando las virtudes de los peruanos que lucharon contra el terrorismo, con el fin de preservar y fortalecer el sistema democrático y el estado de derecho.

(Y EL BIENESTAR GENERAL DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS (FFAA) Y POLICÍA NACIONAL (PNP), BIEN GRACIAS. ESTAMOS ESPERANDO QUE CUMPLA CON EL INICIO DEL PRIMER TRAMO DEL INCREMENTO DE NUETRAS REMUNERACIONERS Y PENSIONES, QUE UD, SEÑOR GARCÍA, DIO A CONOCER A LA NACIÓN COMO POLÍTICA DE ESTADO EN SU MENSAJE DEL 28 DE JULIO ÚLTIMO (2010); EL CUAL ESTÁ GRABADO Y PRESENTADO POR ESCRITO ANTE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA COMO LO ORDENA LA CONSTITUCIÓN. Y UD. HASTA LA FECHA NO CUMPLE CON EJECUTARLO. COMO JEFE SUPREMO DE LAS FFAA Y PNP ESTÁ COMETIENDO LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y FALSEDAD)

De igual manera, dispone que el consejo de la condecoración Medalla de Defensor de la Democracia estará conformado por el Presidente de la República, y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior y Justicia.

Dicho consejo se regirá de acuerdo con su estatuto y será apoyado por un comité de trabajo integrado por un representante de cada ministerio involucrado, los cuales serán designados por resolución ministerial.

La entrega de la Medalla de Defensor de la Democracia se realizará en una ceremonia y será concedida por resolución suprema, siendo entregada según lo establecido en el estatuto que para tal efecto se elaborará.

(UD. CREE SEÑOR GARCÍA, QUE LAS LATAS QUE VA ENTREGAR ¿SERÁ CALDO PARA ALIMENTARNOS? Y/O ¿MONEDAS PARA COMPRAR VÍVERES, PAGAR VIVIENDA, VESTIRNOS ADECUADAMENTE Y COMPRAR MEDICINAS PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LA FAMILIA?)

Con fecha 3 de junio de 2007 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 29031, que instituye el Día de los Defensores de la Democracia, y crea la condecoración correspondiente.

Asimismo, en la referida norma se estableció que el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, declarará la fecha en la que se celebrará anualmente el Día de los Defensores de la Democracia.

El decreto supremo lleva las rúbricas del presidente García, así como de la presidenta del Consejo de Ministros y titular de Justicia, Rosario Fernández; y de los ministros de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde; Defensa, Jaime Thorne; e Interior, Miguel Hidalgo

(¡QUE IMPRESIONANTE LOGRO DEL GOBIERNO!, ...CUANDO, MÁS IMPORTANTE ES SABER ¿CUÁL ES EL RESULTADO (INFORME) DE LA NUEVA COMISIÓN NOMBRADA PARA VER REMUNERACIONES Y PENSIONES DE LA FAMILIA MILITAR-POLICIAL?

ASOCIACIÓN DE ABOGADOS POR LA JUSTICIA Y CONCORDIA (ARGENTINA)

Derechos humanos y legalidad
Alberto Solanet
Para LA NACION
Lunes 21 de marzo de 2011

Seguramente el jueves, 24 de marzo, el Gobierno desplegará toda su artificiosa liturgia para celebrar el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. La institución de ese feriado y su denominación muestran una visión sesgada, parcial y engañosa de la historia. Si de memoria y de verdad se trata, resulta inconcebible que el 24 de marzo de 1976 no sea considerado como la consecuencia de una profunda y caótica crisis que estaba caracterizada por la degradación, el vacío de poder, la corrupción y una guerra ya desatada contra un terrorismo apabullante. Así fue visto en aquel entonces por la mayor parte de los argentinos.

Como siempre, la fiesta abundará en la exaltación de los derechos humanos a través de genuinos intérpretes de una concepción groseramente restringida de tales derechos, opuesta a la nota esencial de universalidad que debe caracterizarlos. Es una concepción viciosa, para no andar con eufemismos, que hoy, para una parte importante de los argentinos, sustituye a la legalidad. Ya no rigen ni las garantías constitucionales ni el Código Penal para aquellos que han sido fulminados por la acusación de haber cometido delitos de “lesa humanidad”, figura difusa que alcanza, además de, a los militares y fuerzas de seguridad que participaron en la guerra contra la subversión en los años 70, a cualquier ciudadano a designio del Gobierno. No es una afirmación retórica. Con esa calificación utilizada para alegar la imprescriptibilidad, la señora Herrera de Noble y sus hijos sufren una implacable persecución judicial; José Alfredo Martínez de Hoz y Jaime Smart están presos y desde la Presidencia de la Nación se impulsó el procesamiento y encarcelamiento de conocidos empresarios vinculados a los medios de prensa más importantes.

Esta política de venganza por motivaciones ideológicas y resentimiento se intensificó a partir del gobierno de Néstor Kirchner, a cuya instancia el Congreso resolvió anular los indultos que habían sido homologados por la Corte Suprema y las leyes de obediencia debida y punto final que habían extinguido las acciones penales. Estas leyes habían sido sancionadas por gobiernos constitucionales y por parlamentos plenamente representativos, que interpretaron la voluntad ciudadana de superar un pasado de violencia y confrontación. Las leyes de amnistía fueron declaradas constitucionales por el mismo alto tribunal que luego, a través de los fallos “Arancibia Clavel”, “Lariz Iriondo”, “Simón” y “Mazzeo”, obedeciendo órdenes del Poder Ejecutivo, posibilitó la reapertura de los procesos.

De esta forma se vulneró la garantía de la cosa juzgada, violando de modo manifiesto el principio de legalidad, aplicando retroactivamente normas penales, desnaturalizando la forma republicana de gobierno y desconociendo la presunción de inocencia que tienen todos los procesados. Se ha negado la detención domiciliaria a quienes en derecho les corresponde. Se ha excedido en mucho el límite de dos años impuesto para la prisión preventiva por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Ley reglamentaria. Se ha ejecutado, además, un amplio abanico de medidas persecutorias que sólo sirven para profundizar la discordia y frustrar la necesaria unión nacional. Así, hay hoy mil presos políticos y ciento veinte muertos en cautiverio. Son presos políticos por cuanto su persecución y encierro obedece a una voluntad política, con la necesaria complicidad de los legisladores que anularon las leyes mencionadas, haciendo tabla rasa con un principio elemental: el Congreso no puede anular las leyes, sino, en todo caso, derogarlas para el futuro. Sin duda, lo más grave ha sido la disposición de la mayoría de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que terminó avalando esas nulidades.

Quienes juzgaron a la junta de comandantes fueron entrevistados en el suplemento Enfoques, editado por este diario, el 15 de agosto de 2010, y Julio César Strassera afirmó: “Este gobierno quiere prolongar estos juicios como forma de agitar la banderita de los derechos humanos”. En tanto, Guillermo Ledesma dijo: “Nosotros, en 1985, no juzgamos a las Juntas por delitos de lesa humanidad, juzgamos por delitos comunes”. Y más adelante: “Yo creo que si se admite la imprescriptibilidad, que como dije viola el principio de legalidad, también debían ser juzgados hoy en día los líderes de la subversión”. Finalmente, sostuvo que “el principio de legalidad no puede ser derogado por nada, porque es uno de los logros más importantes de la civilización”. Por último, Luis Moreno Ocampo opinó: “Yo creo que es válida la objeción de Ledesma de que los crímenes de lesa humanidad, si no se utilizaron en el juicio, no se pueden utilizar para la prescripción. Aquí hay un problema grave de prescripción”.

En varias oportunidades el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ante ministros, políticos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, ha declarado que “no habrá marcha atrás en los juicios de derechos humanos”, que el avance de estas causas no sólo es el resultado de una decisión política, sino del involucramiento de todos los poderes, y en especial, enfatizó, del Poder Judicial. Manifestó además que “el avance de los juicios por derechos humanos son el resultado del esfuerzo institucional de los tres poderes del Estado”. Y afirmó que valoraba la decisión del Congreso de anular las leyes de punto final y de obediencia debida, así como la de la propia Corte de declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Por último, agregó que se había creado una comisión inter-poderes para llevar adelante esa política de derechos humanos como una política de Estado. Con estas manifestaciones cometió un grosero prejuzgamiento, revalidó el funesto error en el que incurrió la Corte y evidenció que se ha operado la sustitución del Código Penal por una difusa política de derechos humanos.

El desprecio por los grandes principios del derecho y el abandono de la legalidad significan la destrucción del sistema civilizado de convivencia. Ningún ciudadano debería consentirlo y ningún hombre de derecho debería dejar de denunciarlo. Es necesario reaccionar con la fuerza de la Ley para que se restablezca un orden justo, soporte indispensable de la paz y la concordia. © La Nacion

*El autor es presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, quién el jueves 17 de marzo participara en el Foro " " organizado por la Alianza por la Reivindicación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y Uno-América-Capítulo Perú.

HIJOS Y NIETOS DE PRESOS POLÍTICOS EN ARGENTINA

Derechos Humanos
23 marzo 2011
Por: Guillermo J. Tiscornia*  para el Informador Público

Dudosa constitucionalidad de las convenciones internacionales que proclaman la imprescriptibilidad e inexcarcelabilidad de los denominados crímenes aberrantes o de lesa humanidad.

1. La doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “Arancibia Clavel” y “Simón”, según la cual los tratados y convenciones internacionales, particularmente los referidos a los derechos humanos, tienen una jerarquía superior a la de la Constitución, ha traducido un cambio profundo y radical que suscita preocupación en los ciudadanos partidarios de la vigencia integral de los principios que fundamentan un Estado de Derecho.

2. Uno de esos principios, que ocupa el primer nivel de la denominada pirámide jurídica es el de la plena observancia de la supremacía constitucional, establecida en el artículo 31 de nuestra Ley Fundamental, el cual, hasta el dictado de esos pronunciamientos, jamás había sido puesto en duda en los precedentes jurisprudenciales del más alto tribunal.

3. Es probable que, al sentarse el principio opuesto, no se hayan evaluado debidamente todas las consecuencias negativas que, para la seguridad jurídica, y la propia vigencia de los derechos humanos, pueda llegar a producir la proyección de una interpretación que se parece más a una invención literaria que a una construcción o elaboración propiamente jurídica.

4. De aplicarse una regla semejante, se tendría que admitir también la posibilidad de que cualquier tratado que el Congreso le asigne jerarquía constitucional, según el procedimiento establecido por el art. 75, inciso 22 in fine de la Constitución Nacional, puede modificar a esta última, lo cual implica transformar al Poder Legislativo en poder constituyente, alterando las bases mismas del sistema rígido que caracteriza a nuestra Ley Fundamental y el consecuente procedimiento de reforma.

5. La nueva corriente interpretativa echa por tierra los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal, aplicación de la Ley penal más benigna para el imputado, respeto por los derechos adquiridos y la cosa juzgada, que no pueden ser alterados -so pretexto de reglamentación- por imperio del art. 27 de la Constitución Nacional. En efecto, el mismo art. 27 de la Ley Fundamental condiciona la vigencia y validez de los tratados a que sus cláusulas sean compatibles con los principios de derecho público establecidos en la parte dogmática de la misma Constitución Nacional, lo cual, en buen romance, significa que cualquier tratado que los vulnere o contenga normas incompatibles no puede aplicarse en el territorio de la República Argentina.

6. El pretendido reconocimiento de la retroactividad de la Ley penal por la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad conculcaría los principios del sistema constitucional y no surge de las leyes que aprobaron la citada Convención (leyes 24.584 y 25.778).

7. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia Nacional se basa, para sostener lo contrario, en un más que discutible “ius cogens” -ambiguo derecho imperativo- que regiría en el orden internacional, sin determinar, con un mínimo grado de precisión, como nacería su aplicación universal y generalizada, en contra de los principios garantísticos del clásico derecho penal que han venido rigiendo, en forma pacífica, en todas las democracias desde hace varios siglos.

8. De otro lado, la citada Convención tan solo regula lo atinente a la imprescriptibilidad de las acciones penales relativos a los delitos definidos en el Estatuto Militar de Nüremberg, sin que en ella se establezca interdicción alguna respecto de los actos de amnistía o indulto, ni se impida la regulación legal por el derecho interno de la obediencia debida. Tampoco la citada Convención consagra su aplicación retroactiva ni menos acoge el cuadro jurídico excepcional que presidió el juicio a los criminales de guerra nazis.

9. Por lo demás, la propia Constitución Nacional establece de forma expresa que la jerarquía de los tratados no es superior a los postulados de la parte dogmática de la Carta Magna (arts. 27 y 31 CN).

10. Asimismo, el art. 7 del Estatuto de Roma, antecedente inmediato de la Corte Penal Internacional, establece con absoluta claridad el verdadero alcance conceptual de crimen aberrante o de lesa humanidad, vinculado a la desaparición forzada de personas. Y, en tal inteligencia, quedan comprendidos tanto los cometidos por el aparato represor estatal como así también los crímenes aberrantes cometidos por las organizaciones terroristas, en tanto y en cuanto éstas últimas mostraban un claro esquema organizacional similar a los ejércitos convencionales.

11. Al margen del enfoque propiamente jurídico que ha precedido en este comentario, va de suyo que la postura que sostiene cierta facción del espectro político nacional y que conduce a una visión claramente hemipléjica acerca de tuición de los derechos humanos (con franca inclinación hacia el exclusivo castigo de los crímenes aberrantes cometidos desde el aparato oficial del Estado Argentino durante el proceso militar (1976-1983) en detrimento de los otros tantos crímenes cometidos por organizaciones guerrilleras), distorsiona abiertamente la veracidad de los episodios de enfrentamiento vividos en aquellos años en la Argentina ni bien se precipitaba el derrumbe del gobierno constitucional de la Presidente María Estela Martínez de Perón.

12. Desde lo episódico vale recordar el gesto patriótico del doctor José Alberto Deheza quien -consciente del irreversible proceso de derrumbe de las instituciones democráticas- aceptó -sin vacilar- la titularidad de la cartera de Defensa del gobierno democrático (allá por el mes de enero de 1976) poniendo todo su empeño -aún a costa de rifar su propio prestigio personal- en pos de la salvaguarda de las instituciones democráticas.

13. Viene a cuento, por lo demás, y a propósito de la comentada visión unidireccional que en materia de derechos humanos viene proponiendo cierto sector de la dirigencia política argentina, aquella fantástica reflexión del doctor Julio María Sanguinetti (“La agonía de una democracia”), cuando parafraseando a Tetzvan Todorov el erudito pensador uruguayo señaló que una de las características más salientes de los regímenes totalitarios que emergieron en el mundo a finales del siglo XIX y que se fueron consolidando a comienzos del siglo XX consistió en la sistemática supresión de la memoria como instrumento apto de reconstrucción de los procesos históricos.

14. En esa misma línea de reflexión, el doctor Sanguinetti, al reconstruir el proceso histórico que -comenzado en 1963- terminó por aniquilar el sistema democrático uruguayo en 1973, explicó claramente que la caída de las instituciones democráticas en la República Oriental del Uruguay, se debió en gran medida (y entre otros múltiples factores) al acaecimiento de un proceso irreversible de radicalización ideológica que terminó por suprimir a la memoria como herramienta imprescindible en todo proceso de reconstrucción de sucesos pasados.

15. Así explicaba el distinguido pensador uruguayo, que el pasado es la materia prima y la perspectiva -objetiva y lealmente aplicada- se erige en la herramienta apta e ineludible de reconstrucción de los procesos históricos.

16. La postura del doctor Sanguinetti en materia de derechos humanos, de similar problemática a la suscitada en la Argentina, refleja con claridad acerca de la necesidad impostergable de proponer una visión integral y genuina en materia de afectaciones con abstracción de condicionamientos ideológicos.

17. En este punto -y en el transcurso de la primer gestión presidencial del doctor Sanguinetti (1985-1990)- el pueblo uruguayo laudó y votó a favor de la denominada Ley de caducidad que fuera sometida a plebiscito; es decir, la sociedad uruguaya allá por 1986 dijo en forma mayoritaria que la única forma de construir un sólido esquema de pacificación a futuro conllevaba a amnistiar todos los crímenes cometidos en una y otra dirección durante aquel trágico tramo de la historia uruguaya.

18. Esto es, esa amnistía debía incluir tanto los crímenes cometidos por las organizaciones guerrilleras que irrumpieron en la vida institucional uruguaya a partir de 1963 como los otros crímenes cometidos desde el aparato represor del régimen de facto encabezado por el General Gregorio Álvarez a partir de 1973.

19. Desde luego que el tiempo actual viene a mostrar como los recurrentes procesos de radicalización ideológica se erigen en factor insalvable para honrar cualquier perspectiva histórica que se precie de narrar los sucesos a partir de un estricto rigor de verdad integral; y a su vez, para sustentar procesos de pacificación ciudadana.

20. “La verdad sólo puede existir bajo la figura de un sistema (“Obras Completas” de José Ortega y Gasset, T. II, pág. 27. Ed. Taurus, Madrid, 2005).” “Por ello, y en línea con ese axioma, cuando se busca la verdad apoyada en un estricto rigor científico, el tratamiento fragmentado y asistémico de un tópico -o problema- conducirá -inexorablemente- a la aporía”. “La primera de las fuerzas que mueven al mundo es la mentira” (Jean François Revel, “El conocimiento inútil”, diario Le Monde).

21. “La historia, maestra de la vida, como decía Cicerón, ha de contarse sin pasión ni abuso, pues si imprescindible es la memoria para entendernos a nosotros mismos, nada hay más peligroso que reconstruir el pasado en función de intereses circunstanciales”. (Julio M. Sanguinetti, “Historia de dos Ciudades”, La Nación, 11/08/06).

* Ex juez en lo Penal Económico

IN MEMORIA - ARGENTINA - POR LA JUSTICIA Y LA CONCORDIA

Asociación de Abogados por la justicia y la concordia

El miércoles 12 de agosto, en un hotel céntrico, un grupo de 200 abogados, se reunió en Asamblea con el propósito de fundar una Asociación Civil a la que denominaron “Abogados por la Justicia y la Concordia”...

Es una asociación civil fundada en Buenos Aires el 12 de agosto de 2009 por más de doscientos abogados preocupados por el activismo judicial que mantiene más de seiscientos prisioneros políticos en la República Argentina, miembros en su mayoría de las fuerzas armadas y de seguridad que, acompañados en su padecer también por civiles, son perseguidos por haber combatido en lo años ‘70, por los deberes propios al servicio de armas y según las órdenes del Estado, a milicias irregulares armadas, dirigidas y entrenadas por países extranjeros para asaltar el poder e imponer en el país un régimen comunista.

Desde su fundación y merced a la preocupación que la situación que motivo su nacimiento genera en la sociedad, los asociados de la Fundación aumentan día a día.

La asociación tiene por objeto:
1.Bregar por la vigencia irrestricta del estado de derecho.
2.Fomentar y difundir el conocimiento de las ciencias jurídicas y sociales.
3.Contribuir al perfeccionamiento de la legislación y de los procesos judiciales.

APUNTES:
Por disposición de Kirchnerato y la adhesión de la partidocracia cómplice y el sector privilegiado de los Derechos Humanos, el 24 de marzo, (UN DIA COMO HOY) ha sido declarado FERIADO NACIONAL en toda la Argentina como "DIA DE LA MEMORIA".
Pues bueno, ejercitemos la memoria en el siguiente archivo que le mostramos; pero consignemos, que la memoria es siempre parcial y subjetiva. Para el conocimiento del pasado está la historia, que por ser una ciencia es objetiva y metódica:

24 DE MARZO DIA DE LA MEMORIA

"Gracias a este insólito feriado me puse a pensar que cuernos estábamos festejando. Memoria? ...Yo pensaba que la habíamos perdido... sino a las palabras me remito:

 CUADRO COMPARATIVO 1976 - 2010

1976, Gobernaba una mujer idiota, que llegó al poder por portación de apellido.
2010, ...Igual.

1976, Un desquiciado hijo de  p... era el verdadero presidente en las sombras.
2010, ...Igual.

1976, La "presidenta" estaba rodeada de una corte de sindicalistas ladrones que la adulaban por el frente y la extorsionaban por el fondo.
2010, ...Igual.

1976, Polulaban por Argentina muchachos encapuchados y armados que se creían dueños del país.
2010, ...Muy igual.

1976, La seguridad de las personas estaba comprometida como nunca antes en la Historia Argentina. Delincuentes comunes e ideológicos se mezclaban para hacer imposible la vida normal de la genete.
2010, ...Más que igual.

1976, El peronismo estaba destruído navegando sus restos entre la izquierda NIHILISTA, la derecha LOPEZREQUISTA y la corrupta PATRIA SINDICAL.
2010, ...El peronismo está destruído.

1976, La opisición política era un circo inexistente, amable concertación de gorilas de derecha e izquierda sin ideas, sin proyectos, sin convocatoria electoral.
2010, ...Que coincidencia.

1976, El gobierno arreglaba con los "empresarios nacionales" (SIC) precios máximos que nadie cumplía. El Ministro de Economía estaba convencido de que controlando el valor de la coca cola en el Sheraton, combatía la inflación.
2010, Saben cómo es la voz del Ministro de Economía? ...Yo nunca la escuché sabiamente y menos a favor del pueblo.

1976, Estábamos peleando con EEUU, le vendíamos a Cuba cosas que nunca pagaron, y aunque éramos bien de derecha, soñábamos con la patria latinoamericana juntándonos con los seudoizquierdistas del vecindario.
2010, ...Igual que ahora, que somos todos bolivarianos.

1976, Éramos el país más importasnte de Latinoamérica, los brasileños recién se bajaban del árbol, y los chilenos y colombianos no existían.
2010, Lamentablemente ...esto es lo único que cambió.

1976, Nos fuimos a la M..., y mal.
2010, Nos irá igual?
Esta fue una pequeña contribución al DÍA DE LA MEMORIA auspiciada por la AVDC (Asociación de víctimas de los discursos de Cristina)"

martes, 22 de marzo de 2011

Y DE LA COMISIÓN DE ALTO NIVEL QUE SABEMOS: "NACA LA PIRINACA"

Comentario Importante: Mi saludo cordial y respetuoso.-

El 31 del presente mes, se cumplen los 180 días considerados en la “Ley del Presupuesto Nacional” para el año fiscal 2011; en él, se considera la fecha límite en el que el Ejecutivo, deberá presentar al Legislativo, los proyectos de Ley: uno, referido al Régimen Pensionario” y otro, a la “Estructura Remunerativa de las FFAA. y PNP.

Con el documento que se adjunta, se quiere alertar a la Gran Familia Policial-Militar, los escenarios posibles que se puedan presentar:

a.- No obstante que elaboró y presentó el informe sobre Remuneraciones y Pensiones de las FFAA y PNP, la Comisión de “Alto Nivel” creada por el DUN°014; se trata de ocultar su contenido, por ser similar al Acta 01. “Consensuada” por el Ministerio de Defensa, los señores Comandantes Generales, el Director General de la PNP y el Presidente de la CPMP; sustentando que el Ministro de Defensa, será el encargado de contratar dos organizaciones (una legal y otra financiera) para que cumplan lo estipulado en la Ley de Presupuesto. Tan lúcido funcionario, contrató a una organización colombiana; el resultado que es incierto, es esperado aún, siendo previsible, que diferirá sustancialmente a los informes ya referidos.

b.- Que mediante un DU; se trata de sustituir los proyectos de Ley dispuestos; a los cuales, está obligado el Ejecutivo, remitiéndolos al Legislativo para su aprobación; variando así, el Régimen Pensionario (pensión renovable), y Remunerativo, los que por los factores de análisis, no son los más auspiciosos.

c.- Que los 330 millones de soles presupuestados para el año fiscal 2011, no se efectivice por tener “otras prioridades” como lo ha manifestado el señor Ministro de Economía. Esta situación constituiría el colapso total de la Caja de Pensiones Militar-Policial (CPMP). con la respectiva consecuencia: El no pago de pensiones desde el mes de Abril del presente año. Los resultados son imprevisibles, ya que individual y orgánicamente, los miembros de las FFAA y PNP, con todo derecho, reaccionarían adversamente.

d.- Que el monto de dinero para la CPMP no sea girado y pueda emplearse para cubrir capitales necesarios en algún sistema propuesto por los estudios colombianos; esta sería sin la participación importante y necesaria de los pensionistas, a la que es indispensable recordar, que el Estado, tiene una cuantiosa deuda a la CPMP cuantificada en más de un mil, millones de soles.

e.- Las expectativas de los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, cualquiera sea su situación, es preocupante: Personal y familiarmente. No pueden proyectarse al futuro como profesionales o conductores de su familia.

Con la renuncia del Señor Primer Ministro y lo crítico que se muestra en sus términos el tiempo; no sólo es motivo de profunda preocupación, sino el alejamiento de las justas expectativas; por lo que debemos permanecer atentos a los acontecimientos, solicitando a nuestras autoridades, un trato claro, decente y consecuente, a los importantes servicios que prestan nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional a la patria.

General PNP Rolando Llanos Oliveros
Ex Presidente de ADOGEN PNP.