VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA POLÍTICO PERUANO: Reformas Constitucionales e institucionales

General del Ejército Peruano Andres Acosta

Como lo señalan los estudiosos y analistas, la Constitución es el instrumento mediante el cual el poder se somete al Derecho, permitiendo la garantía de los derechos fundamentales de la persona humana y la separación de poderes, clave de la radical división entre regímenes democráticos y autoritarios. Sin embargo, la experiencia también nos muestra que el principio de separación de poderes es más formal que real. En un régimen presidencial, cuando el partido del Presidente es también el mayoritario en el Parlamento, esa división resultará por lo menos cuestionable. Pero igual sucede en un régimen parlamentario, ya que el gobierno sale de la mayoría del Parlamento en la que se apoya. De hecho, la división de poderes sólo se produce en el momento de la pérdida de aquella mayoría (por ende del apoyo parlamentario).

En el caso peruano tuvimos una larga experiencia acumulada mediante una combinación de sufragio censatario y elección indirecta de dos grados, hasta llegar al momento actual en que tenemos el voto universal, directo y secreto, para elegir tanto al Presidente como a los parlamentarios. El hecho que ambos actores representan la voluntad popular, hace que en el régimen presidencial, el Presidente no tenga porque someterse a la voluntad de los parlamentarios. Se trata, pues de dos órganos con idéntica legitimidad lo que supone, teóricamente, que no existe supremacía de uno sobre otro. La Constitución de 1993, casi no ha colocado cauces institucionales de comunicación entre estos dos actores políticos, o los que existen son muy vagos o débiles, sobre todo cuando el Partido Político del Presidente no obtuvo mayoría calificada en el Congreso y requiere el apoyo para ciertas leyes trascendentes.

El presidencialismo no cuenta pues con los recursos de que está investido el régimen parlamentario: caída del gobierno, disolución del Parlamento y convocatoria de nuevas elecciones. La Constitución de 1993 ha intentado colocar mecanismos de controles mutuos de ambos poderes, tales como acusaciones constitucionales, derecho de veto u observancia a las leyes, posibilidad de disolución del Congreso, censura contra el Consejo de Ministros, entre las más relevantes. A pesar de esto, el régimen presidencial en estos últimos 20 años no ha estado exento de crisis enfrentado a un parlamento donde no ha tenido mayoría. De ahí que un conocimiento constante del estado de la opinión pública es hoy una necesidad de todos los gobernantes, y más aún en los regímenes presidencialistas.

Aunque las encuestas pueden ser manipuladas, una legislación apropiada podría llevar a perfeccionar este sistema de tomar el pulso a la opinión pública de tal manera de conocer, en todo momento, el porcentaje de población que está a favor o en contra de una política o de una institución, y de este porcentaje, cual es a su vez el de las distintas ideologías, creencias, razas, sexos, edades, etc. Pero este instrumento, que puede inducir al Presidente o al Parlamento a ceder frente a su contrario, demanda medios onerosos, cierto tipo de sociedad que reúna condiciones mínimas imprescindibles de alfabetismo, concentración de hábitat, nivel de vida, libertad de expresión, etc.

En el régimen presidencial, el Presidente ejerce un auténtico liderazgo personal, ya que al mismo tiempo acumula varias jefaturas: la del Estado, la de Gobierno, la del Partido a que pertenece, la de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Además está ligado a la población no solo por el voto, sino por los mecanismos que hoy en día posibilitan un contacto directo y permanente con la opinión pública, como ruedas de prensa y las intervenciones radiotelevisivas, que resultan menos accesibles a miembros del parlamento por su composición plural, para trasmitir una visión homogénea de la posición parlamentaria ante acciones políticas en discusión pública.

Este contexto institucional descrito, ha provocado que el sistema político peruano no tenga un alto grado de legitimidad. De acuerdo con las mediciones del Latinobarómetro de los últimos años, el apoyo a la democracia y la satisfacción con los resultados del sistema son para el Perú aún muy bajos. En suma, el sistema político peruano todavía no ha sido capaz de generar altos niveles de inclusividad por no contar con una capacidad apropiada para agregar preferencias y procesar conflictos sociales y distributivos debido a que no se ha generado un modelo gradualista y consensual para implementar reformas políticas que tengan Sostenibilidad.

Igualmente, un apreciable porcentaje del Estado peruano no ha sido aún separado de la competencia política a través de la descentralización de funciones y el establecimiento de destinos específicos garantizados por la Constitución, la Ley de Bases de la descentralización y la Ley de Gobiernos Regionales y Locales, que contribuyan a proyectar una imagen estatal que vele por el bienestar general y que esté por encima de las disputas políticas coyunturales. Finalmente, aún no se logra potenciar una evidente legitimidad del Estado y del Sistema Político en su conjunto, particularmente en lo relativo al sistema de partidos políticos, a la administración pública y la buena calidad de sus funcionarios.

Después del Acuerdo Nacional del 2002, se aprecia que ha disminuido la capacidad, por parte del sistema político para lograr implementar las políticas de Estado acordadas y las necesarias reformas estatales que demandan esa implementación. También en los últimos 15 años se han incrementado las responsabilidades estatales, en un proceso que no ha sido acompañado por un marco de capacidades equivalente que permite hacer frente a las mismas. Consecuentemente la efectividad del Estado se ha visto comprometida en varios sectores producto de la falta de gerencia de proyectos de inversión, y en otros casos para articular en forma efectiva los recursos organizativos y presupuestarios. Esto ha transmitido a un grueso sector de la ciudadanía la sensación que, el actual sistema político tiene dificultades para generar condiciones que hagan posible un buen gobierno. Las expectativas ciudadanas continúan siendo altas respecto del rol del Estado en la mejora de la calidad de vida, por lo tanto, persisten las demandas y cuestionamientos al modelo de equidad distributiva.

Esperemos que él (la) futuro(a) gobernante así como los parlamentarios que elijamos, se aboquen a mejorar nuestro actual sistema político.

(¿PORQUÉ NOS MARGINAN Y CONSTITUCIONALMENTE NOS DICEN QUE NO SOMOS DELIBERANTES, SI CONOCEMOS MÁS QUE TANTO POLÍTICO BARATO LLEGA A LA POLÍTICA NACIONAL?)