Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú reclaman por que este gobierno antimilitarista en lugar de incrementar sus míseras pensiones les recortó 600 soles
Por: Vladimir Rendón
Personal en retiro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reclaman por el recorte de pensiones dado en el Decreto Legislativo 1133 aprobado por el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla y el presidente Ollanta Humala. El almirante (r) Francisco Vainstein dijo que “con dichas normas la pensión de un suboficial se reduce de 2650 soles a 2050 soles y son afectados todos los que prestaron servicio hasta diciembre del 2013.
El pronunciamiento se dio luego de que la Asociación de Oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (Adofaip) analizó el decreto legislativo observando que recorta los beneficios sociales de oficiales y suboficiales que prestaron servicios desde 1974 en adelante y que ahora bordean los 70 años, esto incluye a quienes pelearon contra el terrorismo en los 80 y 90, y los que combatieron en el Cenepa en 1995.
Vainstein advirtió que “dicho decreto afectaría incluso a los compañeros de promoción del presidente Humala”. Expresó que este abuso empezó en la Corte de Lima y pasó al Tribunal Constitucional (TC), que consideró procedentes los decretos legislativos.
Pensionistas de las FFAA y de la PNP presentan demanda ante la CIDDHH por atentar contra la inviolabilidad pensionaria
Firme. El general de División EP (r) Roberto Chiabra recogió y expuso el clamor de militares y policías en situación de retiro.
Querella. Denuncian al Estado ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos por atentar contra la inviolabilidad pensionaria. Alegan inseguridad jurídica en el TC.
Elízabeth Prado.
Con el fin de hacer prevalecer el derecho a una pensión justa, y ante la inseguridad jurídica que experimentaron en el Tribunal Constitucional, la Asociación de Oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (Adofaip) envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso emblemático del técnico superior EP Alberto Chinchay para que sea evaluado y posteriormente derivado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Aquí no hay independencia de poderes, aquí no se ve estado de Derecho", reclamó el vicealmirante AP (r) Francisco Vainstein, quien afirmó que el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, visitó Palacio de Gobierno para tratar el caso y el Ejecutivo habría presionado al TC para emitir sentencia desfavorable a los intereses de los pensionistas de las FFAA y Policiales.
En otro momento relacionó el Decreto Legislativo N0 1133 –que reordena el régimen de pensiones– con la Ley Pulpín y agregó que "la política del gobierno es ir contra las leyes sociales".
Por su parte, el abogado de Adofaip, Sergio Solís, indicó que han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que reciba el testimonio del técnico superior EP Alberto Chinchay para que relate los daños materiales, intelectuales y psicológicos que le está causando la norma que reordena el régimen pensionario.
También han solicitado una comisión especial que arribe al país para que verifique lo que está pasando con las pensiones militares y policiales.
Ellos informaron que son 2,390 causas que han solicitado acciones de amparo, pero que no han sido acogidas.
A su turno, el general de división EP (R) Roberto Chiabra manifestó con energía que la norma que entró en vigencia en el 2013 es abusiva y afectará grandemente al personal que ingrese a la carrera militar porque los bonos no son pensionables.
"Nos han dividido en dos, eso es discriminación" dijo.
Para hacer más efectiva la lucha de los pensionistas militares, Chiabra pidió unidad a sus compañeros y librarse de personalismos.
"Somos como quince agrupaciones, debemos ponernos de acuerdo todos", agregó.
El vicealmirante AP Jorge Montoya expresó su deseo de que el gobierno del presidente Ollanta Humala pueda dar solución a sus demandas antes de que el caso se ventile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Esta defensa debe darse aquí, en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional
Militares y policías apelaran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la prevaricadora Resolución del Tribunal Constitucional
La Alianza por la Reivindicación de las Fuerzas Armadas y Policiales- ARFFAA y PNP anunció que apelará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la resolución del TC que denegó el pedido de los militares y policías en retiro para que se deje sin efecto los D. Legislativos 1132 y 1133, que establecen pensiones discriminatorias entre los uniformados jubilados.
A juicio del presidente de la ARFFAAyPNP, almirante (r)Francisco Vainstein, la resolución del TC discrimina a los pensionistas de las FFAA y PNP, porque convalida dos DL discriminatorios, frente a lo cual creemos que un pensionista de cualquier grado que se jubile ahora no puede recibir una pensión distinta del que se jubiló en el pasado.
LOS PENSIONISTAS NO HEMOS PERDIDO EL ESPIRITU COMBATIVO AL DENUNCIAR ANTE CIDDHH
MENSAJE DE FELICITACIÓN DE UN DISTINGUIDO CAPITÁN DE NAVÍO, MIEMBRO DE NUESTRA MGP EN SITUACIÓN DE RETIRO, QUE LO HACE EXTENSIVO A TODOS NOSOTROS, LOS PENSIONISTAS DE LAS FFAA Y PNP, RESALTANDO QUE NO HEMOS PERDIDO NUESTRO INDOMABLE ESÍIRITU COMBATIVO PESE A NUESTROS AÑOS BIOLÓGICOS Y MENOS QUE NOS AVASALLARAN POR LA COMPULSIÓN INJUSTA Y ANTI-CONSTITUCIONAL ADEMÁS DEL DESCARADO DESCONOCIMIENTO DE NUESTROS LEGÍTIMOS DERECHOS PENSIONARIOS, VILMENTE CONCULCADOS POR ESTE GOBIERNO TRAIDOR, EN GRADO NEFANDO, DE OLLANTA HUMALA TASSO.
Pensionistas de las FFAA y de la PNP presentan demanda ante la CIDDHH
Firme. El general de División EP (r) Roberto Chiabra recogió y expuso el clamor de militares y policías en situación de retiro. (Foto: Laura Gamero)
Querella. Denuncian al Estado ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos por atentar contra la inviolabilidad pensionaria. Alegan inseguridad jurídica en el TC.
Elízabeth Prado.
Con el fin de hacer prevalecer el derecho a una pensión justa, y ante la inseguridad jurídica que experimentaron en el Tribunal Constitucional, la Asociación de Oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (Adofaip) envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso emblemático del técnico superior EP Alberto Chinchay para que sea evaluado y posteriormente derivado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Aquí no hay independencia de poderes, aquí no se ve estado de Derecho", reclamó el vicealmirante AP (r) Francisco Vainstein, quien afirmó que el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, visitó Palacio de Gobierno para tratar el caso y el Ejecutivo habría presionado al TC para emitir sentencia desfavorable a los intereses de los pensionistas de las FFAA y Policiales.
En otro momento relacionó el Decreto Legislativo N0 1133 –que reordena el régimen de pensiones– con la Ley Pulpín y agregó que "la política del gobierno es ir contra las leyes sociales".
Por su parte, el abogado de Adofaip, Sergio Solís, indicó que han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que reciba el testimonio del técnico superior EP Alberto Chinchay para que relate los daños materiales, intelectuales y psicológicos que le está causando la norma que reordena el régimen pensionario.
También han solicitado una comisión especial que arribe al país para que verifique lo que está pasando con las pensiones militares y policiales.
Ellos informaron que son 2,390 causas que han solicitado acciones de amparo, pero que no han sido acogidas.
A su turno, el general de división EP (R) Roberto Chiabra manifestó con energía que la norma que entró en vigencia en el 2013 es abusiva y afectará grandemente al personal que ingrese a la carrera militar porque los bonos no son pensionables.
"Nos han dividido en dos, eso es discriminación" dijo.
Para hacer más efectiva la lucha de los pensionistas militares, Chiabra pidió unidad a sus compañeros y librarse de personalismos.
"Somos como quince agrupaciones, debemos ponernos de acuerdo todos", agregó.
El vicealmirante AP Jorge Montoya expresó su deseo de que el gobierno del presidente Ollanta Humala pueda dar solución a sus demandas antes de que el caso se ventile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Esta defensa debe darse aquí, en el Poder Judicial y en el Tribunal Constituciona
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