Se podría repetir saqueos e incendios de 1975
La convocatoria a una huelga policial que inició el Sindicato de la Policía Nacional del Perú (SPNP) el fin de semana aún no ha detallado la fecha de paralización, pero señala que no descartan que ello genere actos vandálicos y fugas de delincuentes.
La huelga policial consistirá en la modalidad de brazos caídos y acuartelamiento en sus respectivas unidades sin marchas callejeras ni actos de provocación, a fin de evitar acusaciones de ser manipulados y dejar en claro su independencia frente a los partidos políticos.
“Durante la huelga, los policías asignados dejarán sus puestos y se acuartelarán en sus unidades. De allí no nos responsabilizamos de lo que ocurra en las calles”, indicó el sindicato.
Asimismo, el sindicato de la Policía Nacional del Perú no se preocupará por la seguridad en los distintos centros penales, que debido a la huelga serán presa fácil de actos de vandalismo, delincuencia y probablemente de fuga.
“Tengamos en cuenta que la huelga es a nivel nacional y que los penales de Lurigancho, San Jorge, Piedras Gordas, Sarita Colonia y Canto Grande estarán a merced de delincuentes y en el caso de las provincias existe mayor posibilidad de fuga”, agregaron. El 5 de febrero de 1975 ocurrieron incendios y saqueos, hechos que podrían volver a repetirse a causa del desinterés del Gobierno. “De producirse estos eventos sería solo y únicamente responsabilidad de Gobierno por su desinterés de apoyar a sus justas demandas”, señalaron sus organizadores.
Los miembros de la Policía Nacional del Perú justifican su medida porque hace más de 20 años sobreviven con sueldos miserables que no cubren las necesidades básicas de la familia policial, la mafia que existe en la Caja de Pensiones Militar-Policial (CJMP), el Fondo de Vivienda Policial (Fovipol), el Fondo Funerario (Fonafun) y el Fondo de Salud (Fospolis), en cuyos directorios existe una corrupción alarmante.
“Ya no soportamos tanto abuso e ingratitud, nuestra paciencia se agotó, sobre todo cuando el país entero ha sido testigo de cómo los políticos y altos mandos han sido responsables de la masacre de Bagua y eludieron su responsabilidad”, expresaron.
El Gobierno en vez de apoyar y respetar el Decreto Supremo 213-90-EF, que salió bajo la necesidad de actualizar los beneficios del personal militar y policial de ese entonces, emite el Decreto de Urgencia 062-2009, alegando que la nivelación no es aplicable.
Sumándose la burla que hace la Ex-Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, emitiendo un proyecto donde el “aumento” que les proporcionarían no los beneficia porque va directo al porcentaje de aporte a la Caja de Pensiones Militar-Policial.
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