A LA POLICIA SE LE RESPETA, POR QUE LA POLICIA HACE CUMPLIR LA LEY; SIN EMBARGO, EL ESTADO NO HACE CUMPLIR LA LEY A FAVOR DE LA POLICIA

UPP reclama a García el cumplimiento de DS 213-90-EF del 19JUL1990
“De no cumplir caerá en infracción Constitucional”, señalan.

El pasado jueves 21 de mayo la bancada de Unión por el Perú (UPP) presentó una Moción de Orden del día con la finalidad de presentar al presidente Alan García Pérez el petitorio multipartidario presentado a la Comisión de Presupuesto en setiembre de 2008, en el cual exigen el cumplimiento del Decreto Supremo 213-90-EF del 19JUL1990, de carácter "SECRETO" y en vigencia, sobre la homologación al personal Militar y Policial.

De esta manera este grupo parlamentario exige al Jefe de Estado se cumpla de una vez con lo dispuesto en este Decreto Supremo, que precisamente fue dado a fines de su primer gobierno, y el cual refiere que a los Policías y Militares les corresponde un sueldo equivalente al 75% de lo que gana un congresista, de manera escalonada.

Además explican que, para no generar una alteración significativa en nuestra economía, el cumplimiento de esta norma podría darse en el lapso de tres años, gradualmente.

“La aplicación del Decreto Supremo Nº 213-90-EF del 19 de julio del año 1990 puede ejecutarse escalonadamente en tres años de acuerdo a las normas presupuestarias, a fin de que no produzca una alteración significativa en el manejo económico de las cuentas del país”, refiere uno de los artículos de la moción.

De la misma manera UPP considera de mucha importancia que tanto el Presidente Alan García Pérez como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) den cumplimiento a este Decreto Supremo, pues de lo contrario estarían actuando inconstitucionalmente.

“De no cumplirse lo solicitado caerán en infracción constitucional y grave daño moral al Estado, de acuerdo a los estipulado en el Artículo 128° de la Constitución Política del Estado”, refiere el documento.

Como ayer lo informó EXPRESO, la Bancada Nacionalista también pidió hace unos días darle al DS 213-90-EF rango de ley, para que sea respetada en su totalidad por las instancias que deben hacerla cumplir, como los Ministerios del Interior y de Defensa, así como el Ministerio de Economía y Finanzas.
La moción lleva la firma de los Congresistas Karina Beteta, Carlos Cánepa, Francisco Escudero, Eduardo Espinoza, Aldo Estrada, Isaac Serna y José Vega Antonio.

(MEF)

No a las “leguleyadas”
El Gobierno no puede desconocer con “leguleyadas” las normas que garantizan remuneraciones justas para Policías y Militares, señalan representantes de ambas instituciones.

El General PNP Luis Montoya sostuvo que el gobierno debe reflexionar y tratar a los Policías “como profesionales y no como ciudadanos de segunda categoría”, y eso implica una mejor remuneración. “Socialmente se ha abandonado desde hace 20 años a las FF AA y PNP porque no hay una política de remuneraciones y de pensiones, con el actual sistema hay una brecha tremenda entre Generales, Coroneles, Comandantes, Mayores y Capitanes”, sostuvo tras señalar que esto afecta su moral y la calidad de su labor.

Se dice: "LA POLICIA HACE CUMPLIR LAS LEYES; SIN EMBARGO, EL ESTADO NO HACE CUMPLIR LA LEY (DS 213-90-EF DEL 19JUL1990) A FAVOR DE LOS POLICIAS"

Al respecto, solicitamos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Garantías, así como también, de la Defensoría del Pueblo. En razón de que, al no ejecutarse en su plenitud los alcances del DS N° 213-90-EF del 19JUL1990, de caracter "SECRETO" y en vigencia, el Jefe de Estado y el PCM estarían infringiendo la Constitución Política del Perú. Y, la Dra. Beatriz MERINO ¿Qué opinará al respecto?, sabrá que los Policías también somos pueblo. A la "POLICIA SE LE RESPETA", es un lindo slogan promocionado por el MININTER; sin embargo, creemos que ni el Estado le tiene una mínima consideración.

Invitamos a la Prensa escrita, hablada y televisada, en forma especial a EXPRESO (a quién agradecemos por el apoyo que venimos recibiendo), para que asistan a las Unidades Policiales y comprueben los manuscritos con órdenes dispuestas por la Alta Dirección del Ministerio del Interior, que amedrantan con la imposición de drásticas sanciones, a los Policías en actividad que estén presentando solicitudes de homologación de haberes en base al Decreto Supremo en cuestión. Lo cual también cosntituye "abuso de autoridad".

EDITORIAL DEL DIARIO EXPRESO
DS 213-90-EF
Curiosa es la forma como sucesivos gobiernos aplicaron o burlaron el Decreto Supremo Nº 213-90-EF, expedido por el primer régimen aprista el 19 de julio de 1990, vale decir a pocos días de dejar el presidente Alan García la administración del Estado.

En esencia la norma busca la homologación de los sueldos de un General, tanto de un Instituto Militar o de la PNP, con el 75% de los ingresos de los Congresistas, y desde ahí el dispositivo plantea una escala de equivalencias porcentuales que llega hasta el personal subalterno.

El DS 213-90-EF no deja de tener un objetivo sano como es reconocer y valorar el trabajo que realizan los uniformados en nuestra sociedad. Pero nunca se entendió por qué no se ha cumplido a cabalidad durante todo este tiempo.

Quizás no se han podido concretar sus efectos positivos debido a la cantidad de recursos económicos que implica su puesta en práctica, pero lo cierto es que no se entiende por qué el gobierno aprista --correspondiente al periodo 1985-90-- lo planteó cuando apenas faltaban nueve días para dejar el poder; y si alguien entonces quiso dejarle una bomba de tiempo al siguiente gobierno, la verdad es que esta mala intención ahora ha regresado como un búmeran y ha hecho explosión estruendosa.

EXPRESO ha abordado con objetividad, respeto al estado de derecho y transparencia todos aquellos yerros cometidos por el actual Gobierno en relación con el referido decreto. Fruto de esa verdad puesta en debate público, el pasado 2 de abril se presentó en el Parlamento un proyecto que propone darle fuerza de ley al DS 213 y precisa, además, entre sus alcances, hacer valer los derechos pensionables del personal militar y policial que en las últimas dos décadas no ha visto mejorar sus ingresos.

Ayer también se ha presentado otro proyecto de ley con similar finalidad. Lo grave es que todo esto tiene que hacerse para corregir, por ejemplo, una serie de contradicciones en las cuales navega el Ministerio del Interior, a ratos queriendo negar la vigencia del DS 213 y a ratos aceptándola.

Tampoco podrá negar que en otros Institutos, como el Ejército y la Fuerza Aérea, de un tiempo a esta parte un puñado de oficiales que recurrió al Poder Judicial está gozando del vigor de la norma, aunque el grueso del personal del Mininter y Defensa todavía no puede percibir los beneficios.

Así tremendo papelón han hecho muchas autoridades cuando, por un lado, citan y aplican el DS 213 y, por otro, dicen que en lo concerniente a la homologación de sueldos no es posible hacerla cumplir.

Peor aún cuando existe la R.M. Nº 821-2005 IN/PNP, del 7 de abril 2005, firmada por el entonces ministro del Interior Félix Murazzo, mediante la cual se dispone “considerar e incluir a Personal PNP de los Tribunales Administrativos Disciplinarios Nacional y Territorial” dentro de beneficios remunerativos “de conformidad al DS Nº 213-90-EF de 19JUL90”.

Por último, aclaramos a la señora Ministra del Interior en relación con su comentario según el cual un periodista de este diario estaría coludido con un abogado de militares y policías para informar acerca de este tipo de temas.

Rechazamos esta forma de cortinas de humo, además enfatizamos que en este medio de prensa practicamos la ética periodística.

No acostumbramos a esas bajezas de informar a cambio de un plato de lentejas ni a limpiar la imagen de personas a cambio de dinero. A una autoridad política le corresponde decir la verdad sobre el DS 213-90-EF y no recurrir a evasivas.