Como
consecuencia de la escasa asignación de recursos a la Defensa, tampoco debería
extrañarnos observar las dificultades crecientes de las escuelas de formación en
captar postulantes, pues las remuneraciones y pensiones militares
—aproximadamente 40% de las observadas en la región— se contraen año a año en
términos reales.
No solo las
remuneraciones militares son bajas, sino que el desorden administrativo alcanza
dimensiones. kafkianas: hay, por ejemplo, 36 conceptos remunerativos en las
boletas de pago de los militares (algunos de los cuales son pensionables, y
otros no).
Además, debido a que los haberes básicos de militares y policías están
regulados por una norma desactualizada (de julio de 1990), la remuneración
básica de un suboficial de tercera es de 3 céntimos de nuevo sol, y la de un
general de división alcanza los 7 céntimos de nuevo sol.
¿Qué podemos
esperar, asimismo, si desde hace años no se toma ninguna acción concreta para
financiar adecuadamente los aportes a la Caja de Pensiones Militar Policial
(CPMP)? La Caja administra las pensiones de los militares y policías egresados
de las escuelas de formación o asimilados desde 1974. Tiene alrededor de 147.000
aportantes (102.000 policías y 45.000 militares) y 39.000 pensionistas (22.000
de la Policía y 17.000 de las Fuerzas Armadas). Un cálculo conservador sugiere,
entonces, que cuando menos medio millón de personas están relacionadas directa o
indirectamente con ella.
La Caja nació muerta, pues estaba condenada a entrar en
insolvencia a medida que un suficiente número de aportantes fuese pasando al
retiro. Los responsables de su partida de defunción son todas las
administraciones que, desde entonces, no han corregido la referida tasa de
aporte.
A pesar de
que la pensión promedio de un militar retirado es de 1.300 soles, la Caja está
quebrada. Su insolvencia supera los 20.000 millones de soles y, como
consecuencia de su falta de liquidez, recibe una transferencia mensual del
Ministerio de Economía y Finanzas que hoy supera los 25 millones de nuevos
soles. Con este monto financia alrededor del 50% de sus obligaciones
corrientes.
La razón
fundamental que explica la precaria situación de la CPMP es estructural: su tasa
de aporte es inferior a la que se requiere para equilibrar el sistema. Al
momento de su creación, en 1974, el Estado peruano encargó un estudio al
actuario suizo Robert Myers, quien determinó una tasa de aporte igual al 27% de
las remuneraciones. Sin embargo, ignorando la recomendación técnica inicial, en
1979 esa tasa se fijó en 12%, sin que se haya modificado hasta la fecha. Así, la
Caja nació muerta, pues estaba condenada a entrar en insolvencia a medida que un
suficiente número de aportantes fuese pasando al retiro.
Los responsables de su partida de defunción son todas las
administraciones que, desde entonces, no han corregido la referida tasa de
aporte y el Estado por no aportar lo que le correspondia como
empleador.
Hay otras
razones menores,
aunque no desdeñables, que explican parcialmente la insolvencia de la CPMP: la
corrupción durante la segunda mitad de los noventa, que, si se analizan los
estados financieros y los documentos existentes, se advierte que bordeó los 250
millones de nuevos soles; y la torpeza del Estado, también durante los noventa,
de encargar a la Caja el pago de beneficios sin haber recibido aportes. Estos
adeudos ascienden hoy a poco más de mil millones de nuevos soles.
Las
características de la carrera militar —como su duración en comparación con la
civil, la esperanza de vida de la población militar en actividad y en retiro, y
la gradiente salarial en las Fuerzas Armadas—, vuelven ineficiente que militares
y civiles compartan el régimen previsional. Asimismo, debido a que la duración
de la carrera militar es incierta y a que las habilidades adquiridas en ella no
son, en general, de utilidad en el sector privado (pensemos, por ejemplo, en un
marinero de superficie o un artillero), un régimen de capitalización individual
como el de las AFP no es una manera eficiente de diseñar el sistema previsional
de los militares.
Es imposible
equilibrar la Caja sin aumentar la tasa de aporte. Un cálculo aproximado nos
indica que las siguientes medidas de política equilibrarían la Caja y
financiarían el déficit: un aumento de la tasa de aporte al 22%, el
establecimiento de una contribución solidaria permanente de los nuevos
pensionistas también igual al 22%, y la emisión de un bono público por alrededor
de 5.500 millones de soles. Esto supone que no se afectará retroactivamente las
obligaciones adquiridas, para lo cual serán necesarias disposiciones
transitorias para los pensionistas actuales. Asimismo, implica que las
remuneraciones netas no disminuirán en términos reales. El valor presente del
costo fiscal total de estas medidas es de alrededor de 9.000 millones de nuevos
soles.
Aumentar el presupuesto en defensa del 1,4% al 2% del PBI permitiría
financiar esta reforma en menos de cinco años. Ésta sería una solución
políticamente factible.
El devenir
histórico de las últimas décadas ha determinado que los peruanos hayamos
decidido implícitamente, de facto, que la defensa nacional tiene menor
importancia relativa dentro del presupuesto público que otras erogaciones. Las
marchas y contramarchas permanentes en el Ministerio de Defensa desde el año
2000 nos dicen que las administraciones anteriores solo han tenido en común la
ausencia de metas y objetivos claros y concretos.
Si el aumento
en el presupuesto del 2013 marca un cambio en la tendencia del último cuarto de
siglo, es una pregunta que los presupuestos de años sucesivos contestarán. Para
que los 370 millones de nuevos soles para la lucha contra el terrorismo sean
efectivos, necesitamos personal bien equipado y bien entrenado. Y las mejoras en
equipamiento y entrenamiento requieren un aumento permanente de los recursos
asignados a la defensa nacional.
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