El ministro del Interior Wilfredo Pedraza llegó a Palacio de Gobierno a eso de las 2:00 pm. del martes último con el estómago vacío y la tensión dibujada en el rostro.
Una vez frente al presidente Ollanta Humala fue directo al grano y le expresó sus deseos de renunciar al cargo.
Humala retrucó con un “ni hablar; tienes todo mi respaldo”.
El Mandatario le recordó que no se caracteriza por tomar decisiones por crisis mediáticas y le reiteró su confianza.
Pedraza, el cuarto ministro del Interior en lo que va de este Gobierno, insistió en que el problema de fondo de su sector era que, sencillamente, no podía trabajar junto al director de la Policía, el general Raúl Salazar.
El titular del Interior, según fuentes conocedoras de su perspectiva, considera que Salazar ha descabezado a la institución y retirado a los generales con más experticia por rivalidades personales.
Peor aún, las instrucciones ministeriales que Salazar dice acatar a pie juntillas no se cumplen y cuando Pedraza exige explicaciones éste culpa a sus subalternos.
Pedraza tenía una certeza al llegar a Palacio: era él o Salazar.
Humala lo calmó asegurando que, si bien Salazar no podía salir inmediatamente, lo haría más adelante.
No se dijo más.
El camino de retorno a su despacho en Córpac fue silencioso.
No podía decirse que había obtenido una victoria, pues de aquí en adelante cualquier cosa podía ocurrir en esa silla giratoria que es el Ministerio del Interior.
Y lo que es peor: debía convivir en paz con Salazar.
Recién entonces cayó en la cuenta de que no había probado bocado en todo el día.
Almorzó solo, a las 7:00 pm.
PUGNA SILENCIOSA
La pugna entre el ministro del Interior y el director de la Policía se produce en medio del caos que vive el sector sacudido por crímenes sangrientos y debates sobre la seguridad ciudadana.
Cuando Pedraza llegó a Córpac, en julio del 2012, le sorprendió que, en un año de gobierno, hayan cambiado a tres ministros del Interior y, sin embargo, Salazar permaneciera en su puesto incólume, superando escándalos como el de “Brujas de Cachiche”, revelado por IDL-Reporteros (CARETAS 2203).
Poco a poco fue comprendiendo lo que ocurría.
En diciembre pasado, Pedraza se dispuso a ejecutar los cambios de colocaciones en la Policía usuales a fin de año.
En la lista de quienes debían seguir ocupando cargos relevantes figuraban dos generales de gran ascendencia: Darío Hurtado y Carlos Morán.
Al primero tenía pensado nombrarlo Jefe Policial del Cusco y al segundo director de Operaciones. Así se lo hizo saber a Salazar.
Pero la mañana del 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo, ocurrió lo inesperado: Salazar recibió una llamada de Palacio. Algunos testigos le escucharon decir “Sí, mi coronel”, luego de lo cual salió disparado rumbo a la Casa de Pizarro.
Ese mismo día Pedraza supo que sus indicaciones habían quedado sin efecto: el general Hurtado pasaría al retiro, mientras que Morán sería confinado a la Dirección de Asuntos Internacionales, puesto que le corresponde a un comandante.
“Pedraza sintió que habían pasado por encima de él, que su opinión carecía de peso”, dijo una fuente cercana a su entorno.
Pero no fue la única vez que ocurriría algo semejante.
Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que el relevo masivo de 98 comisarios de Lima y de otros 400 de provincias, el viernes último, provino de una orden de Palacio a Salazar.
Las fuentes dijeron que si bien los cambios de personal son usuales en la institución estos deben producirse gradualmente.
La ejecución sorpresiva de esta medida, que ocurrió en un momento de crisis de seguridad, generó desconcierto en una institución con carencias presupuestales y sueldos magros.
Y dejó la sensación de un descabezamiento en la Policía.
La drástica medida es atribuida al asesor presidencial, coronel EP (r) Adrián Villafuerte, y calza con la particular impronta militar que el gobierno ha venido imponiendo en la PNP.
Como se recuerda, en octubre del 2011, el Ejecutivo pasó al retiro a 29 generales, más de la mitad de todos los que tiene la institución, bajo el argumento de que existía una sobrepoblación de generales y que se debía restablecer la “pirámide policial”.
Sin embargo, en diciembre pasado fueron ascendidos 23 generales.
“¿Cómo se puede justificar la poda de un número tan alto de generales para reducir la pirámide si luego se asciende a otros tantos?”, se pregunta el ex ministro del Interior, general PNP (r) Miguel Hidalgo.
“Lo peor es que se pasó al retiro a generales que tenían experiencia, capacidad y techo. Generales que serían muy valiosos en momentos de crisis. Aquí perdió la institución”.
POLICÍA MILITAR
“El tema es que no se busca reestructurar a la Policía, sino militarizarla”, sostiene el general PNP (r) Darío Hurtado.
Hurtado señala que la poda en la Policía fue precedida de una tanda de medidas inexplicables: se reorganizó territorialmente a la institución para que coincida con las regiones militares, concebidas históricamente en función a un enemigo externo.
Imitando al Ejército, la Policía cuenta ahora con 4 Regiones Policiales: Norte, con sede en Piura; Centro (Huancayo), Sur (Arequipa) y Oriente (Iquitos). Así, por ejemplo, La VII Dirección Territorial Lima ahora depende de Huancayo.
Del mismo modo, Salazar cambió el rótulo de “director general” al de “comandante general de la Policía” y ordenó a los generales de la PNP que usen bastones de mando de tropa, como los que llevan los generales de brigada y división del Ejército.
Salazar sostuvo que era una orden de Palacio y subrayó que cada general debía mandarse a hacer su bastón, cuando estos poseen sus propios distintivos como las varas de ley. Cada uno costó entre S/. 700 y 1,000 soles, según el tipo de madera.
“Es una locura”, se lamenta el ex ministro Hidalgo. “Si se adapta la organización militar a la Policía se armará el despelote, como de hecho ya está sucediendo. Esto no va a funcionar”.
Diversas fuentes coinciden en que Villafuerte ha perdido peso en sectores como el Ministerio de Defensa, pero –como se ve– ha ganado influencia en la Policía por su trato directo con Salazar.
Pero, ¿acaso descabezando a la PNP con podas y cambios masivos de personal se logrará contar con una institución profesional capaz de luchar eficientemente contra el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia?; ¿Esa es la solución? (Américo Zambrano)
Líderes Políticos y expertos piden la destitución del jefe de la Policía Raúl Salazar y del Ministrodel Interior; están en el cargo desde 2011, pese a que la crisis de seguridad han provocado tres cambios de ministros de interior de ministrosTres crímenes bastante sonados en Lima el viernes y sábado pasados, ponen otra vez los reflectores en el director de la Policía Nacional Raúl Salazar, cuestionado por ex Ministros, Policías en retiro y políticos debido que ha reaccionado con acciones espectaculares, presentando a supuestos responsables de asesinatos detenidos con vicios de procedimientos -como la falta de un fiscal- o presentando pruebas presuntas sin investigación que las respalde.
Aunque durante el gobierno del presidente Ollanta Humala ha habido tres crisis de seguridad que han costado el puesto a tres ministros de Interior, el general Salazar se sostiene en el cargo.
El miércoles 20, un grupo de asaltantes asesinó y robó a un comerciante en la sala de firmas de la notaría Paino, en el distrito de Surquillo (Lima), en la misma avenida donde se ubican dos sedes importantes de la Policía: la división antidrogas y la de criminalística. Un vídeo difundido en medios limeños demostró que no hubo ninguna persecución posterior al crimen, pese a que Salazar había dicho que policías fueron tras los ladrones pero los perdieron en medio del tráfico.
Este martes, Salazar, acompañado de policías con uniforme de comando y portando armas largas, presentaron al supuesto ‘campana’ del asalto en la notaría. Los familiares y el abogado del detenido alegan que le arrancaron un reconocimiento de culpa mediante golpes y aplicación de electricidad. La policía ha reconocido que durante la toma de manifestación y la captura –realizada en el centro de trabajo del individuo– no hubo presencia de fiscal.
Para más sospecha, durante la exhibición del detenido ante la prensa, los voceros policiales mostraron el pasamontañas y el croquis de la ubicación de la notaría que supuestamente todavía portaba el hombre en el bolsillo y que habría usado en el asalto, seis días antes.
El sábado 23, el fotógrafo del diario El Comercio, Luis Choy, fue asesinado a tiros en la puerta de su casa, cuando salía en su camioneta. El reportero llevaba dinero y su equipo fotográfico pero nada de esto interesaba a quien disparó. Esa misma noche, un policía también murió por disparos mientras cuidaba la entrada de un restaurante de pollo a la brasa en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. La muerte de Choy tuvo gran eco en todos los medios de comunicación de Lima.
El domingo, reunidos de emergencia, el fiscal de la Nación, y la ministra de Justicia, se sumaron al ministro del Interior, Wilfredo Pedraza; al primer ministro Juan Jiménez, y al general Salazar para anunciar que solicitarán la cadena perpetua para miembros del crimen organizado y que unificarían las bases de datos de registro de delitos, pues actualmente cada entidad pública involucrada tiene la propia.
“Hay una percepción de inseguridad enorme, pero en ningún caso estamos en una situación que ponga en grave riesgo la situación del país”, dijo este martes el titular de Interior, Wilfredo Pedraza, coincidiendo con el primer ministro, Juan Jiménez, y el propio presidente Humala, quienes criticaron que los medios mostraran el vídeo de la cámara de seguridad de la notaría en el momento del asesinato. Pedraza y Jiménez sostienen que la percepción no se corresponde con los índices de criminalidad, dado que no son los más altos de la región. Sin embargo, el ex viceministro del Interior, el sociólogo Carlos Basombrío, indica que la tasa de homicidio ha aumentado en Perú en casi el doble entre 2010 y 2011, según los últimos datos oficiales disponibles. Según Basombrío, el actual director general de la policía es “intocable” y sus ‘padrinos’ son la primera dama Nadine Heredia y el presidente Humala.
El general Salazar, quien carga el lastre de denuncias de conflicto de intereses y ocultamiento de información en operaciones policiales fracasadas, recibió instrucciones del Ejecutivo para cambiar la pésima imagen causada la semana pasada ante la falta de reacción luego del crimen de la notaría. Otra de sus respuestas ha sido presentar a un ciudadano dominicano como posible culpable del asesinato de Choy, pero ha sido liberado ya.
Por último, la noche del jueves, la policía se atribuyó la captura de los secuestradores de un bebé, sin embargo, la hermana de uno de los secuestradores, al enterarse del delito, fue quien ofreció devolver al bebé y convencer a los delincuentes de entregarse.
La congresista conservadora Lourdes Alcorta y los fujimoristas Juan José Díaz y Cecilia Chacón están entre las voces que exigen la salida del director de la policía. “Hay presión en la Dirección de Investigación Criminal para que haga un trabajo a patadas, mal hecho”, ha afirmado, el ex ministro del Interior y policía en retiro Remigio Hernani, en un noticiario de TV.
Los problemas de seguridad ciudadana afectan no solo a la capital peruana, sino a las principales ciudades del país, donde incluso hay sicarios menores de edad, como en Trujillo (costa norte) y Bagua (selva norte). Esta semana, la líder de la oposición, Keiko Fujimori, reapareció públicamente luego de meses en silencio. Aprovechó la ola para recordar que una de las promesas de campaña del candidato Humala, en 2011, fue responder a este problema, sin embargo, no la ha cumplido
Crisis policial ante la ola de crímenes en Perú
Aunque durante el gobierno del presidente Ollanta Humala ha habido tres crisis de seguridad que han costado el puesto a tres ministros de Interior, el general Salazar se sostiene en el cargo.
El miércoles 20, un grupo de asaltantes asesinó y robó a un comerciante en la sala de firmas de la notaría Paino, en el distrito de Surquillo (Lima), en la misma avenida donde se ubican dos sedes importantes de la Policía: la división antidrogas y la de criminalística. Un vídeo difundido en medios limeños demostró que no hubo ninguna persecución posterior al crimen, pese a que Salazar había dicho que policías fueron tras los ladrones pero los perdieron en medio del tráfico.
Este martes, Salazar, acompañado de policías con uniforme de comando y portando armas largas, presentaron al supuesto ‘campana’ del asalto en la notaría. Los familiares y el abogado del detenido alegan que le arrancaron un reconocimiento de culpa mediante golpes y aplicación de electricidad. La policía ha reconocido que durante la toma de manifestación y la captura –realizada en el centro de trabajo del individuo– no hubo presencia de fiscal.
Para más sospecha, durante la exhibición del detenido ante la prensa, los voceros policiales mostraron el pasamontañas y el croquis de la ubicación de la notaría que supuestamente todavía portaba el hombre en el bolsillo y que habría usado en el asalto, seis días antes.
El sábado 23, el fotógrafo del diario El Comercio, Luis Choy, fue asesinado a tiros en la puerta de su casa, cuando salía en su camioneta. El reportero llevaba dinero y su equipo fotográfico pero nada de esto interesaba a quien disparó. Esa misma noche, un policía también murió por disparos mientras cuidaba la entrada de un restaurante de pollo a la brasa en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. La muerte de Choy tuvo gran eco en todos los medios de comunicación de Lima.
El domingo, reunidos de emergencia, el fiscal de la Nación, y la ministra de Justicia, se sumaron al ministro del Interior, Wilfredo Pedraza; al primer ministro Juan Jiménez, y al general Salazar para anunciar que solicitarán la cadena perpetua para miembros del crimen organizado y que unificarían las bases de datos de registro de delitos, pues actualmente cada entidad pública involucrada tiene la propia.
“Hay una percepción de inseguridad enorme, pero en ningún caso estamos en una situación que ponga en grave riesgo la situación del país”, dijo este martes el titular de Interior, Wilfredo Pedraza, coincidiendo con el primer ministro, Juan Jiménez, y el propio presidente Humala, quienes criticaron que los medios mostraran el vídeo de la cámara de seguridad de la notaría en el momento del asesinato. Pedraza y Jiménez sostienen que la percepción no se corresponde con los índices de criminalidad, dado que no son los más altos de la región. Sin embargo, el ex viceministro del Interior, el sociólogo Carlos Basombrío, indica que la tasa de homicidio ha aumentado en Perú en casi el doble entre 2010 y 2011, según los últimos datos oficiales disponibles. Según Basombrío, el actual director general de la policía es “intocable” y sus ‘padrinos’ son la primera dama Nadine Heredia y el presidente Humala.
El general Salazar, quien carga el lastre de denuncias de conflicto de intereses y ocultamiento de información en operaciones policiales fracasadas, recibió instrucciones del Ejecutivo para cambiar la pésima imagen causada la semana pasada ante la falta de reacción luego del crimen de la notaría. Otra de sus respuestas ha sido presentar a un ciudadano dominicano como posible culpable del asesinato de Choy, pero ha sido liberado ya.
Por último, la noche del jueves, la policía se atribuyó la captura de los secuestradores de un bebé, sin embargo, la hermana de uno de los secuestradores, al enterarse del delito, fue quien ofreció devolver al bebé y convencer a los delincuentes de entregarse.
La congresista conservadora Lourdes Alcorta y los fujimoristas Juan José Díaz y Cecilia Chacón están entre las voces que exigen la salida del director de la policía. “Hay presión en la Dirección de Investigación Criminal para que haga un trabajo a patadas, mal hecho”, ha afirmado, el ex ministro del Interior y policía en retiro Remigio Hernani, en un noticiario de TV.
Los problemas de seguridad ciudadana afectan no solo a la capital peruana, sino a las principales ciudades del país, donde incluso hay sicarios menores de edad, como en Trujillo (costa norte) y Bagua (selva norte). Esta semana, la líder de la oposición, Keiko Fujimori, reapareció públicamente luego de meses en silencio. Aprovechó la ola para recordar que una de las promesas de campaña del candidato Humala, en 2011, fue responder a este problema, sin embargo, no la ha cumplido
Jacqueline Fowks
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