MAYOR GENERAL FAP CARLOS ORDOÑEZ VELAZQUEZ: CARTA ABIERTA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y JEFE SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Señor Presidente:
A fines de Noviembre de 2011 le remití una Carta Abierta en la cual le expresaba mi preocupación y el sentir de la gran familia militar policial por la situación de indefensión en que se encuentran nuestras Fuerzas Armadas por el abandono causado en tantos años, por Jefes de Estado incompetentes, irresponsables y antipatriotas, habiéndose ocasionado con ello, la inoperatividad de los sistemas de armas y el equipamiento para dar cumplimiento a su misión constitucional.
En la misma carta, también hice énfasis en lo que es tanto o más grave; me refiero al abandono en que se encuentra el personal de las Fuerzas Armadas, el recurso más importante de cualquier organización. Usted está por cumplir un año de gobierno y hasta donde tenemos conocimiento, esta situación no ha variado mucho Presidente.
Respecto de la modernización y operatividad de los sistemas de armas y equipamiento para la Defensa Nacional, los miembros de la Fuerza Armada esperamos que se estén realizando los trabajos tendientes a la repotenciación de la fuerza y entendemos que, por tratarse de información sensible, considerada reservada o secreta, ésta no pueda hacerse pública; sin embargo, es bueno recordar la obligación presidencial dispuesta en el artículo 118º de la Constitución: “Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado”.
Esto implica Presidente, que usted es responsable no sólo de la repotenciación de la fuerza, sino que, como Jefe Supremo de las FFAA, también es responsable del entrenamiento y preparación del personal a fin que pueda enfrentar con éxito, cualquier amenaza a nuestra soberanía e integridad territorial.
En lo que se refiere a la situación del personal militar y policial es donde menos se ha avanzado o, para decirlo mejor, es el aspecto al que menos atención se le ha prestado; veamos:
Los miembros de las Fuerzas Armadas han sido abandonados desde hace varios lustros respecto a su entrenamiento, pues el Sector Defensa cuenta con un presupuesto deficitario, cuyo mayor porcentaje está destinado a gastos corrientes, habiéndose recortado drásticamente las horas de operaciones para este fin. Esto ha causado que mucho personal altamente especializado, al no poder ejercer la profesión para la que ingresó por vocación, se haya visto obligado a pasar al retiro y dedicarse a trabajar en la empresa privada. Esto puede verse claramente, por ejemplo, en la cantidad de pilotos de combate, de transportes y de helicópteros, que en los últimos 10 a 15 años han dejado las filas del personal activo por no contar con horas de vuelo para su entrenamiento. Es decir, el importante costo de formar un piloto operativo se ha perdido por la indiferencia del Estado. Ser piloto militar para no poder volar, es inconcebible Presidente.
En relación al abandono jurídico-legal, es una lamentable realidad que, hasta la fecha y desde el año 2001, no exista voluntad política para dar respaldo jurídico a las operaciones dispuestas por el Ejecutivo para hacer frente a las amenazas en el frente interno pues, el Decreto Legislativo No 1095 que establece las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, promulgado durante el gobierno de García Pérez, tiene grandes y evidentes deficiencias con lo cual las fuerzas del orden se ven desprotegidas en su accionar; tanto así, que si esto no se soluciona, seguiremos viendo situaciones tan injustas como las que viven los Comandos de Chavín de Huántar, denunciados ante la CIDH como consecuencia de las acciones de gobiernos cómplices de las ONG’s caviares o, por lo menos, de un Estado inerme. ¡Es el colmo de la ingratitud!
El aspecto moral y de la contraprestación económica por su sacrificada labor, es uno de los aspectos que más hiere a la gran familia militar policial. En lo moral, por el respeto que merece el personal de las FFAA que, muchas veces es agraviado o injuriado por políticos y tecnócratas de escritorio que no reconocen la abnegada labor que cumplen en todo el territorio nacional con el riesgo permanente de su vida; y por último, el abandono en la contraprestación económica por sus especiales y sacrificados servicios prestados con desprendimiento y patriotismo, situación que se ve reflejada en los exiguos salarios y míseras pensiones. Presidente, en los primeros meses del presente año, ataques narcoterroristas causaron la muerte de oficiales del Ejército en las zonas de Vizcatán y Pampa Aurora. Más recientemente, las huestes narco terroristas del llamado “camarada Gabriel” han acabado con la vida de personal superior y subalterno del Ejército y de la Policía en el marco de las operaciones de rescate de los treintiseis rehenes de Kepashiato. Nuestros mártires de la democracia, en su mayoría, han dejado viudas y huérfanos en el desamparo. Si, digo bien: desamparo, pues a pesar de los honores recibidos, de los pétalos de flores lanzados al paso del cortejo fúnebre y el toque de silencio en el camposanto, la verdad es que a los deudos les espera una vida de penurias y sinsabores por la mísera pensión que, tras muchos y engorrosos trámites, recibirán por algún tiempo. Además de estas lamentables muertes, han sido heridos o sufrido mutilaciones más de una docena de personal de las fuerzas del orden y, lo penoso es que esta situación la llevarán sobre sus espaldas toda su vida pues, aparte de su discapacidad como consecuencia de acción de armas, sufrirán también la indiferencia de las “autoridades” que no se ocuparán de su rehabilitación ni de mejorar su insignificante pensión para el sustento económico propio y el de su familia. Presidente, usted sabe que existe personal discapacitado como consecuencia de los combates en los últimos años tanto en el frente interno como en el frente externo, personal que aparte de recibir una pensión ínfima, ha sido abandonado por el Estado en cuanto a su tratamiento y rehabilitación. Si señor Presidente, tal es el abandono, que el Comandante General del Ejército (con buena intención seguramente) ha debido coordinar con la empresa privada para llevar a cabo la campaña “Adopta un héroe”. Esto, a pesar que pueda existir buena intención, me parece un pésimo precedente pues, con esta acción “caritativa”, se estaría “liberando” al Estado de la obligación que tiene con el personal que ofrendó lo mejor de sí para que el pueblo peruano viva en paz y democracia.
En lo personal, pienso que es plausible que existan empresas que puedan apoyar; sin embargo, me indigna que no sea el Estado el que asuma su responsabilidad y que, por eso, deba existir esta campaña. ¿Acaso nuestro personal discapacitado está al mismo nivel de una mascota perdida o del balcón deteriorado de una vieja casa limeña?
Es una vergüenza que tenga que ser la empresa privada la que “adopte” a los discapacitados de las FFAA, sobre todo, si están así como consecuencia de haber defendido a su patria y a la democracia. Pienso que lo que podría hacer la empresa privada sería, en todo caso, brindar puestos de trabajo para los discapacitados. Por eso pregunto, Presidente: ¿Cuánto vale la vida del personal de oficiales y suboficiales de las FFAA y de la Policía Nacional?
He llegado a pensar, que para su Ministro de Economía Miguel Castilla Rubio, la vida del personal militar o policial no valdría nada, dado el comportamiento mostrado tanto durante el gobierno de García Pérez, como en su gobierno, donde demuestra una gran insensibilidad respecto de la vida llena de riesgos y carencias de los miembros de las FFAA Esto se puede apreciar en las declaraciones públicas de dos personalidades ligadas a su gobierno, tanto el ex Ministro de Defensa Daniel Mora (diario La Primera del 22 de diciembre 2011) como el actual Ministro Alberto Otárola (entrevista publicada en el diario Perú21, el jueves 22 de marzo), quienes mencionan que se prepararon sendos proyectos de Ley de Remuneraciones del personal de las FFAA y de la PNP, debidamente sustentados económicamente; sin embargo, dejan notar que es el Ministro de Economía quien estaría bloqueando la presentación del proyecto ante el Congreso, a pesar que el indicado proyecto cumple estrictamente los lineamientos de política que diera usted en su mensaje a la nación; es decir: un incremento gradual de las remuneraciones (en cinco años), salvaguardar la obligación del Estado de honrar el pago de pensiones manteniendo la pensión renovable y, por último, se incluyen también disposiciones para la recuperación de la Caja de Pensiones Militar Policial sin afectar la caja fiscal.
En este punto debo resaltar lo que en la citada entrevista la periodista Lina Godoy le espetó al Ministro Otárola: “Se dice que el MEF no está de acuerdo con el incremento…”, a lo que el Ministro de Defensa respondió: “Bueno, aquí lo importante es que el presidente quiera, ¿no?... Y el presidente quiere”.
Entonces, presidente Humala: Si usted quiere que se cumpla con las FFAA, ¿Cómo puede ser que el ministro Castilla sabotee su compromiso?
Ese ministro, señor Presidente, según lo manifestado por los ministros Mora y Otárola, se estaría oponiendo a lo que usted ha dispuesto. Y yo pregunto: ¿Qué razones tendría Castilla para desobedecer una orden presidencial? ¿Por qué razón se le permite esta posición? ¿Será como dijo un ex ministro -según diarios locales- que Castilla pretende asustarlo con cifras manipuladas? No creo que usted, forjado en la pétrea profesión militar, se deje intimidar por un ministro de pensamiento mercantilista. Sin embargo, seguimos viendo que Castilla presenta cualquier excusa para seguir saboteando la dación de la norma legal respectiva. Pregunta: ¿Existirá algo grande detrás de la actuación del Ministro Castilla?
…Veamos: Presidente Humala: Usted debe conocer de la existencia del libro “El complot para aniquilar a las Fuerzas Armadas y a las naciones de Iberoamérica” un compendio documental serio y juicioso publicado en 1993 por un grupo de estudiosos de la política internacional, encabezados por Lyndon H. LaRouche, en donde se comprueba la existencia de un complot de la oligarquía angloamericana, cuyo objetivo es, no solamente acabar con las instituciones militares de la región, sino con las naciones mismas a las cuales están encargadas de defender.
La contraportada del libro, resalta frases que contienen la idea central del documento, las cuales transcribo: “En el nuevo orden mundial que intenta instaurar la oligarquía angloamericana, las naciones iberoamericanas están condenadas a ser meras satrapías, con soberanía limitada, sujetas al saqueo del FMI y los bancos usureros… Los métodos que se emplean abarcan campañas hipócritas en presunta defensa de los derechos humanos, que en realidad sirven para respaldar a los grupos terroristas… el gobierno de los Estados Unidos, demanda la reducción de los ejércitos iberoamericanos… o su desaparición…”. Presidente, si usted se fija bien, todo lo que se plasmó en ese libro publicado en 1993, se ha venido cumpliendo al pie de la letra, sino veamos:
Las campañas hipócritas en presunta defensa de los derechos humanos, comenzaron con el gobierno de Paniagua cuyo gabinete estuvo conformado por izquierdistas “caviares”, sobresaliendo Diego García Sayán como ministro de justicia (proveniente del MIR), quién posteriormente fue Ministro de Relaciones Exteriores de Toledo. En esos años se liberaron cientos de terroristas, otorgándoles beneficios penitenciarios impensables para este tipo de delitos. En la administración Paniagua se incubó también, la mal llamada Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) plagada de izquierdistas ultras y caviares como Salomón Lerner Febres, Alberto Morote Sánchez (padre del dirigente de SL Osmán Morote), Carlos Tapia, Enrique Bernales, Sofía Macher, Javier Ciurlizza y otros que empezaron a “trabajar” para desprestigiar a las FFAA y lograr minar su moral llevando a juicio a quienes vencieron al terrorismo. Los resultados con sesgo izquierdista a favor de la subversión, entregados en el período de Toledo, son conocidos por todos. Tal persecución no amainó tampoco en el gobierno de García Pérez y siguieron copando inclusive, a los más altos estamentos del Poder Judicial. Los resultados podemos verlos hasta la fecha con el sometimiento de los comandos Chavín de Huántar a la CIDH. Como podrá apreciar Presidente, tal como se expresó en dicho libro, esto se ha venido haciendo para respaldar a los grupos terroristas y, por supuesto, las consecuencias las estamos viviendo ahora en el VRAE.
La reducción operativa de las Fuerzas Armadas se inició también con el gobierno de Paniagua a través de la aprobación del presupuesto para el 2001 mediante el D.Leg. 909 de diciembre 2000 con una primera disminución drástica de la asignación para el sector Defensa. Pero la política para “desaparecer” a las Fuerzas Armadas tomó más fuerza con el gobierno de Toledo, quién a través de su ministro de defensa Aurelio Loret de Mola, llevó a cabo una razzia entre los efectivos de las fuerzas del orden, pasando al retiro arbitrariamente a cientos de oficiales, muchos de ellos con impecables fojas de servicios y de muy buena trayectoria profesional. Esta política de reducción de la fuerza, también fue llevada a cabo a través de la disminución progresiva de las asignaciones presupuestales para las FFAA, las cuales vieron cómo se iba diezmando la capacidad operativa año tras año. Los encargados de comenzar y llevar adelante esta política fueron Javier Silva Ruete y Pedro Pablo Kuczynski, quienes serían agentes de la oligarquía angloamericana. A ellos les sucedieron, entre otros, sujetos como Luis Carranza, Mercedes Aráoz e Ismael Benavides, representantes de esa oligarquía en el gobierno aprista.
Así, la ministra Aráoz fue quien, en acuerdo con García Pérez, presentó en Agosto de 2010 el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2011, en el cual no sólo se reducía drásticamente la asignación presupuestal para recuperar la operatividad de la fuerza, sino que, de manera inconstitucional, se pretendía, mediante las Disposiciones Finales Décimo Novena y Vigésima respectivamente, dejar sin efecto la Ley de Pensiones Militar Policial 19846 y lo que es peor, se disponía suspender el ingreso a las Escuelas de Oficiales y Suboficiales de las FFAA y de la Policía Nacional durante los años de 2011 y 2012, con lo cual claramente se buscaba reducir los efectivos de las fuerzas del orden tal como está explicado en el libro “El complot para aniquilar a las Fuerzas Armadas y a las naciones de Iberoamérica”. Afortunadamente, la presión de la familia militar policial, el manifiesto del Colegio de Abogados de Lima y el apoyo de la gran mayoría de congresistas impidieron que estas perversas propuestas se convirtieran en ley.
Posteriormente, cuando fue nombrado Ministro de Economía el ingeniero Ismael Benavides (ex Presidente de la Cámara de Comercio Peruano Chilena y Consultor del Banco Mundial) se promulgó el D.U. 013-2011 en el cual se pretendía “otorgar un préstamo” a la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) a cambio de constituir un fideicomiso a nombre del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que en la práctica despojaría de todos sus activos a la CPMP, incluyendo al Banco de Comercio. El objetivo final, además de liquidar la CPMP, sería que el Banco de Comercio fuera “absorbido” por los bancos comerciales usureros de la oligarquía angloamericana, tal como los llama Lyndon LaRouche. Sin embargo, en una decisión valiente, el Consejo Directivo de la CPMP, con el apoyo decidido de las asociaciones de las FFAA y de la PNP, se negó a aceptar tal propuesta por ilegal y arbitraria, haciendo retroceder a los agentes del complot.
Justamente, Miguel Castilla Rubio quién, como Viceministro de Mercedes Aráoz y del ministro Ismael Benavides, habría sido pieza clave para la formulación de estas normas posteriormente dejadas sin efecto, gracias a la acción decidida de la familia militar policial que a través de sus organizaciones, evitó que dichas normas se hagan realidad. Sin embargo, Miguel Castilla Rubio, ahora como actual ministro de economía, a pesar de haber transcurrido nueve (09) meses del mensaje presidencial donde usted se comprometió a aumentar los sueldos del personal de las FFAA y de la PNP respetando la pensión renovable, sigue poniendo cada vez más trabas para su aprobación y lo peor, es que lo hace manipulando cifras y dilatando los plazos para evitar su aprobación. Miguel Castilla Rubio, al parecer, podría ser un agente más del complot para aniquilar a las Fuerzas Armadas. Señor Presidente, es necesario observar bien al hombre que tiene al lado para asesorarlo en asuntos económicos y financieros; él sólo estaría defendiendo una posición que le habría ordenado el poder económico transnacional y probablemente ya tendría asegurado un puesto en alguna de esas poderosas organizaciones financieras como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Hace muy pocos días, en una entrevista radial, Miguel Castilla se ha permitido decir que lo que intenta hacer, es no causar problemas financieros con medidas populistas; pero esto lo habría afirmado utilizando información falsa. Decir que existen 150,000 pensionistas cuando la información oficial es que hay 96,000 pensionistas y que sólo el 40% de ellos ha cumplido el tiempo requerido para recibir la pensión completa, es sencillamente, tener una posición mezquina. Además, ha tenido el poco tacto de decir en la misma entrevista, que “el gobierno tiene el convencimiento de mejorar los sueldos de las FFAA y de la PNP especialmente en esta coyuntura donde tenemos que mejorar la moral de las fuerzas del orden que enfrentan una guerra contra Sendero Luminoso y el narcotráfico”. En pocas palabras, Castilla nunca consideró necesario invertir en la Defensa Nacional sino recién hasta ahora, por el fuerte rebrote terrorista que obliga a tomar acciones desesperadas. ¿Ahora que las tropas están combatiendo, recién ve necesario elevar la moral? ¡Hay que ser bien desvergonzado! Presidente, este ministro está causando que usted cometa el mismo error de sus antecesores negando los fondos requeridos para contar con el equipamiento necesario para hacer frente a las amenazas del frente interno y del frente externo. Nuestros soldados que combaten en el VRAE no tienen por eso, el equipamiento moderno que permita ubicar a las huestes terroristas y acabar con ellas. Nuestra Fuerza Armada se encuentra tan diezmada, que se comenta con mucha agudeza, en los ámbitos de las asociaciones de la familia militar policial que, el Ministro de Economía del Perú, es el mejor Ministro de Defensa de Chile. Presidente, hace unos días usted publicó en su Twitter: “Es el momento de que el pueblo valore más a sus militares y policías, que ganan poco y sacrifican sus vidas por la paz de sus compatriotas”. Permítame decirle, que es usted quién tiene en sus manos la posibilidad que el pueblo valore a sus militares y policías. Cumpla con el mandato constitucional: Equipe adecuadamente a las Fuerzas Armadas, otorgue el presupuesto adecuado para su entrenamiento y proporcione unas dignas remuneraciones acordes con la función que cumplen y, cuando además de discursos y ceremonias para honrar su valor y patriotismo, las fuerzas del orden cuenten con todo el respaldo del Estado, entonces recién estarán valoradas debidamente. Disponga a su Ministro de Economía que cumpla sus disposiciones, materialice usted con hechos el compromiso que asumió con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional el 28 de julio de 2011 y, si el ministro no cumple, pues es tiempo de relevarlo y poner a otro ministro que respete su decisión.
Presidente Humala, usted es un profundo admirador del Mariscal Cáceres, como lo somos muchos peruanos. Todos recordamos con eterna gratitud, que el “Taita” Cáceres nunca abandonó a sus tropas; por el contrario, luchó por ellas y siempre a la cabeza.
Sea usted el nuevo Cáceres. La nación entera se lo agradecerá.
Atentamente,
Carlos Ordóñez Velázquez
Mayor General FAP
DNI: 43314159
COMENTARIOS:
Carlos Ordoñez nos dice... Estimados destinatarios de la Segunda Carta Abierta al Presidente de la República: He estimado conveniente remitirles por este medio en versión ppt. copias de algunas páginas del citado libro "El Complot para aniquilar a las Fuerzas Armadas y a las naciones de Iberoamérica" de Lyndon LaRouche y otros colaboradores. En la página 81 podrán apreciar quiénes fueron los "peruanos" que colaboraron en el famoso "Diálogo Interamericano" que se encargó de proponer algunas medidas para "controlar" a los militares de Iberoamérica con medidas tendientes a su desaparición. A esta lista de malos peruanos se adhirieron posteriormente otros que formaron parte de los gobiernos a partir de 2001. Ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. En la página 377 se puede apreciar la lista de acciones a tomar contra las instituciones militares de Latinoamérica. Si los revisan con detenimiento se darán cuenta que todo lo afirmado en el libro publicado en 1993, se viene implementando con el objetivo de destruir a las FFAA. No dejemos que esto suceda. 01/05/12
FVB nos dice... Estimados amigos, con esta estupenda carta de autor conocido y que pinta la situación real en la que atraviesa nuestro país desde hace muchos años y que es de lectura obligatoria para que abramos un poco más los ojos y nos concentremos en la necesidad de mantener una verdadera independencia frente al accionar de los gripos de poder económico y sus topos en la vida de nuestra Nación. Cordial abrazo. 01/05/12
Alberto Silva Santisteban Larco nos dice... Estimado Almirante. Exceelente carta. Esperemos que la lean con detenimiento y actúen en consecuencia con el mensaje claro que ella contiene, lo que, como somos testigos hasta ahora no se dá. Esperemos equivocarnos. Que tenga un buen dia. 01/05/12
Anónimo nos dice.... Un mensaje muy sentido, que no podía ser menos tratándose de un Oficial General de nuestra FAP, pero como me preguntaba en anterior oportunbidad; ¿Leerá estos mensajes el Comandante que funge de presidente de la inclusión social y de recuperar la dignidad a nuestras FFAA? Nosostros todos en retiro estamos a la expectativa de lo que puedan hacer nuestros Comandantes de actividad, porque los traidores del Gobierno anti FFAA ya han decidido adoptar esa decisión de los bonos y ningún Congresista de la Comisión de Defensa siquiera emite una opinión sólida en contra de ese mamarracho de remuneraciones con bonos. Se han propuesto desaparecer lo que con tanto esfuerzo se gana durante los años de esfuerzo a favor del Perú. Querrán que el narcoterrorismo avance y nos destruya y esos traidores del Ejecutivo salgan volando a sus guaridas del FMI o a París..-.? Acá la solución es una huelga como en Ecuador pero por parte de los de actividad. Tenemos que ser radicales. Repito lo de siempre, a los de retiro no nos van a hacer caso. Ya dijo el Comandante que hace de Primer Ministro, todo se centrará en los de actividad pero con bonos. 2 de mayo de 2012 09:41
ACIDEL responde.... Respecto a la excelente Carta del General FAP Carlos Ordoñez, se están tomando acciones que en breve plazo la Alianza dará a conocer a alas Asociaciones.
