viernes, 15 de abril de 2011

ADOGEN RECHAZA DU 013-2011 DICTADO CONTRA LA CPMP POR SER ILEGAL E INCONSTITUCIONAL

Resulta inadmisible que Gobierno pretenda convertirla de acreedora en deudora
VICTOR ALVARADO
La Asociación de Oficiales Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas (ADOGEN) calificó de ilegal e inconstitucional al reciente Decreto de Urgencia Nª 013-2011-EF que obliga a la Caja de Pensiones Militar y Policial (CPMP) a entregar en fideicomiso su patrimonio inmobiliario a cambio de una partida de 125 millones de soles.

“Mediante este decreto de urgencia se está revirtiendo sutilmente la condición de la Caja de acreedor del Estado a deudor”, expresa la Adogen en el Oficio Nª 487 P-ADOGEN del 13 de los corrientes, suscrita por su presidente, Vicealmirante Gustavo Barragán Schenone, y dirigida al Ministro de Defensa, Jaime Thorne.

La respuesta de la ADOGEN alude a que el Estado como acreedor le debe a la Caja aportes impagos por S/. 2,500 millones de soles, y ahora por este DU asumirá el papel inverso de deudor de 125 millones de soles. En este oficio, le recuerda al Ministro Thorne que el citado Decreto de Urgencia contraviene la Ley 29362 que declara la intangibilidad de los fondos y recursos del sistema previsional, y prohíbe que sean donados, embargados, rematados, dados en garantía, cedidos, afectados por medidas judiciales o administrativas o destinados para cualquier otro fin que no sea asegurar su rentabilidad en el tiempo, bajo responsabilidad civil, administrativa y penal.

En su parte, sustantiva le solicita al Ministro Thorne que eleve el pedido al Presidente Alan García, en su condición de Jefe Supremo de las FFAA, para que convoque a la Comisión Especial presidida por el titular de la PCM para que evalúe y proponga la implementación del Acta del 19 de diciembre del 2007, que prevé no comprometer el patrimonio de la Caja. Plantón De otro lado, la Asociación de Pensionistas de las FF AA y PNP convocó para este viernes a las 9.00 horas a un plantón frente a la sede de la CPMP (Jorge Basadre 950, San Isidro) en apoyo a la resuelta decisión de los integrantes del consejo directo de esta entidad, de ceñirse al mandato de la ley 29362 que les prohíbe dar en garantía el patrimonio inmobiliario de la institución, sin excepciones.


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