Unidad de Investigación
El nuevo ministro del Interior, Walter Albán Peralta, arrastra el antecedente de haber defendido, en su calidad de ex defensor del pueblo, no al Perú, sino al terrorismo, pues exhibe la triste performance de haber Intervenido en la misma Corte Interamericana de Derechos de San José de Costa Rica, en defensa de la terrorista Lori Berenson, a consecuencia de lo cual la condena de 20 años aplicada por la justicia militar fue anulada y el Estado peruano pasó de juzgador a juzgado y de perseguidor a perseguido, porque fue condenado a pagarle a la Berenson una reparación de 30 mil dólares, sostuvo el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco, de las filas de Fuerza Popular que lidera Keiko Fujimori. "Por esta razón, considero que Albán debe renunciar e irse del cargo", dijo.
"Señalamos la clara contradicción que tiene (el ministro Albán), porque le recordamos al Perú justamente su intervención en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2004, su intervención fue el 29 de abril del año 2004 en el juicio a Lori Berenson. Esta protección a los terroristas se dio cuando él denunciaba que durante el gobierno del señor Alberto Fujimori se diseñó y consolidó un esquema normativo destinado a la persecución penal del fenómeno terrorista".
Sobre el comportamiento de Albán "hay un testimonio que prueba que testimonió contra el Perú, un ministro que señala en su momento sustentaba a la indebida ampliación de facultades de la Policía Nacional, que no quería que haya la Dircote, ¿cómo va a poder conducir si en su momento le quitaba piso y la señalaba como autora de delitos contra los terroristas?".
“¿Y sabe cuál fue la sentencia? Que a Lori Berenson se le perdonó la indemnización de cien mil soles al Estado Peruano, y encima el Estado Peruano fue obligado a indemnizarla con 30 mil dólares, a una terrorista altanera y desafiante, que puso de rodillas no solamente a este ministro, sino al Perú, porque el Perú tiene que levantar la voz justamente contra estas acciones de los terroristas”, dijo. Aguinaga explicó que la intervención de Albán en defensa de la terrorista Lori Berenson fue hecha ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, en la que compareció como testigo en el proceso de revisión de la sentencia de la procesada emerretista Lori Berenson, y cuyo testimonio fue determinante para que este tribunal procediera anularle la condena, aplicada por la justicia militar, de 20 años de prisión y también anular el pago de una reparación civil de 100 mil soles. El Perú, destaca Aguinaga, por efecto de esta sentencia del tribunal internacional, fue también obligado a pagarle una indemnización de US$ 30 mil dólares a los padres de ella, por supuestas costas y gastos de los trámites judiciales. Seguidamente, Aguinaga señala que Albán no solo se remitió a defender a la terrorista Lori Berenson, sino, lo que es más grave, es el responsable de haber formulado, a largo de su gestión de defensor del pueblo, el nuevo andamiaje de la legislación antiterrorista, que derogó y reemplazó a la dictada por el gobierno de Fujimori, y que históricamente es reconocida como la que derrotó al terrorismo en el Perú. Albán, en efecto, es oportuno recordar, anidó en la Defensoría del Pueblo, por espacio de nueve años, desde que ingresó en julio de 1996 como primer adjunto del defensor del pueblo hasta 1999 en que fue reelegido en el cargo y seguidamente elegido el 29 de noviembre del 2000 como encargado de la defensoría, desempeñándose hasta el 29 de setiembre del 2005, en que fue relevado por el también encargado Eduardo Vega Luna.
PRUEBAS AL CANTO En este lapso asumió la tarea de canalizar a través de su despacho defensorial una gruesa artillería de argumentos contra la citada legislación antiterrorista existente que había permitido la captura de la cúpula de Sendero Luminoso, compuesta por los cabecillas terroristas Abimael Guzmán Reinoso (“Camarada Gonzalo”), Osmán Morote Barrionuevo (“Remigio”), Óscar Ramírez Durand (“Feliciano”), entre otros, así como de la cúpula del MRTA integrada entre otros por Víctor Polay “Rolando”, Miguel Rincón Rincón, Alberto Gálvez Olaechea, Peter Cárdenas Schulte y Lucero Cumpa Miranda, entre otros. Hay que recordar, también, que en el marco de dicha normatividad, las fuerzas policiales pudieron articular eficientes acciones de inteligencia policial y militar, que permitió no solo capturarlos, sino también debelar el secuestro de la residencia del embajador japonés, Morihisa Aoki, y el rescate exitoso de 71 rehenes en una de las operaciones de comandos o fuerzas de operaciones especiales más famosa de todos los tiempos, llamada “Chavín de Huántar”.
¿Cuáles fueron los argumentos de Walter Albán contra la legislación antiterrorista? Según es posible constatarlo de la exposición del propio Albán ante la CIDH, que es posible repasarla en los mismos archivos de la CIDH, sus argumentos se centraron en sostener que: “Durante el gobierno de Alberto Fujimori se diseñó y consolidó el esquema normativo destinado a la persecución penal del fenómeno terrorista, se otorgó protagonismo inconstitucional de la Justicia Militar” y que “la legislación antiterrorista no pudo ser sino la expresión de un régimen político autoritario”. Para Albán, la legislación antiterrorista, por el supuesto de provenir de un gobierno autoritario, era inconstitucional. Pero no solo se quedó en ese argumento.
También defendió su gestión centrada en que “(la tarea de la defensoría ha consistido en) cuestionar permanentemente la legislación antiterrorista”, y en ámbito procesal, sus intervenciones sustentaban “la indebida ampliación de facultades de la Policía Nacional”. Para Aguinaga este cuestionamiento de Albán a la legislación contra las organizaciones sediciosas, que permitió facultades especiales a la Policía Nacional para perseguir y golpear a Sendero Luminoso y al MRTA, y que fue determinante para vencerlos, lo descalifica para ejercer el cargo de ministro del Interior, por lo que debería irse. “Me reafirmo, debe renunciar”, dijo.
BENEFICIOS CARCELARIOS Su cuestionamiento se extendió al “ámbito penitenciario respecto a la rigidez, verticalidad y dureza del sistema, así como los limitados espacios concedidos al interno”, con lo cual es posible leer que su propósito era que los terroristas tuvieran libertad de organización y proselitismo dentro de los penales, so pretexto de los “derechos humanos” violados para esos asesinos.
En resumen, advierte Aguinaga, conforme es posible verificarlo en la prensa de la época, Albán, en su calidad de defensor del pueblo, sea como interino o como titular, impulsó una política de flexibilizar las normas penales y penitenciarias a favor de los terroristas, a consecuencia de lo cual se derogó en parte el Decreto Ley 25475, conocida como la Ley Antiterrorista y fue reemplazado por el Decreto Legislativo 926 de fecha 19 de febrero del 2003, promulgada con las firmas del presidente Alejandro Toledo y su ministro de Justicia, Fausto Alvarado Dodero.
Precisamente, al amparo de esta ley, Berenson y centenares de terroristas obtuvieron la nulidad de sus sentencias, nuevos fallos absolutorios, menores condenas, incluso excarcelaciones, y un sinnúmero de beneficios carcelarios que han determinado que muchos condenados obtengan sus libertades en el menor tiempo posible y volver a las andadas en Sendero Luminoso o en el MRTA, como lo han hecho algunos, o en las huestes narcoterroristas del llamado “camarada José” (Víctor Quispe Palomino) en los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
Exdefensor confirma que participó en juicio que Berenson le hizo al Perú El recientemente designado ministro del Interior, Walter Albán confirmó su participación como testigo en el juicio que le hizo la terrorista Lori Berenson al Perú a inicios de la década pasada. Tras asumir oficialmente la cartera del Interior, Albán respondió a los cuestionamientos realizados por la bancada fujimorista, que descalificaron su designación por haber sido “testigo de favor” en dicho juicio contra el Estado peruano. “Es cierto que participé en ese juicio, pero la información que manejan los congresistas (fujimoristas) es equivocada. Lo que hicimos fue, desde la Defensoría del Pueblo, enviar un informe a la Corte Interamericana a pedido de la defensa del Estado Peruano”, señaló Albán consultado por LA RAZÓN. Cabe señalar que la congresista Martha Chávez denunció que Albán desprestigió en ese juicio la legislación antiterrorista aprobada por el gobierno de Alberto Fujimori, y que esto le valió a Berenson para pedir compensaciones económicas al Estado. “La señora Berenson denunció al país ante la Corte Interamericana y para defender su posición, el Estado le pidió su opinión al doctor (Valentín) Paniagua, al canciller (Javier) Pérez de Cuellar y a mí, Walter Albán como defensor del Pueblo”, sostuvo el nuevo ministro. Respecto a su futura gestión, adelantó que se centrará en el cumplimiento del aumento a los policías, que no se congelarán los ascensos a los grados de coronel y comandante.
Mulder: Su nombramiento constituye afrenta para PNP La designación de Walter Albán como ministro del Interior constituye una “afrenta” para la policía y empezará a generar desconfianza y preocupación en la lucha antisubversiva, advirtió ayer el parlamentario Mauricio Mulder, al comprobarse que fue testigo a favor de Lori Berenson en la CIDH durante el gobierno de Alejandro Toledo.
“La Policía Nacional, que es la que captura a los terroristas, se siente ofendida por la acción de las ONG y de abogados de los terroristas, porque históricamente son ellos quienes los han sentado en el banquillo de los acusados, yo no sé cómo van a responder a órdenes de un ministro como Albán”, subrayó. Pero a la luz de lo que demuestran los documentos, la participación va más allá de lo normal. “Eso es muy grave. Ahí (en la documentación) se le ve muy proactivo tratando de influir en la Corte (IDH), y lo logró. A mí me parece que ahí existió una actuación completamente sesgada a favor del terrorismo”, puntualizó. Indicó que si bien es cierto que los jueces sin rostro han sido polémicos, no es menos cierto que existían circunstancias, igual que en otros países, que lo hacían válidos como se reconocía en Italia o España. Sin embargo, la documentación de la propia CIDH demuestra que Albán no fue el único representante del gobierno de Toledo que jugó a favor de los intereses de la emerretista Berenson. En el listado de testigos ofrecidos figura el nombre de Fausto Alvarado Dodero. El ex ministro de Justicia ligado a Fernando “Popy” Olivera impulsó el polémico Decreto Legislativo 927, aprobado en febrero del 2003, y con el cual cientos de sentenciados por terrorismo lograron recuperar la calle sin cumplir los años por los que fueron sentenciados, ya que consiguieron beneficios penitenciarios.
