miércoles, 19 de noviembre de 2014

PRONUNCIAMIENTO DE ADOGEN PNP

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PRONUNCIAMIENTO ADOGEN PNP
    La Asociación de Oficiales Generales de la Policía Nacional del Perú, ADOGEN PNP, institución que  representa  la permanente vocación de servicio y compromiso de la alta oficialidad de la PNP con la Patria, considera importante pronunciarse nuevamente sobre los últimos acontecimientos que afectan la institucionalidad de la PNP y la seguridad ciudadana, tema más sensible de la agenda nacional.
   Como es de público conocimiento, corresponde al gobierno constitucional garantizar, plenamente, un clima de seguridad que permita a los ciudadanos desempeñar sus actividades con toda normalidad, así como cautelar los bienes producto de su esfuerzo personal. De esta obligación fue plenamente consciente el presidente Ollanta Humala cuando al inaugurar su gobierno, asumió el mando del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
    Pero a pesar de significativos esfuerzos del gobierno constitucional y, particularmente, del Ministerio del Interior, la ola de criminalidad y delincuencia que viene azotando la República desde hace años  no ha sido frenada, y constituye todavía un factor de profunda perturbación de la vida ciudadana.
   El que este fenómeno sea aún incontrolable no puede sino deberse a una estrategia equivocada. El entusiasmo y el carácter proactivo del despacho del Interior son necesarios en esta guerra contra la delincuencia y el crimen, pero no son suficientes. Y si a ello le añadimos la persistencia del régimen en  mantener una política de desinterés por la moral y el bienestar del cuerpo policial, tenemos la mejor fórmula para el fracaso.
   Para devolverle al país tranquilidad y seguridad, el gobierno necesita a la Policía Nacional. El desprestigio que hoy exhibe la PNP no es sino producto de una permanente injerencia  política que impide que la meritocracia se imponga en su seno. No es un secreto que ciertos gobiernos de turno premian la corrupción y la incapacidad, y castigan el sacrificio, la dedicación profesional, y aún la excelencia  de oficiales y subalternos de la PNP. La población asume que existe una ‘gran corrupción policial’, pero no es aún  consciente que ella ha sido promovida por éstos gobiernos y su afán de favorecer a quienes como policías han dejado de servir a la sociedad peruana para servirlos a ellos en asuntos nada transparentes.
    Se percibe a la PNP como una institución corrupta e incompetente, ignorando los extraordinarios logros de ésta como los que contribuyeron decisivamente a la pacificación del país. Esos logros tuvieron un alto costo en sangre y vidas para la policía peruana. Y no hace mucho poniendo en práctica nuevamente la inteligencia policial, una de las más reconocidas de América Latina, la PNP pudo poner al descubierto en Huanchaco uno de los más grandes cargamentos de cocaína en la historia del combate al narcotráfico. Estos dos hitos, y muchos otros desmienten el que nuestra institución sea corrupta e incompetente.
     La ciudadanía debe saber que los corruptos e incompetentes que le dan una pésima imagen a la PNP, podrían ser separados legal y reglamentariamente si existiera real propósito del gobierno de desinfectar nuestro cuerpo policial. Las medidas de separación que se toman cada cierto tiempo tienen solo un propósito publicitario y no responden a una política coherente y sostenida. Son varios y sólidos los intereses que impiden la poda del mal elemento, algo que la inmensa mayoría de policías peruanos saludaría como una medida totalmente necesaria.
     Cómo reclamarle eficiencia a la PNP si se la ha privado de autoridad e independencia a través de dispositivos constitucionales y legales impulsados por personas o instituciones que carecen de la información adecuada respecto del funcionamiento de la actividad policial. Al someter a la PNP  a la autoridad del Ministerio Público, se le neutraliza, se impide que pueda emplear su iniciativa y su profesionalismo como en épocas anteriores cuando su desempeño fue reconocido internacionalmente.
     Como reflexión, quizá el aspecto más preocupante es la penetración del crimen organizado en instituciones de seguridad y justicia y en la propia política. Allí están los últimos acontecimientos.
    El artículo 166º de la Constitución  establece que la PNP tiene como misión “garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantizar el cumplimiento de las leyes y seguridad del patrimonio público y privado. Prevenir, investigar y combatir la delincuencia”. La Constitución no establece que para cumplir dichas funciones deba requerir la autorización o la orden de otra autoridad. Esta privación de autoridad es la que ha ocasionado que el delito se haya desbocado y causado  la inseguridad que actualmente vivimos. Entonces es necesario corregir con urgencia el error legal que nos está llevando a lo inmanejable.
    Por otro lado, cómo pedir eficiencia a la PNP sin otorgarle los recursos tecnológicos modernos, recursos con los que cuenta incluso la criminalidad. Y en esto hay que señalar, sin tapujos,  la nula coherencia de los políticos que  por mero afán, igualmente publicitario, exhiben unidades policiales con tecnología de punta y, paralelamente, mantienen comisarias desprovistas de elementos indispensables como computadoras y aún esenciales útiles de oficina.
    Cómo solicitar eficiencia a una institución conformada por ciudadanos de uniforme que son abiertamente discriminados en su esquema de servicio y en sus remuneraciones, en tanto otros sectores de la empleocracia, que no arriesgan diariamente la vida, ostentan ingresos muchos más altos y que no se justifican.
   Cómo exigir eficiencia a quienes carecen de una elemental cobertura de salud para ellos y sus familiares. La situación de la sanidad policial ya roza una violación sistemática de los DDHH.  
    Y no queremos olvidarnos de  señalar que carece de todo sentido que un gobierno nacional contribuya a incrementar el desprestigio de la Policía Nacional, carece de sentido al menos que el propósito sea reemplazarlo por una nueva institución hecha a la medida fines  que son incompatibles con el orden democrático.
   Toda gestión que ignore las acuciantes necesidades que aquejan al cuerpo policial no hará sino ahondar el problema, desarmar material, moral y sicológicamente al instrumento por antonomasia de combate a los enemigos internos de nuestra sociedad. Por ello esperamos que el Gobierno Nacional formule por fin una respuesta coherente al tema de la seguridad ciudadana. Esa respuesta para ser coherente no puede seguir eludiendo la reestructuración técnica, adecuada a las condiciones socioculturales que vive el país, y,  asimismo, responda a  la atención a los problemas remunerativos y de cobertura de salud de los policías peruanos.
   Este pronunciamiento no pretende ser sino una gran reflexión sobre un tema que interesa por igual a todos los peruanos de bien: el destierro de actividades antisociales que son un freno a la marcha del desarrollo del Perú. Así debe entenderse. ADOGEN PNP no busca dividir y hacer crítica destructiva y emocional, sino todo lo contrario. Consecuentemente con nuestro arraigado compromiso con el Perú y nuestra experiencia forjada en el combate al delito y al crimen, solo buscamos aportar, sumar y hacer crítica constructiva en procura de seguir por la senda de un desarrollo con inclusión mediante instituciones sólidas de seguridad y justicia, con objetivos, políticas, estrategias y metas integrales en el corto, mediano y largo plazo con liderazgo político y capacidad de gestión para hacer realidad este proyecto.
                                                                  Juan Hilmer Gonzales Sandoval
                                                                           General PNP
                                                                 Presidente de ADOGEN PNP

ABUSO DE PODER DEL GOBIERNO

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EL CONGRESO, AL DELEGAR FACULTADES LEGISLATIVAS AL EJECUTIVO, NO RENUNCIÓ A EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA DELEGACIÓN OTORGADA, QUEDANDO SUJETO A RESPONSABILIDAD POLÍTICA AL CONVALIDAR EL ABUSO DE PODER DEL GOBIERNO EJERCIDA CONTRA LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ; POR LO QUE LOS AUTORES DE ESTE LEGICIDIO SERÁN DENUNCIADOS EN EL PRÓXIMO CONGRESO Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NO SUBORDINADO, COAPTADO NI SOGUZGADO POR EL EJECUTIVO

CON FECHA 27 AGOSTO 2012, LA ALIANZA POR LA REIVINDICACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, LE ADVIRTIÓ AL ENTONCES PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA VÍCTOR ISLA ROJAS, QUE EL ARTÍCULO 104 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA ESTABLECÍA: QUE EL CONGRESO PODÍA DELEGAR EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR MEDIANTE DECRETOS LEGISLATIVOS SOBRE MATERIA ESPECÍFICA Y POR PLAZO DETERMINADO ESTABLECIDO POR LEY AUTORITATIVA, DISPONIENDO TAMBIÉN QUE EL PRESIDENTE DEBÍA DAR CUENTA AL CONGRESO Y/O A LA COMISIÓN DEL CONGRESO DE CADA DECRETO LEGISLATIVO. POR LO QUE EN ESE CONTEXTO CABÍA MANIFESTAR QUE DOCTRINALMENTE LO QUE SE ENTIENDE ES QUE EL LEGISLATIVO DE MANERA EXTRAORDINARIA CONCEDIÓ AL GOBIERNO LA CAPADIDAD DE "AGILIZAR" EL DICTADO DE CIERTAS NORMAS, COMO LA REFORMA DEL RÉGIMEN REMUNERATIVO Y DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LA PNP Y DE LAS FFAA, QUE A CRITERIO DE ESE ÓRGANO DEL ESTADO TUVO ESPECIAL PRIORIDAD.

SE LE EXPRESÓ QUE ERA EL PARLAMENTO POR ANTONOMASIA, EL ÓRGANO QUE EXPEDÍA LAS LEYES, QUE SU ORIGEN HISTÓRICO Y SU  ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL ESTABAN LIGADOS A ESA ACTIVIDAD, EJERCIENDO LA INICIATIVA SOBRE LAS MATERIAS A LEGISLAR, DEBATIÉNDOLAS Y APROBÁNDOLAS. QUE NO OBSTANTE, EL CONGRESO CREYÓ EN LA NECESIDAD DE DELEGAR SU FUNCIÓN EXCEPCIONALMENTE EN EL EJECUTIVO; PERO, ESTANDO SEGUROS QUE LA DELEGACIÓN DEBIÓ OTORGARSE CON ESTRICTA SUJECIÓN A LOS REQUISITOS ORDENADOS EN LA CONSTITUCIÓN EN CASOS EXTRAORDINARIOS, SOLO CUANDO LA REALIDAD SUPERARA SU CAPACIDAD LEGISLATIVA, SITUACIÓN QUE NO SE DIO.

QUE DE OTRO LADO, TAMPOCO ESTABA DEMÁS RECORDARLE QUE EL PARLAMENTO NO RENUNCIABA A EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL EJECUTIVO DE LA DELEGACIÓN OTORGADA, Y SI SE CONSTATASE ABUSOS O EXCESOS DEL GOBIERNO, QUEDARÍA SUJETO A RESPONSABILIDAD POLÍTICA. ASIMISMO SE LE DIJO QUE EL CONGRESO EJERCÍA EL CONTROL DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS QUE EXPIDA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN USO DE SUS FACULTADES LEGISLATIVAS.

QUE SIENDO ASÍ, LOS DECRETOS LEGISLATIVOS TIENEN COMO PRESUPUESTOS HABILITANTES UNA MATERIA ESPECÍFICA Y UN PLAZO DETERMINADO QUE LOS DEFINE EL PROPIO CONGRESO EN LA LEY AUTORITATIVA. QUE ESTO DE ALGUNA MANERA FACILITABA EL CONTROL PARLAMENTARIO DE LOS MISMOS, PUES NO DEBERÍA EXISTIR MAYOR MARGEN DE DISCRECIONALIDAD POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO; QUE POR ELLO ERA NECESARIO QUE EL PARLAMENTARIO REALIZARA UN ESCRUPULOSO CONTROL DE ESA(S) NORMA(S) EN TANTO CONSTITUÍA UNA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN LA CARTA FUNDAMENTAL Y EN EL REGLAMENTO DEL CONGRESO.

QUE SI BIEN LA FACULTAD DE LA LEGISLACIÓN DELEGADA EN MANOS DEL PODER EJECUTIVO ERA UNA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL LIMITADA QUE SE LE OTORGABA AL MISMO, PARA QUE FUESE CAPAZ DE ACTUAR CON RAPIDEZ EN CIERTAS CIRCUNSTANCIAS DE CRISIS -QUE PARA EL CASO DEL RÉGIMEN REMUNERATIVO Y DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LA PNP Y FFAA NO SE PRESENTABA- SE DEBÍA RESALTAR EL CARÁCTER EXTRAORDINARIO DE DICHA FACULTAD, EN FUNCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS FORMATIVOS QUE CONSTITUÍAN LOS PARÁMETROS DEL CONTROL PARLAMENTARIO. 

EN ESA PERSPECTIVA, SE LE EXPRESÓ QUE RESULTABA IMPORTANTE SUBRAYAR QUE EL CONGRESO DEBÍA ESTABLECER FÓRMULAS ESPECIALES DE CONTROL EN LA LEY AUTORITATIVA; COMO EL CONTROL PREVIO, CON CARÁCTER VINCULANTE O CONSULTIVO, QUE PERMITE QUE ANTES DE LA APROBACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO POR EL PODER EJECUTIVO, SE CUENTE CON LA OPINIÓN DEL CONGRESO.

DE DONDE SE TENÍA QUE ERA IMPRESCINDIBLE RECALCAR QUE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS ESTABAN SOMETIDOS AL CONTROL DE CONTENIDO, AL CONTROL DE APRECIACIÓN  Y AL CONTROL DE EVIDENCIA. ESTO, PARA VERIFICAR SU COMPATIBILIDAD CON LAS EXPRESAS DISPOSICIONES DE LA LEY AUTORITATIVA, ASUMIENDO LA EXISTENCIA DE UNA PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD QUE ADMITE PRUEBA EN CONTRARIO DE DICHO DECRETO, PARA EXAMINAR SI LOS ALCANCES O LA INTENSIDAD DEL DESARROLLO NORMATIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO SE ENMARCA EN LOS PARÁMETROS DE LA DIRECCIÓN POLÍTICA QUE ASUME EL CONGRESO EN MATERIA LEGISLATIVA Y PARA ASEGURAR QUE EL DECRETO LEGISLATIVO NO SOLO NO SEA VIOLATORIO DE LA CONSTITUCIÓN POR EL FONDO O POR LA FORMA, SINO TAMBIÉN QUE NO SEA INCOMPATIBLE O NO CONFORME CON LA MISMA.

SE LE ADVIRTIÓ EN ESA MISMA LÍNEA AL OTRORA PRESIDENTE DEL CONGRESO VÍCTOR ISLA ROJAS, QUE RESULTARÍA DE SUMA IMPORTANCIA ACOTAR Y REMEMORARLE AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, QUE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS, DE SIMILAR MODO ESTABAN SOMETIDOS AL CONTROL DE CONTENIDO, AL CONTROL DE APRECIACIÓN Y AL CONTROL DE EVIDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DEL PODER JUDICIAL; TODA VEZ QUE EL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS TAMBIÉN ERAN DE NATURALEZA JURISDICCIONAL, CUANDO EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL PODER JUDICIAL RESUELVEN EN LA VÍA DE CONTROL ABSTRACTO O DE CONTROL CONCRETO DE NORMAS, RESPECTIVAMENTE.

MUY CORDIALMENTE
CAPITÁN DE FRAGATA CJ
CARLOS DOMINGO SCHENONE CASTILLO

 LA DIFUSIÓN DE LA RESEÑA LEGISLATIVA-JURISDICCIONAL EXPUESTA POR EL CAPITÁN DE FRAGATA CARLOS SCHENONE ES MUY IMPORTANTE,  BUSCA EL DIÁLOGO, NO EL ENFRENTAMIENTO, LA  APERTURA DE SABIDURÍA AL  ESTADO DE DESCONOCIMIENTO  QUE TENEMOS LA GRAN MAYORÍA SOBRE ESTOS TEMAS. 

UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO A LOS AMIGOS 

VAMOS PERU.

MUY BUENA RESEÑA LEGISLATIVA-JURISDICCIONAL. CREO  TAMBIÉN SE DEBE AGREGAR QUE LOS IMPRONTUS SEÑALADOS, ESTÁN CONSIDERADOS EN QUE SI SE DETERMINAN CAUSALES LEGALES DE INCONSTITUCIONALIDAD PENAL O DE ALGUNA OTRA FORMULA LEGAL (CONTIENDA DE COMPETENCIA POR FALTA DE EXPRESIÓN DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES, OPINIÓN DE LA  DEFENSORÍA DEL PUEBLO, DEL PODER JUDICIAL, CIRCUNSCRIPCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, RESPECTO A LOS ARTICULADOS DE LA CONSTITUCIÓN Y DERECHO INTERNACIONAL),  FALTA DE EXPRESIÓN DEL DERECHO QUE EJERCE LA DEMOCRACIA (PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA NACIONAL (REFERENDUM, DERECHO, A LA INSURGENCIA), ATENTANDO CONTRA LOS ACUERDOS, TRATADOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES ACEPTADAS Y CO-PARTICIPES DE LOS GOBIERNOS QUE LOS SUSCRIBIERON (VISITAR LA OIT, DERECHO INTERNACIONAL, CARTA DEMOCRÁTICA AMERICANA, DERECHOS HUMANOS, DERECHOS FUNDAMENTALES Y OTROS), ANALOGÍAS EXISTENTES EN EL CONSENSO MUNDIAL)


A SUS ORDENES.   
GUSTAVO MORALES PAIVA
PRESIDENTE FRENADE


Habiendo permanecido intangible el Decreto Ley N° 19846 sus normas modificatorias y complementarias, corresponde que se nos otorgue la RMC en cumplimiento a lo establecido en el Art. 39° del Decreto Ley N° 19846.

Estimados, interesantes notas, pero como se darán cuenta que ya van dos años... camino a tres sin que exista amparo presupuestal y en consecuencia atisbo de solución de oficio por parte del Ejecutivo, es decir vinculante a TODOS, por tal el camino es judicializar como muchos lo venimos haciendo, pero con un planteamiento acorde a lo establecido en la Constitución y el correspondiente Código Procesal para los procesos de Garantías Constitucionales, y también habiendo recogido las malas experiencias de los masivos procesos que nos antecedieron sin resultados positivos en todo el proceso que llegó en muchos casos al TC, para no caer en lo mismo, y considerando la jurisprudencia del TC creada a consecuencia de las demanda indicadas, ya tenemos varias demandas de AA admitidas y en vía segura de éxito, aunque tendenciosamente procesada con lentitud, pero sabemos que al final el resultado será positivo, porque está claro y se está demostrando que normativamente nos asiste la razón y en consecuencia nuestro derecho debe ser restablecido, y en este sentido me refiero a que habiendo permanecido intangible el Decreto Ley N° 19846 sus normas modificatorias y complementarias, aplica que se nos otorgue la RMC en cumplimiento a lo establecido en el Art. 39° del Decreto Ley N° 19846.

Ojo con la maquiavélica intención del inefable AGP quien a tres semanas de entregar el cargo al actual mandatario remitió los proyecto de LEY; 04895( (Remuneraciones) cuyo contenido fue calcado por el DL-1132, y el 04896 (Pensiones), el que afortunadamente en lo referente a los dependientes del Decreto Ley N° 19846, no se consideró lo planteado en el proyecto, es decir no se dejó sin efecto la pensión renovable, ni se derogó la norma, como sabemos solo se cerró para dar lugar al DSL-1133 destinado a los futuros pensionistas.

También Ojo hay que tener presente que la restructuración de lo pensionable pasó por el proceso de consolidar los diferentes percibos, es decir juntar en un solo concepto denominado RMC, pero precisamente para no redundar estos percibos fueron derogadas todas las normas que amparaban sus desembolsos, ante esto el tema de la transferencia a la ONP del maquiavélico proyecto 04896 (Art. 17°) de Alan García es un fantasma que preocupa mientras no se nos otorgue la RMC que nos daría la cobertura del DL-1132 ante esta amenaza. Fundamentalmente por esta cierta amenaza porque las leyes para bien y para mal se tienen que cumplir es que se debe actuar jurídicamente, no solo para lograr la nivelación sino fundamentalmente el amparo jurídico que significa el tener el ahora único concepto pensionable con respaldo legal del DL-1132, de modo de que el proceso en curso nos permitiría una medida cautelar.

sábado, 8 de noviembre de 2014

NUNCA MÁS DAREMOS NUESTRO APOYO AL TRAIDOR OLLANTA HUMALA, UN TRISTEMENTE CÉLEBRE OFICIAL QUE DENIGRÓ EL UNIFORME DEL EJÉRCITO PERUANO, PORQUE TRAICIONÓ A LOS MILES DE PENSIONISTAS DE LAS FF.AA Y PNP

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OLLANTA ANUNCIA CAMPAÑA PRESIDENCIAL 2016 Y RETIRADOS DE LAS FFAA  ANUNCIAMOS CAMPAÑA NUNCA MÁS AL VIL TRAIDOR HUMALA. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PRETENDERÍA ANULAR SENTENCIAS FIRMES.


El domingo pasado el Sr Tte Crl EP "r" Ollanta Umala Tasso actual presidente de la República, anunció oficialmente que lanza su campaña de su partido para las elecciones presidenciales del próximo proceso electoral del 2016.
Es obvio que los retirados de las FFAA y que somos un gran número de efectivos que fuimos engañados y traicionados vilmente por el paradójicamente nuestro presidente Cmdte del EP OHT, quién prometió conservar la CEDULA VIVA para todos e hizo todo lo contrario y nos perjudicó, para lo cual se coludió con el corrupto Tribunal Constitucional que denegó y está denegando todos los procesos del anticonstitucional DDLL 1132 y 113 y que son tan evidentes para el país y el mundo entero, pero que por ahora los ha denegado pero que los organismos internacionales nos daran la razón con toda seguridad, es sólo cuestión de tiempo, que muy bien lo manejó Humala tal como lo alertó desde el principio: "... que lo dilataria..." y lo hizo.
Ahora nos toca hacer la GRAN CAMPAÑA para que el vil traidor ni su partido vuelvan a llegar a la presidencia y con toda seguridad caerá como cayó Toledo y otros, por tanta corrupción. La era Humala-Heredia se caracteriza por la abundancia de corruptos, cuyas denuncias  llegan hasta el palacio de gobierno. Nunca antes visto asi.

El domingo 2 noviembre, en el programa de "Panorama" han denunciado que el ahora FAMOSO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL estarían pretendiendo anular sentencias firmes; es decir, estarían revisando arbitrariamente tres casos que fueron resueltos en el Tribunal Constitucional, ahora serian revisados, entre ellos el caso de "Panamericana Televisión" por un caso de impuestos. Este hecho sería un aberrante y grosero proceso de revocación por una cosa juzgada, según lo manifestó el Constitucionalista Anibal Quiroga y el tambien Constitucionalista Enrique Bernales.

De manera que ahora si tenemos las evidencias que el TC estaría siendo manipulado por intereses al revivir procesos juzgados. Esto es debido a que los miembros son designados por el Congreso, por lo que deben pagar los favores del gobierno, como es el caso de los DDLL 1132 y 1133 que es un escándalo que debemos denunciar a los organismos internacionales.

Los retirados de las FFAA aún no hemos aprendido la lección, seguimos con "cartitas abiertas al presidente" estas cartitas "le llegan" al presidente, "mensajitos" entre nosotros despotricando de nuestras frustraciones, etc. Lo que debemos hacer es hacer público nuestras denuncias a través de los periódicos, para lo cual debemos pagar es verdad pero hay que hacerlo. Las "n" asociaciones de retirados no funcionan pues sus estatutos están basados en hacer relaciones sociales entre sus asociados y algunos reciben dádivas del gobierno y en esas condiciones están sometidas estas asociaciones y, a eso debemos agregarle que existen "retirados" incondicionales del gobierno que perciben alguna remuneración del gobierno pero que es temporal y en todo caso deben callar simplemente, sería lo más honesto, digno y leal. Los de actividad viven su mundo y con sueños de opio y no imaginan lo que les espera al retirarse, recordemos lo que también pensábamos cuando estuvimos en actividad.

La denuncia a los organismos internacionales contra el Tribunal Constitucional es imperativa e indispensable y debemos aprovechar la denuncia hecha por "panorama". Debemos hacerlo SI o SI pero con bombos y platillos y que resuene en el país y en el mundo entero, sólo así lograremos nuestros justos objetivos.

Omar Machicao Angles.
Comandante EP

NUNCA MAS DAREMOS NUESTRO APOYO AL  TRAIDOR  OLLANTA HUMALA, UN TRISTEMENTE CELEBRE OFICIAL QUE DENIGRÓ EL UNIFORME DEL EJERCITO PERUANO, PORQUE TRAICIONÓ A LOS MILES DE PENSIONISTAS DE LAS FF.AA Y PNP, QUE NO CONCEBIMOS COMO UNO DE LOS NUESTROS FORMADO EN LA ESCUELA DE LA PATRIA QUE DIO GRANDES HOMBRES AL PAIS SEA TAMBIEN LA CUNA QUE ALBERGÓ A ESTE MISERABLE TRAICIONERO Y VENDE PATRIA, DE NADA LE HAN SERVIDO TANTOS EJEMPLOS QUE SEGURAMENTE CONOCIÓ DE MUCHOS SOLDADOS QUE OFRENDARON SU VIDA  EN  LA DEFENSA NACIONAL Y  EL ORDEN INTERNO, DE NADA SIRVIÓ HABER CONOCIDO LA DIFICIL REALIDAD EN QUE SE DESARROLLA EL CUMPLIMIENTO  DE LA FUNCION MILITAR Y POLICIAL, PORQUE SE  OLVIDÓ  DE TODAS ESAS VIVENCIAS Y TRAICIONÓ  A SUS COMPAÑEROS, A SUS JEFES Y  SUS SUBORDIBNADOS, ESTE COMANDANTE EP, TAMBIEN TRAICIONÓ A SU ALMA MATER Y SEGURAMENTE NO TENDRIA ESCRUPULOS EN TRAICIONAR A LA PATRIA SI SE TRATASE DE DEFENDER SUS INTERESES PERSONALES O DE LOS GRUPOS DE PODER AL CUAL SE HA ENTREGADO DE BRUCES, SIN IMPORTARLE EL DRAMA ECONOMICO QUE GENERA EN LA FAMILIA MILITAR Y POLICIAL, POR ESO NUNCA MAS OLLANTA HUMALA, NI SU PARTIDO NI NADINE HEREDIA,  TAMPOCO EL TRAICIONERO  COMANDANTE EP VALDEZ DANCUART, QUIEN FUE PREMIER DE ESTE REGIMEN Y APOYÓ LA ELIMINACIÓN DE LA CEDULA RENOVABLE Y HOY PRETENDE ESTE INDIGNO MILITAR TAMBIEN SER PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, LOS MILES DE PENSIONISTAS DEBEMOS TENER MUY CLARO QUIEN ES QUIEN, DEBEMOS DESECHAR A ESTOS TRAICIONEROS Y DEMOSTRALES LA  REPULSA Y RECHAZO  QUE NOS GENERAN APARTANDOLOS PARA SIEMPRE DE LA VIDA POLITICA, POR   INDESEABLES, MENTIROSOS Y TRAICIONEROS
ARTURO PAREDES BASTOS
COMANDANTE PNP

jueves, 6 de noviembre de 2014

¿DÓNDE ESTÁ MARTÍN?

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EL SUPERAMIGO DE LA PAREJA PRESIDENCIAL
Johnny Montalvo
 Martín Belaunde Lossio estudió junto a Nadine Heredia en la Universidad de Lima, y sería por entonces que nace su vinculación con la actual Primera Dama. Posteriormente, Martín Belaunde formará parte del comando de campaña de Ollanta Humala en las elecciones del 2006, donde también será uno de sus principales aportantes (con S/. 265,000). Durante los años 2006 al 2011, Martín Belaunde pagó a Nadine Heredia US$ 30 mil, por ser consultora de una de sus empresas, Soluciones Capilares. La relación de Martín Belaunde con la Primera Dama ha sido tan estrecha, que su propio padre, Arturo Belaunde le pagó a Nadine Heredia US$ 50 mil por estudios y consultorías. Estos pagos en realidad significarían un “aporte” al estilo de vida costoso de la pareja presidencial antes de que llegara al poder. Pero nada es gratis en la vida. Y Martín Belaunde, como todo empresario que “financia” una campaña electoral, esperaría el triunfo de Humala para poder cobrarle la Factura de toda esa “ayuda” que prestó a la pareja presidencial en tiempos de “vacas flacas”.
Cabe resaltar que el vínculo de Martín Belaunde con Nadine Heredia, apenas llegados al poder los nacionalistas, se vería reforzado casi de inmediato, puesto que Roxana Altuna, su expareja y madre de uno de sus hijos, se convertiría desde el año 2011 en la principal asesora de prensa de la Primera Dama, con un sueldo de 12 mil soles mensuales. Asimismo, es necesario señalar que una de las pruebas más resaltantes del vínculo de la pareja presidencial con Martín Belaunde lo constituyen las propias palabras del presidente Humala cuando señaló ante los medios que le dolía “la situación que pasaba” su amigo Martín Belaunde y pidió a la prensa “tratar el tema con mayor prudencia”, cuando se descubrió que Martín Belaunde integraba la cúpula de la organización criminal del expresidente regional de Ancash, César Álvarez. Es decir, el propio presidente de la República pidió desde un inicio de las investigaciones contra el hoy prófugo de la justicia que se le tratara de una manera “especial” por decir lo menos. Después de todo lo dicho hasta aquí resulta muy claro que Martín Belaunde era un “superamigo” de la pareja presidencial hasta el día en que cayó en desgracia por el caso de “La Centralita” (centro de chuponeo telefónico en Ancash).
Pero el superamigo de la pareja presidencial sigue dando que hablar. Un informe de Cuarto Poder ha permitido conocer que el prófugo empresario habría aprovechado su cercanía al gobierno para hacer pingues negocios, según algunos correos electrónicos difundidos se demostraría que Martín Belaunde estaría vinculado a empresas que se adjudicaron millonarias obras durante el gobierno del Presidente que prometió “honestidad para hacer la diferencia”. Dicho informe demostraría que Martín Belaunde habría estado detrás de las operaciones de la empresa constructora Antalsis S.L. que ha ganado obras por S/. 150 millones desde que comenzara sus operaciones en Perú en el 2011. Del mismo modo, quedaría demostrado que Martín Belaunde utilizó a Carlos Fuyikawa García, coordinador parlamentario del Ministerio de la Producción desde el inicio de la administración nacionalista, para intentar influir en decisiones del Congreso cuando Víctor Isla era su presidente. Los correos electrónicos demuestran el vínculo estrecho del superamigo de la pareja presidencial con varios congresistas del nacionalismo lo que hace pensar que toda la madeja recién comienza a desenrollarse.
Aunque Víctor Isla insulte al otrora amigo y financista de “fanfarrón” y aunque toda la bancada nacionalista niegue cualquier vínculo con el prófugo de la justicia Martín Belaunde; resulta sintomático que la señora Roxana Altuna haya tenido que renunciar a su cargo en la Dirección General de Bienestar y Acción Social del Despacho Presidencial. Roxana Altuna presentó su dimisión el sábado último, un día antes que el programa Cuarto Poder difundiera el Informe sobre los lobbies de su expareja y padre de su menor hijo. Si a esto sumamos las denuncias del ex asesor del congresista Abugattás, Jorge Paredes Terry, quién ha señalado que Martín Belaunde era el encargado de contactarse con los presidentes regionales y fue quien llevó ante Nadine Heredia al expresidente regional de Áncash, César Álvarez, se va configurando todo un panorama muy complicado para la pareja presidencial. 
Ante todo esto, resultan cómicas las declaraciones del presidente Ollanta Humala al pedir a sus simpatizantes que se pongan la “ropa de campaña”, dando así inicio a la campaña electoral del 2016. Por más popularidad que tenga Nadine Heredia, después de los escándalos de este gobierno ¿alguien en su sano juicio votaría por el nacionalismo?

Lima, 03 de noviembre de 2014.

miércoles, 5 de noviembre de 2014

PROCESO DE CUMPLIMIENTO

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GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
TÍTULO V
PROCESO DE CUMPLIMIENTO
Artículo 66.- Objeto
Es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente:
1) Dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme; o
2) Se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento.
Artículo 67.- Legitimación y representación
Cualquier persona podrá iniciar el proceso de cumplimiento frente a normas con rango de ley y reglamentos. Si el proceso tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento de un acto administrativo, sólo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés para el cumplimiento del deber omitido.
Tratándose de la defensa de derechos con intereses difusos o colectivos, la legitimación corresponderá a cualquier persona. Asimismo, la Defensoría del Pueblo puede iniciar procesos de cumplimiento.
Artículo 68.- Legitimación pasiva
La demanda de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad o funcionario renuente de la administración pública al que corresponda el cumplimiento de una norma legal o la ejecución de un acto administrativo.
Si el demandado no es la autoridad obligada, aquél deberá informarlo al juez indicando la autoridad a quien corresponde su cumplimiento. En caso de duda, el proceso continuará con las autoridades respecto de las cuales se interpuso la demanda. En todo caso, el juez deberá emplazar a la autoridad que conforme al ordenamiento jurídico, tenga competencia para cumplir con el deber omitido.
Artículo 69.- Requisito especial de la demanda
Para la procedencia del proceso de cumplimiento se requerirá que el demandante previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el cumplimiento del deber legal o administrativo, y que la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud. Aparte de dicho requisito, no será necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir.
Artículo 70.- Causales de Improcedencia
No procede el proceso de cumplimiento:
1) Contra las resoluciones dictadas por el Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Jurado Nacional de Elecciones;
2) Contra el Congreso de la República para exigir la aprobación o la insistencia de una ley;
3) Para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante los procesos de amparo, hábeas data y hábeas corpus;
4) Cuando se interpone con la exclusiva finalidad de impugnar la validez de un acto administrativo;
5) Cuando se demanda el ejercicio de potestades expresamente calificadas por la ley como discrecionales por parte de una autoridad o funcionario;
6) En los supuestos en los que proceda interponer el proceso competencial;
7) Cuando no se cumplió con el requisito especial de la demanda previsto por el artículo 69 del presente Código; y,
8) Si la demanda se interpuso luego de vencido el plazo de sesenta días contados desde la fecha de recepción de la notificación notarial.
Artículo 71.- Desistimiento de la pretensión
El desistimiento de la pretensión se admitirá únicamente cuando ésta se refiera a actos administrativos de carácter particular.
Artículo 72.- Contenido de la Sentencia fundada
La sentencia que declara fundada la demanda se pronunciará preferentemente respecto a:
1) La determinación de la obligación incumplida;
2) La orden y la descripción precisa de la conducta a cumplir;
3) El plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que no podrá exceder de diez días;
4) La orden a la autoridad o funcionario competente de iniciar la investigación del caso para efecto de determinar responsabilidades penales o disciplinarias, cuando la conducta del demandado así lo exija.
Artículo 73.- Ejecución de la Sentencia
La sentencia firme que ordena el cumplimiento del deber omitido, será cumplida de conformidad con lo previsto por el artículo 22 del presente Código.
Artículo 74.- Normas aplicables
El procedimiento aplicable a este proceso será el mismo que el previsto por el presente Código para el proceso de amparo, en lo que sea aplicable. El Juez podrá adaptar dicho procedimiento a las circunstancias del caso.

INTERPRETACIÓN LEGAL DE LAS NORMAS

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DECRETO LEGISLATIVO 1133

De conformidad con lo prescrito en la Tercera Parte del Art. 2º del Decreto legislativo Nº 1133, dicho dispositivo legal no afecta de modo alguno los derechos y beneficios del personal activo y pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que actualmente pertenezcan al régimen del Decreto Ley Nº 19846, manteniéndose para ellos las mismas condiciones y requisitos establecidos en el citado Decreto Ley y sus normas modificatorias y complementarias.
3.- De acuerdo con lo establecido en el Inc. b) del Art. 10º del Decreto Ley Nº 19846 modificado por el Art. 1º de la Ley Nº 24640, el personal masculino que por cualquier causal pasa a la Situación de Retiro, si tiene veinte o más años de servicios y menos de treinta, percibirá como pensión mensual tantas treintavas partes de las remuneraciones pensionables correspondientes a las de su grado en Situación de Actividad.
4.- En dicho sentido, la Segunda Parte de la SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL del Decreto Legislativo Nº 1133 establece que los actuales pensionistas del régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 19846 percibirán además de la pensión y los beneficios adicionales que actualmente vienen percibiendo, el monto equivalente al incremento de la remuneración que se otorga al personal militar y policial en actividad dispuesto en el Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicables al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú (Dec. Leg. Nº 1132), según el grado en base al cual percibe su pensión.
5.- De igual forma, la CUARTA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL del Decreto Legislativo Nº 1133 establece que en caso el personal militar y policial hubiere cesado antes de culminar el proceso de integración de la remuneración a que se refiere el literal b) de la Segunda Disposición Complementaria y Final del Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fueras Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú, para el cálculo de la pensión que pudiera corresponderle se empleará el monto total de la Remuneración Consolidada.
6.- Si bien es cierto que en la Primera Parte de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1133 se señala que las modificaciones establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1132 no alcanzan a los actuales pensionistas del régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 19846, por lo que no se reestructuran sus pensiones, también es muy cierto, que dicha disposición no se condice ni guarda congruencia con lo prescrito en el Segunda Parte de la mencionada Disposición Complementaria Final, en la que con toda claridad y precisión se indica que al personal militar y policial pensionista del régimen del Decreto Ley Nº 19846 les corresponde el monto equivalente al incremento de la remuneración que se otorga al personal militar y policial en actividad dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1132.
Asimismo, no tiene sentido lógico-jurídico sostener que no reestructuran las pensiones de los actuales pensionistas del régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 19846, esto es, que se mantengan los diversos conceptos remunerativos y no remunerativos que aparecen detallados en sus correspondientes boletas de pago, por cuanto todos estos conceptos han sido expresamente DEROGADOS de conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1132.

Para Manuel OSSORIO la derogación puede ser definida de la siguiente manera: "Literalmente, derogar significa dejar sin efecto o suprimir parcialmente una ley; pero comúnmente, se usa como sinónimo de abrogar o suprimir la ley en su totalidad. Derogación, entonces es el acto de proceder, mediante disposición posterior, a dejar sin efecto, en todo o en parte, un precepto jurídico precedente." OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 331.

Para Guillermo CABANELLAS la derogación tiene la siguiente definición: "Abolición, anulación o revocación de una norma jurídica por otra posterior, procedente de autoridad legítima. CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III. Pag.158. 
7.- En este orden de ideas, teniendo en consideración lo establecido en el Art. 174º de la Constitución Política del Estado, concordante con la Tercera Parte del Art. 2º del Decreto Legislativo Nº 1132, el Inc. b) del Art. 10º del Decreto Ley Nº 19846 modificado por el Art. 1º de la Ley Nº 24640, Segunda Parte de la SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL del Decreto Legislativo Nº 1133 y la CUARTA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL del Decreto Legislativo Nº 1133, al demandante corresponde se le abone la pensión mensual de S/. 2,561.00, que es la Remuneración Consolidada que corresponde a un Técnico Inspector FAP fijado en el Anexo Nº 3 del Decreto Supremo Nº 246-2012-EF, conforme se le está abonando a un Sub-Oficial Brigadier de la Policía Nacional del Perú (grado equivalente al de un Técnico Inspector FAP), según es de verse de las Boletas de Pago que estoy adjuntando como medios de prueba.
Sobre el particular, considero necesario poner de relieve que la equiparación de las remuneraciones del personal militar y policial, conlleva también la equiparación de las pensiones de dicho personal en estricta aplicación de lo establecido en el Art. 174º de la Constitución Política del Perú.

lunes, 3 de noviembre de 2014

COMUNICADO DE LA ALIANZA POR LA REIVINDICACIÓN DE LAS FFAA Y PNP

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Alianza por la Reivindicación de las FFAA y PNP
COMUNICADO Nº 015-2014-ALIANZA
POR LA INDEPENDENCIA DE PODERES
                                                  Lima, 02 de noviembre de 2014

La Alianza por la Reivindicación de las FFAA y PNP, se dirige a  la opinión pública y en especial a la Familia Militar Policial, y los invita a reflexión, pues al revisar los pasos dados previo a la promulgación de los nefastos D. Leg. Nº 1132 y Nº 1133, debemos señalar que ya desde septiembre del año 2012, cuando el Poder Legislativo “abdicara” su “función de legislar” ante una conversada, trabajada y manipulada “delegación de facultades legislativas” pedidas por el Poder Ejecutivo, so pretexto de dictar sendas “Reformas” para mejorar la marcha funcional del Estado, ya se percibía una clara sensación de una complaciente disposición para desentenderse de cumplir su primera obligación, que es la de “LEGISLAR”,  frente a lo que podría traerse entre manos el Ejecutivo -con ocultismo, secrecía, absolutismo, prepotencia y exclusión- para excederse en el fondo y forma de reformar, introduciendo un “Caballo de Troya” que era obvio estaba diseñado para imponer abusos, atropellos y “desconocer” normas constitucionales a fin de sacar adelante las protervas intenciones manipuladas por el ente del Gobierno a través de la Dictadura del Presupuesto Nacional.

La Alianza también debe hacerles conocer que sobre la base de la írrita, falaz y aberrante sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 07357-2013-PA/TC, de fecha 16 de septiembre último, declarando INFUNDADO el recurso de agravio constitucional interpuesto por el Técnico Jefe Superior EP (r) Alberto CHINCHAY Murga, se ha recogido y establecido los siguientes hechos:

1.     El miércoles 15 de octubre, dicho organismo, supuestamente defensor supremo de los DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LA CIUDADANÍA, ha publicado en su web VEINTINUEVE (29) sentencias interlocutorias declarando INFUNDADOS estos recursos de agravio constitucional presentados por esforzados defensores de la vigencia del sistema democrático, hoy pensionistas de las FFAA y PNP, quienes también habían solicitado la inaplicación de normas de los D. Leg. Nº 1132 y Nº 1133, que presentados como la Reforma del Régimen Remunerativo y de Pensiones del Personal de la PNP y FFAAen realidad lesionan sus derechos pensionarios contemplados en el DL Nº 19846 y Ley Nº 24640, principalmente la Segunda Disposición Complementaria Final del D. Leg. Nº 1133.
2.     A renglón seguido, el Tribunal Constitucional emitió el jueves 16 de octubre OCHENTA (80) sentencias interlocutorias declarándolas IMPROCEDENTES; el viernes 17 de octubre, emitió otras TREINTA Y CINCO (35), sentencias interlocutorias declarándolas IMPROCEDENTES; el martes 21 de octubre emitió DOS (2) nuevas sentencias interlocutorias declarándolas también IMPROCEDENTES. Vale decir, “empaquetaron” CIENTO DIECISIETE (117) recursos de agravio constitucional con el mismo resultado, que las anteriores indicadas en el numeral 1 arriba; esta vez sí, con un voto en discordia.

La Alianza, igualmente hace de conocimiento público, que desde antes del inicio de estos procesos se ha venido recibiendo trascendidos sobre diversas presiones de interferencia por parte del Poder Ejecutivo, en sus más altos niveles, promovida por parte del fracasado ex ministro Castilla y la burocracia dorada del MEF -responsables de la continua desaceleración en el crecimiento de la economía nacional-, pretextando que de declararse FUNDADAS las Demandas –como por lógica jurídica correspondía- se generaría un caos económico financiero nacional, lo cual es absolutamente falso, pero el argumento sirvió para “sensibilizar” a los magistrados e inducirlos a emitir la irrita sentencia.

La Alianza, estando a lo que nos informara el Presidente del TC, Dr. Óscar Urviola Hani el lunes 04 de agosto último, mostrándonos la existencia física de una Ponencia de Sentencia con firma del Magistrado ponente, Dr. Ernesto Álvarez Miranda, de fecha 28 de mayo pasado, sobre el Expediente del Técnico Jefe Superior EP (r) Alberto CHINCHAY Murgacausa vista en el Pleno del TC el 27 de noviembre del pasado año 2013-, y que, sin embargo, no fue puesta en el circuito de firmas por razones inexplicables en su momento, pero fáciles de comprender a la luz de los hechos, por lo cual en salvaguarda del Estado de Derecho que debe primar y amparados en que se respete el principio de Independencia de Poderes, públicamente emplaza al Tribunal Constitucional a que dé a conocer dicha Ponencia y no se pretenda una excusa bajo el escudo de la “secrecía” de los procesos, pues está de por medio LA INDEPENDENCIA DE LOS PODERES DEL ESTADO.

La Alianza, bajo una apreciación de inteligencia sobre todo lo actuado, incluyendo los antecedentes políticos y personales de autoridades y organismos involucrados, concluye –con una altísima probabilidad de certidumbre- que la referida Ponencia de Sentencia con firma del Magistrado ponente, Dr. Ernesto Álvarez Miranda, declaraba FUNDADO el recurso de agravio constitucional del TJS EP (r) CHINCHAY. De ser así, preguntamos: ¿Existen responsabilidades, sanciones y rectificaciones? O, ¿Apañamiento y complacencia frente a aparentemente claros actos de corrupción?

La Alianza por la Reivindicación de las FFAA y PNP, estando lo expuesto, emplaza públicamente al Congreso de la República para que dentro de sus facultades, se investigue sobre las interferencias del Poder Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional para la expedición de las sentencias en cuestión, debiéndose citar a los recientemente cesados magistrados de ese Organismo, y también a los actuales, para que juramenten si fueron convocados e influenciados por las más altas esferas del Poder Ejecutivo con dicho fin.

COMISIÓN EJECUTIVA
ADOFERS.PNP – AMHOLE – ANOPER – ANSORFAP – AOPIP –ASPIP– ASANP – ASTOSUBPE –ASOMAR - ASOFER.GRP  ASORPIP –ASTSOEPFFAA.CUSCO-APCPMP-  ATSIFAP – ATSIFAP.PIURA – ATSIFAP.CHICLAYO –ATSIFAP.CALLAO – ATSIFAP.PISCO – ATSIFAP.AREQUIPA – ATSIFAP.IQUITOS – ASTYSOREP – ASTYSOREP.SULLANA – ASTYSOREP.LAMBAYEQUE – ASTYSOREP.HUARAZ– ASTYSOREP.TRUJILLO –  ASTYSOREP.ICA – ASTYSOREP.AREQUIPA – ASTYSOREP.MOQUEGUA – ASTISOREP.TACNA –  ASTYSOREP.PUNO – ASTYSOREP.CUSCO – ASTYSOREP.HUANCAYO – ASTYSOREP.IQUITOS – AVISTOMAR – AS. 21 DE MAYO – CACOP – ASCOFA-ASMAFAR-COM.COOR. –  COGRP – COMIPOL.PIURA –  COMIPOL.TUMBES – FREUMILPOL.AREQUIPA – FEDERPOL - INT’L POLICE ASSOC.SP. –  ASPOFEMP.

COMENTARIO:
ESTAMOS FRENTE A UNA DICTADURA CIVIL CAMUFLADO POR UNA SEUDO DEMOCRACIA, SUBORDINADA A LA TIRANÍA CORRUPTA DEL MEF, DONDE TODOS SE COMPRA Y TODO SE VENDE... NO ESPEREMOS QUE SEA DEMASIADO TARDE.

CAMARADAS DE ARMAS Y COLEGAS DE LAS FFAA Y PNP:
SI NO EXISTE INDEPENDENCIA DE PODERES, YA QUE POR LO VISTO LA PLATA COMPRA TODO, ES INCREÍBLE QUE LA JUSTICIA NO TENGA PERSONALIDAD PROPIA Y SE DEJE MANIPULAR POR EL PODER EJECUTIVO (MINISTERIO DE ECONOMÍA), QUE HASTA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NO SEA CAPAZ DE HACER RESPETAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. EN QUE PAÍS ESTAMOS VIVIENDO? UNA TIERRA DE NADIE DONDE CAMPEA LA CORRUPCIÓN Y LA LEY DEL DINERO ESTÁ POR ENCIMA DE NUESTROS PRINCIPIOS MORALES. 

ES IMPORTANTE QUE LA CIUDADANÍA EN GENERAL RECAPACITE Y REACCIONE ANTE ESTOS EVENTOS PORQUE ESTAMOS FRENTE A UNA DICTADURA CIVIL CAMUFLADA POR UNA FALSA DEMOCRACIA DONDE TODOS SE COMPRA Y TODO SE VENDE. NO ESPEREMOS QUE SEA DEMASIADO TARDE.

CONCRETAMENTE EN LO RELACIONADO A LAS PENSIONES DE LAS FFAA Y PNP A LOS DE ACTIVIDAD QUE ESTÁN PASANDO AL RETIRO LOS ESTÁN ENGAÑANDO CON FALSAS ILUSIONES Y NO ESTÁN VIENDO QUE PENSIONARIAMENTE HABLANDO SIGUEN FORMANDO PARTE DE LA MISMA LEY DE PENSIONES OSEA LA 19846 Y SUS MODIFICATORIAS Y QUE IGUALMENTE PERTENECEN A LA CPMP QUE ACTUALMENTE POR MODIFICIONES INCONSTITUCIONALES SE HA CAMBIADO LA CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO CON PERSONAS QUE NO TIENE NADA QUE VER CON EL TEMA Y LO QUE  ESTÁN HACIENDO ES DESTRUIR, QUEBRAR  LO POCO QUE QUEDA DE ELLA, TODOS ESTAMOS ENTRANDO AL MISMO SACO LO CUAL NO ES PERCIBIDO POR LA MAYORÍA, TENGAN MUCHO CUIDADO CON LO QUE ESTÁN DEJANDO PASAR Y HACIENDO DE LA VISTA GORDA
ALFREDO CAPRILE
COMANDANTE FAP.