lunes, 31 de octubre de 2011

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FELIZ DÍA DE LA CANCIÓN CRIOLLA

Mindef corrige al MEF por excusas que demoran aumentos de FFAA

MINISTERIO DE ECONOMIA, CONTRADICE LA DECISIÓN POLÍTICA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DE INCREMENTAR LAS REMUNERACIONES Y PENSIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL
Castilla quería que Caja de Pensiones funcione como AFP
César Rojas
Luego de intercambiar información con los ministerios de Defensa y del Interior, el sector Economía presentó observaciones a la propuesta de reforma remunerativa y pensionaria para miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pero el despacho del ministro Daniel Mora dejó sin argumentos sus reparos, que solo contribuían a demorar aún más el cumplimiento de esta promesa.

LA RAZÓN tuvo acceso a la presentación completa que el Mindef realizó, como respuesta a esta posición del MEF. La primera diferencia era que se exigía acordar un monto exacto de todo el proceso –el gasto presupuestal en cuatro o cinco años fiscales-, cuando las cantidades totales diferían en un porcentaje del 15% en todo el proceso.

De acuerdo al proyecto de Presupuesto Fiscal 2012, se ha separado 1,147 millones de soles para la “Etapa I”, y los cálculos del Ministerio de Defensa incluso eran menores por dos millones y medio. Esto quiso bloquearse desde el sector Economía, bajo el argumento de que no iba a ser sostenible porque a lo largo de las cinco etapas había una diferencia de financiamiento de S/. 954 millones.

Esta observación supuestamente se basaba en la posibilidad de iniciar la reforma en mayo o en julio, y su sostenimiento, por lo cual el despacho de Mora respondió que “para la continuidad de la I Etapa se debe incrementar lo que corresponde de enero a abril en la II Etapa”.

Ignorancia del MEF
Pero donde se evidencia que el MEF no ha analizado técnicamente la propuesta de Defensa es en la observación número 2, respecto a que los descuentos previsionales para la Caja de Pensiones Militar-Policial –que serían de 27% al final de la reestructuración- no eran suficientes para los diversos servicios y beneficios del personal.

“El cálculo efectuado por el MEF, ha sido realizado bajo conceptos de los sistemas de capitalización individual, los cuales difieren sustancialmente del sistema de pensiones militar policial que es de capitalización colectiva. Asimismo, no ha considerado la contribución solidaria de los pensionistas (10%) que reduce la tasa de reemplazo”, contestó el Mindef.

También se le recuerda al sector dirigido por Luis Castilla que no todos los ingresantes y egresados de las escuelas de formación serán pensionistas, ya que se requiere un mínimo de 20 años de servicio activo; o sea, contribuyendo a los fondos pensionarios. Además, le recuerda que la diferencia en compensaciones por pases al retiro antes de ese plazo se capitaliza por el sistema.

Los asesores del general Mora les aclaran que “el régimen previsional para los nuevos ingresantes está equilibrado con suficiencia”, luego de demostrarles con cifras y porcentajes que no hay desequilibrio en el tesoro fiscal para iniciar la reforma prometida por el presidente Humala.

Propuestas provocan dudas en familia militar-policial
“Cédula viva” se aplicaría solo en teoría
Según el coronel FAP (r) Carlos Raygada, la propuesta presentada por el Ministerio de Defensa para la reestructuración remunerativa y de sostenibilidad financiera del sistema previsional de las FFAA y PNP, respeta en el texto los derechos adquiridos, pero en la práctica se haría una diferencia en los haberes.

“Analizando con detenimiento, se puede determinar que se estaría violando flagrante e intencionalmente los derechos adquiridos a la pensión de cédula viva, que significa una pensión idéntica a la remuneración de los del mismo grado o grado inmediato superior en actividad, según corresponda”, comunicó.

Enfatizó que el despacho dirigido por Daniel Mora señala como uno de los objetivos de la reestructuración, lograr que las remuneraciones de los activos sean mayores que las pensiones bajo el supuesto régimen renovable, que en su mayoría corresponde a los grados superiores de oficiales y subalternos, ya que se requieren veinte años de servicio para acceder a ésta.

“Se propone una contribución solidaria solo para los pensionistas, lo que constituiría en la proporción que fuere, una evidente y arbitraria confiscación, así como una violación flagrante a nuestros inalienables derechos”, agregó Raygada.

También manifestó que la escala remunerativa en base a méritos y responsabilidades a las que no todos los militares y policías tendrían acceso, no solo atentaría contra el efecto espejo, sino que también se distorsionaría la jerarquía y disciplina militar, y el valor de la antigüedad dentro de las instituciones castrenses.

sábado, 29 de octubre de 2011

CORONEL FAP CARLOS RAYGADA: PROPUESTA DEL MINDEF NO HACE MENCION A LA CEDULA VIVA, AL GRADO INMEDIATO SUPERIOR, AL 100% DE LA PENSION DE VIUDEZ, PENSIONISTAS PAGARAN CONTRIBUCION SOLIDARIA Y FONDO DE SALUD

LA PROPUESTA DEL MINDEF CONCULCA INCONSTITUCIONALMENTE NUESTROS IRRENUNCIABLES DERECHOS ADQUIRIDOS

LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL MINDEF PARA LA REESTRUCTURACION REMUNERATIVA Y DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA PREVISIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIA NACIONAL DEL PERÚ; SUPUESTAMENTE ESTARÍA GARANTIZANDO Y RESPETANDO EL ÍNTEGRO DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS QUE VENIMOS LUCHANDO.

SIN EMBARGO, ANALISANDO CON DETENIMIENTO DICHA PROPUESTA, SE PUEDE DETERMINAR QUE SE ESTARÍA VIOLANDO FLAGRANTE E INTENCIONALMENTE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS A LA PENSIÓN DE “CÉDULA VIVA”, QUE SIGNIFICA UNA PENSIÓN IDÉNTICA A LA REMUNERACIÓN DE LOS DEL MISMO GRADO O DEL GRADO INMEDIATO SUPERIOR DE LOS DE ACTIVIDAD, SEGÚN CORRESPONDA; Y, QUE CONSTITUYE, EN ESENCIA, EL INALIENABLE E IRRENUNCIABLE DERECHO ADQUIRIDO POR QUIENES ALCANZAMOS JUSTAMENTE LOS GRADOS MAS ALTOS; DADOS LOS SACRIFICADOS AÑOS DE SERVICIOS A LA NACIÓN COMO LAS CAUSALES DE RENOVACIÓN Y RETIRO, QUE SE NOS APLICÓ.

POR LAS SIGUIENTES RAZONES, A SABER:

EN LA PROPUESTA SE TRATA DIFERENCIADAMENTE REMUNERACIONES DE LAS PENSIONES Y EN TODOS LOS GRADOS DESDE TENIENTE GENERAL HASTA ALFÉREZ Y DE TÉCNICO SUPERVISOR HASTA SO3; COMO SI HUBIESEN ALFERECES, TENIENTES Y CAPITANES, SUBOFICIALES DE 3RA, 2DA Y 1RA, CON DERECHO A PERCIBIR PENSIONES “RENOVABLES”; LO QUE DISTORSIONARÍA LOS MONTOS TOTALES A UTILIZARSE EN DICHA REESTRUCTURACIÓN.

NO SE HACE MENCIÓN ALGUNA A LA “CÉDULA VIVA” O “EFECTO ESPEJO” NI AL GRADO INMEDIATO SUPERIOR NI AL 100% DE LA PENSIÓN PARA LAS VIUDAS; LO QUE CONSTITUYE EN ESENCIA ESE BIEN GANADO DERECHO Y OBTENIDO LEGÍTIMA Y CONSTITUCIONALMENTE PARA EL RESTO DE NUESTRAS VIDAS.

EN LA PROPIA EXPOSICIÓN, EL MINDEF, SIN NINGÚN PUDOR ALGUNO, SEÑALA COMO UNO DE LOS OBJETIVOS DE LA REESTRUCTURACIÓN, ES EL EVIDENTE DESPROPÓSITO DE LOGRAR QUE LAS REMUNERACIONES DE LOS ACTIVOS SEAN MAYORES QUE LAS PENSIONES DE QUIENES TENDRÍAMOS EL DERECHOS ADQUIRIDO A LA “CÉDULA VIVA”; QUE EN SU MAYORÍA, OSTENTAMOS COMO ES LÓGICO, LOS GRADOS DE GENERALES CORONELES Y COMANDANTES O, DE SUPERVISORES, INSPECTORES Y TÉCNICOS DE 1RA.

SE HABLA DE LOS PENSIONISTAS DEL MONTEPÍO COMO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL, INDISTINTAMENTE; CUANDO SERÍA BUENO RECONOCER QUE TODOS SOMOS ACREEDORES DEL ESTADO, NUESTRO OBLIGADO, QUIEN ES PARA AMBOS CASOS, EL EMPLEADOR Y EL ADMINSTRADOR DE NUESTRO FONDO PREVISIONAL.

SE PROPONE UNA “CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA” SOLO PARA LOS PENSIONISTAS; LO QUE CONSTITUIRÍA EN LA PROPORCIÓN QUE FUERE, UNA EVIDENTE Y ARBITRARIA CONFISCACIÓN ASÍ COMO UNA VIOLACIÓN FLAGRANTE A NUESTROS INALIENABLES DERECHOS.

SE PROPONE, QUE POR SOBRE LA “REMUNERACIÓN CONSOLIDADA MENSUAL” (RMC) LO QUE CONSTITUIRÍA, TAMBIÉN, LA BASE DE LAS PENSIONES; SE OTORGUE UNA “BONIFICACIÓN POR TRABAJO EFECTIVO” (BTE); “RIESGO DE VIDA” (RV); “ALTA RESPONSABILIDAD” (AR) Y/O POR “OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO” (OAA); EXPROFESAMENTE PARA QUE LOS ACTIVOS PERCIBAN UNA REMUNERACIÓN MAYOR QUE LA PENSIÓN DE QUIENES TENEMOS EL BIEN GANADO DERECHO A LA “CÉDULA VIVA”; LO QUE EN ESENCIA MATERIALIZARÍA O CONSUMARÍA LA VIOLACIÓN, CONCULCACIÓN O MENOSCABO DE NUESTROS INALIENABLES DERECHOS. OBJETIVO QUE PERSIGUIRÍA EL MINDEF Y EL ACTUAL GOBIERNO; AL IGUAL QUE EL GOBIERNO Y PARTIDO DE TOLEDO AL QUE PERTENECE DANIEL MORA ZEVALLOS.

SE ESTARÍA PROPONIENDO UN FONDO DE SEGURO O DE SALUD CON APORTES DE SOLO LOS PENSIONISTAS, QUE INCLUIRÍA A LOS DE LA “CÉDULA VIVA”; COMO SI NO HUBIÉSEMOS GANADO ESE BENEFICIO; CON LO QUE, TAMBIÉN, SE VIOLARÍA FLAGRANTEMENTE NUESTROS DERECHOS.

SE PROPONE UNA ESCALA REMUNERATIVA EN BASE A MÉRITOS Y RESPONSABILIDADES A LA QUE NO TENDRÍAMOS ACCESO COMO ES OBVIO, LOS PENSIONISTAS; CON LO QUE NO SOLO SE VIOLARÍA NUESTRO DERECHO A LA “CÉDULA VIVA” (EFECTO ESPEJO) BIEN GANADO; SI NO, TAMBIÉN, SE DISTORSIONARÍA LA JERAQUÍA Y DISCIPLINA MILITAR Y LA ANTIGÜEDAD DENTRO DE LAS PROPIAS INSTITUCIONES; DADO QUE LAS REMUNERACIONES VARIARÍAN Y ESTARÍAN “SUJETAS” A LOS SUBJETIVISMOS O ARBITRARIEDADES DEL JEFE O LOS MANDOS QUE CALIFICAN Y DISPONEN LOS CAMBIOS DE EMPLEO.

OJO, SE MANEJA SÓLO EL TÉRMINO DE PENSIÓN RENOVABLE QUE ES LO MISMO QUE ACTUALIZABLE SEGÚN LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA; MUY DIFERENTE AL CONCEPTO DE LA “CÉLULA VIVA” EQUIVALENTE AL “EFECTO ESPEJO”, QUE SE TRADUCE DEL EL ESPÍRITU MISMO DE LA LEY Y LA CONSTITUCIÓN CON LA QUE GANAMOS Y NOS HICIMOS ACREEDORES DE ESE INALIENABLE E IRRENUNCIABLE DERECHO COMO PARA NUESTRAS VIUDAS O FUTURAS VIUDAS. DERECHO QUE SE PRETENDE MENOSCABAR O CONCULCAR ARBITRARIA Y SUBREPTICIAMENTE.

EN CONCLUSIÓN, SI AL FINAL DE LAS 5 ETAPAS DE ESTA REESTRUCTURACIÓN REMUNERATIVA Y PREVISIONAL, EN UNOS TRES AÑOS MÁS; UN GENERAL EN ACTIVIDAD TENDRÍA UNA REMUNERACIÓN MAYOR EN UNOS 3,500 SOLES A LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE DEL MISMO GRADO; Y, UN TÉCNICO SUPERVISOR EN ACTIVIDAD UNA REMUNERACIÓN MAYOR EN UNOS 500 SOLES A LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE AL MISMO GRADO; ENTIÉNDASE CON “CEDULA VIVA” AMBOS; IMAGÍNENSE LA DIFERENCIA EN ALGUNOS AÑOS MÁS; LO QUE EVIDENCIARÍA EL DESPROPÓSITO DE CONSUMAR LA DESLEAL E INCONSTITUCIONAL CONCULCACIÓN DE ESE INALIENABLE E IRRENUNCIABLE DERECHO CON LA PROPUESTA DE DANIEL MORA ZEVALLOS.

CARLOS RAYGADA CÁCERES
CORONEL FAP
DNI 10306680

PROPUESTA DE RESTRUCTURACIÓN REMUNERATIVA Y DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA PREVISIONAL DE LAS FFAA Y PNP

COMANDOS "CHAVIN DE HUANTAR"

LOS ABOGADOS DE LA ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS (APRODEH) COBRA AL ESTADO PERUANO POR CADA JUICIO QUE CONDENA A MILITARES Y POLICIAS

Ong “Aprodeh” cobra costas por perseguir a uniformados
Insiste que algunos comandos participaron en “ejecuciones”


La persecución de años a militares y policías tiene un precio. Si bien la autodenominada Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) negó que cobren parte de las reparaciones que han conseguido los familiares de los terroristas que piden millonarias indemnizaciones al Estado peruano, admitió que por estos mismos casos ganados sí cobran los sueldos de sus abogados.

El secretario ejecutivo de Aprodeh, Francisco Soberón, se resguardó en el formalismo de señalar que son solo “costas” lo que perciben en las causas que impulsan y ganan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales son ampliamente conocidas en el Perú, tienen como objetivos a policías y militares.


“Si el resultado es favorable, te reconocen costas, si no, nada. Eso no es reparación, es costas, gastos, litigar es costoso, cuesta, entonces es eso lo que se reconoce, pero en ninguna de las seis sentencias que hemos obtenido en la Corte Interamericana existió un solo sol (como reparación)”, admitió en Canal N.

¿Y qué son las costas? Es el reembolso que tiene que realizar la parte vencida, en este caso el Estado peruano, a la parte demandante. Y que comprende, pues en el caso de Aprodeh, el sueldo nada franciscano de los abogados de este organismo, cuyo objetivo en estos momentos son los 140 comandos Chavín de Huántar, cuya causa demandan en la CIDH.


“Dentro de las costas, generalmente en los casos que hemos sido favorecidos con costas, no han cubierto todos los costos del proceso, que a veces duran años, sino algunos gastos, viajes, traslados, ese tipo de gastos”, detalló Soberón Garrido.

Juicio a comandos
Soberón señaló que se debería seguir un proceso civil en contra de militares del comando Chavín de Huántar que participó en el rescate de los rehenes de la Embajada de Japón en 1997, ya que aseguró que entre ellos se camuflaron quienes ejecutaron extrajudicialmente a los terroristas.

“Habría que determinar quiénes participaron en las ejecuciones, algunos de los autores materiales estarían dentro de los 140 comandos, pueden ser algunos, eso lo determinará el proceso”, aseguró.

Las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se han revelado poniendo en alerta al país fueron criticadas por Soberón, ya que recalcó que esto se debía mantener en secreto entre el Estado peruano y la CIDH.


“Es lamentable que un proceso que estaba en una fase reservada se haya hecho a la luz pública, no es que el caso sea reservado, en algún momento debe conocerse el caso y las recomendaciones, pero no ahora”, sostuvo.


Costas igual a honorarios
“Efectivamente, ahí están incluidos los sueldos de los abogados y otros gastos”, expresó el abogado penalista Mario Amoreti acerca de lo que reciben los integrantes de Aprodeh cada vez que el Estado peruano se allana ante las causas que impulsan en la corte.

Ex Jefes FAP y EP exigen no maltratar ni ofender a los comandos héroes

“En rescate no se cometieron ejecuciones extrajudiciales”, dicen
Carlos Linares Huaringa
Los ex comandantes generales de la Fuerza Aérea, Aurelio Crovetto, y del Ejército, José Graham, señalaron de manera enfática que los comandos Chavín de Huántar jamás cometieron ejecuciones extrajudiciales, por lo que rechazaron el maltrato a quienes deben ser considerados como “verdaderos héroes” y exigieron al gobierno rechazar de manera enfática todas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Crovetto indicó que durante la operación de rescate los comandos no incurrieron en ningún tipo de irregularidad, por lo que resulta inadmisible no solo la posibilidad de que sean nuevamente procesados sino también la sinuosa actitud mostrada por el gobierno para afrontar el tema.
“Ya se habló bastante de este tema y no se ha encontrado nada. Desde mi punto de vista, los comandos actuaron conforme a lo que corresponde en cuanto a la legalidad y regularidad del accionar de las Fuerzas Armadas. Ellos cumplieron con su labor de manera impecable y no les compete culpa alguna”, señaló.
A renglón seguido cuestionó que “se inventen miles de cosas con el objetivo de perjudicarlos. Pareciera que alguien le dice a los abogados: este es el objetivo (procesar a los comandos) así que busca cómo conseguirlo. Y es que solo de esa forma se entiende por qué se insiste tanto en este mismo tema. Lo que hay que averiguar es quiénes son esos interesados que están removiendo otra vez el caso”.
Respecto a la posibilidad de que la actitud del Ejecutivo –de no rechazar enfáticamente las recomendaciones de la CIDH en torno a la comisión de ejecuciones extrajudiciales- dé argumento a los familiares de los terroristas para reclamar ingentes indemnizaciones, señaló que “el Estado no tiene por qué facilitar esa posibilidad”.

“No tiene por qué allanarse a los requerimientos (de la CIDH), no tiene por qué aceptar algo que no ocurrió nunca (ejecuciones forzadas)”, refirió.
“Es un abuso”
Por su parte, Graham Ayllón dijo que “pongo las manos al fuego por los comandos” y criticó el interés subalterno existente en la recomendación de la CIDH para procesarlos nuevamente, esta vez en el fuero civil.

El ex alto mando militar refirió que “se trata de un nuevo abuso de dicho organismo supranacional”
“Es un abuso más de parte del Comité Interamericano de Derechos Humanos, pero lo que más indigna, lo que más molesta, es la aceptación de nuestras autoridades a este tipo de chantaje”, señaló.
Se preguntó “qué es lo que quieren, cómo pueden chantajear” en la CIDH y “por qué tenemos que cumplir lo que nos dice este tipo de organización”.
“Espero que el Gobierno no acepte (la recomendación) y ahora menos que nunca, debe rechazarlo de manera enfática. Nuestro presidente es un oficial del Ejército y por lo tanto debe defender y no ofender a los comandos”, indicó, al tiempo de rechazar la posibilidad de que los deudos de los terroristas exijan indemnizaciones al Estado.

Cipriani: “Abuso contra héroes me subleva la peruanidad”
Exige al gobierno definir posición frente a caviares
El cardenal Juan Luis Cipriani demandó que el Poder Ejecutivo defina claramente qué hará respecto a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se juzgue por segunda vez a los militares que liberaron a los rehenes del MRTA en la residencia del embajador de Japón en 1997, por supuestas ejecuciones extrajudiciales.

“El país quiere ser libre (...) que no hayan agendas particulares sino una sola, un Perú más justo, más honesto, fraterno y solidario”, dijo en su programa de RPP, recordando que en ese entonces todo el país se solidarizó con los prisioneros de los terroristas y con los héroes uniformados que acabaron con el terror.
En ese sentido, manifestó que, como peruano siente ganas de rebelarse cuando nuevamente se juzga el rol que tuvieron los comandos Chavín de Huántar durante el operativo de rescate.

“Cuando yo recuerdo con emoción y agradecimiento la valentía de los hombres que rescataron a los rehenes y empiezo a escuchar toda una serie de explicaciones que ‘sí pero no’ y ‘no pero sí’ te subleva la peruanidad, porque además de cardenal soy peruano. Y además de peruano viví junto a esos hombres rehenes que sufrieron esa situación tan dolorosa. Cómo no te va a sublevar”, comentó.

“¿Quiénes están por ahí moviendo el piso? ¿Quiénes hacen el temblor? Porque algo se mueve. Hay que ser y parecer más veraces”, sostuvo el cardenal, en aparente alusión a la izquierda caviar infiltrada en el Ministerio de Justicia y que también actúa por medio de ONGs conocidas por denunciar al Estado.

Inadmisible dictamen de la CIDH
Escribe: ALFREDO PALACIOS DONGO
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado un informe al Gobierno peruano sobre la intervención militar, en abril de 1997, del Comando Chavín de Huántar a la Embajada del Japón para el rescate de rehenes de manos del grupo terrorista MRTA. Aunque dicho documento es reservado y ha sido entregado directamente al Ministerio de Justicia, se ha hecho de conocimiento público que esta Comisión demanda procesar nuevamente en el fuero civil a todos los integrantes del comando por la supuesta ejecución extrajudicial de 3 terroristas.


Han pasado casi 15 años desde que el 17 de diciembre de 1996, 14 terroristas del MRTA tomaron como rehenes a 72 personas a quienes retuvieron por 4 meses tratándolos con la más absoluta crueldad, sin piedad, y con verdadero sadismo y salvajismo, violando flagrantemente sus derechos humanos. Durante la operación de rescate, el 22 de abril de 1997, murió un rehén, dos héroes del Ejército (Coronel Valer y Capitán Jiménez) y los 14 terroristas.


Posteriormente, en el año 2002 se inició un proceso judicial contra algunos de los comandos. En el 2003 la Corte Suprema, a través de una contienda de competencia, dispuso que sean juzgados en el fuero militar, en el que fueron absueltos, sin embargo, ahora la CIDH pide que todos los comandos sean juzgados por el fuero civil, además de repararse material y moralmente a los familiares de los terroristas muertos.


A pesar que el viceministro de Justicia, Juan Jiménez, ha manifestado que el 15 de agosto pasado el Perú emitió un documento a la CIDH donde indica que no reconoce de alguna violación a los derechos fundamentales, y que además son solo 4 las personas procesadas y no incluye ningún comando, sin embargo, el ministro Francisco Eguiguren ha advertido –como un enigma– que en aquellos casos donde existan violaciones de derechos humanos, y donde el Estado moralmente tenga que reconocer, lo hará; asimismo con la prórroga de 90 días que ha solicitado –como decisión política– estaría abriendo la posibilidad de acatar estas inauditas recomendaciones.


En este panorama, todos los peruanos debemos recordar dicho operativo como una de las más impecables operaciones militares, exitosa, bien planificada y donde el objetivo fue cumplido al rescatarse a los rehenes, la cual obtuvo atención mediática en todo el mundo, y además ha sido analizada en diferentes escuelas superiores internacionales militares y de inteligencia. Bajo ningún motivo el gobierno peruano debería someterse a este dictamen de la CIJH y debe rechazar de plano todas sus recomendaciones. En tal caso, esta Comisión puede someterlo a la jurisdicción de la Corte Interamericana (Corte-IDH), instancia que jamás ha procesado un caso de operación militar, y en la cual le corresponderá al Estado no permitir la realización de un nuevo juicio a nuestros valerosos comandos.

EL PODER JUDICIAL EN ALIANZA ESTRATEGICA-IDEOLOGICA CON EL ORGANISMO DE FACHADA SENDERISTA DE APRODEH ENJUICIARAN A LOS HEROICOS COMANDOS DE "CHAVIN DE HUANTAR" POR EL DELITO DE HABER DERROTADO AL TERRORISMO
LIMA - En abril de 1997, un grupo de 140 militares ingresaron a la residencia del embajador japonés para rescatar a 72 personas que permanecieron cautivas luego de que una columna subversiva del MRTA los mantuviera secuestrados durante cuatro meses.
Sin embargo, los actores de esta operación, que en algún momento fueron reconocidos como "héroes", pueden enfrentar un amargo episodio en sus vidas si se concreta la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dichos militares sean nuevamente procesados, pero esta vez en el fuero civil.

A pesar de que el tema se ha manejado bajo estricta confidencialidad en el seno del Ministerio de Justicia, Correo pudo conocer, a través de una sólida fuente de dicho sector, que en junio último la CIDH notificó al Estado peruano el informe de fondo sobre la demanda que planteó la ONG Aprodeh en contra de los comandos.

AL BANQUILLO. En dicho informe, clasificado por la propia CIDH como "reservado", se establece que "Chavín de Huántar es una operación en la que se ejecutó extrajudicialmente a los terroristas. Concretamente a tres terroristas".

Según la CIDH, "al ser una ejecución extrajudicial, los comandos deberían ser juzgados en el fuero común". Por tanto, en sus recomendaciones planteó que se indemnice íntegramente a los familiares de los terroristas y sancionar a los responsables en un proceso ordinario, es decir, a los comandos.

Con el ingreso del nuevo gobierno, Francisco Eguiguren asume la titularidad del Ministerio de Justicia (Minjus) y toma conocimiento del caso. Cuando el plazo de tres meses que otorga la CIDH venció en agosto, Eguiguren ordenó que se solicite la ampliación por un mes.

Para entonces -según nuestra fuente-, la respuesta a la CIDH ya había sido elaborada en conjunto por el Minjus, el Ministerio de Defensa y el Poder Judicial. Se rechazaría el informe de fondo de la CIDH y se pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mes de setiembre.

La estrategia aludía a que el Tribunal Militar en el 2004 es el que realizó el juicio para los comandos, luego de que la Corte Suprema determinara -en contienda de competencia- que "eso era una operación militar".

TODOS. "Sin embargo, la CIDH dice que no, que esa contienda de competencia es fraudulenta, porque al ser una ejecución extrajudicial es lesa humanidad, es decir asesinato, y por lo tanto no sólo se debe procesar a los cinco que ahora están procesados sino a todos los comandos", explicó la fuente.

Para sustentar la estrategia del Estado, se destacó que en el enfrentamiento armado murieron dos comandos, un rehén, 16 rehenes y 25 comandos resultaron heridos, además de otros uniformados que terminaron discapacitados de por vida.

Otro argumento se basaba en que las armas que utilizaron los comandos se caracterizaba por ser de menor alcance que las del grupo emerretista.

Además, el grupo terrorista tenía "secuestrados", era un grupo militarizado porque contaba con un comandante, con identificación, con banderas, y sobre todo con una estructura militar que respondía a objetivos. "En consecuencia, tenía paridad o igualdad de situaciones", anotó la fuente.

El objetivo era defender la contienda de competencia porque la dicta la Corte Suprema en el 2004 y en ese caso nadie podía decir que dicha instancia estaba "presionada".

¿SE ALLANAN? El pasado 12 de octubre venció la prórroga "excepcional" solicitada en setiembre, donde se argumentó el cambio de gobierno. Sin embargo, según afirmó nuestra fuente, el Minjus ha solicitado una nueva prórroga por tres meses más.

Efectivamente, el departamento de prensa del Minjus confirmó a Correo que se ha solicitado esta segunda prórroga "para que puedan analizar el tema". "En otras palabras lo hemos paseado", nos dijeron, negando con ello que se haya admitido las recomendaciones de la CIDH.

Sin embargo, según lo que nos refiere la fuente, "cuando se pide ampliación de plazo es porque se va a cumplir con las recomendaciones", nos comentó remitiéndose al reglamento de la CIDH.

Y es que según el artículo 46, referido a la "suspensión del plazo para el sometimiento del caso a la Corte", la Comisión considera que la solicitud de suspensión se otorgará cuando: "a. El Estado haya demostrado su voluntad de implementar las recomendaciones contenidas en el informe sobre el fondo, mediante la adopción de acciones concretas e idóneas orientadas a su cumplimiento".

Es decir, que al pedir la prórroga, el Minjus estaría evaluando someterse a las recomendaciones de la CIDH, que indica que los comandos deberían ser procesados una vez más en el fuero civil.

La pregunta es, ¿habrá coordinado el ministro Eguiguren este nuevo pedido con el Ministerio de Defensa o con el Poder Judicial, o sus asesores le habrán dicho que pedir el plazo es allanarse a las recomendaciones? El ministro Eguiguren tiene la palabra.

SORPRENDIDOS. Sin embargo, quien sí se mostró sorprendido con este tema fue el abogado del general EP José Williams Zapata, quien comandó la operación Chavín de Huántar, Mario Amoretti.

"Es lamentable porque la situación quedó aclarada y se ha demostrado que en estos momentos están siendo procesados los verdaderos responsables, Huamán Azcurra, Jesús Zamudio, Montesinos y Hermoza", dijo Amoretti.

"Los comandos -prosiguió- nunca han conocido este informe de la CIDH. Nunca nos llamaron. No es posible que los terroristas tengan mejor defensa por el Estado peruano que los propios militares", concluyó

Ministro de Defensa saluda aclaración del PJ sobre caso Chavín de Huántar
Lima, oct. 27 (ANDINA). El ministro de Defensa, Daniel Mora, saludó hoy la aclaración del Poder Judicial (PJ) respecto a que ningún comando militar que participó en la operación "Chavín de Huántar" está siendo procesado, y subrayó que esa es la posición del Estado Peruano.
“Esto es sumamente importante, porque pone los puntos sobre las íes y separa la paja del trigo”, señaló.
El presidente del PJ, César San Martín, informó esta semana que sólo son cuatro las personas procesadas en el caso Chavín de Huántar, entre ellas Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermoza Ríos.
Mora Zevallos discrepó con una eventual recomendación de la justicia interamericana para que se reabra el caso contra los comandos que intervinieron en el operativo, el cual –dijo– fue derivado, por una acción de contienda de competencia, a la jurisdicción militar, donde fueron absueltos.
Asimismo expresó su reconocimiento a la operación militar de rescate de rehenes que hizo el comando militar en abril de 1997, y advirtió que algunas personas se han querido apropiar de su diseño, cuando éste fue un esfuerzo esencialmente castrense.
“Se distorsionó porque se hizo aparecer a determinadas personas como si fueran las creadoras de ese operativo, cuando fue un planteamiento típicamente militar, entre el Ejército y la Marina, (…) de las cosas exitosas se empieza a colgar todo el mundo”, añadió.
Aclaró que los militares de ninguna manera piden o apuestan por la impunidad de los excesos que pudieran haber cometido algunos elementos en el proceso de la lucha contra la subversión.
Subrayó que las Fuerzas Armadas son conscientes del importante papel que desempeñaron para defender al país del terrorismo.
Abogó, en declaraciones a TVPerú, para que también se reconozca a las víctimas que esa lucha dejó entre los efectivos de las Fuerzas Armadas y los ronderos, que defendieron con sus vidas al régimen democrático.

Mora: "Que ONGs de DD.HH. vayan al VRAE"
LIMA - El ministro de Defensa, Daniel Mora, emitió ayer un comentario sarcástico contra las ONG de derechos humanos y les pidió que se enrolen en las Fuerzas Armadas y patrullen la zona del Valle del río Apurímac y Ene (VRAE) "para que vean cómo viven los campesinos en el campo".
"Que los señores de derechos humanos se pongan su uniforme, nosotros les damos su rancho y los vamos a proteger para que caminen con nuestros soldados y vean que son gente de pueblo como cualquier otra", señaló.
Luego de precisar que los integrantes de ONGs no sirven en los ejércitos, expresó su deseo de "verlos como jefes de patrulla".
"Próximamente haremos un llamamiento al servicio militar y creo que sería interesante ver que WOLA o Aprodeh respondan y vayan como patrulla para ver cómo están viviendo los campesinos en el campo", les pidió a través de Canal 7.
Mora reaccionó así luego del debate generado por la intención del Ministerio de Justicia de allanarse a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se procese en el fuero civil a los 140 comandos del Operativo Chavín de Huántar a partir de una denuncia de Aprodeh.
Al respecto, Mora saludó la aclaración del Poder Judicial en relación a que ningún comando militar que participó en el operativo está siendo procesado y subrayó que esa es la posición del Estado peruano.
También manifestó su rechazo a una eventual reapertura de las investigaciones contra los comandos Chavín de Huántar.
SOMOS HUMANOS. Sobre esta polémica también se pronunció el coronel EP (r) Hugo Robles, jefe del Grupo Delta del operativo Chavín de Huántar. "Ojalá que no se dé eso de allanarnos. Nos ven a nosotros como si no tuviéramos piedad", reclamó.
Agregó luego de que detrás de cada uno de los comandos hay un ser humano. "Nos sale sangre cuando nos cortamos y no somos marcianos y se trata de rescatar vidas humanas, no solamente hay agresividad en el combate", dijo.
En la misma línea, el viceministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, anunció ayer que el Perú "no se allanará" ni aceptará el procesamiento de los comandos.
¿Hay otros encarguitos?
La lideresa de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, dijo ayer que "con la presencia del ministro de Justicia en la CIDH, esperamos que exponga la posición firme del Estado en defensa de nuestros comandos". "Qué otros encarguitos, y de quiénes, habrá recibido para este viaje el ministro de Justicia?", se preguntó en el Twitter

FFAA Y PNP CON NUEVA ESCALA REMUNERATIVA

Proyecto de sectores Defensa e Interior incluye cambios en régimen pensionario.

Hasta que por fin se hará justicia. Fuentes de credibilidad señalaron a EXPRESO que la larga espera por una nueva escala remunerativa y de pensiones para las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional del Perú (PNP) ya no será más una promesa por cumplir. El pool de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se habría allanado a la propuesta realizada por el Ministerio de Defensa (Mindef), y el Ministerio del Interior (Mininter) en coordinación con la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), para hacer de esto una realidad.

Según pudimos conocer, un general de división en retiro recibiría un ingreso mensual bruto promedio, que incluye combustible, chofer, mayordomo, aguinaldos y escolaridad, de 7 mil 778 nuevos soles. Ahora, si este oficial continúa en actividad, en la primera etapa de la ejecución del nuevo plan de remuneraciones su sueldo sería elevado a 8 mil 970 nuevos soles, y ya en la quinta etapa este ascendería a 13 mil 83 nuevos soles.

Para el caso de los subalternos, como un suboficial de tercera de cualquier arma, si es cesado recibiría mil 200 nuevos soles, pero si continúa en actividad su asignación mensual será, en un primer tramo, de mil 883 nuevos soles, y ya para la quinta etapa será de 2 mil 92 nuevos soles.

Las mismas fuentes informaron a este diario que entre el 8 y el 22 de setiembre último se efectuaron reuniones de coordinación con representantes de las FFAA y la PNP, para que evalúen las bases de datos de los pensionistas y personal activo.

En ese contexto, el 15 de setiembre se inició el proceso de depuración y consolidación de las bases de datos de pensionistas de las tres armas y la Policía, con el fin de tenerlas expeditas para la ejecución de los cálculos correspondientes.

Hay que señalar que también se ha realizado un proceso de revisión y homogenización de los conceptos, criterios y supuestos a ser utilizados en el proceso de cálculo del costo, para que este sea lo más exacto y transparente posible. Estas coordinaciones se hicieron con representantes del Mindef, el Mininter y la Caja de Pensiones Militar Policial.

Muchos problemas
Entre los muchos problemas encontrados –según la fuente que nos brindó estos importantes datos– estuvo la necesidad recurrente de ajustes e información complementaria a las bases de datos que proporcionan el Mindef, Mininter y la CPMP, originando así un constante reajuste en los cálculos.

Respecto a la norma laboral, entre las variables que se requieren para la mejor estimación están el número de años de servicio con los que se pasó a retiro y el motivo (estandarizado); sin embargo, esta información no se ha encontrado disponible, anota la fuente.

Estos datos son de suma importancia para calcular los costos de las propuestas, dado que el aumento a las pensiones debería hacerse en función de los años de aporte (número de años de aporte sobre una vida laboral de 30 años).

Sobre la reforma previsional, en el caso de las estimaciones de largo plazo que permitan medir la sostenibilidad económica y financiera del régimen previsional, estas no se han podido efectuar con precisión por no contar con la base de datos actualizada.

HABLA IDEPOL
Sobre esta iniciativa previsional en las FFAA y la PNP, el secretario general del Instituto de Defensa del Policía (Idepol), Víctor Mascaro, indicó a EXPRESO que la institución que representa está de acuerdo con la viabilidad y concreción del Sistema Remunerativo y Previsional, de acuerdo al DS 213 y DL 19846 que entrarán en vigencia en mayo del próximo año, cuando venza el bono remunerativo dirigido para los cuadros en actividad. Entonces surge la pregunta: ¿qué falta? Según Mascaro, aún está pendiente el estudio factorial de los oficiales superiores, oficiales subalternos, técnicos y suboficiales sobre el causal de sus bajas (30 años de servicios, remuneraciones, límite de edad en el grado, en su solicitud y medida disciplinaria), de acuerdo al art. 10 inciso I del DL 19846. Es decir, que se dé el efecto espejo sin discriminación alguna.

“QUE SE COLMEN LAS ASPIRACIONES
Tras conocerse que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya habría aceptado la propuesta de la nueva escala remunerativa y de pensiones para las FFAA y PNP, el general EP (r) Germán Parra dijo que de oficializarse la medida se trataría de una decisión que definitivamente han esperado por más de 20 años.

“Esperamos con sinceridad que lo acordado haya sido consensuado entre los sectores involucrados y que se colmen las aspiraciones de los militares y policías”, dijo.

Parra aseveró que es momento de que se haga justicia sobre un tema que ha sido prolongado por años. “Una nueva escala remunerativa es el primer paso, no es una solución total del problema. Hay etapas por cumplir, hay que apoyar la reivindicación de las instituciones, sobre todo el aspecto moral”, refirió.

De otro lado reconoció que existe cierto temor porque la formulación de los proyectos se ha dado en silencio y quizás podrían tener algún tipo de defectos que finalmente no colmen las expectativas del personal castrense.

ESPERA PROLONGADA
Para el general PNP (r) Héctor John Caro desde hace tiempo la familia policial y militar viene esperando resultados de reuniones de coordinación con representantes de los institutos castrenses y la Policía. “Por muchos años se ha percibido la indiferencia, lo que ha ocasionado que entendamos eso como una especie de odio prolongado hacia las FFAA y PNP. De aprobarse la propuesta habría que saludar al gobierno y ver si realmente se está actuando conforme a lo acordado”, remarcó.

“No hay forma de que nuestra Policía luche contra la inseguridad ciudadana si no es incentivada. A una policía mal pagada cómo le podemos exigir resultados. Exhortamos al MEF a que brinde la información y explique los beneficios de la propuesta”, comentó.

John Caro además consideró importante que el gobierno cumpla con sus promesas y que la información que manejen sea transparente. “Esperamos un pronunciamiento claro para saber exactamente qué es lo que se ha concluido”, dijo.

El dato
Lo que queda por hacer y de forma indefectible es registrar la información de pensionistas de las FFAA y PNP en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público que maneja la DGGRP, a cargo del Mindef y el Mininter.

LA VERDAD DE APENFFAAPONA

APENFFAAPONA SE ENCUENTRA ACÉFALA DESDE EL 24 DE JUNIO DEL 2007 A OCTUBRE 2011; Y EN LA FECHA EL PODER JUDICIAL DISPUSO NUEVAS ELECCIONES
POR EL TS2.Int.(r) Juan A. CIFUENTES Casas

CREACION DE APENFFAAPONA
LA ASOCIACION DE PENSIONISTAS DE LA FUERZA ARMADA Y LA POLICIA NACIONAL (APENFFAAPONA), se creo el 25 de Marzo de 1989, para defender los derechos conculcados por el estado a los Pensionistas de las FFAA y de la PNP, sin distención de grados jerárquicos ni categorías.

LA DESTRUCCION LEGAL DE APENFFAAPONA
El Señor PABLO COVEÑAS AYALA, y los miembros de su Consejo Directivo tienen que explicar a la Asociación, porque falsifico un libro de actas para convalidar su elección y lograr su inscripción en la Oficina Registral del Callao, del periodo 2003 a Junio 2007 como Presidente de la Asociación conjuntamente con los que conformaron su Consejo Directivo a su cargo, por estas ilegalidades fue demandado penalmente, al llegar el proceso para sentencia, este señor se oculto y tuvo orden de captura, reapareciendo al cumplir setenta y cinco años de edad, evitando así, ser sentenciado.

El Señor SERGIO RIVERA ARROYO, tiene que explicar a la Asociación, porque fue elegido el 20 de Junio del 2007, como Presidente, asimismo los miembros de su Consejo Directivo, para el periodo del 24 de Junio 2007 al 23 de Junio 2009, y no en el mes de Marzo del 2007, tal como lo dispone el estatuto vigente y su reglamento, y como hizo para inscribirse en la Oficina Registral del Callao.

El Señor SERGIO RIVERA ARROYO, tiene que explicar a la Asociación, porque fue elegido el 24 de Junio del 2009, como Presidente conjuntamente con los integrantes del Consejo Directivo, para el periodo del 24 de Junio 2009 al 23 de Junio 2011, y no en el mes de Marzo del 2009, tal como lo dispone el estatuto vigente y su reglamento, y como hizo para inscribirse en la Oficina Registral del Callao.

El Señor SERGIO RIVERA ARROYO, en complicidad con los miembros del Consejo Directivo, la Asesoría Legal y el Comité Electoral, impidieron a que un grupo determinado de Asociados no postulen en dicho proceso electoral, mediante la aplicación del Reglamento de Elecciones elaborado y aprobado por el Comité Electoral el 15 de Abril del 2009, asimismo, por la aplicación del Comunicado Nº 01-CE-2009, el Comunicado Nº 02-CE-2009, la Resolución Nº 10-CE-2009 y el Oficio Nº 16-2009-CE-APENFFAAPONA, ignorando por completo que el estatuto tipifica claramente, que “LA ASOCIACION TENDRA LOS REGLAMENTOS Y MANUALES QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES. LOS REGLAMENTOS DEBERAN SER APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL Y LOS MANUALES POR EL CONSEJO DIRECTIVO”.

Por esta razón, los asociados afectados accionaron judicialmente, llegando el proceso judicial por apelación del Señor SERGIO RIVERA ARROYO y los miembros del Comité Electoral, a la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través del Exp. Nº 430-2010, esta Sala emite el cinco de agosto del dos mil once, la Resolución Nº 17, recepcionada por los demandados el veinte de octubre del dos mil once, en la parte DECISION:

CONFIRMARON la sentencia apelada; declara nula el reglamento, nulos y sin efecto legal el Comunicado Nº 01-CE-2009 y el Comunicado Nº 02-CE-2009, nula la Resolución Nº 10-CE-2009 y el Oficio Nº 16-2009-CE-APENFFAAPONA; REFORMANDOLA declararon fundada la demanda en dicho extremo, DEBIENDO LLEVARSE A CABO NUEVAS ELECCIONES DENTRO DE APENFFAAPONA DE ACUERDO AL ESTATUTO Y REGLAMENTOS VIGENTES, APROBADOS CON ARREGLO A LEY” (ver resolución SENTENCIA JUDICIAL).

Los asociados favorables con esta sentencia judicial de inmediato tienen que solicitar al juzgado de la causa, que deje sin efecto los asientos registrales del Señor SERGIO RIVERA ARROYO (C00014 – Periodo del 24/06/2009 al 23/06/2011) y del Señor ROMAN URBINA MOSCOL (C00015 – Periodo 24/06/2011 al 23/06/2013), porque legalmente la sentencia, los dejo sin mandato alguno al interior y exterior de APENFFAAPONA.

De hecho los Procuradores del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, probablemente ya tienen conocimiento de ello, o lo tendrán en breve, igualmente, sucederá con los juzgados que tienen a su cargo los procesos judiciales de APENFFAAPONA, y lo que viene no, se lo deseo ni a mis peores enemigos, esto concluiría definitivamente en la fiscalía penal, incluyendo al Registrador de la Oficina Registral del Callao, quien se volvió analfabeto.

NUEVAS ELECCIONES EN APENFFAAPONA
Ante la decisión de la mencionada Sala Civil en que declara DEBIENDO LLEVARSE A CABO NUEVAS ELECCIONES DENTRO DE APENFFAAPONA DE ACUERDO AL ESTATUTO Y REGLAMENTOS VIGENTES, APROB ADOS CON ARREGLO A LEY”.

Esto quiere decir legalmente que el nuevo proceso eleccionario al interior de APENFFAAPONA, tiene que llevarse de acuerdo al estatuto y sus reglamentos, o sea, en el mes de diciembre del 2011, la elección del Comité Electoral, en la segunda quincena del mes de Marzo 2012 las elecciones generales y en el mes de Abril de dicho año la juramentación de los electos para el Consejo Directivo y el Consejo de Vigilancia.

Para desgracia de APENFFAAPONA, quien convocara a elecciones y la presidirá es el Señor SERGIO RIVERA ARROYO, por ser el ultimo inscripto en la Oficina Registral del Callao (C0009 – PERIODO 24/06/2007 al 23/06/2009), pero ello, no significa dejar de lado sus explicaciones legales, porque fue elegido el 20 de Junio del 2007, como Presidente asimismo los miembros de su Consejo Directivo, para el periodo del 24 de Junio 2007 al 23 de Junio 2009, y no en el mes de Marzo del 2007, tal como lo dispone el estatuto vigente y su reglamento, y como hizo para inscribirse ante la Oficina Registral del Callao.

LAS ILEGALIDADES CONTINUAN EN APENFFAAPONA
En la fecha, al interior y exterior de APENFFAAPONA ante los hechos descriptos en los párrafos precedentes, continua registrando hechos fabricados por la seuda gestión del Señor SERGIO RIVERA ARROYO y la Asesoria Legal, al margen de los actos de corrupción, violo olímpicamente el estatuto en favor de los amigos y no en bien de la Asociación, como por ejemplo:

Durante la gestión del Señor PABLO COVEÑAS AYALA:
- El 15/06/2004, RENUNCIO A APENFFAAPONA, el Señor ESTRADA GONZALES JOSE.
- Fueron expulsados veintiocho asociados de APENFFAAPONA entre ellos:
- El Señor URBINA MOSCOL ROMAN (RES. CD Nº 007 – 29/09/2005).
- El Señor COSTA GUERRA PEDRO (RES. CD Nº 008 – 22/09/2005

Durante la gestión del Señor SERGIO RIVERA ARROYO, periodo 24 Junio 2007 al 23 Junio 2009, la Asamblea General de Asociados del 06 de Octubre del 2007, ACORDO: LA REINCORPORACION DE LOS ASOCIADOS RENUNCIANTES, en cuya relación consideraron a un numero de asociados, que FUERON EXPULSADOS. Este acuerdo fue dado con cargo a la modificación del Articulo 20º del Estatuto.

El Consejo Directivo en pleno, en su Sesión de fecha 15 de Octubre del 2007, acordó ILEGALMENTE y por UNANIMIDAD, REINCORPORAR a partir del 1º de Noviembre del 2007 a los ex Asociados: entre otros a PEDRO COSTA GUERRA, JOSE ESTRADA GONZALES y ROMAN URBINA MOSCOL, “con todos los derechos y obligaciones que como Asociado les corresponde”. Aquí el Consejo Directivo debió de haber previamente haber MODIFICADO A TRAVES DE LA ASAMBLEA GENERAL, EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 20º DEL ESTATUTO.

El acuerdo de la Asamblea General de Asociados no le otorgo licencia ni facultades al Consejo Directivo para que en forma ilegal y arbitraria acuerden la citada reincorporación, sin antes no haber modificado el articulo en cuestión.

Este Consejo Directivo y su Asesoría Legal, no entendieron que la Asamblea General en uso de sus facultades y prerrogativas, aprobó una disposición contraria a lo establecido en el estatuto, con lo cual para efectos de su ejecución, previamente se debió de modificar dicho articulado y luego dar cumplimiento a la reincorporación de los asociados descritos párrafos arriba, o sea, predireccionando de esta manera, que no se entienda que se deberá modificar otro articulo o se tenga que realizar otro tipo de modificación; es en ese sentido la Asamblea General de Asociados acordó la reincorporación de los asociados renunciantes, y no acordó facultar al Consejo Directivo para que ilegalmente y a espaldas de la Asamblea General y de los propios Asociados, reincorpore a los ASOCIADOS RENUNCIANTES sin haber modificado previamente el articulo en cuestión del estatuto.

Estos seudos asociados y amigos y chocheras de SERGIO RIVERA ARROYO, no les importo para nada la Asociación y se presentaron a candidatear con el aval de SERGIO RIVERA ARROYO, del Consejo Directivo, del Comité Electoral, de la Asesoría Legal y de un determinado grupo de asociados, para el Periodo 24/06/2011 al 23/06/13 y ganaron las elecciones, como hizo RIVERITA y su Asesoría Legal para inscribirlos ante la Oficina Registral del Callao, nuevamente el Registrador se volvió analfabeto.

Y ahora, que habrá nuevas elecciones, es evidente que RIVERA y sus amigos, buscaran conjuntamente con el Asesor Legal (el dice ser muy inteligente, pero desde ya le tengo una, que explique legalmente el caso de los S/. 20,000), como apoderarse legalmente de la conducción de la Asociación, probablemente la Administración Judicial, quien sabe.

PERO AHI ESTAREMOS, PARA EVITAR ESTAS SUCIAS MANIOBRAS
Surquillo, 25 Octubre 2011

jueves, 20 de octubre de 2011

CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL

Gobierno da golpe fatal a la Caja de Pensiones. Con pases al retiro en masa de generales
César Rojas
Tras sacar a treinta generales de la Policía Nacional por una informal reestructuración, el ministro del Interior, Oscar Valdés, evalúa hacer lo mismo con más de mil oficiales de grados inferiores. Sin embargo, esto pondría en riesgo la reforma remunerativa y pensionaria ofrecida por el presidente Ollanta Humala.

Y es que, según la ley que norma las pensiones de policías y militares, cuando son pasados al retiro por renovación, les corresponde cobrar la pensión correspondiente al grado inmediatamente superior. Por ejemplo, cien coroneles recibirían el haber de cien generales, lo cual equivale a varios millones de soles en solo un año.

“Esto debieron hacerlo después de un proceso disciplinario. Dijeron que era para sacar a corruptos, pero al final éstos van a ganar más gracias al apresuramiento del Gobierno. Si pasaban al retiro porque se les investigaba y se les encontraba cosas raras, no iban a ser beneficiados”, sostuvo el congresista Carlos Tubino.

El también almirante en retiro comentó que la medida del Ministerio del Interior “le ha hecho un favor a los corruptos”, pero la Caja de Pensiones Militar-Policial se verá perjudicada, así como el proyecto que prepara el Gobierno para aumentar los haberes de uniformados.

“La caja hace sus proyecciones de ingresos por aportes e inversiones y esto definitivamente altera los cálculos y proyecciones. Los últimos gobiernos la han afectado seriamente y ahora sucede esto. El proyecto se va a dar, solo se tienen que afinar algunas cosas”, acotó.

Familias afectadas
El delicado tema de los ingresos económicos para quienes resguardan la soberanía territorial y la seguridad ciudadana también fue asumido por el actual legislador Octavio Salazar, basándose en su experiencia como ex ministro del Interior y ex director general de la PNP.
“Cuando se cuente con una nueva escala de salarios, en ese momento se puede hablar de restringir el número de ascensos, pero no antes. Esta situación de reducir el número de coroneles, comandantes o mayores afecta directamente la calidad de vida de las familias de los efectivos policiales, ya que al reducirse sus posibilidades de ascenso se disminuyen también sus opciones de mejorar los ingresos económicos”, dijo.
Asimismo, expresó que se habla de una reingeniería institucional, pero se desconoce el sustento técnico para fijar solo en veinte los generales que la institución se dice necesita, 2 de servicio y 18 de armas, cuando se trata de una institución de 104 mil efectivos.
“Es necesario conocer el estudio técnico, si es que existe. Se ha afirmado que también se reducirá el número de coroneles. Finalmente, ¿quiénes se quedarán? ¿Cómo se les evaluará?”, puntualizó Salazar.
 

Transfieren partida para pago de pensiones en Defensa e Interior
Lima, oct. 19 (ANDINA). El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó la transferencia de 26 millones 127,618 nuevos soles a favor de los ministerios de Defensa e Interior, para el pago de planillas de pensiones correspondiente a octubre del presente año.

- En un decreto supremo publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, se precisa que 14 millones 707,092 soles serán para el Ministerio de Defensa, y 11 millones 420,526 para el Ministerio del Interior.
La transferencia se hace con cargo a los recursos ordinarios del presupuesto fiscal 2011, y el pago de estas pensiones estará a cargo de la Caja de Pensiones Militar Policial.
Se indica que estos recursos no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.
La transferencia se hace en el marco del Decreto de Urgencia 020-2011, que autoriza a ambos ministerios para que, de manera excepcional, puedan atender en parte el pago de las planillas de las pensiones del régimen indicado.
Se precisa que bajo la misma modalidad normativa se atendieron anteriormente los pagos correspondientes a mayo, junio, julio, agosto y setiembre del presente año.