PRONUNCIAMIENTO ADOGEN PNP
La Asociación de Oficiales Generales de la Policía Nacional del Perú, ADOGEN PNP, institución que representa la permanente vocación de servicio y compromiso de la alta oficialidad de la PNP con la Patria, considera importante pronunciarse nuevamente sobre los últimos acontecimientos que afectan la institucionalidad de la PNP y la seguridad ciudadana, tema más sensible de la agenda nacional.
Como es de público conocimiento, corresponde al gobierno constitucional garantizar, plenamente, un clima de seguridad que permita a los ciudadanos desempeñar sus actividades con toda normalidad, así como cautelar los bienes producto de su esfuerzo personal. De esta obligación fue plenamente consciente el presidente Ollanta Humala cuando al inaugurar su gobierno, asumió el mando del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
Pero a pesar de significativos esfuerzos del gobierno constitucional y, particularmente, del Ministerio del Interior, la ola de criminalidad y delincuencia que viene azotando la República desde hace años no ha sido frenada, y constituye todavía un factor de profunda perturbación de la vida ciudadana.
El que este fenómeno sea aún incontrolable no puede sino deberse a una estrategia equivocada. El entusiasmo y el carácter proactivo del despacho del Interior son necesarios en esta guerra contra la delincuencia y el crimen, pero no son suficientes. Y si a ello le añadimos la persistencia del régimen en mantener una política de desinterés por la moral y el bienestar del cuerpo policial, tenemos la mejor fórmula para el fracaso.
Para devolverle al país tranquilidad y seguridad, el gobierno necesita a la Policía Nacional. El desprestigio que hoy exhibe la PNP no es sino producto de una permanente injerencia política que impide que la meritocracia se imponga en su seno. No es un secreto que ciertos gobiernos de turno premian la corrupción y la incapacidad, y castigan el sacrificio, la dedicación profesional, y aún la excelencia de oficiales y subalternos de la PNP. La población asume que existe una ‘gran corrupción policial’, pero no es aún consciente que ella ha sido promovida por éstos gobiernos y su afán de favorecer a quienes como policías han dejado de servir a la sociedad peruana para servirlos a ellos en asuntos nada transparentes.
Se percibe a la PNP como una institución corrupta e incompetente, ignorando los extraordinarios logros de ésta como los que contribuyeron decisivamente a la pacificación del país. Esos logros tuvieron un alto costo en sangre y vidas para la policía peruana. Y no hace mucho poniendo en práctica nuevamente la inteligencia policial, una de las más reconocidas de América Latina, la PNP pudo poner al descubierto en Huanchaco uno de los más grandes cargamentos de cocaína en la historia del combate al narcotráfico. Estos dos hitos, y muchos otros desmienten el que nuestra institución sea corrupta e incompetente.
La ciudadanía debe saber que los corruptos e incompetentes que le dan una pésima imagen a la PNP, podrían ser separados legal y reglamentariamente si existiera real propósito del gobierno de desinfectar nuestro cuerpo policial. Las medidas de separación que se toman cada cierto tiempo tienen solo un propósito publicitario y no responden a una política coherente y sostenida. Son varios y sólidos los intereses que impiden la poda del mal elemento, algo que la inmensa mayoría de policías peruanos saludaría como una medida totalmente necesaria.
Cómo reclamarle eficiencia a la PNP si se la ha privado de autoridad e independencia a través de dispositivos constitucionales y legales impulsados por personas o instituciones que carecen de la información adecuada respecto del funcionamiento de la actividad policial. Al someter a la PNP a la autoridad del Ministerio Público, se le neutraliza, se impide que pueda emplear su iniciativa y su profesionalismo como en épocas anteriores cuando su desempeño fue reconocido internacionalmente.
Como reflexión, quizá el aspecto más preocupante es la penetración del crimen organizado en instituciones de seguridad y justicia y en la propia política. Allí están los últimos acontecimientos.
El artículo 166º de la Constitución establece que la PNP tiene como misión “garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantizar el cumplimiento de las leyes y seguridad del patrimonio público y privado. Prevenir, investigar y combatir la delincuencia”. La Constitución no establece que para cumplir dichas funciones deba requerir la autorización o la orden de otra autoridad. Esta privación de autoridad es la que ha ocasionado que el delito se haya desbocado y causado la inseguridad que actualmente vivimos. Entonces es necesario corregir con urgencia el error legal que nos está llevando a lo inmanejable.
Por otro lado, cómo pedir eficiencia a la PNP sin otorgarle los recursos tecnológicos modernos, recursos con los que cuenta incluso la criminalidad. Y en esto hay que señalar, sin tapujos, la nula coherencia de los políticos que por mero afán, igualmente publicitario, exhiben unidades policiales con tecnología de punta y, paralelamente, mantienen comisarias desprovistas de elementos indispensables como computadoras y aún esenciales útiles de oficina.
Cómo solicitar eficiencia a una institución conformada por ciudadanos de uniforme que son abiertamente discriminados en su esquema de servicio y en sus remuneraciones, en tanto otros sectores de la empleocracia, que no arriesgan diariamente la vida, ostentan ingresos muchos más altos y que no se justifican.
Cómo exigir eficiencia a quienes carecen de una elemental cobertura de salud para ellos y sus familiares. La situación de la sanidad policial ya roza una violación sistemática de los DDHH.
Y no queremos olvidarnos de señalar que carece de todo sentido que un gobierno nacional contribuya a incrementar el desprestigio de la Policía Nacional, carece de sentido al menos que el propósito sea reemplazarlo por una nueva institución hecha a la medida fines que son incompatibles con el orden democrático.
Toda gestión que ignore las acuciantes necesidades que aquejan al cuerpo policial no hará sino ahondar el problema, desarmar material, moral y sicológicamente al instrumento por antonomasia de combate a los enemigos internos de nuestra sociedad. Por ello esperamos que el Gobierno Nacional formule por fin una respuesta coherente al tema de la seguridad ciudadana. Esa respuesta para ser coherente no puede seguir eludiendo la reestructuración técnica, adecuada a las condiciones socioculturales que vive el país, y, asimismo, responda a la atención a los problemas remunerativos y de cobertura de salud de los policías peruanos.
Este pronunciamiento no pretende ser sino una gran reflexión sobre un tema que interesa por igual a todos los peruanos de bien: el destierro de actividades antisociales que son un freno a la marcha del desarrollo del Perú. Así debe entenderse. ADOGEN PNP no busca dividir y hacer crítica destructiva y emocional, sino todo lo contrario. Consecuentemente con nuestro arraigado compromiso con el Perú y nuestra experiencia forjada en el combate al delito y al crimen, solo buscamos aportar, sumar y hacer crítica constructiva en procura de seguir por la senda de un desarrollo con inclusión mediante instituciones sólidas de seguridad y justicia, con objetivos, políticas, estrategias y metas integrales en el corto, mediano y largo plazo con liderazgo político y capacidad de gestión para hacer realidad este proyecto.
Juan Hilmer Gonzales Sandoval
General PNP
Presidente de ADOGEN PNP
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