lunes, 17 de marzo de 2014

QUE ESPERAN PARA RENUNCIARLO A ESTE CAVIAR

Almirante Vainstein: Albán el enemigo de la policía que integra la camarilla caviar, debe renunciar al ministerio del interior

Política | Jueves 13 de marzo del 2014
 
El presidente de la Alianza para la Reivindicación de las FFAA y la PNP del Perú, vicealmirante (r) Francisco Vainstein Borrani, pidió la renuncia del ministro del Interior Walter Albán luego de calificarlo como enemigo de los efectivos policiales y añadió que sólo se mantiene porque existe una camarilla de caviares dentro del gabinete.

"No entiendo, para mí es inexplicable que el presidente, sabiendo esto, porque él conoce la denuncia, lo haya nombrado como ministro del Interior. Este, como otros hechos amerita que salga del gabinete. Entiendo cómo deben sentirse nuestros amigos de la PN", dijo.

Congresista Carlos Tubino:Exigen que Albán pida disculpas por condenas en caso El Frontón

Política | Viernes 14 de marzo del 2014
 
El exinspector general del Ministerio de Defensa y actual congresista, Carlos Tubino, expresó que el ministro del Interior, Walter Alban, debe reflexionar sobre este caso y pedir disculpas ante el país por su participación al condenar a marinos en el caso El Frontón.
"En El Frontón hubo un combate donde murieron muchos marinos. Y, hoy, recordar que el actual ministro del Interior participó en condenar a los marinos, en verdad preocupa rememorar esa historia y ojalá pida disculpas a la Marina de Guerra sobre esa denuncia", enfatizó el parlamentario en una entrevista a La Razón.
Tubino opinó que espera que este caso sobre su participación en defensa de terroristas en el caso El Frontón, sirva para que el ministro haya cambiado en su forma de pensar y, a la vez, se disculpe con los miembros de la marina.

"Hay un hecho que los peruanos olvidan, a veces, donde un destacamento de la marina tuvo que actuar ante los hechos de violencia que habían realizado los terroristas encarcelados, así como dieron muerte a un policía de una forma condenable. Fue un combate donde hubo muertos y heridos", concluyó el legislador.

Como se recuerda, el presidente de la Alianza para la Reivindicación de las FF AA y la PNP del Perú, vicealmirante (r) Francisco Vainstein Borrani, pidió la renuncia del ministro del Interior Walter Albán luego de calificarlo como enemigo de los efectivos policiales y señalar que se mantiene porque existe una camarilla de caviares en el gabinete.
Fue luego de preguntarle su opinión sobre la denuncia de LA RAZÓN que da cuenta de que el ahora ministro Walter Albán tomó el nombre de un organismo para denunciar al Estado y defender terroristas.

Albán, el ministro del interior, tomó el nombre de organismo de la Iglesia para denunciar al Estado y defender terroristas

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Política | Lunes 10 de marzo del 2014

María Teresa García
Hace dos meses, Walter Albán dijo que no era conveniente la modificación que exime de toda responsabilidad penal a los policías y militares que causen lesiones o la muerte a terceros al utilizar sus armas en acciones de servicio. Esta opinión no tendría nada de raro si es que él no fuera el actual ministro del Interior y un pasado demasiado cercano a quienes precisamente se dedican a la persecución judicial a los agentes del orden.
Ante este hecho contradictorio, nace la pregunta de ¿por qué Walter Albán le da la espalda a su propio sector? Su participación como defensor de miembros terroristas, para lo cual tuvo que tomar incluso el nombre de una ONG años atrás, podría darnos la respuesta.

El Frontón
Una serie de acciones militares ocurridas en el Perú entre el 18 y el 19 de junio de 1986 ocurrieron a raíz del amotinamiento de los presos terroristas recluidos en las prisiones de San Juan de Lurigancho y El Frontón y en la cárcel de mujeres de Santa Bárbara, ubicadas en las provincias de Lima y de Callao.
En el caso de El Frontón, la operación se encomienda a la Marina de Guerra, pues las acciones se extendieron un día más y fueron las más violentas. Fue el único lugar donde los amotinados tenían armas de fuego modernas y muchos proyectiles de fabricación artesanal.En el desvelamiento del motín, varios terroristas fueron abatidos en el enfrentamiento.

La denuncia
La denuncia contra los efectivos de la Marina y autoridades que participaron en el desvelamiento del motín fue llevado, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Walter Albán quien se presentó como representante de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).

La petición presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tuvo por origen un escrito redactado en Lima el 1 de agosto de 1987, firmado por Walter Albán Peralta, utilizando el domicilio y sello oficial de CEAS del cual él era miembro.

Cabe indicar que la Comisión Episcopal de Acción Social tiene como objetivo la educación en derechos humanos, atención interdisciplinaria e investigación a nivel nacional y es uno de los 50 organismos que conforman la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Con estos escritos presentados a la CIDH el 13 de setiembre de 1989 y el 15 de febrero de 1990, Walter Albán Peralta continuó utilizando el domicilio y papel membretado y sello de CEAS, para formular argumentos contra el Estado en el caso El Frontón a favor de las"víctimas"; es decir, los presos terrorista que habían muerto durante el enfrentamiento.

Honorario
Cuando la CIDH presentó el escrito de memoria para sustentar su demanda ante la Corte IDH, solicitó abrir un incidente especial sobre fijación de gastos y honorarios por los abogados. Es decir el pago de honorarios para los abogados que representan a los familiares de los terroristas fallecidos Neira Alegría y los dos hermanos Zenteno Escobar y se manifestó que estos honorarios serían destinados a las instituciones sin fines de lucro a los que representan.

Pruebas al canto
Sin embargo, CEAS presentó un documento en el que negaba la representación de Albán. Una carta enviada el 3 de abril del 92, por Miguel Cabrejos Vidarte, obispo auxiliar de Lima, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana, al secretario ejecutivo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, le señala que: "dando cumplimiento a lo solicitado por algunos señores obispos, miembro de la Confederación Episcopal Peruana, me permito dejar constancia que los abogados de la Comisión Episcopal de Acción Social –CEAS-, comprendidos en el caso actuaron a título personal y profesional".

"De ningún modo por encargo o comisión que les hubiere sido encomendado por esta Conferencia Episcopal. Su relación con la Comisión Episcopal de Acción Social –CEAS-, es simplemente de‘asesoría jurídica sin que ello implique representatividad ni dependencia alguna de la Conferencia Episcopal Peruana", indica.

Además, el 26 de julio de 1991 el doctor Ernesto Alayza Grundy remitió por fax a la CorteIDH otra carta, manifestando que no le han sido solicitados sus servicios profesionales para el caso El Frontón, por lo que no está obligado a prestarlos.
Además, precisa las connotaciones del terrorismo y sus graves consecuencias en el Perú.


Walter Alban: "El caso El Frontón no ha prescrito porque se vio en el fuero militar"

Martes 16 de diciembre del 2008 | 03:26

Walter Albán, constitucionalista y ex defensor del Pueblo, sostuvo que en el caso de las ejecuciones extrajudiciales de El Frontón la instancia castrense no habría reunido las garantías del debido proceso que los pactos internacionales y la Constitución consagran.

Alban sostuvo que lo fundamental es tener claro que se trató de una clara y grave violación a los derechos humanos
El ex defensor del Pueblo Walter Albán advirtió hoy que no se puede declarar la prescripción de la matanza de El Frontón, ocurrida en 1986, ya que este caso fue ventilado en el fuero militar, una instancia que no habría reunido las garantías del debido proceso que los pactos internacionales y la Constitución consagran.

En ese sentido, recalcó que “lo fundamental es tener claro que está de por medio el derecho de las víctimas del caso El Frontón (a pedir justicia y sanciones para los responsables) y que se trató de una clara y grave violación a los derechos humanos”. 

El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente el recurso interpuesto por el Instituto de Defensa Legal (IDL) para que se determine la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la resolución judicial que aceptó el hábeas corpus de Teodolito Bernabé Montoya, un ex marino involucrado en las ejecuciones extrajudiciales de El Frontón que solicitó la prescripción de su proceso.

En diálogo con Perú21.pe, Albán calificó como “una salida por la tangente y formalista” la decisión adoptada ayer por el TC, que no fijó una posición contundente sobre si el caso El Frontón ha prescrito o no.

Asimismo, indicó que el fallo del máximo organismo de control constitucional está desconociendo una decisión del 12 de octubre del año pasado tomada por el mismo organismo, que admitió a trámite la queja que había presentado el IDL.

Además, el constitucionalista calificó como “muy grave” que el colegiado señale que las sentencias estimatorias no son revisables, ya que “otra vez lo está tomando como una cuestión absoluta”. 

El también decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú aseveró que el TC “comienza a destejer criterios, interpretaciones que se habían considerado como orientadoras de la jurisprudencia y de todo el aparato jurisdiccional”.

Frente a esa situación, sostuvo que una salida es que los familiares de las víctimas acudan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pronuncien sobre esta materia.

Walter Alban: El protector de Lori Berenson


Especial | Viernes 22 de noviembre del 2013

Unidad de Investigación
El nuevo ministro del Interior, Walter Albán Peralta, arrastra el antecedente de haber defendido, en su calidad de ex defensor del pueblo, no al Perú, sino al terrorismo, pues exhibe la triste performance de haber Intervenido en la misma Corte Interamericana de Derechos de San José de Costa Rica, en defensa de la terrorista Lori Berenson, a consecuencia de lo cual la condena de 20 años aplicada por la justicia militar fue anulada y el Estado peruano pasó de juzgador a juzgado y de perseguidor a perseguido, porque fue condenado a pagarle a la Berenson una reparación de 30 mil dólares, sostuvo el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco, de las filas de Fuerza Popular que lidera Keiko Fujimori. "Por esta razón, considero que Albán debe renunciar e irse del cargo", dijo.
"Señalamos la clara contradicción que tiene (el ministro Albán), porque le recordamos al Perú justamente su intervención en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2004, su intervención fue el 29 de abril del año 2004 en el juicio a Lori Berenson. Esta protección a los terroristas se dio cuando él denunciaba que durante el gobierno del señor Alberto Fujimori se diseñó y consolidó un esquema normativo destinado a la persecución penal del fenómeno terrorista".

Sobre el comportamiento de Albán "hay un testimonio que prueba que testimonió contra el Perú, un ministro que señala en su momento sustentaba a la indebida ampliación de facultades de la Policía Nacional, que no quería que haya la Dircote, ¿cómo va a poder conducir si en su momento le quitaba piso y la señalaba como autora de delitos contra los terroristas?".

“¿Y sabe cuál fue la sentencia? Que a Lori Berenson se le perdonó la indemnización de cien mil soles al Estado Peruano, y encima el Estado Peruano fue obligado a indemnizarla con 30 mil dólares, a una terrorista altanera y desafiante, que puso de rodillas no solamente a este ministro, sino al Perú, porque el Perú tiene que levantar la voz justamente contra estas acciones de los terroristas”, dijo. Aguinaga explicó que la intervención de Albán en defensa de la terrorista Lori Berenson fue hecha ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, en la que compareció como testigo en el proceso de revisión de la sentencia de la procesada emerretista Lori Berenson, y cuyo testimonio fue determinante para que este tribunal procediera anularle la condena, aplicada por la justicia militar, de 20 años de prisión y también anular el pago de una reparación civil de 100 mil soles.   El Perú, destaca Aguinaga, por efecto de esta sentencia del tribunal internacional, fue también obligado a pagarle una indemnización de US$ 30 mil dólares a los padres de ella, por supuestas costas y gastos de los trámites judiciales.   Seguidamente, Aguinaga señala que Albán no solo se remitió a defender a la terrorista Lori Berenson, sino, lo que es más grave, es el responsable de haber formulado, a largo de su gestión de defensor del pueblo, el nuevo andamiaje de la legislación antiterrorista, que derogó y reemplazó a la dictada por el gobierno de Fujimori, y que históricamente es reconocida como la que derrotó al terrorismo en el Perú.   Albán, en efecto, es oportuno recordar, anidó en la Defensoría del Pueblo, por espacio de nueve años, desde que ingresó en julio de 1996 como primer adjunto del defensor del pueblo hasta 1999 en que fue reelegido en el cargo y seguidamente elegido el 29 de noviembre del 2000 como encargado de la defensoría, desempeñándose hasta el 29 de setiembre del 2005, en que fue relevado por el también encargado Eduardo Vega Luna. 

PRUEBAS AL CANTO En este lapso asumió la tarea de canalizar a través de su despacho defensorial una gruesa artillería de argumentos contra la citada legislación antiterrorista existente que había permitido la captura de la cúpula de Sendero Luminoso, compuesta por los cabecillas terroristas Abimael Guzmán Reinoso (“Camarada Gonzalo”), Osmán Morote Barrionuevo (“Remigio”), Óscar Ramírez Durand (“Feliciano”), entre otros, así como de la cúpula del MRTA integrada entre otros por Víctor Polay “Rolando”, Miguel Rincón Rincón, Alberto Gálvez Olaechea, Peter Cárdenas Schulte y Lucero Cumpa Miranda, entre otros.   Hay que recordar, también, que en el marco de dicha normatividad, las fuerzas policiales pudieron articular eficientes acciones de inteligencia policial y militar, que permitió no solo capturarlos, sino también debelar el secuestro de la residencia del embajador japonés, Morihisa Aoki, y el rescate exitoso de 71 rehenes en una de las operaciones de comandos o fuerzas de operaciones especiales más famosa de todos los tiempos, llamada “Chavín de Huántar”.

   ¿Cuáles fueron los argumentos de Walter Albán contra la legislación antiterrorista? Según es posible constatarlo de la exposición del propio Albán ante la CIDH, que es posible repasarla en los mismos archivos de la CIDH, sus argumentos se centraron en sostener que: “Durante el gobierno de Alberto Fujimori se diseñó y consolidó el esquema normativo destinado a la persecución penal del fenómeno terrorista, se otorgó protagonismo inconstitucional de la Justicia Militar” y que “la legislación antiterrorista no pudo ser sino la expresión de un régimen político autoritario”.   Para Albán, la legislación antiterrorista, por el supuesto de provenir de un gobierno autoritario, era inconstitucional. Pero no solo se quedó en ese argumento. 

También defendió su gestión centrada en que “(la tarea de la defensoría ha consistido en) cuestionar permanentemente la legislación antiterrorista”, y en ámbito procesal, sus intervenciones sustentaban “la indebida ampliación de facultades de la Policía Nacional”.   Para Aguinaga este cuestionamiento de Albán a la legislación contra las organizaciones sediciosas, que permitió facultades especiales a la Policía Nacional para perseguir y golpear a Sendero Luminoso y al MRTA, y que fue determinante para vencerlos, lo descalifica para ejercer el cargo de ministro del Interior, por lo que debería irse. “Me reafirmo, debe renunciar”, dijo.   

BENEFICIOS CARCELARIOS Su cuestionamiento se extendió al “ámbito penitenciario respecto a la rigidez, verticalidad y dureza del sistema, así como los limitados espacios concedidos al interno”, con lo cual es posible leer que su propósito era que los terroristas tuvieran libertad de organización y proselitismo dentro de los penales, so pretexto de los “derechos humanos” violados para esos asesinos.   

En resumen, advierte Aguinaga, conforme es posible verificarlo en la prensa de la época, Albán, en su calidad de defensor del pueblo, sea como interino o como titular, impulsó una política de flexibilizar las normas penales y penitenciarias a favor de los terroristas, a consecuencia de lo cual se derogó en parte el Decreto Ley 25475, conocida como la Ley Antiterrorista y fue reemplazado por el Decreto Legislativo 926 de fecha 19 de febrero del 2003, promulgada con las firmas del presidente Alejandro Toledo y su ministro de Justicia, Fausto Alvarado Dodero.

   Precisamente, al amparo de esta ley, Berenson y centenares de terroristas obtuvieron la nulidad de sus sentencias, nuevos fallos absolutorios, menores condenas, incluso excarcelaciones, y un sinnúmero de beneficios carcelarios que han determinado que muchos condenados obtengan sus libertades en el menor tiempo posible y volver a las andadas en Sendero Luminoso o en el MRTA, como lo han hecho algunos, o en las huestes narcoterroristas del llamado “camarada José” (Víctor Quispe Palomino) en los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).


Exdefensor confirma que participó en juicio que Berenson le hizo al Perú El recientemente designado ministro del Interior, Walter Albán confirmó su participación como testigo en el juicio que le hizo la terrorista Lori Berenson al Perú a inicios de la década pasada. Tras asumir oficialmente la cartera del Interior, Albán respondió a los cuestionamientos realizados por la bancada fujimorista, que descalificaron su designación por haber sido “testigo de favor” en dicho juicio contra el Estado peruano. “Es cierto que participé en ese juicio, pero la información que manejan los congresistas (fujimoristas) es equivocada. Lo que hicimos fue, desde la Defensoría del Pueblo, enviar un informe a la Corte Interamericana a pedido de la defensa del Estado Peruano”, señaló Albán consultado por LA RAZÓN. Cabe señalar que la congresista Martha Chávez denunció que Albán desprestigió en ese juicio la legislación antiterrorista aprobada por el gobierno de Alberto Fujimori, y que esto le valió a Berenson para pedir compensaciones económicas al Estado. “La señora Berenson denunció al país ante la Corte Interamericana y para defender su posición, el Estado le pidió su opinión al doctor (Valentín) Paniagua, al canciller (Javier) Pérez de Cuellar y a mí, Walter Albán como defensor del Pueblo”, sostuvo el nuevo ministro. Respecto a su futura gestión, adelantó que se centrará en el cumplimiento del aumento a los policías, que no se congelarán los ascensos a los grados de coronel y comandante.


Mulder: Su nombramiento constituye afrenta para PNP La designación de Walter Albán como ministro del Interior constituye una “afrenta” para la policía y empezará a generar desconfianza y preocupación en la lucha antisubversiva, advirtió ayer el parlamentario Mauricio Mulder, al comprobarse que fue testigo a favor de Lori Berenson en la CIDH durante el gobierno de Alejandro Toledo. 

“La Policía Nacional, que es la que captura a los terroristas, se siente ofendida por la acción de las ONG y de abogados de los terroristas, porque históricamente son ellos quienes los han sentado en el banquillo de los acusados, yo no sé cómo van a responder a órdenes de un ministro como Albán”, subrayó. Pero a la luz de lo que demuestran los documentos, la participación va más allá de lo normal. “Eso es muy grave. Ahí (en la documentación) se le ve muy proactivo tratando de influir en la Corte (IDH), y lo logró. A mí me parece que ahí existió una actuación completamente sesgada a favor del terrorismo”, puntualizó. Indicó que si bien es cierto que los jueces sin rostro han sido polémicos, no es menos cierto que existían circunstancias, igual que en otros países, que lo hacían válidos como se reconocía en Italia o España. Sin embargo, la documentación de la propia CIDH demuestra que Albán no fue el único representante del gobierno de Toledo que jugó a favor de los intereses de la emerretista Berenson. En el listado de testigos ofrecidos figura el nombre de Fausto Alvarado Dodero. El ex ministro de Justicia ligado a Fernando “Popy” Olivera impulsó el polémico Decreto Legislativo 927, aprobado en febrero del 2003, y con el cual cientos de sentenciados por terrorismo lograron recuperar la calle sin cumplir los años por los que fueron sentenciados, ya que consiguieron beneficios penitenciarios. 


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