Lo que Ollanta se negó a escuchar en el dialogo sesgado
con las "fuerzas vivas"
redactor: Carlos Linares Huaringa
El presidente de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, Javier Arévalo Vela, hace un análisis sobre la dura situación que afrontan los pensionistas que han decidido judicializar sus casos, incluidos policías y militares o sus deudos. Asimismo, se pronuncia sobre la investigación a los jueces por presuntos casos de corrupción.
¿Cuál es la carga procesal de su sala y qué ha cambiado desde que la asumió?
Asumo esta sala en marzo de 2013 y encuentro 10 mil expedientes acumulados de personas de edades avanzadas que no tenían atención preferente. A fines de ese año resolvimos 5326 casos y el 2014 resolvimos 5589 casos. La carga para el 2015 ha bajado, pero a la par nos han ampliado la competencia a temas laborales. Los casos por indemnización por accidentes de trabajo y /o enfermedades profesionales demoraban 3 años, ahora solo 7 meses.
¿Cuánto demoran en resolverse estos casos, desde el inicio del proceso?
El promedio era de 5 a 7 años. Hubo uno que duró 18 años. En la Corte Suprema duraban 2 años, pero nosotros hemos logrado que ahora duren 3 meses, nunca pasa de los 6 meses.
Con esa cantidad de años, varias personas terminarán falleciendo antes de ver una solución
Estas personas son de edad avanzada y es cierto que muchas fallecían en el proceso. Hemos adoptado unos mecanismos interesantes, como son la atención personalizada, algo que nunca ha existido. Antes la gente pensaba que llegar a los jueces supremos era imposible.
¿Tiene un porcentaje de cuántos litigantes fallecieron en medio de su proceso?
A nivel de la Corte Suprema, el año pasado murieron más de 300 en el proceso, ya sea por edad o enfermedad. Esta persona inició su juicio hace muchos años y cuando está a punto de resolverse, fallece. Eso es lamentable y es un problema que el Estado debe resolver.
Esta situación contribuye a la poca aprobación del PJ
Sí, pero no es necesariamente culpa de esta institución. La persona cuando viene al Poder Judicial se olvida de quién le denegó su derecho y quién sigue apelando decisiones que en varias instancias le son favorables.
¿Quién es el principal responsable de esta situación?
Las pensiones son un derecho humano. Es lamentable decirlo, pero el Estado es el principal incumplidor de estos derechos. Esto preocupa porque contribuye a la sobrecarga procesal innecesariamente.
¿Cuál es la situación de los pensionistas y deudos de las FFAA y PNP?
Hay casos muy antiguos que datan de la década del 90, que fallecieron víctimas del terrorismo y aún no se resuelven. El Estado pretende no reconocerles algún derecho alegando que no fue en función de servicio, pero resulta que sí. Ni los uniformados ni sus deudos deberían estar sufriendo esta penuria judicial.
¿De los 10 mil casos anuales que ven, qué porcentaje corresponde a los de FF AA y PNP?
Un 15%, ya sea por pensión o viudez.
¿Qué otras medidas se deben adoptar para acelerar la resolución de estos casos?
Se debe reformular la política de cuestionamiento de las solicitudes que hacen los pensionistas, sea de la ONP o de las FFAA o PNP. Por qué los obligan a transitar por un proceso judicial innecesario, cuyo final ya todos sabemos. Este familiar, deudo o afectado para tener una resolución favorable, va a tener que esperar varios años.
¿Cuáles son las etapas que enfrenta un pensionista cuando judicializa su reclamo?
Primero debe agotar la vía administrativa en su institución: presentar su solicitud, correr los trámites, agotar la vía pública e interponer los recursos que correspondan. Segundo, poner una demanda ante un juez laboral, que tras el proceso contencioso administrativo deriva en una sentencia en primera instancia. Este fallo por lo general es apelado y sube a segunda instancia que es una Sala Laboral. Tras un nuevo fallo cabe un recurso de casación que viene a la Corte Suprema y ocurre lo que ya le conté, pero todo el tiempo que pasó para llegar suele ser mucho
¿Los casos de jueces vinculados a actos de corrupción minan la credibilidad del PJ?
Así es y por eso pediría que en esos casos se identifique a los malos jueces con nombre propio y no se diga ‘el Poder Judicial’, sino ‘el juez tal’. La prensa debe individualizar los casos.
¿También genera una mala impresión que los jueces digan que no van a declarar al Congreso por estos casos?
Sobre este punto voy a dar mi posición personal, no institucional, quiero que eso quede claro. Pienso que por nuestras sentencias no se puede ir a responder al Congreso, por la autonomía e independencia que tenemos; pero por los actos administrativos, de gestión, de manejo de recursos económicos, ningún juez puede esconderse en una supuesta autonomía o en una supuesta independencia. Todo juez es responsable de sus actos. La independencia es respecto a la actividad jurisdiccional.
¿Pero si el acto indebido ha motivado una sentencia?
El acto indebido es el nexo, no es derecho y por ese acto indebido debe responder el juez. Si un juez recibe una prebenda que condiciona su fallo, tendrá que responder, no hay ni autonomía, ni independencia.
¿Y la sentencia sigue siendo es válida?
Así es, porque para eso hay otros mecanismos como la apelación o la solicitud de nulidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario