OTRA BOMBA DE TIEMPO A LA VISTA
El Gobierno vuelve a equivocarse peligrosamente al tratar a Militares y Policías de manera injusta, discriminatoria e incluso inconstitucional.
En el anteproyecto del Presupuesto General de la República para el 2011, trabajado por la ex-ministra de Economía Mercedes Aráoz, se persiste, efectivamente, en propuestas absurdas.
Primero se postula la eliminación de la mal llamada cédula viva para los actuales pensionistas de las FFAA y PNP, lo cual es demagógico por que en el Perú Militares y Policías tienen derecho adquirido a una pensión renovable debido a que su régimen laboral es totalmente diferente al de cualquier personal civil (incluso las normas lo consideran como funcionarios públicos). Esto se explica, entre otras cosas, por el riesgo de vida, disponibilidad permanente, no cobro de horas extras, trabajo en zonas de emergencia, no deliberancia, imposibilidad de sindicalizarse, etc. Además los militares no tienen 14 sueldos al año ni CTS y su régimen es práctica común en casi todos los ejércitos del mundo porque jamás podrá haber una AFP para este sector.
Luego, se plantea la liquidación de la Caja de Pensiones Militar Policial, sin recordar que desde el 2006 los ministros de Defensa Wagner, Flores-Aráoz y Rey trabajaron una propuesta de reestructuración salarial y pensional que se resume en una viable homologación de sueldos y con ordenamiento total a través de incrementos escalonados en 5 años. Para eso no es necesario que se liquide la caja, sino que el Estado le reconozca y pague progresivamente su deuda ascendente a más de 1,300 millones de soles (acumulados entre 1980 y enero de 2010), que el Fedadói le devuelva los 240 millones de soles recuperados de los corruptos y que los aportes se incrementen (de 6% a 15% a cargo del Estado, de 6% a 12% a cargo del personal, más un aporte adicional de los jubilados).
Solo manteniendo la vigencia de la caja se garantizaría un sistema previsional sin afectar al tetoro público ni el derecho de los jubilados actuales, y estableciendo el fin de las pensiones renovables recién a partir de fecha futura.
La tercera propuesta de recortar las partidas presupuestales para el VRAE es nefasta y sería una afectación maliciosa de la seguridad y la defensa nacional en la lucha contra el narcoterrorismo.
La cuarta propuesta, de suspender por dos años el ingreso a las escuelas de formación de las FFAA, es peligrosa. La dotación de personal no se establece al azar, sino a partir de planes institucionales estratégicos de largo plazo, y de un análisis de las amenazas para el país. Por tanto, se afectarían directamente los lineamientos de la Política de Defensa Nacional a través de una ley presupuestal que, por la puerta falsa, modificaría inconstitucionalmente nada menos que el rol de las Fuerzas Armadas.
La quinta propuesta consiste en una disminución presupuestal el 2011 en más de 700 millones de soles, porque el eventual incremento salarial selectivo, proyectado antitécnicamente, implicaría recortar las partidas operativas de los institutos armados. Baste un solo ejemplo: si se aprueba el proyecto de ley el Ejército debería reducir en 50% sus tropas del servicio militar voluntario, se tendrían que replegar las bases contra terroristas en el Huallaga, los puestos de vigilancia en el Putumayo. la cordillera del Cóndor y no se podrían garantizar las elecciones generales del próximo año.
Reiteradamente el presidente García ha ofrecido solucionar el problema estructural de las FFAA y PNP, el ex-primer ministro Velásquez Quesquén se comprometió a no afectar a los jubilados, sin embargo, el nuevo Gabinete recibe -bajo forma del proyecto de ley presupuestal- una bomba de tiempo que afectaría desde las condiciones de vida hasta la moral del personal y sus familiares (en tital más de dos millones de personas).
Los argumentos económicos esgrimidos son inconsistentes, las cifras oficiales incorrectas (por ejemplo se ha dicho que un generald e división gana S/ 13,817 y es falso por que nadie recibe más de S/ 8,875, frente a los 7 mil dólares de un general chileno). Si a eso se suma el maltrato político, legislativo y jurídico que llevó a abortar una norma esencialmente buena pero desnaturalizada como el D.L 1907 -que injustamente le costó el cargo de ministro a Rafael Rey-, cabe volver a preguntarse si todo este maltrato obedece a una cuestión ideológicarensión de roles, odio, incompetencia o intereses ocultos.
La democracia en el Perú jamás será sólida si no integra plenamente a sus FFAA y Policiales, porque en el mundo (y ojo que costa rica no es una excepción) no existe un solo Estado que pueda, realmente, prescindirde ellas, salvo que esté dispuesto a perder su plena soberanía.
(MUCHAS GRACIAS AMIGO HUGO GUERRA, UD. ES UN SEÑOR PERIODISTA QUE VERDADERAMENTE AMA LA PATRIA, NUESTRO SINCERO RESPETO Y ADHESIÓN A SU COMENTARIO QUE ESPEREMOS HAYA SIDO ANALIZADO YA POR LOS PADRES DE LA PATRIA, PARA VOTAR EN MAYORÍA POR LA IMPROCEDENCIA DE ESTAS DISPOSICIONES FINALES 18, 19 Y 20 DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO AF-2011 CURSADO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, TOTALMENTE ABSURDAS E INCONSTITUCIONALES; Y QUE AÚN MÁS, AFECTAN LA MORAL DE LOS MIEMBROS DE LAS FFAA Y PNP, QUIENES SON LOS QUE GARANTIZAN LA GOBERNABILIDAD DEL PAÍS Y SALVAGUARDAN LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL)
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(OTRA FELICITACIÓN MÁS AL DECANO DE LA PRENSA NACIONAL, AL SALIR EN DEFENSA DE QUIÉNES DAMOS LA VIDA POR LA PATRIA Y GARANTIZAMOS LA DEMOCRACIA PARA LA GOBERNABILIDAD DEL PAÍS)
(Editorial-El Comercio)
La deuda del Estado con las FF.AA. y la PNP
Lunes 27 de septiembre de 2010 - 07:00 am
Es necesario que el Congreso de la República desestime esta semana el anteproyecto del Presupuesto General de la República para el 2011, presentado por la ex ministra de Economía Mercedes Aráoz, porque es injusto, discriminatorio e inconstitucional respecto de los militares y policías.
Son varios los motivos que amparan esa urgencia. En primer lugar, porque se propone la eliminación de la mal llamada cédula viva para los actuales pensionistas de las Fuerzas Armadas y policiales, cuando se sabe que en el Perú, como en otros países, los militares y policías tienen un régimen especial, según lo establece la Constitución.
Se trata de un derecho adquirido que les da la prerrogativa de recibir una pensión renovable de acuerdo con un régimen laboral diferente a cualquier civil. Dicho régimen se aplica por las condiciones de su trabajo, por ejemplo, riesgo de vida, disponibilidad permanente, no cobro de horas extras, trabajo en zonas de emergencia, entre otras. Además, los uniformados no tienen 14 sueldos al año ni CTS.
De otro lado, resulta preocupante que el proyecto plantee la liquidación de la Caja de Pensiones Militar-Policial, cuando esta se constituye en la base previsional de las Fuerzas Armadas y policiales.
Llama la atención que no se haya tomado en cuenta que desde el 2006 los ministros de Defensa Allan Wagner, Ántero Flores-Aráoz y Rafael Rey elaboraron una propuesta de reestructuración salarial y previsional que establecía la homologación de sueldos y un ordenamiento que preveía incrementos escalonados en cinco años.
Así, en lugar de plantear la desaparición de la Caja de Pensiones Militar-Policial, lo que corresponde es que el Estado acuda en su auxilio, empezando por abonar las deudas que mantiene con ese fondo. De esta manera, no se afectaría el Tesoro público ni el derecho de los jubilados actuales, y más bien se podrían dar los pasos que corresponden para poner fin a las pensiones renovables de manera progresiva.
De otro lado, ha causado explicable preocupación que el anteproyecto anuncie el recorte de las partidas presupuestales para el VRAE, la suspensión por dos años del ingreso a las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas y una disminución de sus presupuestos en más de 700 millones de soles. Como se ve, medidas todas que frenarían la lucha contra flagelos que los institutos armados tienen que seguir combatiendo, empezando por el terrorismo.
Ante esto y como ha señalado el comandante general de la Marina, Rolando Navarrete, en carta dirigida al ex ministro Rafael Rey, el proyecto del Ejecutivo “no forma parte de una reforma integral de los sistemas remunerativos, pensionarios y de personal de las Fuerzas Armadas y, por el contrario, contraviene disposiciones expresas”.
Es más, con respecto a las medidas que podrían afectar el quehacer de las FF.AA. y PNP, tiene razón cuando señala que no ha se consultado al Consejo de Seguridad, “instancia a la que le corresponde aprobar la política de seguridad y defensa nacional que incluye el planeamiento estratégico personal”.
Lo que corresponde es, pues, que el Gobierno cumpla lo prometido: solucionar el problema estructural de las Fuerzas Armadas y policiales. Como hemos postulado es responsabilidad del Estado Peruano realizar acciones concretas para mejorar el nivel de vida de los militares, hacer transparente la política de sueldos y propiciar mecanismos de control, internos y externos, para fiscalizar el manejo de recursos e inversiones de los institutos armados.
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(OTRA FELICITACIÓN MÁS AL DECANO DE LA PRENSA NACIONAL, AL SALIR EN DEFENSA DE QUIÉNES DAMOS LA VIDA POR LA PATRIA Y GARANTIZAMOS LA DEMOCRACIA PARA LA GOBERNABILIDAD DEL PAÍS)
(Editorial-El Comercio)
La deuda del Estado con las FF.AA. y la PNP
Lunes 27 de septiembre de 2010 - 07:00 am
Es necesario que el Congreso de la República desestime esta semana el anteproyecto del Presupuesto General de la República para el 2011, presentado por la ex ministra de Economía Mercedes Aráoz, porque es injusto, discriminatorio e inconstitucional respecto de los militares y policías.
Son varios los motivos que amparan esa urgencia. En primer lugar, porque se propone la eliminación de la mal llamada cédula viva para los actuales pensionistas de las Fuerzas Armadas y policiales, cuando se sabe que en el Perú, como en otros países, los militares y policías tienen un régimen especial, según lo establece la Constitución.
Se trata de un derecho adquirido que les da la prerrogativa de recibir una pensión renovable de acuerdo con un régimen laboral diferente a cualquier civil. Dicho régimen se aplica por las condiciones de su trabajo, por ejemplo, riesgo de vida, disponibilidad permanente, no cobro de horas extras, trabajo en zonas de emergencia, entre otras. Además, los uniformados no tienen 14 sueldos al año ni CTS.
De otro lado, resulta preocupante que el proyecto plantee la liquidación de la Caja de Pensiones Militar-Policial, cuando esta se constituye en la base previsional de las Fuerzas Armadas y policiales.
Llama la atención que no se haya tomado en cuenta que desde el 2006 los ministros de Defensa Allan Wagner, Ántero Flores-Aráoz y Rafael Rey elaboraron una propuesta de reestructuración salarial y previsional que establecía la homologación de sueldos y un ordenamiento que preveía incrementos escalonados en cinco años.
Así, en lugar de plantear la desaparición de la Caja de Pensiones Militar-Policial, lo que corresponde es que el Estado acuda en su auxilio, empezando por abonar las deudas que mantiene con ese fondo. De esta manera, no se afectaría el Tesoro público ni el derecho de los jubilados actuales, y más bien se podrían dar los pasos que corresponden para poner fin a las pensiones renovables de manera progresiva.
De otro lado, ha causado explicable preocupación que el anteproyecto anuncie el recorte de las partidas presupuestales para el VRAE, la suspensión por dos años del ingreso a las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas y una disminución de sus presupuestos en más de 700 millones de soles. Como se ve, medidas todas que frenarían la lucha contra flagelos que los institutos armados tienen que seguir combatiendo, empezando por el terrorismo.
Ante esto y como ha señalado el comandante general de la Marina, Rolando Navarrete, en carta dirigida al ex ministro Rafael Rey, el proyecto del Ejecutivo “no forma parte de una reforma integral de los sistemas remunerativos, pensionarios y de personal de las Fuerzas Armadas y, por el contrario, contraviene disposiciones expresas”.
Es más, con respecto a las medidas que podrían afectar el quehacer de las FF.AA. y PNP, tiene razón cuando señala que no ha se consultado al Consejo de Seguridad, “instancia a la que le corresponde aprobar la política de seguridad y defensa nacional que incluye el planeamiento estratégico personal”.
Lo que corresponde es, pues, que el Gobierno cumpla lo prometido: solucionar el problema estructural de las Fuerzas Armadas y policiales. Como hemos postulado es responsabilidad del Estado Peruano realizar acciones concretas para mejorar el nivel de vida de los militares, hacer transparente la política de sueldos y propiciar mecanismos de control, internos y externos, para fiscalizar el manejo de recursos e inversiones de los institutos armados.
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