SEGURIDAD E INVERSION
La seguridad puede definirse de diversos modos. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua asimila el vocablo a la certeza: Conocimiento seguro y claro de algo. Seguro es lo cierto, lo infalible, lo indubitable. confianza en suma. Podríamos señalar que la seguridad es una situación que permite a las personas desenvolverse libremente y sin temores.
Si es así no se puede limitar al concepto "seguridad" como deseo egoista del empresario o como garantía única de la inversión, por que extiende a todos los ciudadanos. Por esa razón, un gobierno que tiene en sus manos la política general del estado, debe esforzarse en crear las condiciones mínimas de seguridad que aseguren sus derechos al empresario, al trabajador, a los ciudadanos en general. La seguridad tiene que ver con la inversión pero también con la propiedad, el ahorro, la libertad de tránsito, la integridad de las personas y hasta con la vida. De alli que un país frágil internamente con una sociedad viviendo temerosa, en sobresalto, puede perder la batalla por la democracia y la modernización.
La seguridad no es un concepto que comprenda sólo a ciertos ciudadanos, si como tal entendemos protección en calles y viviendas. Alcanza al Orden Público y se trata de una demanda de contenido constitucional, frente a los bajos índices de seguridad y al incremento constante de la delincuencia. Una exigencia que requiere atención prioritaria. Políticas criminales flexibles y deficientes técnicas de prevención, investigación y combate de la delincuencia por parte de la Policía, han convertido la vida en el país en riesgo cotidiano. Nadie está libre de sufrir la agresión de un delincuente en cualquier hora y lugar. Y es esta amenaza constante la que afecta todos klos aspectos de la vida del ciudadano común y corriente. Con mayor razón la de quién invierte para dar trabajo y desarrollar al país.
La seguridad tiene otras connotaciones igual mente importante. La seguridad jurídica, por ejemplo, que no es otra cosa que la certeza que se debe tener sobre el sentido de una norma. Lo que hace previsible un resultado. Esa es labor de los jueces. sin embargo el Poder judicial es una de las instituciones de menor aceptación en la sociedad, los índices de pérdida de confianza en el sistema son alarmantes y no se vislumbran señales claras que esa situación cambie rápidamente.
Casos análogos son resueltos de manera diferente ¿No es este hecho razón suficiente para revisar el sistema? ¿Puede la independencia de criterio de un juez llevarnos a un oráculo que decifre que es lo que realmente quiere decir la norma con tan diversas y contradictorias interpretaciones? Y no se crea que esas contradicciones son propias de los jueces comunes, también el magistrado constitucional asombra con resoluciones antagónicas ¿Se puede reclamar entonces, confianza a la ciudadanía?
El tiempo que demora la solución de conflictos es otro ingrediente. Para los magistrados el tiempo no es oro sino medida que lleva a la jubilación rentada. Sólo ven expedientes que se acumulan en los escritorios y son incapaces de mirar las urgencias y dramas que esconden esos folios que se amarillan ante la indiferencia. ¿Habrá alguna vez, una reforma del sistema judicial que permita una justicia predecible y pronta?
Volquemos ahora la mirada hacia el parlamento o congreso. La seguridad tiene que ser un concepto que impregne su labor legislativa. Una Ley debe hacer fundamentos precisos y un análisis de costo-beneficio. No se trata que el congresista se le juzgue eficiente por el número de proyectos de ley que presenta. debe serlo por la trascendencia de los mismos. Un país azotado por una inflación legal desvaloriza el contenido de la norma. Esa es una de las causas por las cuales las personas se desatienden de conocerlas seriamente. Y de obedecerlas. ¿Acaso Ilave nació por generación espontánea? ¿Tiene sentido las leyes cuando se cambian constantemente? Las reglas de juego a las que se alude periódicamente, deben tener un lapso prudente de experimentación y no deben cambiarse por improntus. Esa es otra arista de la inseguridad. Y si la constitución liberal es operada por congresistas que no están imbuídos de su filosofía, fácil es imaginar la extensión de otra incertidumbre hacia la sociedad entera. Este es el caso típico de una constitución que pierde el carácter integrador que se le asigna.
Agreguemos a este cuadro las tensiones sociales. La falta de una estructura social que integre y armonice hace que la armonía sea un fantasma en permanente ronda ¿Se puede atacar una hidroeléctrica, un oleoducto o negar el agua a un sector de la sociedad, por reclamos que muchas veces resultan utópicos o demagógicos? ¿No ocurre lo mismo con el cierre de las carreteras? ¿Quién invierte en esas condiciones? Más grave ¿Quién vive seguro en esas condiciones?
Cuando una persona asume el poder sin conocimientos básicos sobre la ideología de la Carta Magna, sin ideas sobre el planeamiento y objetivos de una nación, es poco lo que la sociedad puede esperar. Ese es el aspecto trágico del problema, porque la apuesta por la supervivencia del modelo y su arraigo con la modernización, se pierde irremediablemente. Ortega y Gasset decía que no existe democracia en el desorden. Podríamos agregar que no hay destino ni proyecto común sin integración. Y la integración no es posible sin perspectiva lúcidas y sin que se promueva una situación que haga segura y predecible la vida de los ciudadanos.
Dr. Alfredo QUISPE CORREA, CONSTITUCIONALISTA Y EX-MINISTRO DE JUSTICIA, EX-DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRAS.