CABALLO DE TROYA CONTRA LA CAJA DE PENSIONES

GOBIERNO METE "CABALLO DE TROYA" CONTRA LA CAJA MILITAR PARA OBLIGARLA A RENUNCIAR A SU PATRIMONIO INMOBILIARIO

Víctor Alvarado

El gobierno del presidente Alan García, en su afán de imponer que la Caja de Pensiones Militar-Policial (CPMP) entregue en garantía su patrimonio inmobiliario a cambio de la entrega de una partida de 125 millones, ha nombrado como nuevo integrante del directorio de esta entidad a un funcionario del MEF que se encuentra incurso en un grave conflicto de intereses, porque es el mismo que meses antes, en representación del titular del MEF, Ismael Benavides, pretendió obligar a la caja a aceptar la citada imposición, sostuvo el mayor general FAP (r) Luis Egúsquiza Jiménez, vicepresidente de la CPMP.

“El funcionario nombrado este miércoles es Andrés Villena Petrocino, en representación del Ministro de Defensa, Jaime Thorne, y en reemplazo de la renunciante Rosa María Ortiz Origgi, y es el mismo que fue denunciado por el presidente de la CPMP, Tnte. Gral. FAP Dante Arévalo, de haberle solicitado, juntamente con Giancarlo Gesha, también del MEF, que ponga en fideicomiso el patrimonio institucional a cambio de una partida destinada a solucionar el pago de las pensiones de abril”, dijo.

Según Egúsquiza, el Gobierno pretende reeditar una versión del “caballo de Troya” para meter un funcionario incondicional suyo para desde el interior de la caja promover la renuncia. “Eso no lo vamos a permitir”, aclaró. “El Gobierno insiste en ejecutar el DU 013-2011-MEF que aprueba una partida de S/. 125 millones a cuenta de un monto mayor de 360 millones de soles que se encuentra ordenado en el presupuesto general del 2010, como parte de la deuda que tiene el Estado con la caja y que asciende a los 2.500 millones de soles, y pretender dárnosla en calidad de préstamo y encima a cambio de entregar nuestro patrimonio. Esto es ilegal porque se trata de un dinero que pertenece a los pensionistas”, acotó. Egúsquiza remarcó que los restantes seis integrantes del directorio se mantienen en sus puestos y han reafirmado su propósito de cumplir el mandato de la Ley 29362, que prohíbe al directorio dar en garantía los bienes de la caja, bajo responsabilidad civil, administrativa y penal.