“Es inaceptable que pretendan decir que la restitución de nuestro derecho, violado por el Gobierno, pueda hacerse gradualmente”.
JORGE MONTOYA EX JEFE DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
(Ilustración: Giovanni Tazza) Jorge Montoya 01.12.2017
En diciembre del 2012, el gobierno de Ollanta Humala promulgó los decretos legislativos 1132 y 1133 con los que se ejecutaba la anunciada “gran reforma remunerativa y pensionaria de las Fuerzas Armadas”. ¿De qué se trataba? Entre otras cosas, de consolidar los 33 conceptos dispersos que configuraban nuestra remuneración. Esto solo se realizó para los que se encontraban en actividad. A los retirados nos mantuvieron con los conceptos remunerativos sin consolidar. Como ejemplo, uno de esos conceptos es la remuneración básica, que para el grado de vicealmirante es de S/ 0,07.
Es necesario explicar que cuando se consolidan las remuneraciones, los valores correspondientes a cada grado remunerativo varían. Esto pues las diferentes instituciones armadas y la policía tenían diferencias en la manera de calcular sus remuneraciones. Otro aspecto a considerar es que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional son instituciones jerarquizadas y meritocráticas. Por ello, sus escalas remunerativas respetan ese ordenamiento, ya que forma parte de su estructura y fortaleza como institución. Cuando el personal con la remuneración consolidada pasa al retiro –es decir, a partir del 2012– se rompe la estructura jerárquica. Así, se presentan casos en los que una persona con el mismo número de años de servicio e igual grado gana más que sus compañeros de promoción que pasaron al retiro sin la remuneración consolidada.
También se han dado casos en los que, con menor tiempo de servicio y menor grado, el personal que pasa al retiro percibe más que otros con más años de servicio y mayor grado. Esto afecta al personal y a las instituciones en general, pues expone el maltrato recibido por parte del Gobierno y demuestra cómo la Constitución y las leyes no son respetadas por los políticos
Para efectos de pensiones y remuneraciones, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se rigen por la Ley 19846 promulgada en 1972 que sigue vigente hasta la fecha. Esta norma es aplicable por igual a los que pasaron al retiro antes del diciembre del 2012, como para los que lo hicieron después de esa fecha. Esta Ley no considera la cédula viva, el sistema que se maneja es el de pensión renovable, que es menor al total percibido por el personal en actividad. Actualmente la diferencia entre la pensión de un retirado y su equivalente en actividad está entre el 50% y 70%, dependiendo del grado. En ningún caso es igual a la remuneración del personal en actividad.
Partiendo de esta situación, las diferentes asociaciones de militares retirados iniciaron una serie de acciones para lograr corregir el error producido por el gobierno de Humala. Se encontró receptividad en el Congreso, especialmente en la Comisión de Defensa Nacional, cuando Luz Salgado presidía el Poder Legislativo.
De ahí se aprobó la autógrafa de la Ley que corregía la violación de nuestros derechos. Esta, sin embargo, fue observada por el Ejecutivo mediante un documento lleno de tergiversaciones, datos equivocados, argumentos ofensivos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que denotaban ignorancia en el tema o mala intención, no podría definirlo. A la vez, se apreció una campaña mediática contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, llegando a enfrentarlas con personas que tienen otros regímenes previsionales, desconociendo la particularidad de la carrera militar y por ello su régimen especial.
El Congreso decidió que la insistencia se vea en la nueva legislatura, presidida por el congresista Luis Galarreta. Nuevamente se debatió el tema en la Comisión de Defensa y en el pleno, habiéndose escuchado argumentos realmente ofensivos por parte de algunos congresistas del Gobierno durante el debate plenario. Pese a todo el esfuerzo del Ejecutivo, gracias a la voluntad del Congreso –a excepción de la bancada oficialista– se aprobó la norma por insistencia.
A partir de la aprobación de la Ley 30683 algunas autoridades del Gobierno han empleado los medios que tienen a su alcance para exponer argumentos equivocados. Se alimenta a personas y medios periodísticos con información errada y datos sesgados, buscando el enfrentamiento con otros sectores que también tienen demandas remunerativas.
Uno de los argumentos que se utiliza es el del impacto fiscal. Sin embargo, el Gobierno tiene reservado un monto para aplicar su propuesta. Es inaceptable que pretendan decir que la restitución de nuestro derecho, violado por el Gobierno, pueda hacerse gradualmente. Un derecho no puede restituirse en partes, eso suena hasta ridículo.
Nuestro reclamo no es un pedido de aumento de sueldo o un incremento de nuestras pensiones. Es una exigencia para que se restituya nuestro derecho pensionario y se respete a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que están siempre al servicio del Perú.
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