El Estado, las organizaciones políticas y la sociedad civil, mediante el Acuerdo Nacional, asumieron el compromiso de mantener una política de seguridad nacional que garantice la independencia, soberanía, integridad territorial y la salvaguarda de los intereses nacionales.
Consideran que esta es una tarea que involucra a la sociedad en su conjunto, a los organismos de conducción del Estado, en especial a las Fuerzas Armadas, en el marco de la Constitución y las leyes.
En tal sentido, se comprometieron a prevenir y afrontar cualquier amenaza externa o interna que ponga en peligro la paz social, la seguridad integral y el bienestar general.
Actualmente, el alistamiento de personal y el equipamiento de las Fuerzas Armadas atraviesa por uno de sus peores momentos en la historia republicana, pues se ha venido disminuyendo paulatinamente la asignación de fondos presupuestales, cayendo el promedio de la última década en 0,5% del PBI.
Este hecho, además de afectar moralmente al personal, ha mermado la capacidad para cumplir las tareas impuestas con una razonable probabilidad de éxito.
Programas como el denominado Núcleo Básico de Defensa, ascendente a 650 millones de dólares financiados con Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, ya ejecutado, si bien solucionaron algunos problemas, no han sido la respuesta requerida para un proceso de recuperación sólido y permanente como el que es necesario.
Se estima que dicho proceso demande una asignación presupuestal anual para el sector Defensa no menor al 2% del PBI para luego estabilizarlo en una franja entre el 2,2% y 2,5%, coincidente con el promedio regional y mundial.
Un factor fundamental para la estabilidad de los ciudadanos que integran las FFAA es que el Poder Judicial resuelva los juicios que por años soportan parte de sus miembros, como producto de su participación en defensa del Estado de derecho, una injustificable agresión hacia ellos y sus familias.
La solución a la reestructuración de remuneraciones y pensiones es larga. El gobierno ha designado varias comisiones sin resultados. El reciente anuncio hecho sobre el incremento parcial a una parte del personal, ascendente al 20%, es una medida menor frente a la magnitud del problema.
El tema de la Caja de Pensiones Militar-Policial se ha tornado inmanejable para el gobierno, como producto de indecisiones políticas y del incumplimiento del pago de obligaciones del Estado ascendente a más de 1.500 millones de soles, lo que evidencia falta de voluntad para hallar una solución integral.
Este contexto kafkiano se ha visto sorprendentemente agravado por el contenido del írrito decreto de urgencia 013-2011-MEF, en el que, increíblemente, se configura una arquitectura financiera que desconoce normas de carácter constitucional y legal. De aplicarse, llevarán a la caja a la quiebra y pérdida de su patrimonio y ello aumentará el caos entre los pensionistas actuales y futuros.
Los planes de gobierno de las dos organizaciones políticas que disputan la presidencia del país tratan en forma diferente el tema de seguridad y defensa nacional.
La agrupación Fuerza 2011 solo aborda la problemática en lo referente a seguridad ciudadana y capacidad operativa de la Policía Nacional.
De otro lado, Gana Perú plantea la reforma política del sector Defensa y una reforma que denomina militar, además de incluir “el concepto de seguridad a las amenazas o riesgos medioambientales, delincuencia internacional, narcotráfico, terrorismo y hasta la presión migratoria”.
De ahí la singular importancia que adquiere el que los candidatos expliquen con detalle sus planteamientos con relación a la recuperación y sostenimiento del alistamiento del personal y equipamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sus asignaciones presupuestales, así como los aspectos referidos al mantenimiento de su moral y la solución al tema de remuneraciones y pensiones, incluyendo la grave situación de la Caja de Pensiones Militar-Policial.
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