POR: GRAL EP (R) ANDRÉS V. ACOSTA BURGA
DR. CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES
Las fuerzas Armadas y la PNP, son instituciones que surgen con la creación del Estado Nacional, cuyo contrato social es la Constitución de la Nación, que normalmente se aprueba por referéndum nacional. En ella se establece lo que un gobernante puede o no puede hacer, y lo que definitivamente lo que no puede hacer es romper un contrato social. Solo la sociedad en su conjunto puede acordar, cambiar o reformar las reglas constitucionales a través de mecanismos que la propia constitución establece. Dentro de las reglas de ese contrato social, están claramente establecidas la existencia de la noble profesión de las armas que deben garantizar la intangibilidad de la nación y el orden democrático.
A las mujeres y hombres que ejercieron y ejercen esta profesión se les exigió y se les sigue exigiendo que cedan muchos de sus derechos: civiles, políticos y laborales, que cualquier ciudadano goza, con la condición y promesa que tendrán una pensión digna, si es que sobreviven a los grandes sacrificios y penurias a que serán sometidos, ellos y sus familias. No puede un gobernante de turno mediante simple ley de presupuesto quebrar un Contrato Social que ha sobrevivido a muchas Constituciones Políticas y ha quedado grabada en la Constitución Histórica no solo de nuestro país, sino de la gran mayoría de los países del mundo.
Si, un policía o militar en condición de retiro no tuviera una pensión renovable y homologable de acuerdo a ciertos requisitos, que sus pares del activo gozan, se estaría quebrando un principio básico de la subsistencia del Estado Nacional, a través de sus milicias, lo que se llama la dedicación exclusiva y la exigencia de ceder sus derechos políticos, civiles y laborales a favor del Estado a cambio de que disfrutarán de tranquilidad en su vejez. El gobierno de Turno está destruyendo el orden Constitucional y creando un grave riesgo a la Nación si persiste en su intención de separar al personal activo del retirado.
Los policías y militares nunca han gozado de buenos sueldos, lo que sostenía su entrega y dedicación era su vocación de servicio, y la esperanza de una pensión digna y decorosa de por vida, de acuerdo a sus méritos y esfuerzos. Si eso ahora es amenazado, con la excusa de que no existe otra salida, y bajo el chantaje que sólo se aumentará remuneración a los del activo si se congelan las pensiones, entonces ¿qué queda? Si los del activo a partir del 2011 ganarán más que los retirados, ¿cuánto será su pensión cuando se retiren? ¿la misma de los que piensan congelar ahora el gobierno de turno? Y ¿qué de todas las limitaciones de los derechos civiles, políticos y laborales de militares y policías? ¿y qué del sacrificio que se les pide que hagan por la sociedad y a la que arrastran a sus familias? ¿y qué de los traumas que se generan al estar en constantes riesgos sus vidas?, ¿qué de los traumas que se generan al tener que usar sus armas y deban quitar la vida a otro ser humano por que alguna autoridad de turno le ordena usarla para proteger a la sociedad?
¿Cuánto se debe pagar mensual a la persona que deba estar dispuesta a morir, a regresar a filas si lo vuelven a llamar, y lo más difícil, estar dispuesto, en caso extremo, a matar para proteger a la sociedad, al país, a la nación, a sus costumbres, a sus símbolos, a su forma o régimen de vida, en fin a una serie de valores que juran proteger cuando optan por esta actividad? Detrás de este juramento hay un pacto, un contrato implícito: la honra, el recuerdo, el agradecimiento, el reconocimiento y la esperanza de una vejez segura y tranquila, digna y decente. Si un gobernante de turno no entiende esto, porque las visiones economicistas lo nublan, está condenando el futuro de la nación a una postura expuesta a los vaivenes de los más poderosos y a la lenta desintegración de los valores nacionales y al seguro caos y desorden.
No permitamos que el gobierno de turno destruya a nuestra sociedad, al contrato social entre ella y sus fuerzas del orden. Bastante ya se ha escrito sobre lo inconveniente, injusto e inconstitucional que es congelar las pensiones para policías y militares, mujeres y hombres que vistieron el uniforme a los cuales se les pidió hacer muchos sacrificios y ahora se les quiere maltratar y humillar, aprovechándose de la mordaza constitucional llamada “no deliberancia”. Ningún gobernante de turno y menos aquel a punto de salir tiene este derecho o potestad. No lo debemos permitir, hay muchas formas de incrementar remuneraciones, pero falta voluntad o tal vez no, y solo es parte de un plan para desmoralizar más a las FFAA y PNP hasta su extinción, que afectará a la larga a la sociedad en su conjunto.
ANDRÉS V. ACOSTA BURGA
DR. CIENCIA POLITICA Y RELACIONES INTERNACIONALES
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