PRESUNCION DE INOCENCIA

"CASO URRESTI"

Johnny Montalvo Falcón

La Constitución Política del Perú establece en su artículo 2°, numeral 24, literal e) que: “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.” 

Es decir, configura la “presunción de inocencia” como un Derecho Fundamental. Asimismo, establece como uno de los principios de la función jurisdiccional en su artículo 139°, numeral 10: “El principio de no ser penado sin proceso judicial”. Lo que significa que todo acusado de un delito tiene derecho a un debido proceso en el cual la carga de la prueba se revierte a la parte acusadora, por lo que ningún acusado por un delito debe “probar” que es inocente. Del mismo modo el Nuevo Código Procesal Penal (D.Leg. N° 957 del 29 de julio del 2004) en su Título Preliminar (Art. II) dispone que: “1. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada… 2. Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido”. Como se puede observar la legislación nacional es garantista y protege a los individuos al considerarlos “inocentes” mientras no se determine su culpabilidad mediante un debido proceso.

 

Cabe señalar que la presunción de inocencia es uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico de todo Estado Democrático de Derecho. Sólo existe responsabilidad penal del individuo cuando esté debidamente probada su culpabilidad. 

La ratio legis de la presunción de inocencia es otorgar las garantías necesarias a toda persona inocente de que no será condenada sin que existan pruebas suficientes que destruyan esa presunción. Una vez demostrada su culpabilidad durante un debido proceso se podrá justificar una sentencia condenatoria en su contra, momento a partir del cual el “supuesto inocente”, pasaría a la condición de “culpable de un delito.” Debe señalarse que este principio está reconocido internacionalmente por la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU que dispone que: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras que no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Del mismo modo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 14.2.: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.” Finalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 8°: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia  mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.”

 

Por todo lo mencionado hasta aquí, resultaría correcto lo que señala el novísimo Ministro del Interior, Daniel Urresti, de que se le debe presumir “inocente” en el proceso judicial donde es sindicado como presunto autor mediato de la muerte del periodista Hugo Bustíos, ocurrida el 24 de noviembre de 1988 en Ayacucho. La Sala Penal recién decidirá si se le abrirá un juicio oral o si la denuncia acusatoria será archivada. Por lo tanto, habría que esperar la decisión del poder judicial para que a través de un debido proceso se determine la culpabilidad del militar en retiro. Mientras tanto, es lo correcto, se le debería presumir inocente conforme al principio referido inicialmente. Asimismo, cabe mencionar que a partir de la difusión de esta noticia por Ideeleradio, el presidente Humala ha decidido respaldar al Ministro Urresti. Humala ha señalado ante los medios de prensa que conocía del proceso judicial antes de la juramentación de Urresti como Ministro del Interior y que sus abogados (como si fueran Jueces) le habían señalado que no existía “culpabilidad”. El Jefe de Estado ha remarcado que al Ministro del Interior le asiste el “derecho a la presunción de inocencia” en el proceso que afronta, y por lo tanto le ha renovado la confianza a pesar de que el Ministro tenga ese proceso judicial.

 

Hasta aquí todo estaría correcto en el plano estrictamente “legal”. Pero ¿qué deberíamos decir en el plano político? Los congresistas oficialistas y la “compatriota” Nadine Heredia señalan al unísono, cada vez que se les viene en gana, que la oposición siempre busca “poner cabes al Gobierno”. Los principales funcionarios del Humalismo, Ministros de Estado y hasta asesores de tercer nivel, siempre critican el papel que juegan los medios de prensa para resaltar sólo “lo negativo” de este Gobierno. Habría que preguntarnos frente al “Expediente Urresti” sí ¿acaso la oposición o los medios de prensa han tenido algo que ver con la designación de un militar en retiro que está acusado como autor mediato de la muerte de un periodista? ¿No es acaso el Presidente Ollanta Humala el que debería saber escoger mejor a sus Ministros? La culpa in eligendo del presidente es total. Sí conoció del proceso judicial del actual Ministro antes que juramentará como tal, debió haberle dado las gracias, despedirlo y elegir a otro con menos “anticuchos” para el cargo. El presidente Humala está demostrando una falta de sentido político total. Hablar de “presunción de inocencia” justo cuando sus cancerberos tratan de inhabilitar al expresidente García. Cuanta de inocencia política demuestra nuestro actual Gobernante! Y cuantas “armas” otorga a la oposición. Lo peor es que inocente o culpable, el actual Ministro del Interior ha perdido legitimidad y (como sucedió con Jimenez o Pedraza) su renuncia o desafuero tardará lo que la terquedad de la pareja presidencial soporte ante su evidente desprestigio ante la opinión pública.

Lima 03 de Julio de 2014

Demolición: Perfecta sincronización de las ONGs y la izquierda para tumbarse a Urresti

Por: Ítalo Oberto-Besso

Nadie pretende alzar banderas de la inocencia de Daniel Urresti, pero todo el entramado armado para hacer pública la investigación que se le sigue al ministro del Interior por la muerte de Hugo Bustios deja muchas sospechas sobre los promotores de la divulgación de la noticia.

Durante todo el año pasado, Urresti fue el alto comisionado para la minería informal y pese a los cuestionamientos y denuncias de excesos en su gestión, los promotores no dijeron una sola palabra sobre el caso. Lo consideraban quizás un personaje de menor nivel o desde su posición un golpe en su contra no significaba una amenaza para el Gobierno.

La supuesta participación de Urresti en la muerte de Bustios la conocían los denunciantes y se debe considerar que ellos mismos ejercieron de representantes legales de la familia. ¿Por qué no lo revelaron entonces? Ya lo habíamos anunciado antes, la salida de Walter Albán del Ejecutivo ponía fin a esa alianza tácita con las ONG y grupos de izquierda. Y precisamente, ahora apuntan justo a quien ocupa hoy el sillón dejado por Albán.

Un factor a considerar es que el tema estallara desde distintos flancos y casi en perfecta sincronización. Mientras que IDL soltaba la denuncia, Ronald Gamarra usaba el Twitter para dar los detalles de la acusación, en tanto que los medios afines rebotaban la información captada desde la única fuente diversificada. Como cierre, la viuda del fallecido reclamando justicia.

La reacción del Ejecutivo tardó en llegar. Hasta la tarde del jueves todo parecía indicar que se aplicaría la acostumbrada estrategia de Palacio, de dejar que sus ministros se defiendan solos, pero en esta oportunidad Humala salió para dejar en claro el necesario respaldo.

Hoy el ministro tendrá la oportunidad de defenderse en el Poder Judicial, pero antes de hacer eco de la denuncia de la ONG IDL sería bueno que la oposición mire bien el momento, la oportunidad y la organización aplicada en la revelación. Entonces, exijamos justicia, pero no nos sumemos a campañas de demolición cuyo único objetivo es demostrar que aún tienen fuerza para golpear al Gobierno.