Alianza por la Reivindicación de las FFAA y PNP

COMUNICADO Nº 001-2005-ALIANZA

                             Lima, 04 enero de 2015

La Alianza por la Reivindicación de las FFAA y PNP, se dirige a la opinión pública en general, y de manera particular a la Familia Militar Policial, para hacerles conocer nuestra honda preocupación por la manera en que se está llevando la política general del Gobierno, siendo notorio que perdió la hoja de ruta y sigue sin rumbo, debiendo señalar lo siguiente:

La economía en los dos últimos años ha sufrido un serio retroceso debido a la pésima conducción del MEF a cargo del ex ministro Castilla, cajero del Gobierno y culpable directo del fracaso económico financiero ante la pasiva espera del presidente Humala; durante su larga gestión, la intocable burocracia dorada del MEF se abocó a impulsar “Reformas” con un denominador común: maltratar; llámese profesorado estatal; médicos, enfermeras y auxiliares; militares y policías (en particular a sus jubilados, que en promedio son septuagenarios); ahora pretenden imponer la “salvadora” ley del Empleo Juvenil, con lo cual expresamente apuntan a la futura reducción generalizada de los derechos sociales de todos los estratos menos favorecidos en el quehacer de la vida nacional. Los paquetes reactivadores de la economía generados por Castilla y ahora por su sucesor, el ministro Segura, simplemente no han dado resultado, quedando demostrada su incapacidad. Esperamos que el nuevo ministro retome las líneas maestras perdidas y encuentre el rumbo adecuado que nos devuelva al crecimiento sostenido, única manera de conseguir el desarrollo y bienestar general. Eso sí, le advertimos que no hable tanto y deje de lado las mentiras y la soberbia con que imponen la Dictadura del Presupuesto y comience por respetar todos los derechos de los trabajadores y pensionistas; que no los recorte, mezquine o conculque, pues desencadenará una eclosión social a futuro.

La Seguridad, es un aspecto que día tras día es causa de suma preocupación debido a que en las calles se comprueba un mayor índice delincuencial sin que exista un accionar decidido y planificado por parte de las autoridades responsables. Diariamente nos enteramos -por los diferentes medios de comunicación- como avanza la delincuencia organizada, el sicariato, la extorsión, etc.; lo más preocupante es que en muchos de los casos, los delincuentes son jóvenes y adolescentes, confirmándose la impresión que el Gobierno no tiene un Plan integral para atacar estos males que hacen del Perú uno de los países con mayor inseguridad en América Latina.

La corrupción, es otro de los delitos que en este Gobierno ha aflorado y avanzado de manera escandalosa; ahí se tienen los casos Oscar López Meneses, Martín Belaunde Lossio, Rodolfo Orellana, muchos Gobiernos Regionales y Locales (intervenidos por malos manejos), Ministerio  de Energía y Minas, Municipalidad Metropolitana de Lima, que se ven favorecidos por el torpe accionar del Ministerio Público y de las Comisiones Investigadoras del Congreso, sin que hasta el momento se pueda sancionar a los culpables. Lamentablemente, se observa mucha negligencia y una inusual injerencia política ante las autoridades responsables de las investigaciones, (caso Asesor Jurídico Presidencial, ministro de Justicia, y la entonces Procuradora Anticorrupción Yeni Vilcatoma), donde exhiben una gran preocupación por ocupar espacios “desorientadores” en la prensa a fin de favorecer a determinados personajes que apoyaron campañas electorales, antes que llegar a la verdad y aplicar las penas contempladas en nuestros Códigos Procesales.

Con referencia a la lucha contra el narcotráfico, flagelo de permanente amenaza para la seguridad del país con nefastas consecuencias ya que contribuyen al incremento de la corrupción al comprometer autoridades e instituciones en todos los estratos del quehacer nacional, se observa que la violencia aumenta precisamente por el empleo de sicarios que también vienen siendo utilizados por otros tipos de delincuencia organizada como un método rápido y eficaz para saldar sus propias cuentas. No olvidemos que el Perú es el primer productor de coca y de cocaína, pero tanto la erradicación de la hoja de coca que está en un 20% del total de hectáreas en cultivo y la incautación de la producción que ni siquiera alcanza un 10%, demuestran que la política diseñada para el control de esta amenaza no funciona; más bien nos mantiene en ruta a convertirnos a corto plazo en un Narco Estado, apoyado por la continuada falta de voluntad política para enfrentarlo.

El Terrorismo, otro de los flagelos que aún persiste en el país, si bien está militarmente concentrado en el VRAEM, donde las FFOO lo vienen neutralizando en el campo militar, se ve favorecido en el campo político donde no se está haciendo nada, ni por parte de Gobierno ni tampoco por parte de los Partidos Políticos. El MOVADEF, brazo político del PCP-SL, viene actuando libremente infiltrándose en las universidades, entidades del Estado, organizaciones de trabajadores, etc., participando en cuanta marcha de protesta social se organice y en acciones como, contra el Rectorado de la UMSM, organizando incluso, sin contar con la autorización o licencia de la autoridad competente,  exposiciones de pinturas de sus lideresas haciendo apología del terrorismo. Se percibe que el MOVADEF busca la toma del poder vía elecciones democráticas a largo plazo, con el  único y encubierto propósito de desaparecer al Perú como Estado Soberano.

También, es preocupante comprobar como causa de inestabilidad política y económica la injerencia del Ejecutivo en otros poderes del Estado; así por ejemplo ponemos el caso del Tribunal Constitucional que nos atañe directamente, donde se tiene conocimiento de reuniones que el Mandatario de la Nación y el ministro Castilla, tuvieron con Magistrados de este Órgano Jurisdiccional a fin de que las demandas de Acción de Amparo que un grupo de pensionistas de las FFAA y PNP interpusieron en contra de algunos artículos de los Decretos Legislativos 1132 y 1133 no prosperasen “por el grave daño que implicaría a la economía nacional”, injerencia que hizo que el TC entrante, manipulado por el Presidente Urviola, dejara sin efecto el proyecto de Resolución del magistrado ponente en el Tribunal saliente, que favorecía a los demandantes; actitud que indiscutiblemente pone en riesgo la Estabilidad Jurídica en el País al burlarse el Estado de Derecho, lo cual ha obligado a los demandantes a recurrir a la Justicia Internacional para hacer respetar todos sus derechos.

COMISIÓN EJECUTIVA