Cifras confusas sobre la delincuencia en el mensaje a la nación
En este portal hemos reconocido que el entusiasmo del ministro, Daniel Urresti, para el sector Interior es absolutamente positivo. También hemos sostenido que el titular se ha ubicado del lado del ciudadano que padece los calvarios de la seguridad ciudadana. Sin embargo es necesario expresar nuestra preocupación por el mensaje a la nación del presidente Ollanta Humala en materia de seguridad ciudadana, ya que no hubo una sola propuesta de reforma que nos permita sostener que el régimen apunta en la dirección correcta. Ni reforma para la policía ni políticas de coordinación y convergencia del sistema de administración de justicia (Ministerio Público y Poder Judicial) para luchar contra el desborde de la criminalidad.
Pero otro hecho grave. Las cifras que mencionó Humala son inexactas. Un hecho que se convierte en responsabilidad política de Urresti, tal como lo establecen la Constitución y las leyes. Estamos, pues, ante dos hechos graves: se habría desinformado al Presidente y al Congreso, y es evidente que no estaríamos ante un manejo serio del sector, un manejo que hasta hoy solo ha demostrado un efectismo mediático y un histrionismo del ministro propio de cualquier candidato en campaña.
En su mensaje, el presidente Humala afirmó que en lo que va del año, y en el esfuerzo por combatir la delincuencia, “han sido detenidas o retenidas 160,000 personas, de las que 16 mil fueron arrestadas en lo que va de la gestión del ministro Urresti”. La cifra es irreal ya que mezcla a detenidos con retenidos, condiciones muy distintas. Un detenido es privado de su libertad tras ser identificado como presunto infractor de la ley; y un retenido es privado de su libertad solo hasta ser identificado. Por ejemplo, cuando una persona es intervenida por la policía, es retenida hasta verificar su identidad, y una vez corroborada ésta, y si no está reclamada por la justicia, se le libera de inmediato.
Sería imposible además que este gobierno hubiese capturado a 160 mil delincuentes, pues en los penales del país, según cifras dadas a conocer por el INPE, hay solamente 65 mil internos. Otra vez la realidad desvirtúa las cifras confusas del mensaje presidencial.
¿Por qué el ministerio del Interior le entregó cifras confusas al jefe de Estado? ¿Acaso para desinformar adrede dando a entender que han sido detenidos miles de delincuentes? ¿Se está luchando realmente contra la delincuencia o se está tratando de crear solo una percepción en ese sentido? Es difícil creer que las cifras confusas hayan sido presentadas sin una intención política, por eso el ministro Daniel Urresti debería darle explicaciones al país.
Debemos resaltar que este contrabando de cifras fue señalado de inmediato por el Grupo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana, conformado por ciudadanos ex ministros y ex viceministros del Interior, y especialistas, que vienen realizando un encomiable esfuerzo por contribuir a la construcción de una política nacional de seguridad ciudadana. Ellos han sido invitados a dialogar por el ministro Urresti, sobre sus propuestas, pero la cita fue aplazada a petición de los invitados, quienes consideraron pertinente conversar después del mensaje a la nación, por respeto al jefe de Estado.
Coincidimos con dicho Grupo en que la inseguridad ciudadana se está convirtiendo en una amenaza contra la viabilidad de nuestro desarrollo nacional, pues en este portal hemos señalado que cada día un número indeterminado de empresarios se ven obligados a cerrar sus negocios para salvaguardar sus vidas o porque ya no pueden pagar más cupos al hampa.
Y también coincidimos con ellos en que no solamente es notoria la ausencia de políticas de Estado contra la inseguridad, sino también la falta de un debate bien informado sobre el origen del problema, que convoque a la sociedad y nos conduzca a lograr un amplio acuerdo nacional contra la delincuencia que permita construir una política de seguridad interior de largo aliento, sólida y coherente.
Mensaje Presidencial: Nada en seguridad ciudadana
Mensaje presidencial defraudó las expectativas de los ciudadanos
El mensaje a la nación del presidente Ollanta Humala defraudó todas las expectativas respecto al problema de la inseguridad ciudadana, al haber reafirmado el enfoque de su gobierno que considera a ese grave problema como un asunto meramente policial-penitenciario. Una vez más, el presidente dejó en claro que ni él, ni su gobierno, entienden a cabalidad las causas del desborde de la delincuencia que sufrimos los peruanos.
El Presidente cree que con más redadas, más patrulleros, más motos, más unidades policiales, se derrotará a la delincuencia. Y para justificar su visión, mostró, como un gran logro de su gestión, cifras extrañas que hablan de miles de delincuentes detenidos en intervenciones policiales. Está completamente equivocado si cree eso.
Las adquisiciones que anunció – hasta helicópteros y aviones – , así como futuras mejoras en las infraestructuras de la policía, son útiles y positivas, pero de poco o nada servirán para ganarle la guerra a la delincuencia si no van acompañadas de una política de Estado integral y multisectorial que el presidente se resiste a liderar. En vez de enfrentar el problema como jefe del Estado, lo está haciendo como jefe del Ejecutivo.
El propio Humala admitió la complejidad del problema el 2011, cuando convocó al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana como la instancia que, liderada por él, se encargaría a asumir el reto de vencer la inseguridad. Dicho consejo está integrado por el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instancias del Estado involucradas en la problemática. Hoy ha dejado de lado esa política y la ha reemplazado por otra enteramente policial.
El Presidente debería aprender de la historia reciente. Por ejemplo, los tres gobiernos anteriores compraron miles de vehículos policiales y sin embargo la delincuencia creció. Los patrulleros nuevos se ven estacionados en calles recónditas o en las comisarías, menos patrullando. ¿Por qué? Por la corrupción policial, que todos vemos menos el gobierno.
Los tres últimos gobiernos también despidieron a miles de policías corruptos, pero la inmensa mayoría de estos fueron reincorporados por fallos judiciales que todos sabemos cómo se consiguen en un Poder Judicial igualmente corrupto. La misma suerte corren los hampones avezados en las fiscalías y en los tribunales de justicia; o salen libres o les imponen penas benévolas.
¿Puede el Presidente garantizar que los delincuentes detenidos en las últimas semanas serán denunciados, juzgados y sentenciados como corresponde? Claro que NO. Los únicos que pueden garantizarlo son quienes dirigen el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero ninguna de estas instituciones está involucrada en esta guerra contra el crimen. Si Humala ejerciera su liderazgo como jefe de Estado, ambos organismos serían comprometidos.
Lo más rescatable del mensaje presidencial en esta materia ha sido tal vez el reconocimiento explícito de que la magnitud del problema demanda un acuerdo de todos los sectores políticos del país. El problema es que no dio ningún paso concreto para avanzar en esa dirección; al contrario, dijo que él ya había cumplido al respecto el 2011, cuando presentó el plan de seguridad ciudadana de su gobierno al Acuerdo Nacional, un organismo que, como todos sabemos, está parado hace años porque el presidente tampoco lo lidera.
En resumen, las ideas expuestas por el Presidente nos confirman que, en el fondo, está convencido de que la inseguridad en las calles es solo una percepción equivocada de los ciudadanos, y que su gobierno la cambiará con más policías en las calles. Una vez más, el Ollanta Humala se rehusa a hacer reformas.
Por Víctor Robles Sosa
