EL CONGRESO NO DEBE ABDICAR SU FUNCION DE LEGISLAR SOBRE LOS SECTORES INTERIOR Y DEFENSA DELEGANDO FACULTADES A UN EJECUTIVO INEFICIENTE, ANTIMILITARISTA Y ANTIHISTORICO

Mucha polémica causó en los últimos días la intención del Ejecutivo de pedir que el Congreso le delegue facultades para legislar sobre Seguridad Ciudadana, Defensa Nacional y otras materias vinculadas. El viernes, no obstante, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, informó que el Gobierno había desistido de solicitar facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana.

En cambio, agregó, se había optado por enviar proyectos de ley al Parlamento sobre este tema, aunque, eso sí, se pedirán facultades para reorganizar y fortalecer los sectores Interior y Defensa. A raíz de estos hechos, la pregunta que ha quedado sobre la mesa es si el Congreso haría bien en delegar en el Ejecutivo poderes para legislar sobre temas tan importantes y sensibles.

Cuando se legisla, se encuentra en juego la libertad y la propiedad de todos. Si se trata de seguridad ciudadana, se discute, por ejemplo, a quién se puede detener en una investigación, quién va a la cárcel, en qué supuestos, bajo qué condiciones o qué métodos puede legítimamente usar el Gobierno para investigar a presuntos inocentes en su búsqueda de potenciales criminales.

Si se trata, por su parte, de la organización de los sectores Interior y Defensa, se pueden presentar estas mismas discusiones u otras igualmente complicadas. Por ejemplo, cómo el Gobierno puede gastar los tributos de todos los peruanos en compras de equipo y armamento que, por experiencia, suelen ser un imán para la corrupción. En estas circunstancias, la discusión sobre el contenido de las normas que regulen estos temas debería ser pública, transparente y reflexiva, incorporando, además, la mayor cantidad de puntos de vista de los potenciales grupos afectados.

Por estas razones, el Parlamento es el lugar más apto para este tipo de discusión. En él esta se realiza públicamente, siguiendo un procedimiento predeterminado, a la vista de la ciudadanía, y que requiere el examen y aprobación de comisiones y del pleno.

Todos los grupos parlamentarios que representan a distintos sectores del pueblo, asimismo, tienen la oportunidad de opinar.

Todo lo contrario sucede cuando se legisla desde el Ejecutivo. Ahí, el debate tiene todos los problemas de una discusión que se realiza a puertas cerradas: los ciudadanos no tienen cómo saber qué se discute; la prensa no puede fiscalizar el proceso y alertar sobre sus potenciales problemas antes de que el proyecto se convierta en ley; y los diversos grupos eventualmente afectados no tienen la oportunidad de decir: “Esta boca es mía”.

Es cierto, sin embargo, que a veces el Congreso no cuenta con la capacidad técnica para regular sobre ciertas materias (como quizá podría ser el caso de los sectores Interior y Defensa). Pero, en esos supuestos, los expertos del Ejecutivo pueden elaborar el proyecto de ley y presentarlo ante el Parlamento para su debate público, en vez de pedir un cheque en blanco que pueden llenar a su antojo con el detalle de las libertades ciudadanas que desean restringir. Y si el Congreso modifica su proyecto de manera inconveniente, el Gobierno siempre puede observar la norma.

Hay quienes, no obstante, sostienen que el problema es que el Ejecutivo no tiene cómo asegurar votos suficientes para aprobar sus proyectos de ley, por lo que la delegación de facultades es la mejor vía. Pero, si los congresistas no están dispuestos a aprobar sus propuestas, ¿por qué al Ejecutivo se le debería dar una vía para pasar sobre los representantes directos de la voluntad popular? Por otro lado, este argumento se muestra falaz cuando advertimos que el Ejecutivo sí puede conseguir apoyo para que le entreguen facultades legislativas y para que luego el Congreso no derogue su norma. ¿Por qué entonces no podría obtener apoyo para que apruebe un proyecto de ley que se debata públicamente?

La seguridad interna y externa, sin duda, es uno de los temas de mayor importancia en el Perú. Pero, justo por eso, no podemos cometer el error de olvidar lo que supone la delegación de facultades en el Ejecutivo: que una vez que la suerte ya está echada y su norma publicada, el Gobierno solo tiene una palabra para quienes nos quedamos del otro lado de las puertas: sorpresa

Entre la traición y el cumplimiento de una promesa a los Camaradas de Armas

En más de un evento público del candidato Ollanta Humala en reunión con miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional prometió el respeto a la Pensión Renovable y el incremento remunerativo a sus integrantes tanto en actividad como en retiro, de la cual es consiente que ésta tiene un atraso remunerativo de más de 22 años aproximadamente y sobre todo que la situación paupérrima que viven sus miembros es miserable por la naturaleza y exigencia de sus labores lo que los está llevando a la mendicidad y a una casi desestructuración moral.

En otros países como Chile, ya hubo discusiones de desaparecer la pensión renovable, discusión que la promueve el neoliberalismo rapaz a través justamente de sus gremios más conspicuos como la CONFIEP chilena entre otros, que en un acto de una desvergonzada ingratitud impulsaron esa posibilidad utilizando a sus mayordomos del ejecutivo particularmente en la persona de los sucesivos Ministros de Economía que viene haciendo los denodados esfuerzos en complicidad como siempre de algunos operadores mediáticos que creen que la fuerzas de seguridad son una carga para el Estado y obviamente para sus fines avarientos de acumulación de riqueza. Menos mal que en Chile ya se dieron cuenta de la necesidad de su Fuerza Armada y del costo que tendría este absurdo jurídico.

Al respecto es necesario mencionar que haciendo eco de esa propuesta las fuerzas de seguridad chilenas además de valorar el trabajo de 8 horas diarias que desarrollan sus efectivos, sumado a pagos por la permanencia adicional por razones de servicio que son del orden de seis a más veces por mes y que por ser nocturno se convierten en dobles; es decir; 12 a 14 días más, sumados los pagos por horas extras de permanencia obligatoria diariamente (el orden de cuatro horas diarias adicionales a sus 8 horas obligatorias), lo que equivale a 10 días, además de pago por permanecer los días feriados, el alto riesgo de exponerse a controlar la protesta social en casos como Conga, Moquegua, Andahuaylas, Bagua entre otros haciendo con ello que por cada mes de trabajo se le debe pagar el equivalente a 2.5 veces más el sueldo y si le sumamos el sueldo por vacaciones y fiestas patrias, más el pago doble por permanecer en las noches por inamovilidad, servicios de guardia, comisiones fuera de la localidad de su centro de trabajo, todo ello equivaldría a tener que pagar entre 30 a 34 sueldos anuales.

Esto los llevo a la conclusión que era necesario mantener un pensión decorosa entre 1900 y 5000 dólares USA por lo que pese a tener un sistema parecido a la Caja Pensión Militar Policial, donde el remunerado aporta a su fondo de jubilación 12 % del sueldo que percibe y un 15% lo aporta el Estado, pese a ello hace un desembolso adicional anual de 1,500 millones de dólares americanos.

El caso Chileno es un claro ejemplo para estos infelices neoliberales que debiendo generar riqueza para mantener un Estado de Bienestar, intentan promover la terca y traidora solicitud de facultades legislativas al Congreso de la Republica para legislar a espaldas de sus integrantes, en materia Remunerativa, Pensionaria y Reestructuración de su Fuerza Armada como si estas estarían frente a los tribunales populares en un Estado Revolucionario Comunista, en lugar de pensar primero que mantenerlas, es una cuestión de dignidad para sus ciudadanos y que por las circunstancias actuales que enfrentamos frente al diferendo marítimo con Chile además por ser la vergüenza internacional al convertirnos en complicidad por algunas presuntas autoridades de los gobiernos, en el primer país productor de clorhidrato de Cocaína camino que nos conducirá a ser un inviable Narco Estado, es razón mas que suficiente y superior para su supervivencia. Señor Presidente Nuestra Fuerza Armada espera mucho de Usted. Wilson Barrantes Mendoza General de Brigada

COMENTARIO:

Anónimo nos dice.... LO QUE SUCEDE EN LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y MILITARES ES QUE NO HAY SIQUIERA UNO EN ACTIVIDAD QUE TENGA EL VALOR DE PONER EN SU SITIO A ESTOS CAVIARES MINISTROS DE ESTADO, QUE QUIEREN DESTRUIR LA MORAL DE TODOS LOS COMBATIENTES QUE SE FAJARON POR SU PATRIA Y ASÍ ES COMO TE PAGAN ESTAS BASURAS, QUERIENDO DESAPARECER LA PENSIÓN RENOVABLE Y DESAPARECER LA CAJA DE PENSIÓN POLICIAL Y MILITAR, PARA DESPUÉS HACER EL NEGOCIADO Y LA CONCESIÓN DEL BANCO DE COMERCIO A SUS AMIGOS Y SACAR SU RESPECTIVA COIMISIÓN. NO ESPEREMOS QUE SAQUEN SU LEY A LA FUERZA, SERÍA UNA VERGÜENZA PARA TODOS LOS POLICÍAS Y MILITARES EN ACTIVIDAD Y RETIRO, ES TIEMPO DE QUE TODOS UNIDOS LUCHEMOS, POR LOS QUE MURIERON EN MANOS DE ESOS CRIMINALER TERRORISTAS Y POR TODOS LO QUE AÚN ESTAMOS VIVOS, POR NUESTRA FAMILIA. SI A MERCEDES ARAOZ LA BOTARON DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA POR QUERER HACER LO MISMO QUE INTENTA HACER ESTE ACTUAL MINISTRO DE ECONOMÍA CASTILLA, QUE ESTAMOS ESPERANDO. ALGO TIENE QUE PASAR ESO ES LO QUE ESPERO, LO QUE SE TENGA QUE HACER ES ANTES DE, NO DESPUÉS DE, SI NO ESTAMOS MUERTOS TODOS.

Javier nos dicer.... SI HOY NO PONEN EN SU SITIO A ESTE GOBIERNO ABUSIBO Y TRAIDOR,LAS FFF.AA Y FF.PP ESTAN DESTINADAS A VIVIR SIN DIGNIDAD Y EN LA MISERIA, EN ESTE PAÍS LLENO DE CAVIARES, MARICAS Y TRAIDORES, QUE SOLO BUACAN DESTRUIR LA MORAL DE TODOS LOS COMBATIENTES QUE LOS DERROTARON EL LA GUERRA INTERNA QUE HUBO EN EL PAÍS, TERRRORISTAS DISFRAZADOS DE CIVILES EN MUCHOS DE LOS MINISTERIOS DE ESTE GOBIERNO. LOS COMANDANTES GENERALES DE LAS FF.AA TIENEN QUE PONERLE UN PARALÉ DE UNA VEZ POR TODAS A LOS ABUSOS QUE COMETE EL MINISTRO DE DEFENSA Y ECONOMÍA. O VIVEN DE PIE O SE ARRODILLAN PARA SIEMPRE.