Por Alfredo Palacios Dongo
El pasado día 17 el presidente chileno Sebastián Piñera remitió al Congreso para su debate un proyecto de ley que establece un nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas que reemplazaría a la actual Ley Reservada del Cobre –en vigencia desde 1958– sobre la base de un presupuesto plurianual, el cual, como política de Estado, deberá ser aprobado en el primer año de cada nuevo período de gobierno considerando la planificación de los gastos con un horizonte a 12 años, además de la creación de un fondo de contingencia para situaciones excepcionales.
La asignación de recursos para las FF AA chilenas como parte de una política de seguridad y defensa nacional, considerada absolutamente vital para ese país, nos debe hacer reflexionar sobre la situación de nuestras FF AA y la necesidad de planificación estratégica y de recursos para el sistema de defensa y seguridad peruano, en cuanto a su mantenimiento, adquisiciones de material, equipamiento, y entrenamiento, por atravesar en la actualidad uno de los peores períodos de operatividad en la historia republicana debido a la inconsecuente decisión del desarme unilateral de los gobiernos de Alejandro Toledo y el actual de Alan García, concretizada con la reducción del presupuesto de defensa hasta mínimos niveles en porcentajes del PBI (1.49%), uno de los más bajos de la región.
Un eficiente sistema de defensa y seguridad nacional, con FF AA adecuadamente preparadas para garantizar la soberanía y defender la integridad territorial, además de tratarse de un mandato constitucional, responde a un bien público puro que por su importancia estratégica para el desarrollo de un país y por las particularidades de la naturaleza especial del gasto, le corresponde al Estado financiarlo, proveerlo y asignarlo. Ambos gobiernos han incumplido de manera irresponsable con esta obligación, ocasionando que la mayor parte de unidades terrestres, aéreas y navales se encuentren en estado de obsolescencia y al límite de su vida útil por tiempo de servicio (entre 30 y 40 años), presentando una situación de indefensión con consecuencias imprevisibles en el futuro.
Bajo este panorama, en nuestro país no existe una política de Estado para la seguridad y defensa nacional y cada gobierno asume la política que mejor le parece. Las Fuerzas Armadas, como parte principal de este sistema, requieren de una planificación y de recursos para su desarrollo. Los dos partidos que han pasado a la segunda vuelta electoral, Gana Perú y Fuerza 2011, ni siquiera han mencionado el tema de la recuperación de la operatividad de nuestras FF AA, por lo que es necesario que este trascendental asunto sea debatido como un aspecto prioritario y esencial para la seguridad y defensa naciona
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