EDITORIAL
Dignificar remuneraciones de FF.AA.
Miércoles 10 de Noviembre del 2010
Por el bien del país y por la consideración que se debe a las Fuerzas Armadas y policiales, el Congreso y el Poder Ejecutivo tienen que encontrar una fórmula de consenso para mantener el presupuesto del sector Defensa y remunerar dignamente a los miembros de las instituciones tutelares de la defensa nacional y del orden interno.
Sería lamentable que, por una positiva aunque genérica meta de ahorro, se pretenda recortar más de 700 millones de soles a este sector en el proyecto de ley de presupuesto para el 2011, a lo que se suman las iniciativas de suprimir la pensión renovable, que con buen criterio es rechazada por una mayoría congresal, y la suspensión por dos años del ingreso de cadetes y alumnos a las escuelas de formación militar.
Voceros del Gobierno y del Ministerio de Economía y Finanzas se comprometieron a buscar una solución al problema que tiene ribetes discriminatorios y anticonstitucionales.
Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado un esquema que resulte adecuado para compatibilizar las exigencias de ahorro con las de mejorar los sueldos de los militares en actividad y mantener la pensión renovable.
De allí la conveniencia de atender y evaluar las recomendaciones de la comisión ad hoc de alto nivel que estudió el problema y sugirió aumentos graduales, lo que pasaba también por la reingeniería de la Caja Militar-Policial.
La coyuntura es especialmente delicada y acuciante, pues queda muy poco tiempo para aprobar el presupuesto general del próximo año, que debiera incluir las decisiones correspondientes, convenientemente evaluadas.
Lo que no se puede perder de vista es que los recortes propuestos restarían operatividad a las FF.AA., en diversos aspectos, y pondrían en riesgo las operaciones que lideran, por ejemplo, en la lucha contra el narcoterrorismo.
Además de ello, significarían un severo maltrato a los actuales miembros de los institutos armados y policiales –que, según la Carta Magna, tienen un trato especial– y desalentarían a los numerosos jóvenes con vocación de servir al país y defender su soberanía.
Se necesita con urgencia una salida decorosa. El Gobierno tiene que honrar su palabra y, junto con el Congreso, solucionar el problema estructural de las Fuerzas Armadas y policiales, y mejorar el nivel de vida de sus miembros con transparencia, equidad y fiscalización.
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