La lucha del gremio militar policial por lograr la derogatoria de los decretos legislativos que forman parte de la reestructuración del sistema salarial y pensionario de las FFAA y PNP ya se inició. De esta manera se ha solicitado al Congreso acusar constitucionalmente a los ministros involucrados y dejar sin efecto dichos dispositivos a fin de realizar una verdadera reforma.
El comandante FAP (r) Rommel Augusto Roca Laos formuló una acusación constitucional contra los ministros Juan Jiménez, premier; Luis Miguel Castilla, de Economía; Pedro Cateriano, de Defensa; y Wilfredo Pedraza, del Interior. Dicho documento fue dirigido al presidente del Congreso, Víctor Isla, el 27 de diciembre del 2012, con la solicitud de que también sea trasladado a la Comisión Permanente para su pronta atención.
La denuncia precisa que el Ejecutivo se excedió en las facultades entregadas por el Parlamento el 12 de setiembre del 2012 para legislar en materia de fortalecimiento y reforma institucional de los sectores Interior y Defensa, y que se centraría en la “reforma del régimen remunerativo y de pensiones”.
Discriminación
Como se sabe, el 9 de diciembre el Ejecutivo expidió los decretos legislativos 1132 y 1133. El primero “aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar y policial” y el segundo establece el “ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial”.
Roca Laos indica que el Decreto Legislativo 1132 es de aplicación exclusiva al personal en actividad, con lo que “se incurre en discriminación económica de los retirados y viola flagrantemente el principio constitucional de equivalencias de las pensiones con las remuneraciones del personal en actividad, consagrado en el artículo 174 de la Constitución, que hasta la fecha no ha sido reformado”.
Sobre el 1133 –que se aplica al personal en retiro– refiere que los ministros rebasaron las competencias entregadas por el Congreso al señalar que “se requiere cerrar definitivamente el régimen pensionario del Decreto Ley 19846 y sus normas modificatorias y complementarias, debido al presente estado de iliquidez e insolvencia que afronta el régimen”.
Al respecto, Roca indica que “el Ejecutivo se ha irrogado facultades que no le corresponden, pues quien determina la existencia de causales objetivas de insolvencia e iliquidez, entre otros, a la Caja y otros que otorguen pensiones es la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s (SBS). Es más, su ley precisa que –previo a la etapa de liquidación– la institución afectada debe inscribir su extinción en el registro público y esto no ha sucedido”.
Más irregularidades
Asimismo, precisa que en el artículo segundo del DL 1133 los ministros “han declarado cerrado el régimen de pensiones del Decreto Ley 19846, por lo que a partir de su vigencia no se admiten nuevas incorporaciones o reincorporaciones de militares y policías, por lo que este segmento y las siguientes promociones que pasen al retiro en los siguientes años van a ser incorporados al nuevo régimen”
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