En el lapso 2001-2006 desarticularon Sistema de Defensa Nacional y liquidaron el Sistema de Inteligencia
VÍCTOR ROBLES SOSA
Resulta preocupante y peligroso que en la agenda política de la campaña electoral en curso esté ausente un aspecto crucial para cualquier país: la Defensa y la Seguridad de la Nación, más aún en circunstancias que el país enfrenta riesgos y amenazas evidentes.
El tema sigue siendo ajeno a las prioridades de la clase política, la cual sigue creyendo al parecer que se trata de un problema que le compete sólo a los militares y que éstos ya verán cómo hacen para manejarlo. Si así piensan algunos políticos, se equivocan.
Son diez años de abandono casi absoluto de nuestra defensa por parte de las autoridades que, por mandato de la Constitución, están obligadas a mantenerla siempre lista y en capacidad de defender la integridad del país, y de neutralizar cualquier amenaza contra la Seguridad Nacional.
En el período 2001-2006, esas autoridades desarticularon el sistema de Defensa Nacional llevadas por un rencor político que las cegó impidiéndoles ver que estaban dañando al país por tomarse una revancha política.
Liquidaron el sistema de inteligencia integrado, cercenaron el presupuesto de las FF AA al extremo que éstas no tenían ni para pagar la luz y hubo que cerrar las 68 bases contra terroristas que tenían encerrados a los terroristas del VRAE en la zona de Vizcatán.
Sin recursos para mantener y reparar el armamento bélico mayor, ni para realizar ejercicios de guerra, ni para entrenar, vestir y alimentar a su personal, las fuerzas armadas quedaron postradas durante una década.
También congelaron los sueldos de los policías y militares, les quitaron apoyo legal dejándolos a merced de la persecución política - judicial indiscriminada promovida por ONG defensoras de terroristas, y liquidaron del fuero judicial militar (disciplinario) que tienen todas las fuerzas castrenses del mundo.
La situación descrita no ha variado sustancialmente con el actual gobierno, aún cuando el país entero observa hoy el siguiente contexto desfavorable y peligroso para el Perú:
- Tenemos abierto un contencioso con Chile que nadie sabe en qué podría desembocar, y sin embargo los políticos que nos gobiernan no se preocupan en que nuestras fuerzas armadas estén bien equipadas, bien entrenadas y debidamente motivadas por el apoyo de sus gobernantes.
- El terrorismo ha salido de Vizcatán, se ha extendido al Huallaga y avanza hacia Ucayali, pero las fuerzas enviadas a combatirlos se sienten atadas de manos porque carecen de apoyo legal y de respaldo político del Estado. Si un soldado hiere a un terrorista se corre el riesgo de ser dado de baja, enjuiciado y encarcelado por asesinato.
- Hay un crecimiento enorme del narcotráfico, somos ahora grandes exportadores de clorhidrato de cocaína, mientras sicarios extranjeros matan impunemente en nuestras calles. Y el Estado tampoco encara este problema como debería hacerlo: social, política, económica y policialmente.
El presidente de salida (2006-2011) prefiere ignorar estos temas. El sentimiento antimilitar del doctor Alan García puede más que la realidad y lo lleva a desentenderse de la Defensa Nacional y a maltratar a las Fuerzas Armadas tolerando la persecución política - judicial y manteniendo los sueldos misérrimos que el Estado les paga a los policías y militares.
Es hora de encarar esta realidad. La campaña es un momento excelente para que quienes aspiran a gobernarnos digan cómo piensan resolver la crisis que atraviesa nuestra Defensa y Seguridad Nacional. Es imperativo que lo hagan.
Por lo pronto, Keiko Fujimori es la única candidata que se ha comprometido a reivindicar a las Fuerzas Armadas acabando con el maltrato y el abandono casi total en que han permanecido durante la década pasada. La presencia de Rafael Rey en la plancha presidencial de Fuerza 2011 es una garantía por lo que aquél demostró e hizo durante el poco tiempo que fue ministro de Defensa.
Por otra parte, siendo el narcotráfico una amenaza creciente y grave contra la Seguridad Nacional, no entiendo por qué el candidato Alejandro Toledo ha reaccionado agresivo al enterarse que la Policía Nacional está investigando al parecer una posible infiltración de los narcotraficantes en su campaña.
Más bien debería respaldar las pesquisas que están dirigidas a impedir que la delincuencia organizada logre enquistarse en los poderes Ejecutivo o Legislativo a través de los partidos políticos, lo cual sería muy dañino para nuestra sociedad.
En la última década, el Perú ha encarado con tan poco interés este problema que, según fuentes de Naciones Unidas, pronto nos convertiríamos en el primer productor y exportador mundial de clorhidrato de cocaína.
La Embajadora de los Estados Unidos le ha respondido bien a Toledo al aclarar que Estados Unidos no investiga casos de narcotráfico por razones políticas, tal como lo insinuó Toledo al cuestionar el apoyo de la DEA estadounidense en la investigación de una probable penetración de narcos en la campaña electoral.
Mirémonos en el espejo de México para que en nuestro país no se repita esa experiencia dolorosa de un país que ha sido penetrado profundamente por el poder siniestro del narcotráfico. Aprendamos la lección.
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