Por: Hugo Guerra
Todos coincidimos en la preocupación de que un eventual gobierno de Ollanta Humala confisque las pensiones privadas. Sin embargo, a nadie parece inquietarle el hecho de que ahora mismo se estén afectando inconstitucionalmente las pensiones de miles de militares y policías.
Como ya he explicado antes (25/9/10), hay una especie de campaña sistemática contra los intereses de quienes visten el uniforme de la patria. So pretexto del Presupuesto General de la República, en el 2011 se trató de eliminar la pensión renovable (mal llamada cédula viva). Luego, se planteó la liquidación de la Caja de Pensiones Militar-Policial, pese a que desde el 2006 los sucesivos ministros de Defensa trabajaron una propuesta de reestructuración salarial y pensionaria, que se resumía en una homologación salaria viable y con ordenamiento total a través de incrementos escalonados en cinco años.
Las claves eran que el Estado reconociera y pagara progresivamente su deuda de más de 1.300 millones de soles, que el Fedadói devolviera los 240 millones recuperados de la corrupción montesinista y que los aportes se incrementaran por parte del Estado y de los propios jubilados. Tal planteamiento implicaba, además, que tras la reestructuración se estableciera una fecha de corte para eliminar el beneficio de la pensión renovable para personal que recién se incorpore.
Gracias a una fuerte presión de la opinión pública, que incluyó sendos editoriales de este Diario, los errados proyectos se frenaron. Aunque sí se han reducido sustantivamente las partidas presupuestales operativas de las FF.AA., situación que ha sido apenas mencionada por los candidatos presidenciales, pero sin ofrecer salidas concretas.
Precisamente a falta de solución, la Caja de Pensiones Militar- Policial hace unas semanas tuvo que solicitar una transferencia del Ejecutivo para atender sus obligaciones desde abril. La respuesta fue dictar el D.U. 013-2011, mediante el cual se autoriza al MEF a efectuar una transferencia reembolsable a Defensa e Interior, hasta por un monto máximo de S/.125 millones.
Aparte de que la suma es insuficiente, lo grave es que “el monto de la transferencia será equivalente al 90% del valor de realización (2/3 del valor comercial tasado) de los activos que la caja transfiera a un fideicomiso administrado por Cofide, que servirá para garantizar la devolución de los recursos transferidos más los intereses compensatorios por el uso del dinero (7% anual), en un plazo no mayor de un año”.
Eso es, primero, inconstitucional, porque va en contra el Art. 12 de la Constitución que declara la intangibilidad de los fondos de seguridad social. Luego, es un disparate, porque se dispone una operación de crédito sobre base nula, pues se ignoran las obligaciones que el Estado tiene con la caja. Asimismo, constituir un fideicomiso, aparte de desnaturalizar la intangibilidad del Fondo de Pensiones, desampara los derechos de los pensionistas, puesto que la caja tendría que eliminar de su balance la propiedad de los activos aportados, los mismos que ya no estarían destinados a generar rentas que coadyuven al pago de las pensiones, sino a garantizar operaciones de crédito.
Políticamente esto parecería un engaño, porque como queda dicho, el crédito ofrecido no solo es insuficiente, sino que se concierta a sabiendas de que la caja no tiene ni tendrá capacidad para devolver los recursos transferidos mientras no se proceda a su reestructuración total. ¿O es que se está tratando de transferir por vía indirecta las propiedades militares y policiales a Cofide, incluyendo hoteles, Banco de Comercio, etc.? Encima, ¿cómo es posible que se pretenda cobrar un interés compensatorio de 7% (cuando la tasa referencial del BCR es solo de 3,5%) a un sistema pensionario que si está casi quebrado es por responsabilidad del propio Estado?
El 2009 el Tesoro Público tuvo que acudir en apoyo de la Caja transfiriendo el Fondo de Respaldo por S/. 228 millones, y entonces se advirtió que eso solo sería un paliativo. Pero no se ha querido avanzar en soluciones finales y hoy se vuelve a incurrir en el mismo error. ¿Por qué y a cambio de qué?
Cuidado, se está poniendo en peligro la subsistencia de 34.101 pensionistas sobre un total de 144.866 cotizantes de las FF.AA. y la PNP. Ese personal y sus familiares (alrededor de dos millones de personas) deben merecer el mayor respeto de todos y no el maltrato al que reiteradamente se les está sometiendo.
El presidente Alan García, como una de sus últimas acciones de gobierno debería corregir este atentado y poner en orden a quienes por razones ideológicas, incomprensión de roles, odio, incompetencia e intereses ocultos persisten en afectar a militares y policías.
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