Javier Bravo Villarán
Vicealmirante (r)
EL COMERCIO
martes 3 de mayo del 2011
Nuestro sistema político está sustentado en una lógica que se origina en la cesión parcial de nuestros derechos en fiducia que hacemos los ciudadanos a un grupo que voluntariamente es elegido o designado, de acuerdo con la Constitución y el régimen legal del Estado, para administrar por encargo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, teniendo el primero la facultad de formar la fuerza pública que es la única autorizada a utilizar las armas en nombre de la nación.
Nuestro sistema político está sustentado en una lógica que se origina en la cesión parcial de nuestros derechos en fiducia que hacemos los ciudadanos a un grupo que voluntariamente es elegido o designado, de acuerdo con la Constitución y el régimen legal del Estado, para administrar por encargo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, teniendo el primero la facultad de formar la fuerza pública que es la única autorizada a utilizar las armas en nombre de la nación.
La naturaleza de la fuerza pública demanda un régimen especial, cuyas características implican que sea una organización vertical y jerarquizada, y su personal aparte de ser formado académicamente a nivel universitario o técnico, a lo largo de la carrera, reciba capacitación militar y física permanente, especialmente en el período de formación, para lo cual viven en los centros académicos, de tal manera que deben prepararse para actuar bajo cualquier circunstancia en actividades relacionadas a la seguridad y defensa, que asumirán como profesionales del Ejército, Marina, Fuerza Aérea o Policía Nacional.
Estas personas, en su etapa profesional, cubren servicios de guardia, y son generalmente destinadas a trabajar fuera del lugar habitual de su residencia, para lo cual deben trasladarse con sus familias o sin ellas, las vacaciones dependen de las necesidades del servicio y, obviamente, están preparadas para hacer uso de las armas y combatir, y es común que trabajen bajo condiciones peligrosas para su salud y vida. El personal se prepara para actuar en los escenarios terrestre, acuático, subacuático y aéreo; en la costa, el Ande y la selva. Esto incluye participar en casos de desastres naturales, así como en la protección de recursos naturales y el medio ambiente.
Este simple análisis evidencia un escenario laboral que exige dedicación exclusiva, estar preparado para afrontar alto riesgo y estrés, en consecuencia la estabilidad emocional es factor fundamental para que el personal pueda actuar, de acuerdo con la Constitución y las leyes, en defensa de los intereses de la nación. Lo descrito es el fundamento para un régimen de remuneraciones y pensiones acorde con el trabajo que realiza el personal de las FF.AA. y la Policía Nacional, en el que después de un mínimo de 20 años de servicio, recién acceden a la cédula renovable.
En la actualidad, la inestabilidad que sufren las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es de dominio público, las serias disminuciones presupuestales han degradado el nivel de alistamiento que deberían mantener. Esta preocupante situación, que compromete la seguridad y defensa de la nación, se ve agravada por la falta de un sistema de remuneraciones y pensiones acorde con el servicio que el personal brinda al país, lo que, por el tiempo transcurrido, configura un maltrato.
Hemos sido testigos, a lo largo de estos últimos años, de una actitud sinuosa, inestable y desconcertante de parte de las entidades responsables del gobierno para solucionar esta problemática, cuya importancia exige ser afrontada en forma decidida y clara para configurar un sistema sustentado en estudios económicos, financieros, actuariales, sociales y legales, reiteradamente realizados y que, con ajustes menores, podrían ser puestos en vigor para superar la inestabilidad existente.
El sorpresivo anuncio del aumento de remuneraciones a un segmento del personal, podemos asumir, estaría inserto en lo que la actual Comisión Multisectorial tiene proyectado, lo cual de hecho originará consecuencias no previsibles, que probablemente afecte a las mayorías. Esto se evidenciará cuando conozcamos el informe y se emita la disposición legal pertinente, para ser aplicada por el gobierno entrante siempre y cuando no continúe la saga de la inestabilidad y maltrato que ya tiene más de 20 años.
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