La peor verdad sólo cuesta un gran disgusto. La mejor mentira cuesta muchos disgustos pequeños y al final, un disgusto grande.
Jacinto Benavente (1866-1954) Dramaturgo español.
Después de la exposición del Ex-Premier, Jehude Simon y de la Ex-Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas durante la interpelación en el Congreso (menos mal ya fuera del Gabinete Ministerial), en donde la Ex-Ministra dijo que quién había ordenado el desalojo de la zona denominada Curva del Diablo fue el Director General de la Policía “en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales”, el General de Policía, José Sánchez Farfán, debe estar inmerso en un gran dilema.
Después, en conferencia de prensa del 28 de junio, la Ex-Ministra, reconociendo su responsabilidad política en los hechos de violencia registrados en Bagua (Amazonas), dijo: “Asumo mi responsabilidad política de acuerdo a la Constitución, como cualquier ministro, lo que no acepto es que me puedan catalogar de irresponsable, yo no soy irresponsable”. Pero estas palabras tampoco sirven para despojar al General de ese gran dilema que lo agobia. No obstante, agregó la Ex-Ministra en la conferencia de prensa de esa oportunidad, que tanto ella como la Policía no tienen responsabilidad penal respecto a esos hechos y que el tema del operativo de desalojo ocurrido en Bagua tuvo una orden funcional (de acuerdo a cada nivel de responsabilidad sobre las acciones) y que eso está documentado. Pero que a ella se le informó de la decisión de restablecer el orden público a través de la Dirección Policial. Ni chicha ni limonada.
Los Generales de la PNP que han sido Directores Generales de la PNP, Luís Montoya Villanueva y José Tisoc Lindley, cuando fueron entrevistados, fueron contundentes: en estos casos las órdenes vienen del aparato político, del Ministro del Interior; incluso, del propio Presidente de la República. Pero, agregaron, si el Director General considera que una operación puede tener elevados costos sociales, tiene la facultad discrecional de aclararle estos puntos al Ministro.
Pero, claro, todos sabemos que la mayoría de nuestros generales son marionetas, expertos en decir "chí cheñora”, y no quieren complicarse la vida haciendo aclaraciones o buscándole tres pies al gato. Sólo un general considerado "asertivo", capaz de decir “no” cuando debe decirlo, expresar su desacuerdo podría dar una opinión contraria, sin dejarse manipular y no ser sumiso ante el poder político. No creo que el General Sánchez Farfán, recién subido al potro del poder, novísimo en el cargo, aún aturdido por los vientos huracanados de las alturas del poder, le haya dicho a la Ex-Ministra- con el respeto que su investidura exige: "aguante su caballo, doña Meche, que aún las condiciones objetivas no están dadas, déjeme viajar con mi Estado Mayor al lugar para observar el ánimo de la población, instalar un observatorio de manejo de crisis por inmediaciones del lugar donde se va realizar el desalojo y después veremos...".
Si la Ex-Ministra dio una orden o una autorización o fue el Director General con su Estado Mayor los que tomaron la decisión de ejecutar la operación de desalojo, lo cierto es que el General José Sánchez Farfán, Director General de la Policía Nacional, aún sigue inmerso en este gran dilema: callar o decir su verdad sobre quién realmente dio la orden para el desalojo en la Curva del Diablo, así se le caiga la quincha encima, así lo descuarticen. Porque decir la verdad en nuestra sociedad peruana es condenarse al ostracismo. O, quedarse callado y aceptar estoicamente, echarse al hombro -de paso, arrastrar a los otros generales- la responsabilidad de esta masacre, esperando tal vez, que más adelante, los políticos sigan apoyándolo o que lo libren de toda la retahila de denuncias y procesos que ya se vislumbran en el horizonte.
Señor, General de Policía -este es el grado que le dan a los Directores Generales de la PNP- doña Meche, después de esto, vuelve a su curul (como así ya lo es), a sentarse en su sillón mullido que la espera y usted será arrojado al basurero de la historia, junto con sus Generales Muruguza y Uribe. Si nos detenemos, tomamos aliento, resulta fácil imaginar los prolegómenos del “Baguazo”, pese a no haber estado nunca en la sesión del Consejo de Ministros del 3 de junio, dos días antes del día “D”. En esta reunión se discutió la operación de desalojo de los indígenas awajún y huambisas que estaban bloqueando un tramo de la carretera Fernando Belaúnde desde hacía 57 días. Este hecho es innegable, impajaritable.
Al día siguiente, la Ex-Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, llamó al Director General de la PNP, General José Sánchez Farfán, que estaba recién extrenando el cargo, y le pide que ponga en ejecución el acuerdo del consejo. Orden o autorización, lo cierto es que el novísimo Director General de la PNP, embriagado por las alturas del poder, no iba a ponerse a pensar si la operación se ejecutaba o no. Se puso en movimiento ante la orden recibida, sí o sí.
Testigo de lo debatido y acordado en el Consejo de Ministros, presumo, ha sido la Ex-Ministra Carmen Vildoso, quien tuvo la decencia de renunciar a su cartera al tomar conocimiento de la masacre. Esto explica su actitud de renunciar a su Cartera porque se sabía que no había condiciones y que el costo iba a ser muy alto. Tampoco se descarta que en dicha Sesión del Consejo de Ministros, el Presidente de la República, Dr. Alan García, esgrimiendo la sorna limeña le haya dicho a la Ex-Ministra de lnterior: “mi querida ministra, son 57 días y aún no se ha resuelto este tema, ya pues… o no tiene valor“. El Ex-Premier, Jehude Simón, quien no veía el momento de sacar los zapatos del plato al aceptar el premierato, tampoco estuvo ausente en este diálogo sobre el tema o en la decisión que se tomó de solucionar de una vez por todas este problema,.
Ha reconocido su responsabilidad política en los trágicos sucesos de Bagua, pero poniendo el parche: es responsable político pero no es responsable de manera directa en la muerte de más de 30 peruanos, entre policías, nativos y no nativos. El piensa que la responsabilidad política no significa meterle un tiro a un nativo, pero se olvida que la responsabilidad política tiene que ver con la falta de control o supervisión de quienes ejecutan la orden y también acarrea responsabilidad penal.
No se requiere más que dos centímetros de cerebro para entender de que en el Sector Interior, de acuerdo a los juegos del poder, ningún General -con mayor razón, el Director General- se dispara ordenando algo o tomando una decisión en un tema de gran envergadura como es el desalojo de dos mil nativos, primero tiene que contar con el aval político o la autorización del Ministro del Interior. Los Generales de la Policía no deciden nada ni ordenan nada. Un poco más y se convierten en Generales de colección o para souvenir. Más aún, cuando se trata de una operación de cierta envergadura como el desalojo de más de dos mil nativos que bloqueaban un tramo de la carretera conocida como la Curva del Diablo, y por el gran número de policías que debían desplazarse a dicha zona, las coordinaciones que debían hacerse con otras instituciones, entre las que está la FF.AA y la zona del conflicto, ubicada en el otro extremo de la capital.
Actualmente, el Director General de la Policía es consciente que el nudo del dilema que le carcome y no lo deja dormir en paz, sólo se desata diciendo su verdad sobre quién dio la orden para el desalojo de los nativos en Bagua y luego presentar su solicitud de pase al retiro. ¿Tendrá valor para ello? Saber retirarse a tiempo significa una gran sabiduría, una gran pedagogía y, sería una gran lección para algunos Generales de la última hornada que todavía piensan que son capitanes –sin ofender a este grado que considero uno de los más operativos- y para ejemplo de las generaciones futuras de policías cuando tengan que aprender sobre dignidad y valor en el curso de ética policial.
La mayoría de los peruanos quieren saber quién o quiénes dieron la orden para desalojar a los bloqueadores de la carretera conocida como la Curva del Diablo; operación que tuvo efectos colaterales como es la muerte de 12 policías que custodiaban la Estación 6 de Petro Perú, los mismos que sí estaban como rehenes desde el mes de abril del año en curso. Los testimonios recogidos por la prensa que visitaron el lugar han confirmado que estos policías estaban incomunicados, no sabían nada sobre la operación de desalojo en Bagua, habían hecho un pacto de buena vecindad con los nativos y al final, fueron masacrados sin entender por qué los mataban. Los nativos aplicaron simplemente la Ley de Talión. Ellos pagaron la negligencia de quienes estaban obligados a formular y llevar a cabo una operación de desalojo de alta cirugía.
Estas muertes inútiles fue producto de una orden que alguien dio sin tomar en cuenta las condiciones de tiempo, lugar, circunstancias y personajes, tal como se aconseja en este tipo de operaciones. En estos momentos, todos se echan la culpa y sabemos que tarde o temprano, se buscará “chivos expiatorios“ para que carguen con toda la culpa. No se extrañen los Generales Muruguza y Uribe que ellos también serán los chivos expiatorios y no están libres de la responsabilidad en estos sucesos. Se maneja la tesis del apresuramiento del operativo a cargo de la Policía y en esto, tienen ingerencia los Generales Muruguza y Uribe.
Asimismo, al General Luís Muguruza se le atribuye el hecho de haber estado a cargo del operativo de Bagua como Jefe de la DINOES. Todo hace presumir que sus cabezas están listas para el cadalso. Perú 21 tuvo acceso a documentos rotulados como secreto que confirman que la PNP se apresuró en dar inicio al operativo policial de desalojo de la llamada Curva del Diablo en Bagua el pasado 5 de junio. Un día antes hubo una reunión en la sede del Comando Conjunto de las FFAA para planificar el operativo coordinado, estuvieron el Ex-Ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, la Ex-Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, el Ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez y el Jefe del CCFFAA, Francisco Contreras. En la reunión no se determinó día y hora del operativo, pues se entendía que primero tenían que llegar a la zona y se acuerda el apoyo, pero no se establece plazos.
Otra reunión que puso en evidencia el apresuramiento policial, el encuentro en Bagua entre el jefe de la Sexta Brigada de la Selva del Ejército, Raúl Silva, y el jefe de la Cuarta Dirección Territorial Policial, Javier Uribe. En dicha reunión, el General Silva le sugirió la postergación del operativo hasta terminar el despliegue de las tropas. Uribe ya sabía que el operativo se iba a ejecutar al día siguiente y así se lo hizo saber a Silva, ello explica la sorpresa de este último y su intento para que la Policía aplazara su decisión hasta que los 800 hombres hubieran terminado de arribar a Bagua.
El General PNP José Sánchez Farfán subió a las alturas del poder en un momento inoportuno y ahora debe convencerse de que nadie es eterno en el poder y saber que la lealtad de un político es muy frágil. El político piensa “primero yo, segundo yo y tercero, yo“. Si piensa el General Sánchez Farfán que cuando se vea envuelto en las interminables investigaciones, nacionales e internacionales, sobre la muerte de los 34 peruanos, doña Meche o el Ex-Ministro Alva, le tirarán una soga para salvarlo, está errado. La lealtad o amistad de un político es más frágil que el cristal.
Si piensa que estará en el poder hasta el infinito o que sin él la Policía no camina, no ha aprendido la lección de aquellos que hoy están procesados o sentenciados por delitos de lesa humanidad o por hechos que han violado los derechos humanos. Esta masacre no será olvidada, hechos de esta naturaleza tienen la virtud de perseguir hasta la muerte. Los organismos de derechos humanos o las ONGs que se abocan a luchar contra la violación de derechos humanos son perros de presa, porque consideran que todos los días no mueren 34 peruanos, policías, nativos o no nativos y que hechos de esta naturaleza no deben quedar impunes.
Buscarán, hurgarán, desenterrarán, husmearán por todos lados, hasta encontrar la responsabilidad política, administrativa u operativa... Los efectos del Baguazo ya se sienten... Según la última encuesta de CPI, el principal responsable de los hechos en Bagua es el Gobierno (64.5%), mientras que solo el 2.5% de los encuestados responsabilizan de los sucesos a la Policía. El pueblo no es tonto, sabe quién miente y quiénes dicen la verdad, porque sólo el error necesita el apoyo del gobierno porque la verdad se sostiene por sí sola. La población, según la encuesta de CPI, percibe que el gobierno y la Ex-Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, son los grandes responsables políticos del Baguzo, pero ellos no quieren entenderlo así.
Y, mientras tanto, el Director General de la PNP acomoda el micro y escucha atónito, absorto, lo que dicen los políticos. Todavía no se despeja de las brumas del poder y baja a la realidad que tarde o temprano, él será el único responsable, conjuntamente con sus dos Generales, Muruguza y Uribe, de esta masacre.
Seguirá mirando lo que pasa a su alrededor y nunca entenderá de que en el juego del poder existe una oportunidad para decir la verdad y después callarse para siempre.
Tal vez pensó, cuando recibió la orden de poner en ejecución el plan de desalojo que era papallita, que todo estaba fríamente calculado, que bastaba lanzar unas cuantas bombas lacrimógenas, que los nativos se espantarían, que habían condiciones, etc.
De lo único que estamos seguros es que él sabe quién tomó la decisión para iniciar el operativo del 5 de junio y que nunca se realiza un operativo de esta naturaleza sin autorización y conocimiento del ministro del Interior. “El operativo no lo decidí yo, lo decidió el Comando Policial… A mí no me tienen por qué pedir autorización. Me informarán, que es diferente” (Mercedes Cabanillas, Ex-Ministra del Interior) 11 junio 2009. La Ex-Ministra sigue diciendo que el operativo de Bagua era de exclusiva responsabilidad de la PNP, cuando se sabe que nada se mueve en el ministerio sin su voluntad y conocimiento.
Los Generales de la Policía aún no asimilan que este grado es más político que administrativo y que en los juegos del poder, se debe mirar varios pasos adelante y planificar las consecuencias. El General Sánchez Farfán debe saber que existe un momento propio para cada cosa y si no sabe captar el espíritu del momento, está perdido porque va a poner en peligro su carrera, su profesión, la paz y tranquilidad de un digno retiro de la Policía. Hasta ahora demuestra ser un General inseguro, sin carácter, callado, obstaculizado en su propia indecisión, creyendo en la lealtad de los políticos, perdiendo el sentido de la proporción, incapaz de manifestar sus sentimientos y pensamientos, sin demostrar que tiene el arte de controlar el tiempo y determinar el momento oportuno para desatar el nudo de su dilema, poco cada día que pasa, le queda poco espacio de maniobra.
El Gabinete Simon logró salvarse de la censura y ha sido recompuesto. Ahora vendrán las comisiones de investigación de los sucesos de Bagua y de la Estación 6 de Petro Perú, las investigaciones internacionales, independientes de los hechos, la renuncia de los ministros (como así ha sido) que lo arrastrarán también a Usted. Lo único que le queda al Director General de la PNP, José Sánchez Farfán, es actuar según la ética weberiana de la responsabilidad, sin entrar en contradicciones y eliminar de una vez por toda el dilema que lo consume y lo consumirá durante toda su gestión.
Soy de los que creen como Nietzche: “Di tu verdad y rómpete”. Decir la verdad genera confianza en la ciudadanía, los policías empiezan a creer en las palabras de sus Generales quiénes los comanda y sin ella se pierde franqueza y autenticidad. Si los Generales ven que los políticos mienten y no dicen la verdad, ellos no deben caer en ello porque se empieza a construir una cultura política sustentada en la mentira, el engaño y la tergiversación, hasta convertirse en una práctica común y corriente.
Francisco Miró Quesada en el artículo “La verdad en la política” dice que la verdad no sólo debe ser dicha por los políticos, sino por todas aquellas personas que intervienen en ella como generadores de opinión pública, puesto que la democracia no queda sólo limitada a la esfera de los gobernantes, sino que abarca distintos estratos de una sociedad. En consecuencia, los analistas políticos, los periodistas, intelectuales y otras personas que opinan sobre aspectos relacionados con el poder, su organización, distribución y ejercicio deben decir la verdad. Esto al menos como principio. Hay que tener vocación por decir la verdad.
Señor Director General de la PNP: Saber retirarse a tiempo significa una gran sabiduría y una gran pedagogía. Además, sería un gesto de generosidad y lealtad con los Mártires de la Policía Nacional que murieron en la Curva del Diablo y la Estación 6 de Petro Perú, la más desastrosa operación policial que se tenga memoria, que acabó con la vida de 24 policías y 10 civiles.
BENEDICTO JIMENEZ BACA
“EL PACIFICADOR 2009”
Alianza por la Reivindicación de las FFAA y PNP
