| GUERRA MEDIÁTICA CONTRA LA LEGITIMIDAD DE LAS PENSIONES DE LAS FFAA Y PNP | |||
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Está pendiente de resolver dos demandas de inconstitucionalidad presentadas por el Gobierno. La primera es contra la Ley 30683, que nivela las pensiones de militares y policías en retiro con los sueldos de los agentes en actividad, y argumenta que esta reactiva la llamada cédula viva.
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Es conocido que los medios manejados por el grupo "El Comercio" mantienen una línea antimilitar, que se alinea con el "Complot para destruir a las FFAA". Y es conocido también que las sentencias del poder judicial y sobre todo las del TC son celebradas como victorias del ejecutivo sobre la "obstrucción" del Congreso. Siendo este poder del estado objetivo de una satanización de parte de estos medios, al extremo de haber difundido una encuesta donde la mayoría (según estos medios) opina sobre la conveniencia del cierre del Parlamento, vale decir avalando un golpe de estado al estilo Fujimori-92 que irónicamente critican.
Sobre lo que nos conviene a nosotros, está prensa en forma sistemática viene satanizando la ley 30683, como preparando el camino para que el TC la anule y luego elevar a los miembros de este tribunal a la categoría de "héroes" que rescatan la legalidad sobre las leyes que el Congreso promulga. Para esta gente la idea es deslizar que la ley de pensiones no devuelve la justicia sino que la vulnera y es parte de la "obstrucción" achacada a este poder del estado. Por eso la peligrosidad de que las mentiras vertidas queden sin respuesta de parte de nosotros.
A mi entender, las asociaciones (y sobre todo Ascofa) debieran tener un fondo para desmentir (en el mismo medios o en otros) lo afirmado por estos periodistas (y no es la primera) y un pool de abogados que entablen querellas judiciales por las afirmaciones periodísticas que estos medios propalan. No creo que sea buena táctica callar, pues estamos observando que muchas sentencias del PJ y TC tienen como base la opinión interesada de estos medios.
No creo a los magistrados cuando afirman que sus sentencias son imparciales y que no tienen nada que ver con la situación política. Sí tienen que ver pues el poder político los elije y el poder mediático los sostiene. Si no vean a los magistrados del TC dar entrevistas a los medios afines y dar declaraciones a favor de lo que el gobierno piensa. Y también: sabemos que el poder ejecutivo les aumentó hace poco sus tremendos sueldos a más de 35 mil soles, aparte de otras gollorías. Ese es el peligro, las razones jurídicas nos avala pero los intereses políticos podrían hacer desviar estas razones. Estemos atentos.
Carlos Valencia
Sr. Martín Hidalgo Bustamante, de su artículo publicado en el diario El Comercio titulado "Riesgos de una elección clave", copio el punto 4 que considera Los pendientes a resolver por el Tribunal Constitucional, dentro de los cuales resalto lo referido a las pensiones de militares y policías, lo que indica Usted al respecto, es una total desinformación que desvirtúa la calidad de un diario que presume de serio y verás, ya que se está mintiendo y manipulando tendenciosamente, me refiero puntualmente al falso alegato de la nivelación de la pensión con los sueldos del personal en situación de actividad, ya que si por lo menos se entera de la Ley en cuestión, a más de los constitucionales derechos fundamentales de igualdad ante la ley, como de equivalencia en el término de comparación legítimo entre pensionistas donde se dio una discriminación de unos con respecto a otros, siendo dependientes de la misma ley, discriminación que es proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, lo que se enmendó con la Ley 30683 es la equivalencia de sus pensiones por la misma razón y el derecho entre estos pensionistas, y que debe ser cautelado por el Tribunal Constitucional ya que es su función la garantía de los derechos fundamentales, sin que interfieran conceptos ajenos a su función que pretenden hacer el perro muerto a una deuda social, por tal es infundada la falaz y desleal demanda del Ejecutivo, que lamentable y denigrantemente para el periodismo lo repite su diario sin la debida certificación que debe hacer un periodismo serio que cuente para el fin de informar y no desinformar con periodistas de investigación, pareciera que cumplieran con un mandato en el comercio infame de información falsa por interesada y manipuladora del cliente, que en el caso lo constituye el verdadero infractor de las leyes y la constitución que es el Ejecutivo.
Usted, como articulista del diario El Comercio en temas de Política, debe tener claro como comunicador social que debe difundir que la política no puede prescindir del conocimiento de nuestro ordenamiento jurídico, ni de la verdad al respecto, como que todo ciudadano que se respete no debe permitir por poderes que se consideran omnímodos la vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad e igualdad de trato ante la ley sin discriminación.
Para mayor ilustración y objetividad, estoy a su disposición para con los fundamentos legítimos del caso, aclarar lo constructivamente comentado, considerando que nos motive a ambos el sentido de ética y la verdad con transparencia sin soberbia alguna que lo impida.
Como se dará cuenta esta desinformación que hiciera El Comercio, fue difundida de tal modo que me llegó por la red, sin ser suscriptor de dicho diario desde hace algún tiempo, precisamente porque la recurrente desinformación me restó confianza en dicho medio de que debe ser de INFORMACIÓN, por lo que respondo en atención y eco a la justificada mortificación de conciudadanos dignos algunos que me hicieran llagar su artículo, a quienes copio y en mayor difusión, ya que seguramente igual se manifestarán en bien del auténtico periodismo que espero Usted pueda sumar al respecto y con mayor razón ya que es su trabajo que debe dignificar.
Atenta y cordialmente
Miguel Ángel Rossetti Altamirano
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