LOS ABOGADOS DE LA ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS (APRODEH) COBRA AL ESTADO PERUANO POR CADA JUICIO QUE CONDENA A MILITARES Y POLICIAS
Ong “Aprodeh” cobra costas por perseguir a uniformados
Insiste que algunos comandos participaron en “ejecuciones”
La persecución de años a militares y policías tiene un precio. Si bien la autodenominada Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) negó que cobren parte de las reparaciones que han conseguido los familiares de los terroristas que piden millonarias indemnizaciones al Estado peruano, admitió que por estos mismos casos ganados sí cobran los sueldos de sus abogados.
El secretario ejecutivo de Aprodeh, Francisco Soberón, se resguardó en el formalismo de señalar que son solo “costas” lo que perciben en las causas que impulsan y ganan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales son ampliamente conocidas en el Perú, tienen como objetivos a policías y militares.
“Si el resultado es favorable, te reconocen costas, si no, nada. Eso no es reparación, es costas, gastos, litigar es costoso, cuesta, entonces es eso lo que se reconoce, pero en ninguna de las seis sentencias que hemos obtenido en la Corte Interamericana existió un solo sol (como reparación)”, admitió en Canal N.
¿Y qué son las costas? Es el reembolso que tiene que realizar la parte vencida, en este caso el Estado peruano, a la parte demandante. Y que comprende, pues en el caso de Aprodeh, el sueldo nada franciscano de los abogados de este organismo, cuyo objetivo en estos momentos son los 140 comandos Chavín de Huántar, cuya causa demandan en la CIDH.
“Dentro de las costas, generalmente en los casos que hemos sido favorecidos con costas, no han cubierto todos los costos del proceso, que a veces duran años, sino algunos gastos, viajes, traslados, ese tipo de gastos”, detalló Soberón Garrido.
Juicio a comandos
Soberón señaló que se debería seguir un proceso civil en contra de militares del comando Chavín de Huántar que participó en el rescate de los rehenes de la Embajada de Japón en 1997, ya que aseguró que entre ellos se camuflaron quienes ejecutaron extrajudicialmente a los terroristas.
“Habría que determinar quiénes participaron en las ejecuciones, algunos de los autores materiales estarían dentro de los 140 comandos, pueden ser algunos, eso lo determinará el proceso”, aseguró.
Las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se han revelado poniendo en alerta al país fueron criticadas por Soberón, ya que recalcó que esto se debía mantener en secreto entre el Estado peruano y la CIDH.
“Es lamentable que un proceso que estaba en una fase reservada se haya hecho a la luz pública, no es que el caso sea reservado, en algún momento debe conocerse el caso y las recomendaciones, pero no ahora”, sostuvo.
Costas igual a honorarios
“Efectivamente, ahí están incluidos los sueldos de los abogados y otros gastos”, expresó el abogado penalista Mario Amoreti acerca de lo que reciben los integrantes de Aprodeh cada vez que el Estado peruano se allana ante las causas que impulsan en la corte.
Ex Jefes FAP y EP exigen no maltratar ni ofender a los comandos héroes
“En rescate no se cometieron ejecuciones extrajudiciales”, dicen
Carlos Linares Huaringa
Los ex comandantes generales de la Fuerza Aérea, Aurelio Crovetto, y del Ejército, José Graham, señalaron de manera enfática que los comandos Chavín de Huántar jamás cometieron ejecuciones extrajudiciales, por lo que rechazaron el maltrato a quienes deben ser considerados como “verdaderos héroes” y exigieron al gobierno rechazar de manera enfática todas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Crovetto indicó que durante la operación de rescate los comandos no incurrieron en ningún tipo de irregularidad, por lo que resulta inadmisible no solo la posibilidad de que sean nuevamente procesados sino también la sinuosa actitud mostrada por el gobierno para afrontar el tema.
“Ya se habló bastante de este tema y no se ha encontrado nada. Desde mi punto de vista, los comandos actuaron conforme a lo que corresponde en cuanto a la legalidad y regularidad del accionar de las Fuerzas Armadas. Ellos cumplieron con su labor de manera impecable y no les compete culpa alguna”, señaló.
A renglón seguido cuestionó que “se inventen miles de cosas con el objetivo de perjudicarlos. Pareciera que alguien le dice a los abogados: este es el objetivo (procesar a los comandos) así que busca cómo conseguirlo. Y es que solo de esa forma se entiende por qué se insiste tanto en este mismo tema. Lo que hay que averiguar es quiénes son esos interesados que están removiendo otra vez el caso”.
Respecto a la posibilidad de que la actitud del Ejecutivo –de no rechazar enfáticamente las recomendaciones de la CIDH en torno a la comisión de ejecuciones extrajudiciales- dé argumento a los familiares de los terroristas para reclamar ingentes indemnizaciones, señaló que “el Estado no tiene por qué facilitar esa posibilidad”.
“No tiene por qué allanarse a los requerimientos (de la CIDH), no tiene por qué aceptar algo que no ocurrió nunca (ejecuciones forzadas)”, refirió.
“Es un abuso”
Por su parte, Graham Ayllón dijo que “pongo las manos al fuego por los comandos” y criticó el interés subalterno existente en la recomendación de la CIDH para procesarlos nuevamente, esta vez en el fuero civil.
El ex alto mando militar refirió que “se trata de un nuevo abuso de dicho organismo supranacional”
“Es un abuso más de parte del Comité Interamericano de Derechos Humanos, pero lo que más indigna, lo que más molesta, es la aceptación de nuestras autoridades a este tipo de chantaje”, señaló.
Se preguntó “qué es lo que quieren, cómo pueden chantajear” en la CIDH y “por qué tenemos que cumplir lo que nos dice este tipo de organización”.
“Espero que el Gobierno no acepte (la recomendación) y ahora menos que nunca, debe rechazarlo de manera enfática. Nuestro presidente es un oficial del Ejército y por lo tanto debe defender y no ofender a los comandos”, indicó, al tiempo de rechazar la posibilidad de que los deudos de los terroristas exijan indemnizaciones al Estado.
Cipriani: “Abuso contra héroes me subleva la peruanidad”
Exige al gobierno definir posición frente a caviares
El cardenal Juan Luis Cipriani demandó que el Poder Ejecutivo defina claramente qué hará respecto a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se juzgue por segunda vez a los militares que liberaron a los rehenes del MRTA en la residencia del embajador de Japón en 1997, por supuestas ejecuciones extrajudiciales.
“El país quiere ser libre (...) que no hayan agendas particulares sino una sola, un Perú más justo, más honesto, fraterno y solidario”, dijo en su programa de RPP, recordando que en ese entonces todo el país se solidarizó con los prisioneros de los terroristas y con los héroes uniformados que acabaron con el terror.
En ese sentido, manifestó que, como peruano siente ganas de rebelarse cuando nuevamente se juzga el rol que tuvieron los comandos Chavín de Huántar durante el operativo de rescate.
“Cuando yo recuerdo con emoción y agradecimiento la valentía de los hombres que rescataron a los rehenes y empiezo a escuchar toda una serie de explicaciones que ‘sí pero no’ y ‘no pero sí’ te subleva la peruanidad, porque además de cardenal soy peruano. Y además de peruano viví junto a esos hombres rehenes que sufrieron esa situación tan dolorosa. Cómo no te va a sublevar”, comentó.
“¿Quiénes están por ahí moviendo el piso? ¿Quiénes hacen el temblor? Porque algo se mueve. Hay que ser y parecer más veraces”, sostuvo el cardenal, en aparente alusión a la izquierda caviar infiltrada en el Ministerio de Justicia y que también actúa por medio de ONGs conocidas por denunciar al Estado.
Inadmisible dictamen de la CIDH
Escribe: ALFREDO PALACIOS DONGO
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado un informe al Gobierno peruano sobre la intervención militar, en abril de 1997, del Comando Chavín de Huántar a la Embajada del Japón para el rescate de rehenes de manos del grupo terrorista MRTA. Aunque dicho documento es reservado y ha sido entregado directamente al Ministerio de Justicia, se ha hecho de conocimiento público que esta Comisión demanda procesar nuevamente en el fuero civil a todos los integrantes del comando por la supuesta ejecución extrajudicial de 3 terroristas.
Han pasado casi 15 años desde que el 17 de diciembre de 1996, 14 terroristas del MRTA tomaron como rehenes a 72 personas a quienes retuvieron por 4 meses tratándolos con la más absoluta crueldad, sin piedad, y con verdadero sadismo y salvajismo, violando flagrantemente sus derechos humanos. Durante la operación de rescate, el 22 de abril de 1997, murió un rehén, dos héroes del Ejército (Coronel Valer y Capitán Jiménez) y los 14 terroristas.
Posteriormente, en el año 2002 se inició un proceso judicial contra algunos de los comandos. En el 2003 la Corte Suprema, a través de una contienda de competencia, dispuso que sean juzgados en el fuero militar, en el que fueron absueltos, sin embargo, ahora la CIDH pide que todos los comandos sean juzgados por el fuero civil, además de repararse material y moralmente a los familiares de los terroristas muertos.
A pesar que el viceministro de Justicia, Juan Jiménez, ha manifestado que el 15 de agosto pasado el Perú emitió un documento a la CIDH donde indica que no reconoce de alguna violación a los derechos fundamentales, y que además son solo 4 las personas procesadas y no incluye ningún comando, sin embargo, el ministro Francisco Eguiguren ha advertido –como un enigma– que en aquellos casos donde existan violaciones de derechos humanos, y donde el Estado moralmente tenga que reconocer, lo hará; asimismo con la prórroga de 90 días que ha solicitado –como decisión política– estaría abriendo la posibilidad de acatar estas inauditas recomendaciones.
En este panorama, todos los peruanos debemos recordar dicho operativo como una de las más impecables operaciones militares, exitosa, bien planificada y donde el objetivo fue cumplido al rescatarse a los rehenes, la cual obtuvo atención mediática en todo el mundo, y además ha sido analizada en diferentes escuelas superiores internacionales militares y de inteligencia. Bajo ningún motivo el gobierno peruano debería someterse a este dictamen de la CIJH y debe rechazar de plano todas sus recomendaciones. En tal caso, esta Comisión puede someterlo a la jurisdicción de la Corte Interamericana (Corte-IDH), instancia que jamás ha procesado un caso de operación militar, y en la cual le corresponderá al Estado no permitir la realización de un nuevo juicio a nuestros valerosos comandos.
EL PODER JUDICIAL EN ALIANZA ESTRATEGICA-IDEOLOGICA CON EL ORGANISMO DE FACHADA SENDERISTA DE APRODEH ENJUICIARAN A LOS HEROICOS COMANDOS DE "CHAVIN DE HUANTAR" POR EL DELITO DE HABER DERROTADO AL TERRORISMO
LIMA - En abril de 1997, un grupo de 140 militares ingresaron a la residencia del embajador japonés para rescatar a 72 personas que permanecieron cautivas luego de que una columna subversiva del MRTA los mantuviera secuestrados durante cuatro meses. Ong “Aprodeh” cobra costas por perseguir a uniformados
Insiste que algunos comandos participaron en “ejecuciones”
La persecución de años a militares y policías tiene un precio. Si bien la autodenominada Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) negó que cobren parte de las reparaciones que han conseguido los familiares de los terroristas que piden millonarias indemnizaciones al Estado peruano, admitió que por estos mismos casos ganados sí cobran los sueldos de sus abogados.
El secretario ejecutivo de Aprodeh, Francisco Soberón, se resguardó en el formalismo de señalar que son solo “costas” lo que perciben en las causas que impulsan y ganan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales son ampliamente conocidas en el Perú, tienen como objetivos a policías y militares.
“Si el resultado es favorable, te reconocen costas, si no, nada. Eso no es reparación, es costas, gastos, litigar es costoso, cuesta, entonces es eso lo que se reconoce, pero en ninguna de las seis sentencias que hemos obtenido en la Corte Interamericana existió un solo sol (como reparación)”, admitió en Canal N.
¿Y qué son las costas? Es el reembolso que tiene que realizar la parte vencida, en este caso el Estado peruano, a la parte demandante. Y que comprende, pues en el caso de Aprodeh, el sueldo nada franciscano de los abogados de este organismo, cuyo objetivo en estos momentos son los 140 comandos Chavín de Huántar, cuya causa demandan en la CIDH.
“Dentro de las costas, generalmente en los casos que hemos sido favorecidos con costas, no han cubierto todos los costos del proceso, que a veces duran años, sino algunos gastos, viajes, traslados, ese tipo de gastos”, detalló Soberón Garrido.
Juicio a comandos
Soberón señaló que se debería seguir un proceso civil en contra de militares del comando Chavín de Huántar que participó en el rescate de los rehenes de la Embajada de Japón en 1997, ya que aseguró que entre ellos se camuflaron quienes ejecutaron extrajudicialmente a los terroristas.
“Habría que determinar quiénes participaron en las ejecuciones, algunos de los autores materiales estarían dentro de los 140 comandos, pueden ser algunos, eso lo determinará el proceso”, aseguró.
Las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se han revelado poniendo en alerta al país fueron criticadas por Soberón, ya que recalcó que esto se debía mantener en secreto entre el Estado peruano y la CIDH.
“Es lamentable que un proceso que estaba en una fase reservada se haya hecho a la luz pública, no es que el caso sea reservado, en algún momento debe conocerse el caso y las recomendaciones, pero no ahora”, sostuvo.
Costas igual a honorarios
“Efectivamente, ahí están incluidos los sueldos de los abogados y otros gastos”, expresó el abogado penalista Mario Amoreti acerca de lo que reciben los integrantes de Aprodeh cada vez que el Estado peruano se allana ante las causas que impulsan en la corte.
Ex Jefes FAP y EP exigen no maltratar ni ofender a los comandos héroes
“En rescate no se cometieron ejecuciones extrajudiciales”, dicen
Carlos Linares Huaringa
Los ex comandantes generales de la Fuerza Aérea, Aurelio Crovetto, y del Ejército, José Graham, señalaron de manera enfática que los comandos Chavín de Huántar jamás cometieron ejecuciones extrajudiciales, por lo que rechazaron el maltrato a quienes deben ser considerados como “verdaderos héroes” y exigieron al gobierno rechazar de manera enfática todas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Crovetto indicó que durante la operación de rescate los comandos no incurrieron en ningún tipo de irregularidad, por lo que resulta inadmisible no solo la posibilidad de que sean nuevamente procesados sino también la sinuosa actitud mostrada por el gobierno para afrontar el tema.
“Ya se habló bastante de este tema y no se ha encontrado nada. Desde mi punto de vista, los comandos actuaron conforme a lo que corresponde en cuanto a la legalidad y regularidad del accionar de las Fuerzas Armadas. Ellos cumplieron con su labor de manera impecable y no les compete culpa alguna”, señaló.
A renglón seguido cuestionó que “se inventen miles de cosas con el objetivo de perjudicarlos. Pareciera que alguien le dice a los abogados: este es el objetivo (procesar a los comandos) así que busca cómo conseguirlo. Y es que solo de esa forma se entiende por qué se insiste tanto en este mismo tema. Lo que hay que averiguar es quiénes son esos interesados que están removiendo otra vez el caso”.
Respecto a la posibilidad de que la actitud del Ejecutivo –de no rechazar enfáticamente las recomendaciones de la CIDH en torno a la comisión de ejecuciones extrajudiciales- dé argumento a los familiares de los terroristas para reclamar ingentes indemnizaciones, señaló que “el Estado no tiene por qué facilitar esa posibilidad”.
“No tiene por qué allanarse a los requerimientos (de la CIDH), no tiene por qué aceptar algo que no ocurrió nunca (ejecuciones forzadas)”, refirió.
“Es un abuso”
Por su parte, Graham Ayllón dijo que “pongo las manos al fuego por los comandos” y criticó el interés subalterno existente en la recomendación de la CIDH para procesarlos nuevamente, esta vez en el fuero civil.
El ex alto mando militar refirió que “se trata de un nuevo abuso de dicho organismo supranacional”
“Es un abuso más de parte del Comité Interamericano de Derechos Humanos, pero lo que más indigna, lo que más molesta, es la aceptación de nuestras autoridades a este tipo de chantaje”, señaló.
Se preguntó “qué es lo que quieren, cómo pueden chantajear” en la CIDH y “por qué tenemos que cumplir lo que nos dice este tipo de organización”.
“Espero que el Gobierno no acepte (la recomendación) y ahora menos que nunca, debe rechazarlo de manera enfática. Nuestro presidente es un oficial del Ejército y por lo tanto debe defender y no ofender a los comandos”, indicó, al tiempo de rechazar la posibilidad de que los deudos de los terroristas exijan indemnizaciones al Estado.
Cipriani: “Abuso contra héroes me subleva la peruanidad”
Exige al gobierno definir posición frente a caviares
El cardenal Juan Luis Cipriani demandó que el Poder Ejecutivo defina claramente qué hará respecto a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se juzgue por segunda vez a los militares que liberaron a los rehenes del MRTA en la residencia del embajador de Japón en 1997, por supuestas ejecuciones extrajudiciales.
“El país quiere ser libre (...) que no hayan agendas particulares sino una sola, un Perú más justo, más honesto, fraterno y solidario”, dijo en su programa de RPP, recordando que en ese entonces todo el país se solidarizó con los prisioneros de los terroristas y con los héroes uniformados que acabaron con el terror.
En ese sentido, manifestó que, como peruano siente ganas de rebelarse cuando nuevamente se juzga el rol que tuvieron los comandos Chavín de Huántar durante el operativo de rescate.
“Cuando yo recuerdo con emoción y agradecimiento la valentía de los hombres que rescataron a los rehenes y empiezo a escuchar toda una serie de explicaciones que ‘sí pero no’ y ‘no pero sí’ te subleva la peruanidad, porque además de cardenal soy peruano. Y además de peruano viví junto a esos hombres rehenes que sufrieron esa situación tan dolorosa. Cómo no te va a sublevar”, comentó.
“¿Quiénes están por ahí moviendo el piso? ¿Quiénes hacen el temblor? Porque algo se mueve. Hay que ser y parecer más veraces”, sostuvo el cardenal, en aparente alusión a la izquierda caviar infiltrada en el Ministerio de Justicia y que también actúa por medio de ONGs conocidas por denunciar al Estado.
Inadmisible dictamen de la CIDH
Escribe: ALFREDO PALACIOS DONGO
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado un informe al Gobierno peruano sobre la intervención militar, en abril de 1997, del Comando Chavín de Huántar a la Embajada del Japón para el rescate de rehenes de manos del grupo terrorista MRTA. Aunque dicho documento es reservado y ha sido entregado directamente al Ministerio de Justicia, se ha hecho de conocimiento público que esta Comisión demanda procesar nuevamente en el fuero civil a todos los integrantes del comando por la supuesta ejecución extrajudicial de 3 terroristas.
Han pasado casi 15 años desde que el 17 de diciembre de 1996, 14 terroristas del MRTA tomaron como rehenes a 72 personas a quienes retuvieron por 4 meses tratándolos con la más absoluta crueldad, sin piedad, y con verdadero sadismo y salvajismo, violando flagrantemente sus derechos humanos. Durante la operación de rescate, el 22 de abril de 1997, murió un rehén, dos héroes del Ejército (Coronel Valer y Capitán Jiménez) y los 14 terroristas.
Posteriormente, en el año 2002 se inició un proceso judicial contra algunos de los comandos. En el 2003 la Corte Suprema, a través de una contienda de competencia, dispuso que sean juzgados en el fuero militar, en el que fueron absueltos, sin embargo, ahora la CIDH pide que todos los comandos sean juzgados por el fuero civil, además de repararse material y moralmente a los familiares de los terroristas muertos.
A pesar que el viceministro de Justicia, Juan Jiménez, ha manifestado que el 15 de agosto pasado el Perú emitió un documento a la CIDH donde indica que no reconoce de alguna violación a los derechos fundamentales, y que además son solo 4 las personas procesadas y no incluye ningún comando, sin embargo, el ministro Francisco Eguiguren ha advertido –como un enigma– que en aquellos casos donde existan violaciones de derechos humanos, y donde el Estado moralmente tenga que reconocer, lo hará; asimismo con la prórroga de 90 días que ha solicitado –como decisión política– estaría abriendo la posibilidad de acatar estas inauditas recomendaciones.
En este panorama, todos los peruanos debemos recordar dicho operativo como una de las más impecables operaciones militares, exitosa, bien planificada y donde el objetivo fue cumplido al rescatarse a los rehenes, la cual obtuvo atención mediática en todo el mundo, y además ha sido analizada en diferentes escuelas superiores internacionales militares y de inteligencia. Bajo ningún motivo el gobierno peruano debería someterse a este dictamen de la CIJH y debe rechazar de plano todas sus recomendaciones. En tal caso, esta Comisión puede someterlo a la jurisdicción de la Corte Interamericana (Corte-IDH), instancia que jamás ha procesado un caso de operación militar, y en la cual le corresponderá al Estado no permitir la realización de un nuevo juicio a nuestros valerosos comandos.
EL PODER JUDICIAL EN ALIANZA ESTRATEGICA-IDEOLOGICA CON EL ORGANISMO DE FACHADA SENDERISTA DE APRODEH ENJUICIARAN A LOS HEROICOS COMANDOS DE "CHAVIN DE HUANTAR" POR EL DELITO DE HABER DERROTADO AL TERRORISMO
Sin embargo, los actores de esta operación, que en algún momento fueron reconocidos como "héroes", pueden enfrentar un amargo episodio en sus vidas si se concreta la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dichos militares sean nuevamente procesados, pero esta vez en el fuero civil.
A pesar de que el tema se ha manejado bajo estricta confidencialidad en el seno del Ministerio de Justicia, Correo pudo conocer, a través de una sólida fuente de dicho sector, que en junio último la CIDH notificó al Estado peruano el informe de fondo sobre la demanda que planteó la ONG Aprodeh en contra de los comandos.
AL BANQUILLO. En dicho informe, clasificado por la propia CIDH como "reservado", se establece que "Chavín de Huántar es una operación en la que se ejecutó extrajudicialmente a los terroristas. Concretamente a tres terroristas".
Según la CIDH, "al ser una ejecución extrajudicial, los comandos deberían ser juzgados en el fuero común". Por tanto, en sus recomendaciones planteó que se indemnice íntegramente a los familiares de los terroristas y sancionar a los responsables en un proceso ordinario, es decir, a los comandos.
Con el ingreso del nuevo gobierno, Francisco Eguiguren asume la titularidad del Ministerio de Justicia (Minjus) y toma conocimiento del caso. Cuando el plazo de tres meses que otorga la CIDH venció en agosto, Eguiguren ordenó que se solicite la ampliación por un mes.
Para entonces -según nuestra fuente-, la respuesta a la CIDH ya había sido elaborada en conjunto por el Minjus, el Ministerio de Defensa y el Poder Judicial. Se rechazaría el informe de fondo de la CIDH y se pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mes de setiembre.
La estrategia aludía a que el Tribunal Militar en el 2004 es el que realizó el juicio para los comandos, luego de que la Corte Suprema determinara -en contienda de competencia- que "eso era una operación militar".
TODOS. "Sin embargo, la CIDH dice que no, que esa contienda de competencia es fraudulenta, porque al ser una ejecución extrajudicial es lesa humanidad, es decir asesinato, y por lo tanto no sólo se debe procesar a los cinco que ahora están procesados sino a todos los comandos", explicó la fuente.
Para sustentar la estrategia del Estado, se destacó que en el enfrentamiento armado murieron dos comandos, un rehén, 16 rehenes y 25 comandos resultaron heridos, además de otros uniformados que terminaron discapacitados de por vida.
Otro argumento se basaba en que las armas que utilizaron los comandos se caracterizaba por ser de menor alcance que las del grupo emerretista.
Además, el grupo terrorista tenía "secuestrados", era un grupo militarizado porque contaba con un comandante, con identificación, con banderas, y sobre todo con una estructura militar que respondía a objetivos. "En consecuencia, tenía paridad o igualdad de situaciones", anotó la fuente.
El objetivo era defender la contienda de competencia porque la dicta la Corte Suprema en el 2004 y en ese caso nadie podía decir que dicha instancia estaba "presionada".
¿SE ALLANAN? El pasado 12 de octubre venció la prórroga "excepcional" solicitada en setiembre, donde se argumentó el cambio de gobierno. Sin embargo, según afirmó nuestra fuente, el Minjus ha solicitado una nueva prórroga por tres meses más.
Efectivamente, el departamento de prensa del Minjus confirmó a Correo que se ha solicitado esta segunda prórroga "para que puedan analizar el tema". "En otras palabras lo hemos paseado", nos dijeron, negando con ello que se haya admitido las recomendaciones de la CIDH.
Sin embargo, según lo que nos refiere la fuente, "cuando se pide ampliación de plazo es porque se va a cumplir con las recomendaciones", nos comentó remitiéndose al reglamento de la CIDH.
Y es que según el artículo 46, referido a la "suspensión del plazo para el sometimiento del caso a la Corte", la Comisión considera que la solicitud de suspensión se otorgará cuando: "a. El Estado haya demostrado su voluntad de implementar las recomendaciones contenidas en el informe sobre el fondo, mediante la adopción de acciones concretas e idóneas orientadas a su cumplimiento".
Es decir, que al pedir la prórroga, el Minjus estaría evaluando someterse a las recomendaciones de la CIDH, que indica que los comandos deberían ser procesados una vez más en el fuero civil.
La pregunta es, ¿habrá coordinado el ministro Eguiguren este nuevo pedido con el Ministerio de Defensa o con el Poder Judicial, o sus asesores le habrán dicho que pedir el plazo es allanarse a las recomendaciones? El ministro Eguiguren tiene la palabra.
SORPRENDIDOS. Sin embargo, quien sí se mostró sorprendido con este tema fue el abogado del general EP José Williams Zapata, quien comandó la operación Chavín de Huántar, Mario Amoretti.
"Es lamentable porque la situación quedó aclarada y se ha demostrado que en estos momentos están siendo procesados los verdaderos responsables, Huamán Azcurra, Jesús Zamudio, Montesinos y Hermoza", dijo Amoretti.
"Los comandos -prosiguió- nunca han conocido este informe de la CIDH. Nunca nos llamaron. No es posible que los terroristas tengan mejor defensa por el Estado peruano que los propios militares", concluyó
Ministro de Defensa saluda aclaración del PJ sobre caso Chavín de Huántar
Lima, oct. 27 (ANDINA). El ministro de Defensa, Daniel Mora, saludó hoy la aclaración del Poder Judicial (PJ) respecto a que ningún comando militar que participó en la operación "Chavín de Huántar" está siendo procesado, y subrayó que esa es la posición del Estado Peruano.
“Esto es sumamente importante, porque pone los puntos sobre las íes y separa la paja del trigo”, señaló.
El presidente del PJ, César San Martín, informó esta semana que sólo son cuatro las personas procesadas en el caso Chavín de Huántar, entre ellas Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermoza Ríos.
Mora Zevallos discrepó con una eventual recomendación de la justicia interamericana para que se reabra el caso contra los comandos que intervinieron en el operativo, el cual –dijo– fue derivado, por una acción de contienda de competencia, a la jurisdicción militar, donde fueron absueltos.
Asimismo expresó su reconocimiento a la operación militar de rescate de rehenes que hizo el comando militar en abril de 1997, y advirtió que algunas personas se han querido apropiar de su diseño, cuando éste fue un esfuerzo esencialmente castrense.
“Se distorsionó porque se hizo aparecer a determinadas personas como si fueran las creadoras de ese operativo, cuando fue un planteamiento típicamente militar, entre el Ejército y la Marina, (…) de las cosas exitosas se empieza a colgar todo el mundo”, añadió.
Aclaró que los militares de ninguna manera piden o apuestan por la impunidad de los excesos que pudieran haber cometido algunos elementos en el proceso de la lucha contra la subversión.
Subrayó que las Fuerzas Armadas son conscientes del importante papel que desempeñaron para defender al país del terrorismo.
Abogó, en declaraciones a TVPerú, para que también se reconozca a las víctimas que esa lucha dejó entre los efectivos de las Fuerzas Armadas y los ronderos, que defendieron con sus vidas al régimen democrático.
Mora: "Que ONGs de DD.HH. vayan al VRAE"
LIMA - El ministro de Defensa, Daniel Mora, emitió ayer un comentario sarcástico contra las ONG de derechos humanos y les pidió que se enrolen en las Fuerzas Armadas y patrullen la zona del Valle del río Apurímac y Ene (VRAE) "para que vean cómo viven los campesinos en el campo".
"Que los señores de derechos humanos se pongan su uniforme, nosotros les damos su rancho y los vamos a proteger para que caminen con nuestros soldados y vean que son gente de pueblo como cualquier otra", señaló.
Luego de precisar que los integrantes de ONGs no sirven en los ejércitos, expresó su deseo de "verlos como jefes de patrulla".
"Próximamente haremos un llamamiento al servicio militar y creo que sería interesante ver que WOLA o Aprodeh respondan y vayan como patrulla para ver cómo están viviendo los campesinos en el campo", les pidió a través de Canal 7.
Mora reaccionó así luego del debate generado por la intención del Ministerio de Justicia de allanarse a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se procese en el fuero civil a los 140 comandos del Operativo Chavín de Huántar a partir de una denuncia de Aprodeh.
Al respecto, Mora saludó la aclaración del Poder Judicial en relación a que ningún comando militar que participó en el operativo está siendo procesado y subrayó que esa es la posición del Estado peruano.
También manifestó su rechazo a una eventual reapertura de las investigaciones contra los comandos Chavín de Huántar.
SOMOS HUMANOS. Sobre esta polémica también se pronunció el coronel EP (r) Hugo Robles, jefe del Grupo Delta del operativo Chavín de Huántar. "Ojalá que no se dé eso de allanarnos. Nos ven a nosotros como si no tuviéramos piedad", reclamó.
Agregó luego de que detrás de cada uno de los comandos hay un ser humano. "Nos sale sangre cuando nos cortamos y no somos marcianos y se trata de rescatar vidas humanas, no solamente hay agresividad en el combate", dijo.
En la misma línea, el viceministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, anunció ayer que el Perú "no se allanará" ni aceptará el procesamiento de los comandos.
¿Hay otros encarguitos?
La lideresa de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, dijo ayer que "con la presencia del ministro de Justicia en la CIDH, esperamos que exponga la posición firme del Estado en defensa de nuestros comandos". "Qué otros encarguitos, y de quiénes, habrá recibido para este viaje el ministro de Justicia?", se preguntó en el Twitter
Ministro de Defensa saluda aclaración del PJ sobre caso Chavín de Huántar
Lima, oct. 27 (ANDINA). El ministro de Defensa, Daniel Mora, saludó hoy la aclaración del Poder Judicial (PJ) respecto a que ningún comando militar que participó en la operación "Chavín de Huántar" está siendo procesado, y subrayó que esa es la posición del Estado Peruano.
“Esto es sumamente importante, porque pone los puntos sobre las íes y separa la paja del trigo”, señaló.
El presidente del PJ, César San Martín, informó esta semana que sólo son cuatro las personas procesadas en el caso Chavín de Huántar, entre ellas Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermoza Ríos.
Mora Zevallos discrepó con una eventual recomendación de la justicia interamericana para que se reabra el caso contra los comandos que intervinieron en el operativo, el cual –dijo– fue derivado, por una acción de contienda de competencia, a la jurisdicción militar, donde fueron absueltos.
Asimismo expresó su reconocimiento a la operación militar de rescate de rehenes que hizo el comando militar en abril de 1997, y advirtió que algunas personas se han querido apropiar de su diseño, cuando éste fue un esfuerzo esencialmente castrense.
“Se distorsionó porque se hizo aparecer a determinadas personas como si fueran las creadoras de ese operativo, cuando fue un planteamiento típicamente militar, entre el Ejército y la Marina, (…) de las cosas exitosas se empieza a colgar todo el mundo”, añadió.
Aclaró que los militares de ninguna manera piden o apuestan por la impunidad de los excesos que pudieran haber cometido algunos elementos en el proceso de la lucha contra la subversión.
Subrayó que las Fuerzas Armadas son conscientes del importante papel que desempeñaron para defender al país del terrorismo.
Abogó, en declaraciones a TVPerú, para que también se reconozca a las víctimas que esa lucha dejó entre los efectivos de las Fuerzas Armadas y los ronderos, que defendieron con sus vidas al régimen democrático.
Mora: "Que ONGs de DD.HH. vayan al VRAE"
LIMA - El ministro de Defensa, Daniel Mora, emitió ayer un comentario sarcástico contra las ONG de derechos humanos y les pidió que se enrolen en las Fuerzas Armadas y patrullen la zona del Valle del río Apurímac y Ene (VRAE) "para que vean cómo viven los campesinos en el campo".
"Que los señores de derechos humanos se pongan su uniforme, nosotros les damos su rancho y los vamos a proteger para que caminen con nuestros soldados y vean que son gente de pueblo como cualquier otra", señaló.
Luego de precisar que los integrantes de ONGs no sirven en los ejércitos, expresó su deseo de "verlos como jefes de patrulla".
"Próximamente haremos un llamamiento al servicio militar y creo que sería interesante ver que WOLA o Aprodeh respondan y vayan como patrulla para ver cómo están viviendo los campesinos en el campo", les pidió a través de Canal 7.
Mora reaccionó así luego del debate generado por la intención del Ministerio de Justicia de allanarse a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se procese en el fuero civil a los 140 comandos del Operativo Chavín de Huántar a partir de una denuncia de Aprodeh.
Al respecto, Mora saludó la aclaración del Poder Judicial en relación a que ningún comando militar que participó en el operativo está siendo procesado y subrayó que esa es la posición del Estado peruano.
También manifestó su rechazo a una eventual reapertura de las investigaciones contra los comandos Chavín de Huántar.
SOMOS HUMANOS. Sobre esta polémica también se pronunció el coronel EP (r) Hugo Robles, jefe del Grupo Delta del operativo Chavín de Huántar. "Ojalá que no se dé eso de allanarnos. Nos ven a nosotros como si no tuviéramos piedad", reclamó.
Agregó luego de que detrás de cada uno de los comandos hay un ser humano. "Nos sale sangre cuando nos cortamos y no somos marcianos y se trata de rescatar vidas humanas, no solamente hay agresividad en el combate", dijo.
En la misma línea, el viceministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, anunció ayer que el Perú "no se allanará" ni aceptará el procesamiento de los comandos.
¿Hay otros encarguitos?
La lideresa de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, dijo ayer que "con la presencia del ministro de Justicia en la CIDH, esperamos que exponga la posición firme del Estado en defensa de nuestros comandos". "Qué otros encarguitos, y de quiénes, habrá recibido para este viaje el ministro de Justicia?", se preguntó en el Twitter
No hay comentarios:
Publicar un comentario